El cinismo de los directivos de los grandes grupos de comunicación es impresionante cuando se trata de abordar el papel de los Estados y la viabilidad de sus empresas. Una noticia del diario El País del 28 de abril recogía unas declaraciones del consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, bajo el titular: «Cebrián critica […]
El cinismo de los directivos de los grandes grupos de comunicación es impresionante cuando se trata de abordar el papel de los Estados y la viabilidad de sus empresas. Una noticia del diario El País del 28 de abril recogía unas declaraciones del consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, bajo el titular: «Cebrián critica la «inacción» del Gobierno para garantizar la supervivencia de la prensa». Se trataba de su intervención en la jornada Los medios en la crisis y la crisis de los medios, organizada por la consultora Deloitte, y allí afirmó: «La inacción de las autoridades es asombrosa. Están dispuestas a que mueran todos los periódicos». Cebrián criticaba la ausencia de un plan gubernamental para garantizar la supervivencia de la prensa, en realidad de su empresa que tiene un deuda de más de cinco mil millones de euros. Entre las medidas que exigía estaba la de seguir contando con publicidad institucional, de ahí que criticara «el recorte de la publicidad pública a la mitad» y elogiara la política de Nicolas Sarkozy en Francia, que contempla «el aumento de la publicidad institucional o el reparto gratuito de diarios para los menores de 18 años», pagado con dinero público.
Lo curioso es que, tras estos comentarios prointervencionistas, el 14 de agosto, el mismo diario El País publicaba la noticia de que el grupo Prisa emitía un comunicado reaccionando al decreto ley del Consejo de Ministros español para regular la Televisión Digital Terrestre. Bajo el titular «PRISA denuncia el ‘intervencionismo’ del Ejecutivo en material audiovisual», se recogía el contenido de la nota del grupo editorial donde denunciaban que esa ley «pone de relieve el intervencionismo del Gobierno en el normal funcionamiento de los mercados». ¿En qué quedamos? ¿No pedían cuatro meses antes el intervencionismo del Estado para salvar a su empresa de la quiebra?