El día 26 de abril se llevó a cabo una violenta represión de la Policía Metropolitana sobre personas usuarias y trabajadores del Hospital Borda que resistíamos a la demolición del Taller Protegido N° 19. La brutal irrupción de la fuerza de seguridad porteña desde tempranas horas de la mañana generó más de 40 heridos de […]
El día 26 de abril se llevó a cabo una violenta represión de la Policía Metropolitana sobre personas usuarias y trabajadores del Hospital Borda que resistíamos a la demolición del Taller Protegido N° 19. La brutal irrupción de la fuerza de seguridad porteña desde tempranas horas de la mañana generó más de 40 heridos de gravedad y al menos siete personas detenidas, incrementando así la violencia ejercida en una institución donde se trabaja por la recuperación de pacientes con alto padecimiento psíquico.
Esto sucede en un contexto de creciente represión y criminalización de los conflictos sociales en el ámbito de la ciudad. La escalada de violencia desmedida por parte de la Policía Metropolitana comenzó con la represión de la toma del Parque Indoamericano en 2010. Continuó, más recientemente, con el ataque a los manifestantes de Parque Centenario en enero de este año y el desalojo de la Sala Alberdi del Centro Cultural General San Martín en marzo, donde incluso hubo fotógrafos y trabajadores de prensa heridos con balas de plomo. En todos estos casos, el gobierno porteño privilegió las respuestas más violentas frente a situaciones de conflicto, desechando canales de diálogo y la búsqueda de una salida negociada.
Esta acción del ejecutivo porteño se da en el marco de un proceso judicial en curso, impulsado por trabadores del hospital, en el cual se solicitó una medida cautelar para impedir la demolición hasta tanto no hubiera una decisión judicial definitiva. Si bien la jueza había rechazado la medida, la apelación por parte de la Defensoría General de la Ciudad generó que los camaristas realizaran una inspección ocular en el lugar el miércoles, a fin de encontrar la resolución más adecuada al conflicto. La decisión arbitraria de implementar la demolición, aún con una medida cautelar en discusión, generó un daño irreparable que desnaturalizó por completo el reclamo judicial. Ese día los trabajadores que llegamos a trabajar nos encontramos con que el gobierno de La Ciudad había renegado de la Ley y junto a un ejército de policías que estaban para defender a una empresa privada, realizó la demolición del Taller que para entonces se encontraba -paradójicamente- desprotegido. La indignación de quienes trabamos en el lugar iba creciendo a medida que nadie respondía a nuestro reclamo respecto de quién era que estaba a cargo del operativo. Nadie se acercaba a hablar. La destrucción de la palabra llevada a cabo por el accionar del Gobierno Macrista se ponía de manifiesto con el accionar mismo de la policía que, siguiendo la misma lógica de no respetar la ley, se violentó desmedidamente contra quienes estábamos ahí: profesionales, empleados, legisladores, periodistas, y pacientes. Nosotros, trabajadores del hospital público, tomados como delincuentes por un gobierno, fuera de la Ley, que llevó la policía para defender una empresa privada.
El otro brazo armado del gobierno de la ciudad estuvo a cargo de algunos medios de prensa que informaron con mentiras diciendo que «hubo enfrentamientos entre un gremio y la policía que se sucedieron en terrenos aledaños al hospital Borda», cuando en realidad estábamos todos dentro del hospital, todos trabajadores de diferentes gremios, como en mi caso, que pertenezco a la asociación de profesionales. Por último, tuvimos que ser testigos de las declaraciones de ministros y jefe y vice jefe de gobierno que por TV llamaban al diálogo, mientras en el lugar nadie responsable daba la cara con legisladores que pedían hablar mientras eran baleados y golpeados. En un lugar donde se trabaja para aliviar el padecimiento de sujetos que necesitan del hospital público por no tener medios económicos para hacerlo de otro modo, se hizo presente la perversión en su modo más salvaje.
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