El fallo pesificador de la Corte legaliza toda la confiscación social que se operó en 2001 y 2002, que redujo en un 75% la deuda bancaria de los grandes grupos de la Unión Industrial Argentina y que «limpió», de un soplo, 90.000 millones de dólares de la deuda de los bancos con los ahorristas. Esta […]
El fallo pesificador de la Corte legaliza toda la confiscación social que se operó en 2001 y 2002, que redujo en un 75% la deuda bancaria de los grandes grupos de la Unión Industrial Argentina y que «limpió», de un soplo, 90.000 millones de dólares de la deuda de los bancos con los ahorristas.
Esta transferencia de ingresos a banqueros e industriales fue financiada con la reducción del 40% de los salarios y jubilaciones. La «pesificación» termina de legalizar, también, al proceso de fuga de capitales de 30.000 millones de dólares operado en el 2001, mientras se le aseguraba a los ahorristas «la intangibilidad de los depósitos».
La pesificación contrasta con el pago en dólares al FMI; con el pago que se viene, también en «moneda dura», al Club de París; y con la refinanciación sin quitas de la deuda de la Ciudad, al 7% de interés anual, efectuada por Ibarra en 2002. En este último caso, con relación a la deuda en pesos, Ibarra firmó un ajuste de ella de acuerdo a la recaudación tributaria, que ha crecido desde entonces un 150%.
La Corte no ha procedido a hacer lo que hacen los jueces de cualquier lugar del mundo: investigar el vaciamiento operado por los bancos para crear una situación de default, lo que es anterior a diciembre de 2001.
La Corte ignora, en su fallo, que, desde 2002, los bancos fueron autorizados a contabilizar la deuda pública que tenían en sus activos a un valor par, y que esta preservación de los capitales bancarios fue financiada por redescuentos del Banco Central a tasas de interés ficticias, mientras la tasa de desocupación y de sub-ocupación subía al 45-50% de la población activa.
El concepto de «emergencia», aplicado a la devaluación de 2002 y a la pesificación ulterior de los contratos, esconde un golpe financiero, largamente preparado por las entidades bancarias e incluso el FMI.
El fallo tiene lugar en el mismo momento en que se encuentra de nuevo en marcha un «festival de bonos», que en esta oportunidad incluye al Banco Central, que tiene 15.000 millones de dólares en títulos de esterilización monetaria.
Queda claro ahora que la reducción de miembros de la Corte a cinco -presentada como un hecho de «seguridad jurídica»- tuvo el propósito fundamental de conseguir este fallo antijurídico y confiscatorio.
El fallo de la Corte preserva la tradición jurídica que protege a los desfalcos bancarios, que se inicia en 1825 y continúa luego en 1880, 1890, 1930 y 1989 (operación Bonex).