La centralidad de los medios de comunicación en las sociedades del presente es manifiesta. En particular, los discursos informativos modelizan a nivel simbólico las realidades a las que refieren mediante ciertos reenvíos semánticos. Contrariamente a la representación común de la práctica periodística como simple reflejo especular -más o menos «distorsionado»- de una realidad predeterminada (lo […]
La centralidad de los medios de comunicación en las sociedades del presente es manifiesta. En particular, los discursos informativos modelizan a nivel simbólico las realidades a las que refieren mediante ciertos reenvíos semánticos. Contrariamente a la representación común de la práctica periodística como simple reflejo especular -más o menos «distorsionado»- de una realidad predeterminada (lo que suele llamarse de forma ingenua «objetividad»), el trabajo periodístico es, ante todo, una actividad interpretativa que se apoya en informaciones que de forma regular no está en condiciones de contrastar de forma directa. Abogar por una reflexión crítica sobre los resultados de estas prácticas permite interrogar la calidad informativa de cierta producción periodística; en particular, de algunos medios de prensa nacionales. Antes que un simple llamado a la responsabilidad ético-profesional, es esa reflexión crítica lo que permite promover prácticas acordes a valores y derechos democráticos que, como servicio público, es legítimo reclamar a dichos medios, comenzando por el derecho a una información veraz y plural, contrastada con diversas fuentes informativas.
En ese contexto, mi propósito no es dar cuenta de la «realidad» de las migraciones y los desplazamientos forzados en España, sino reconstruir de forma exploratoria, no sistemática, el modo en que los discursos informativos dominantes significan dicha realidad efectiva, reafirmando un imaginario europeo en torno a los «otros» que incurre de forma regular en imágenes estereotipadas que dificultan la percepción de esos otros como semejantes. Para avanzar en dicha reconstrucción, es plausible partir de la siguiente hipótesis crítica: las construcciones mediáticas dominantes significan los fenómenos migratorios y de desplazamiento forzado como una realidad homogénea, simple y unidimensional, desconociendo diferencias fundamentales no sólo entre personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes sino también entre sujetos migrantes distintos. Semejante indistinción no sólo dificulta el conocimiento de las realidades específicas que marcan estos procesos, sino que obstruye intervenciones diferenciales que permitan gestionar sus problemáticas concretas.
La reflexión sobre el modo en que los medios significan estos términos, en contextos discursivos específicos, permite identificar dos variantes predominantes:
1) la que significa estos fenómenos como una «amenaza» para Europa, no sólo en un plano laboral sino también en el plano de las identidades y de la seguridad, y
2) la que los asocia a «situaciones de extrema vulnerabilidad», especialmente con respecto a aquellos colectivos que categoriza como «sin papeles», «desplazados» o «refugiados» -a menudo confundidos entre sí-.
En lo subsiguiente, me referiré a la primera variante como «discurso de la hostilidad» y a la segunda variante como «discurso de la caridad» (1).
Siguiendo esta hipótesis, ambos discursos constituyen variantes de un mismo patrón hegemónico, no obstante los énfasis contrarios que sugieren: mientras que en el primer caso la asimetría incita a un rechazo hacia los colectivos en cuestión, en el segundo caso alienta cierta indulgencia hacia ellos. No obstante, «hostilidad» y «caridad» son posiciones que fijan a los otros en una relación esencialmente asimétrica. La desigualdad persiste como punto en común incuestionable. Se trata, así, de una oposición que comparte un mismo presupuesto: el Otro está en una posición de inferioridad insalvable con respecto al propio grupo. Aunque es previsible que en sus versiones más polarizadas estas variantes discursivas se excluyan mutuamente, de forma regular aparecen como momentos internos de un mismo discurso informativo: un sujeto puede ser representado como «ilegal» a la vez que como «víctima».
Para ilustrar lo dicho es pertinente utilizar algunos ejemplos recientes de los dos periódicos de mayor tirada en España, en particular, «El País» y «El Mundo». Si bien no se trata de un estudio exhaustivo y constituye una primera aproximación a la problemática (prescindiendo incluso de elementos paratextuales, cotextuales y contextuales que sería preciso incluir en un análisis sistemático), permite reconocer algunas tendencias significativas que pueden corroborarse de forma retrospectiva.
