Es y se autopercibe como casta cuasi monárquica con pleno goce de privilegios remunerativos, impositivos y previsionales, con garantías de estabilidad y perdurabilidad en sus cargos, todo sustentado en y sumado al arbitrio de su poder.
Es la corporación judicial, Corte Suprema incluida, que aunque es sólo una parte, tiñe con sus fallos y su desempeño una degradada imagen que la sociedad termina atribuyendo a todo el Poder Judicial, al punto que recientes encuestas le otorgan el rechazo del 82% de los entrevistados. Concluimos con la convicción de que este sistema judicial, tal como es y funciona, es incompatible con la democracia y que de continuar pone en riesgo la convivencia pacífica entre los argentinos. El futuro está en juego y nos involucra a todos, seamos o no conscientes de ello.
El lawfare o persecución judicial a opositores políticos, empresarios y dirigentes sociales y sindicales, fue el arma predilecta puesta a funcionar sin descanso desde el suicidio del fiscal Alberto Nisman en adelante, respaldando incluso con decisiones antijurídicas los intereses económicos y políticos del macrismo y los de sus asociados. Merced a ello pusieron en juego la libertad, la reputación y hasta el patrimonio de los caídos en desgracia. Varios aún están en prisión y se los denomine como se quiera, son verdaderos presos políticos.
El nivel de subversión de lo que se concibe como una justicia justa lo da la subordinación de esta corporación a la llamada “Mesa Judicial”, entreverada con los servicios de inteligencia y, como en estos días se confirmó, la existencia de largos y reiterados encuentros de por lo menos el presidente de Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, con Mauricio Macri presidente, en coincidencia con fallos adversos al Kirchnerismo. Se sabe que este juez no es el único portador de esta debilidad y las versiones en Comodoro Py refieren también a las “visitas” de un miembro de la Corte.
Sin embargo, lo que en estos días colmó la paciencia fue la resolución de la sala IV de esa Cámara que arrebató la causa de espionaje ilegal a cargo de Juan Pablo Augé, juez de Lomas de Zamora, para trasladarla a los juzgados de Comodoro Py, en coincidencia con lo reclamado por los funcionarios macristas imputados en la causa. Para ellos, es como jugar de local. Si bien apelada, la Sala I resolvió la devolución transitoria del expediente al juzgado de Lomas, lo que importa remarcar es que de mantenerse el fallo inicial, el fiscal Carlos Stornelli, con procesamiento confirmado por su vinculación con tareas y funcionarios dedicados a la labor de inteligencia, puede terminar siendo el encargado de investigar el espionaje del gobierno al que sirvió. ¡¡De no creer!!
Lo cierto es que aunque durante cuatro años persiguieron, los integrantes de la corporación judicial ahora se están encubriendo y protegiendo a sí mismos de las responsabilidades por la persecución que desataron durante los años del macrismo.
La relevancia de este estado de putrefacción lo da el estar referido a uno de los poderes del Estado y además que su funcionamiento va asociado a la de la corporación económica y la mediática, trípode sobre el que se sustenta y conforma el poder real.
Extirpar este foco purulento tiene una importancia superior a toda dimensión. Es que es parte del terreno en disputa entre dos proyectos de país. De ello da cuenta cotidianamente la corporación mediática, consciente de lo que está en juego. Ilustración de ello es la calificación como “ataque a la justicia” con la que los medios adictos informaron recientemente sobre la resolución de Anses de intimar a jueces, fiscales y defensores que hayan iniciado en el pasado su trámite jubilatorio – son 220 y en algunos casos con una antigüedad de años – a que en un plazo de 30 días, opten por renunciar al cargo judicial y acogerse al beneficio previsional o de lo contrario, dar de baja el trámite iniciado, el que deberán reiniciar y de acuerdo a las reglas y condiciones de la ley, ahora con menos privilegios, que se sancionó el año pasado.
El inicio de la tramitación anticipada de la jubilación fue moneda corriente en el ámbito judicial. Sirvió a modo de reaseguro que jueces y fiscales tenían a mano para no perder un haber preferencial en caso de tener que enfrentar un proceso de remoción. La reforma previsional para jueces y fiscales aprobada el año pasado redujo ciertos privilegios, no los eliminó, lo que provocó la aceleración de presentaciones. Por ello la Anses, encargada ahora de pagar estas jubilaciones, quiso poner un orden para su previsibilidad financiera. Fue el pretexto para los títulos de la gran prensa y motivo de la convocatoria a una reunión de la Asociación de Magistrados para analizar posibles planteos judiciales, como suelen hacer cada vez que les tocan el bolsillo.
Urge, veníamos diciendo, cambios en el sistema judicial que conduzcan hacia otro Poder Judicial, espejo de otro modelo de país, popularmente inclusivo y consistente con el rumbo hacia una democracia participativa. Por eso es una ingenuidad quedar a la espera, como lo propuso el Jefe de Gabinete de Ministros, de la autodepuración del actual poder judicial. Ningún poder conscientemente se suicida ni acepta desaparecer.
Es una meta de larga trayectoria pero imperioso iniciarla ya, aún a pesar de las trabas que la oposición política opone, incluidas la propuesta de reforma judicial que ya cuenta con media sanción legislativa.
Las reformas impuestas por la actual conducción a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la ex SIDE, son un promisorio avance. Reduce a un mínimo las partidas reservadas, redefine los objetivos de la entidad y entre ellos le deja explícitamente vedada inmiscuirse en el accionar judicial.
Pero en lo inmediato, es insoslayable el desplazamiento de Eduardo Casal como Procurador General interino, impuesto desde hace casi cuatro años y por vía de un decreto de Mauricio Macri en reemplazo de la acosada y renunciante obligada Dra. Gils Carbo.
Es necesario impulsar la creación de una policía judicial, dependiente de la Procuraduría General y la puesta en funcionamiento del régimen acusatorio que ya está legislado.
Pero como todo cambio que afecte al poder, este también conlleva a enfrentamientos y resistencias. En respuesta, es preciso el acompañamiento de las organizaciones populares, su decisivo involucramiento en este proceso de cambios, ya que son en su propio interés y que sólo será posible concretar con un gobierno de raigambre nacional y popular. Sin el gobierno no se puede, pero sólo con el gobierno no alcanza.