El fuego que arde en la Patagonia desde diciembre se trasladó hasta la Plaza de Mayo porteña el último miércoles 5. La mecha la encendió la condena a cadena perpetua de cuatro (Ramón Cortez, José Rosales, Franco Padilla y Hugo González) de los trabajadores involucrados en la causa conocida como «los petroleros de Las Heras». […]
El fuego que arde en la Patagonia desde diciembre se trasladó hasta la Plaza de Mayo porteña el último miércoles 5. La mecha la encendió la condena a cadena perpetua de cuatro (Ramón Cortez, José Rosales, Franco Padilla y Hugo González) de los trabajadores involucrados en la causa conocida como «los petroleros de Las Heras». Además de esos cuatro, otros seis hombres fueron condenados a cinco años de prisión por su colaboración en la muerte del policía Jorge Sayago, ocurrida el 7 de febrero de 2006. Al menos así lo entendió el juzgado de Caleta Olivia, de la provincia de Santa Cruz, al frente de la causa. Las Heras es una ciudad de 15 mil habitantes ubicada en el extremo norte de Santa Cruz.
El episodio en cuestión ocurrió en medio de «la pueblada de Las Heras», una huelga general petrolera que en el momento del asesinato llevaba más de dos meses instalada. La movilización buscaba un aumento del mínimo no imponible en los salarios -para así zafar del impuesto que los grava- y su inclusión dentro del grupo sindical petrolero, que les permitía integrarse a convenios con mejores escalas salariales y condiciones de trabajo. Mario Navarro, el vocero de los petroleros en ese conflicto, había sido detenido por la policía. La muerte del agente Sayago se dio tras la concentración de unas 2 mil personas reclamando la liberación del dirigente y la posterior represión policial.
La abogada Claudia Ferrero denunció públicamente la falta de pruebas materiales para condenar a los petroleros, así como la existencia de irregularidades durante el proceso. Sobre todo se acusa a la Brigada de Investigaciones de Santa Cruz de armar una causa contra los trabajadores «basada en apremios y torturas, aterrorizando a toda la población y consiguiendo testimonios falsos mediante amenazas y persecuciones». La apelación ya corre por los canales judiciales, y también por el despacho de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Las versiones apuntan a la participación del entonces gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, en todo el asunto. Político cercano a Néstor Kirchner desde su época de intendente de Río Gallegos -la ciudad más populosa de la provincia-, Acevedo renunció al mes de la muerte de Sayago.
La causa ha provocado una movida política: la fusión de los múltiples partidos del extremo izquierdo de la política argentina, varios de ellos de filiación trotskista. Representantes y militantes del Frente de Izquierda, del Partido Obrero, del Partido de los Trabajadores Socialistas y del Movimiento Socialista de los Trabajadores han cerrado filas en defensa de los petroleros patagónicos. Tal vez fue por su cercanía con la historia de las luchas en el último confín de la Argentina que Osvaldo Bayer catalogó la condena como una de las «más grandes injusticias históricas». Tal vez fue su vasto conocimiento de «las condenas de la justicia patagónica» el que lo llevó a comparar esta causa con la de Nicolas Sacco y Bartolomeo Vanzetti en los años veinte. Tal vez fue, simplemente, por la constatación de que la historia sigue repitiéndose como farsa una vez que se dio como tragedia.