1-La primera -y más obvia- es la confusión habitual entre «refugiados» y «migrantes». Así, en el ejemplo 1, podemos observar cómo en «El País» el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía es presentado como un pacto de «deportación de migrantes». Informes como «Lesbos, zona cero del derecho de asilo» de CEAR (2) permiten cuestionar semejante interpretación. Los deportados no son «migrantes» sino personas desplazadas que no han accedido al derecho de asilo, implicando la devolución a Turquía una «vulneración del principio de no discriminación» (pág. 35).
Para mayor confusión, un segundo titular reincide en dicha confusión (del 21/04/2016): el encabezado alude a la «Crisis de refugiados», mientras que en el título aparece la referencia una vez más a los «migrantes». En el cuerpo de la nota, a su vez, en la primera frase ya aparece además la noción de «inmigrantes irregulares». Según esta versión, que hace suya la versión oficial de la Unión Europea, a las costas griegas llegan «inmigrantes irregulares».
Posteriormente, la noticia adquiere un tono dubitativo:
«Pese al ostensible descenso de la entrada de migrantes, el número de inmigrantes irregulares devueltos a Turquía y la cifra de refugiados reasentados en países de la Unión, los dos puntos principales en que se basa el acuerdo, siguen siendo, hasta el momento, muy bajos. Desde su entrada en vigor, 325 inmigrantes irregulares -ninguno de ellos solicitante de asilo, según la UE, aunque la ONU expresó dudas respecto a 13 casos- han sido deportados a Turquía desde Grecia, y 103 refugiados sirios han sido reasentados legalmente desde Turquía a países de la Unión».
En un solo párrafo, se alude a «inmigrantes irregulares», «refugiados reasentados» y posteriormente se introduce la referencia a los «solicitantes de asilo». Independientemente a la confusión que pueda provocar el fragmento, la noticia en ningún momento explica esta coexistencia entre estas «categorías» de seres humanos en un mismo punto geográfico. El «pacto» es planteado, finalmente, como un factor causal mediante el cual los «inmigrantes» (relacionados con las «mafias») son expulsados, borrando así el incumplimiento manifiesto de la Comisión Europea con respecto al «derecho de asilo» aplicable a los «desplazados» que llegan desde Turquía.
La nota termina con la siguiente conclusión: «El acuerdo también establece una ayuda de 3.000 millones de euros para que Ankara pueda atender a los refugiados sirios que lleguen a Grecia». La incongruencia es bastante evidente: ¿cómo podría Ankara atender personas que no están en territorio nacional sino en Grecia, renombrados ahora como «refugiados sirios», cuando anteriormente se trataba de «inmigrantes irregulares»? La noticia, por lo demás, tampoco da cuenta de lo que ocurre tras la expulsión. La confusión categorial es usada como un modo de eludir una evaluación crítica del «acuerdo», limitándose en este caso a recuperar las dudas con respecto a un número reducido de casos manifestada por la ONU.
Un tercer ejemplo corrobora la cuestión: si en un caso se planteaba la cuestión como «deportación de migrantes», ahora se trata de «Devolución de refugiados: uno a uno», mientras que en el subtítulo aparece una vez más «devolución de inmigrantes». En una misma operación, se identifica sin más «refugiados» e «inmigrantes», omitiendo las diferencias fundamentales entre estos colectivos.
En el cuerpo de la noticia, el primer párrafo señala:
«Los líderes de los 28 países de la UE acordaron el viernes 18 con Turquía que todos los arribados ilegalmente por mar a la Unión a partir de la madrugada del domingo 20 de marzo serían internados en centros cerrados (a la espera de ser retornados a Turquía)».
Ya no se trata ahora de «inmigrantes irregulares» sino de «arribados ilegalmente por mar». En una operación de desplazamiento semántico, las personas desplazadas son identificadas con arribados «ilegalmente», como si alguien que escapara de la guerra no tuviera derecho a solicitar asilo o pudiera huir «legalmente». Si bien posteriormente se aclara que sólo «serán devueltos» los que no tienen derecho a pedir «protección internacional», recuperando algunos señalamientos de las ONG, la confusión se repite de forma incesante. En cuanto a lo de «centros cerrados» el eufemismo es claro: un campo en el que se priva temporalmente de libertad a las personas, contra su voluntad, a pesar de no haber cometido delito alguno, no puede ser sino un centro de detención.
