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La Corte pidió a San Juan un informe ambiental de Pascua Lama

Fuentes: Rebelión

El Tribunal dio lugar a un pedido de la Procuración. San Juan tiene 20 días para entregar la información. Mientras, en Diputados avanza un proyecto de Nuevo Encuentro para renegociar el acuerdo minero con Chile. La Corte Suprema de Justicia dio un plazo de 20 días al Gobierno de San Juan para que presente el […]

El Tribunal dio lugar a un pedido de la Procuración. San Juan tiene 20 días para entregar la información. Mientras, en Diputados avanza un proyecto de Nuevo Encuentro para renegociar el acuerdo minero con Chile.

La Corte Suprema de Justicia dio un plazo de 20 días al Gobierno de San Juan para que presente el expediente con el informe de impacto ambiental mediante el cual se habilitó el proyecto binacional Pascual Lama y se otorgó la concesión de explotación a la minera canadiense Barrick Gold. El Máximo Tribunal se expidió el pasado martes 24 de abril dando lugar a un pedido de información adicional, por parte de la Procuración General, sobre la causa iniciada por un habitante de la zona.

Además, requirió al Estado Nacional que informe en el mismo plazo si se han realizado estudios de impacto ambiental cuando se suscribió el «Protocolo Adicional al Tratado sobre Integración y Complementación Minera» entre Chile y Argentina.

Pascua Lama es uno de los proyectos de mayor dimensión de la región, en el que se prevé una extracción millonaria de oro y plata, mediante la forma de minería a cielo abierto a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, ya que está radicado en la frontera entre ambos países, en la región chilena de Atacama y en el paraje sanjuanino de Lama.

La notificación de la Corte lleva las firmas de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Enrique Petracchi. El demandante denuncia que parte del proyecto se encuentra dentro de la Reserva Internacional de Biosfera «San Guillermo, que es un Área Natural Protegida».

Y alerta que «sólo en la etapa de exploración» ya se llevaron a cabo 720 perforaciones, de 100 metros de profundidad promedio, en la cabecera de esta área protegida.

«El proyecto es también un gran generador de residuos domésticos, industriales no peligrosos, industriales peligrosos y patogénicos», se advierte en la demanda y detalla que «las 312 millones de toneladas de colas de lixiviación con el cianuro remanente generadas por la explotación, serán depositadas final y perpetuamente en el dique ubicado sobre el Rio Turbio, circunstancia que -según aduce (el demandante)- habría sido reconocida por las demandadas en el Informe de Impacto Ambiental presentado a las autoridades locales».

La acción judicial se extiende, entonces, a la provincia de San Juan y a las empresas Barrick Exploraciones Argentinas y Exploraciones Mineras Argentinas (EMA), mientras que también hay un pedido de hacerla extensiva, en caso de ser necesario, a las oficinas centrales que la firma petrolera tiene en Canadá.

Renegociar el acuerdo

En la Cámara de Diputados de la Nación avanza un proyecto fuertemente crítico de la minería a gran escala, en el que se requiere al Poder Ejecutivo que renegocie el Acuerdo Minero que el país tiene con Chile desde 1997.

El texto, además de su trascendencia histórica, tiene la particularidad política de estar ingresado e impulsado por el bloque Nuevo Encuentro, un aliado prolijo del kirchnerismo en el Congreso. En concreto, el proyecto lleva la firma de los diputados Carlos Heller, Martín Sabbatella, Carlos Raimundi y Gastón Harispe.

La iniciativa llama a «enmendar, revisar o renegociar un nuevo Tratado Minero entre ambos países que reemplace el existente, el cual fue firmado en 1997 y está más enfocado en dar facilidades y prebendas a las empresas mineras que en garantizar el efectivo interés público de los recursos naturales».

Según se especifica, el área de operaciones del Tratado cubre un 40% del territorio nacional. Se trata de una herramienta clave para el desarrollo del polémico Pascua Lama, que se extiende en la frontera de ambas nacionales.

Los legisladores sostienen que «el Tratado prohíbe formalmente a los Estados de Ambos territorios a aplicar su legislación en todos aquellos aspectos que no sean convenientes para este negocio minero».

«El Tratado obliga formalmente a las Partes a aplicar su legislación en todos aquellos aspectos que protejan y favorezcan este negocio minero», denuncian.

Y agregan que «el Tratado exige que las cosas se manejen por medio de Protocolos Adicionales Específicos, los que serán generados por una Comisión Administradora, la que según el artículo 18 es autónoma y designada por las empresas mineras, y que una vez constituida establecerá su propio reglamento interno y que en suma operara independiente de los gobiernos de las Partes».

Nuevo Encuentro pide además «tener en cuenta» el impacto ambiental de la minería a cielo abierto, «por el uso de químicos como el plomo, el arsénico, cianuro, y el mercurio, utilizados en el proceso industrial».

«Estos tóxicos, se esparcen el aire y en el agua, poniendo en peligro a los ecosistemas, a las poblaciones linderas y a sus sistemas productivos», alertan los diputados firmantes y suman entre los fundamentos del proyecto que «la minería es un gran depredador de dos recursos escasos como son el agua y la energía. Todos los métodos de extracción minera producen algún grado de alteración de la superficie y los estratos subyacentes, así como los acuíferos».

Sostienen a su vez que «aparte de los efectos de la extracción superficial, los impactos incluyen la degradación de la calidad del aire debido a las partículas que el viento lleva de las pilas de lixiviación; la sedimentación de los ríos locales con los materiales de la pila de lixiviación; la contaminación del agua superficial por las fugas y derrames; el deterioro de la capa freática. Además se comprueba en muchos casos la perdida de la fauna y animales domésticos en las piscinas de lixiviación».

«Este significativo impacto negativo producido por la minería no está suficientemente tenido en cuenta por el tratado y mucho menos por las autoridades de aplicación», concluye finalmente el texto de la fundamentación de este proyecto de declaración que ingresó el pasado 3 de abril de 2012.

Blog del autor: http://relatosdetierra.blogspot.com/

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.