La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos expresa su más enérgica condena por la aprobación en el Parlamento Europeo de la llamada «Directiva Retorno» que no es sino la legalización de un violento, discriminatorio y xenófobo programa de expulsión de inmigrantes, en su gran mayoría trabajadores humildes y sus familias. Esta política sistemática de expulsión […]
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos expresa su más enérgica condena por la aprobación en el Parlamento Europeo de la llamada «Directiva Retorno» que no es sino la legalización de un violento, discriminatorio y xenófobo programa de expulsión de inmigrantes, en su gran mayoría trabajadores humildes y sus familias.
Esta política sistemática de expulsión está agravada por el montaje de mecanismos de búsqueda, persecución, y privación de la libertad, para culminar en un viaje forzoso de supuesto retorno. Retorno que en muchos casos conlleva la pobreza extrema, el hambre, la enfermedad y la muerte de los más vulnerables -niños y mayores-. Estas medidas constituyen una violación flagrante a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la mayor parte de la normativa internacional y nacional vigente en lo que se refiere a dichos derechos. Así, la Unión Europea, que supo ser en momentos buenos de su historia la cuna de declaraciones fundacionales en la materia y también el lugar en el que las luchas políticas y sociales permitieron formular, universalizar y hacer valer estos derechos individuales, civiles, políticos, sociales , económicos y culturales, se ubica ahora por fuera de la legislación humanitaria fundamental, mostrando la faceta repudiable que también conocimos en nuestro largo período de dominación colonial. Calificar a la inmigración ilegal como un delito, criminalizándola, y atribuirle características amenazantes a la seguridad (entelequia perversa formulada por la doctrina Bush) constituye una variante política del discurso público, cuyo empleo apunta a la construcción en la sociedad la noción de que un grupo de la población -el inmigrante pobre- es el responsable de los mayores males por los que atraviesa la nación, constituye la operación que permite instalar la figura del «chivo emisario». Figura que ha sido siempre la antesala de persecuciones e incluso genocidios de los que ese continente tiene antecedentes imposibles de olvidar. Cabe recordar que es el propio estado el que define quien es un inmigrante legal y quien es ilegal.
Transferir esa responsabilidad asignándole un carácter delictivo a la víctima de esta violenta arbitrariedad, constituye uno de los ingredientes perversos de la «Directiva Retorno». La historia de América, desde la llegada de Colón es un testimonio vivo de estas facetas por las que ha atravesado el ejercicio del poder en Europa. Los mejores especialistas europeos han estimado que la población de todos los territorios de este lado del Atlántico era de aproximadamente 100 millones de habitantes. El genocidio perpetrado por la Colonización europea produjo una caída poblacional de tal magnitud que a pesar de la llegada de la inmigración forzosa del esclavismo, más la incorporación de población europea en forma creciente y la dinámica poblacional que incluyó la expansión también del mestizaje, permitieron recién alrededor de 1800 que América (desde Alaska a Tierra del Fuego) alcanzara nuevamente los 100 millones de habitantes. En el período que transcurre entre 1800 y 1950, Europa expulsó de su territorio aproximadamente 80 millones de habitantes, víctimas del hambre, las persecuciones políticas y religiosas y las guerras. La mayor parte de esos expulsados se radicaron en América. Nuestro país es un testimonio vivo de esa parte de la historia mundial. De este lado del Atlántico padecimos durante ese período vicisitudes históricas de muy variada índole, algunas por cierto que deseamos que no se repitan. Sin embargo puede decirse que la mayor parte de los inmigrantes europeos que llegaron a América pudieron aquí rehacer sus vidas y las de sus familias, sumándose a nuevas sociedades donde la diversidad cultural es actualmente uno de sus rasgos distintivos y un desafío a mejores formas de democracia que permitan universalizar la vigencia integral de los DDHH. En cuanto a políticas migratorias en nuestro país fue necesario llevar adelante una larga lucha hasta lograr que la legislación inmigratoria vigente se oriente, afortunadamente, en la dirección opuesta a la que están tomando las políticas migratorias en Europa.
Miguel Monserrat-Obispo Aldo Etchegoyen Co-presidentes
Enrique Oteiza Secretario Comisión Migraciones
Alicia Herbón Secretaria Coordinadora