2. Así, la segunda tendencia está ligada a la aproximación semántica entre «refugiado» e «inmigrante ilegal», pese a las reivindicaciones en sentido contrario, hechas a menudo desde el Tercer Sector de que «ninguna persona es ilegal». Con ello, las causas que fuerzan a cientos de miles de seres humanos a desplazarse se hacen difíciles de comprender, aumentando las suspicacias de la población local y, en el caso del acuerdo de la UE/Turquía, admitiendo de forma tácita la legitimidad del «controvertido pacto», dado que se trataría sin más de una política para combatir la «inmigración ilegal» y no de una forma vergonzante de tercerizar la crisis de los refugiados. Si bien en algunos artículos se hace referencia al trasfondo de «guerra y hambre» que marca estas diásporas y se reproducen de forma indirecta las críticas de las ONG, semejante aproximación de los términos no favorece una comprensión nítida del problema, incluyendo las condiciones políticas, militares y económicas que producen esas guerras o situaciones carenciales y las responsabilidades concretas de los diferentes gobiernos, incluyendo los de la comunidad europea. La referencia a la «improvisación», por lo demás, pone el énfasis en ciertos fallos en una dimensión procedimental, sin cuestionar en lo más mínimo la legitimidad del propio acuerdo.
3. La tercera regularidad podría plantearse como la construcción de estas realidades en tanto «tragedia». Así, en un quinto ejemplo perteneciente a «El Mundo», la muerte de miles de personas es presentada en clave de «tragedia en el Mediterráneo», suscitando a la vez compasión e inevitabilidad, como todo hecho trágico. El artículo no explica, sin embargo, este encabezado y reintroduce la confusión entre «inmigrantes, refugiados y desplazados» que el titular distingue. La idea misma de «tragedia» no sólo no es discutida sino ni siquiera argumentada. Con ello, se reintroduce la idea de una fatalidad que escapa al control humano, cuando sabemos que una gestión diferente de las fronteras y de las políticas de migración y asilo podrían arrojar resultados diferentes, incluyendo la reducción -por no hablar de supresión- de tantas muertes evitables.
4. La aproximación entre refugiados y migrantes y la continua referencia de las personas migrantes a realidades-límite (como es el caso de las pateras o los naufragios) o a su situación administrativa («ilegal», «irregular» o «sin papeles», según los énfasis), consolida el estereotipo de la figura del migrante como sujeto carencial: impide el reconocimiento de una diversidad cultural que aporta de forma decisiva a un enriquecimiento mutuo entre nativos y foráneos en múltiples órdenes de la vida social. Un sujeto carencial, a lo sumo, debe ser asistido. El sujeto asistencial, en este sentido, aparece a distancia del asistido. Son no sólo diferentes sino desiguales, en la medida en que la relación de ayuda en este contexto carece de reciprocidad. Un sujeto carencial, por definición, no puede dar nada: es, estrictamente, una carga, incluso si se tratara de una carga que hay que asumir por razones éticas, jurídicas o humanitarias. Las aportaciones económicas, culturales y políticas quedan completamente invisibilizadas. Como queda evidenciado en los primeros puntos, la aproximación semántica entre «inmigrante» y persona «fuera del derecho» («ilegal» o «sin papeles»), bloquea la posibilidad de pensar semejantes colectivos como sujetos de pleno derecho. Así, por poner un ejemplo, la marginación laboral de estos colectivos -confinados en su inmensa mayoría en sectores de baja cualificación- queda justificada mediante la construcción tópica de un sujeto puramente carencial. Lo que no es menos grave: en tiempos de crisis, este sujeto carencial puede convertirse en una amenaza laboral. De ahí el giro que habilita. Los flujos migratorios, de forma reductiva, son vinculados a la migración irregular y éstos a su vez a una «avalancha».
5. Como se muestra en el ejemplo 7, la figura del inmigrante, asociada al «sin papeles», adquiere un tono amenazante, planteándose como un problema de seguridad. El fantasma de la «invasión» reaparece. No sólo se repite el tópico del «inmigrante ilegal» o la idea de la «clandestinidad» -que da lugar a varios equívocos y a tantos más repudios- sino que aquí está ligado a una situación de «avalancha», donde «los datos son cada vez más alarmantes» (sic). También en el cuerpo de las noticias aparece una «creciente presión de los ´sin papeles´» que no puede suscitar sino preocupación y un sentimiento de alarma generalizada. Lo dicho, sin embargo, según las estadísticas del INE (2014) (3) desde hace varios años el saldo migratorio es negativo. En lo que atañe a la inmigración en situación irregular, es el propio Ministerio del Interior quien afirma en su último balance publicado: durante 2014 arribaron a España 7485 personas en situación irregular, de las cuales 3305 son potenciales refugiados. A su vez, fueron deportadas 20993 personas (4). El alarmismo mediático hace suponer lo contrario. En suma, no hay ninguna razón válida para hablar de «avalancha». La apelación al miedo, sin embargo, crea las condiciones para un desentendimiento con respecto a esos otros sufrientes.
6. Una «avalancha» no sólo es un fenómeno negativo. Llama a una respuesta o a una acción para detenerla. Pasamos así de una cierta actitud caritativa a una actitud de hostilidad, máxime cuando ese fenómeno es ligado a las «mafias» (sic), a la «pasividad de las autoridades europeas» (sic) o al «asalto masivo» (sic) de las fronteras. Como se puede observar en el ejemplo 9, además del uso de vocabulario policial, la referencia a una «multitud de sin papeles» enfrentándose de forma violenta a los agentes de seguridad, no sólo induce cierto temor por parte de la población, sino que reclama, como contrapartida, un accionar policial represivo. Pasamos así de un discurso caritativo a un discurso hostil. El alarmismo -se sabe- llama a la autoridad. Así, la «inmigración» irregular se plantea como una cuestión de seguridad, obviándose tanto las causas de estas diásporas como otras dimensiones centrales de la problemática.
7. La cadena significante no se detiene ahí. Ni los signos de hostilidad. De forma regular, las noticias de inmigración están ligadas a la «delincuencia», tal como aparece en el ejemplo 10.
La estigmatización sigue su curso indiferente, convirtiendo la diversidad en uniformidad: la que asocia los procesos migratorios e incluso los desplazamientos forzados al aumento de la delincuencia (una correlación no sólo débil sino también dudosa, a raíz del aumento de la pobreza y la marginalidad [5]). Si bien aquí pueden hacerse importantes matizaciones, según el medio del que se trate, la referencia permanente al carácter extranjero de la delincuencia no sólo impide pensar realidades mixtas (en la que participan grupos delictivos de múltiples nacionalidades, incluyendo la española), sino sobre todo, el carácter extraterritorial de las prácticas delictivas. Destacar la «nacionalidad» por sobre otras variables induce a error, cuando no a un uso sesgado de la información. Cuanto más giramos a la derecha ideológica, más se intensifican estos discursos con signos xenófobos, racistas y, en general, discriminatorios. Sin embargo, es de mínima llamativo que incluso prensa que se presenta como «moderada» o de «centro» replique o se haga portavoz de estos prejuicios, sin apelar a una contrastación con otras fuentes (primarias o secundarias).
8. De forma menos explícita, los colectivos de inmigrantes son conectados a una presunta amenaza laboral. Así, ya en una noticia sorprendente de 2008, el periódico «El Mundo» señala:
«Lo sorprendente es que la población no sienta también que los inmigrantes amenazan su situación laboral: sólo un 37% de los entrevistados dice que los extranjeros les quitan puestos de trabajo, frente a una mayoría del 60% que no lo percibe así. Otra contradicción: a pesar de la inflexibilidad mostrada hacia la inmigración irregular, no convencen algunas medidas diseñadas para combatirla. El 61% está en contra la Directiva de Retorno que acaba de aprobar la UE» (El Mundo, 17/08/2008).
Nótese el «sólo el 37%», tratándose de más de un tercio de la población (algo que debería alarmar a cualquier demócrata). También resulta destacable que este periódico señale como «sorprendente» que la mayoría no sea xenófoba, habida cuenta que la presunta «amenaza laboral» no es más que un mito, refutado por información oficial.
8. Finalmente, ya en un punto más extremo, como se muestra en el ejemplo 11, aparece sugerida (cuando no directamente señalada) la relación entre desplazamientos forzados con el «terrorismo yihadista». Si bien esta relación no suele estar planteada en términos explícitos, por razones obvias, hay varios motivos para suponer que son insinuaciones repetidas.
Solamente por poner un último ejemplo (ejemplo 12), en «El mundo» aparece la vinculación entre el atentado en París y un presunto refugiado sirio. Mientras que en el título se afirma semejante relación, en la propia noticia se señala que «no hay certeza» al respecto y la afirmación se hace condicional. La pregunta es evidente: ¿por qué afirmar un vínculo no probado entre terrorismo y refugiados si no hay pruebas rotundas que así lo demuestren? Que semejantes titulares sean usados de forma efectista y sin ningún tipo de rigor periodístico debería ser motivo suficiente de alarma.
En síntesis, si por una parte el discurso de la hostilidad estigmatiza al Otro, por otra parte, el discurso de la caridad lo reduce a la mera «indefensión». La amplificación de semejantes imágenes, sin embargo, omite algo fundamental: que en España residen millones de personas inmigrantes y refugiadas en situación regular para los que no vale esta representación tópica. La homogeneización discursiva de estas realidades desconoce así una situación socioeconómica y cultural mucho más heterogénea. Complementariamente, ambas construcciones discursivas de la inmigración y de los desplazamientos forzados ponen en juego efectos materiales graves, aunque diferenciables, manteniendo al Otro a distancia, esto es, taponando su reconocimiento efectivo como sujeto semejante. ¿Hace falta insistir en que estas construcciones dificultan las posibilidades de una mejor convivencia democrática? ¿Y no son estos discursos una de las condiciones de producción de significaciones y prácticas racistas, xenófobas y, en general, discriminatorias?
Los ejemplos anteriores ilustran cuán distantes estamos de la posibilidad de un modelo de periodismo mayoritario que eluda el alarmismo sensacionalista, trascienda lo anecdótico, investigue las condiciones de existencia de las problemáticas, apueste por la investigación comprometida y la crítica argumentada, utilice fuentes diversas, incluya a los otros como sujetos antes que meros objetos informativos y promueva la diversidad cultural.
Puesto que los estigmas de la identidad se transforman en obstáculos -comenzando por la discriminación y la vulneración de derechos fundamentales- es parte de nuestra tarea crítica desmontar esos obstáculos en el plano de los discursos mediáticos, especialmente aquellos que plantean como objetivo manifiesto proporcionar información confiable. Semejantes desafíos suponen un cambio institucional profundo, incluyendo a los medios masivos de comunicación. Porque de lo que se trata no sólo es que nosotros hablemos de forma más veraz y rigurosa sobre esos otros sino que también esos otros hablen por sí mismos.
Cualquier democratización efectiva de la información supone la existencia de instituciones mediáticas plurales. Una posibilidad de ese tipo, sin embargo, está obstruida en primer lugar por la estructura de propiedad de los medios, incluyendo la fuerte concentración mediática que existe tanto a nivel nacional como internacional. Una de las determinantes centrales de la crisis del periodismo -y no sólo de los formatos tradicionales o la reconstitución del oficio como periodismo digital- está ligada, precisamente, al oligopolio que se ha constituido de facto en lo atinente a las agencias de comunicación, tanto en la producción de noticias enlatadas como en su distribución a nivel mundial. Apenas hace falta insistir en que la mera multiplicación de medios, sin diversificación ideológica, no es más que una pantomima de pluralismo. La mentada «libertad de prensa» es la máscara de nuestra servidumbre a un complejo mediático-empresarial que no cesa de alzar fronteras entre humanos en nombre de la libertad de los mercados.
Notas
(1) El propio «discurso exotista» que prometía experiencias inolvidables en otras regiones del mundo resulta minado por la fijación del Otro como encarnación de una amenaza global.
(2) Hay versión disponible en http://www.cear.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Mision-Lesbos-marzo2016.pdf
(3) http://www.ine.es/prensa/np854.pdf
(5) Ver por ejemplo http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-crecimiento-de-la-inmigracion-en-Espana-no-ha-provocado-mas-delincuencia. Dicho estudio niega rotundamente una relación causal entre estos fenómenos.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.