Tras 15 años de disputas y órdenes judiciales, campañas de difamación, cabildeo y otras interferencias, los fondos buitre finalmente han logrado un acuerdo tentativo con el nuevo gobierno de Argentina. Los fondos buitre -denominación que antecede a esta disputa concreta- son así llamados porque compran deudas impagas por una pequeña fracción de su valor nominal […]
Tras 15 años de disputas y órdenes judiciales, campañas de difamación, cabildeo y otras interferencias, los fondos buitre finalmente han logrado un acuerdo tentativo con el nuevo gobierno de Argentina. Los fondos buitre -denominación que antecede a esta disputa concreta- son así llamados porque compran deudas impagas por una pequeña fracción de su valor nominal y luego entablan demandas (y otras tácticas) para recaudar ganancias exorbitantes. En el caso de Argentina, el buitre principal Paul Singer -un billonario estadounidense e importante donante de las campañas del Partido Republicano- obtendrá un rendimiento estimado del 370 por ciento sobre su ‘inversión’; otro fondo buitre que forma parte del arreglo sacó aún más provecho, cobrando una ganancia del 950 por ciento.
El acuerdo es tentativo porque el Presidente de Argentina Mauricio Macri aún tiene que conseguir que el Congreso de la Nación -donde no tiene mayorías propias- modifique algunas leyes para concluir el trato. Y también tendrá que llegar a acuerdos con algunos de los acreedores ‘recalcitrantes’. Y ahora los fondos buitre están recurriendo la orden del juez que habría permitido a Argentina realizar nuevas emisiones de deuda, presumiblemente en un intento de extraer aún más concesiones. Pero asumiendo que todo a la postre se resuelva, hay que sacar algunas lecciones importantes de esta larga guerra en torno a la deuda soberana.
Argentina, se podría decir, no tenía otra alternativa en 2002 que la cesación de pagos, pero el gobierno también hizo lo correcto cuando se enfrentó al FMI y a sus acreedores internacionales hasta que logró un acuerdo (en 2003 y 2005) que posibilitara la recuperación de la economía. Los prestamistas internacionales, en este caso un cartel de acreedores encabezado por el FMI, a menudo se dan maña para conseguir arreglos que mantienen al país entrampado en recesión, depresión o tasas de crecimiento muy bajas y una carga insustentable de servicio de deuda, además de imponerles condiciones (recortes del gasto social, las pensiones y el empleo públicos) que perjudican a la mayoría de los ciudadanos de los países deudores. Algunos de los peores ejemplos de este tipo de abusos son hoy visibles en países como Grecia y Jamaica, a los que posiblemente se sume Puerto Rico si reestructura su deuda.
Plantándose fuerte frente a sus acreedores internacionales, Argentina logró un acuerdo con el 93 por ciento de ellos, que le permitió al país un muy buen pasar durante los 14 años siguientes. En lugar de una depresión prolongada como en Grecia, o ir cojeando de una crisis a la siguiente, Argentina inició un proceso extraordinariamente sólido de recuperación apenas tres meses después de declararse en quiebra, y gozó de tasas de crecimiento muy altas, de más del 90 por ciento del PBI real entre 2002 y 2015. (La cifra exacta es materia de algunos debates, pero eso no cambia el relato.) Eso permitió que Argentina redujera aproximadamente el 70 por ciento de la pobreza y el 80 por ciento de la pobreza extrema en la década de 2003-2013.
No cabe duda entonces que el país se planteó políticas económicas muy exitosas, que no habría podido aplicar si el acuerdo con sus acreedores hubiese sido menos favorable, aunque más tarde enfrentó dificultades económicas durante la recesión mundial de 2009, y también en los últimos cuatro años. Ahora bien, respecto a estos cuatro años más recientes de desaceleración en que la economía creció a una tasa anual cercana al 1,1 por ciento: parte del problema fue que Argentina no conseguía crédito en los mercados internacionales debido a la imposibilidad de llegar a un arreglo con los fondos buitre. Para los detractores de Argentina, eso demuestra que el cese de pagos y las duras negociaciones que le siguieron fueron un error. Pero esa apreciación es claramente equivocada; la alternativa que ofrecían el FMI y los acreedores era infinitamente peor.
El problema realmente son los fondos buitre, y también los objetivos de política exterior de algunos agentes dentro de Estados Unidos que se oponían al gobierno anterior de Argentina. Entre ellos el juez Thomas Griesa, del Tribunal Federal de Distrito del distrito sur de Nueva York, a quien el New York Times le dedicó una artículo de noticias describiendo su incompetencia: «Simplemente, la elección del Presidente Macri cambió todo». Esta es una cita de la decisión de Griesa del 19 de febrero, con la cual explica porqué decidió levantar condicionalmente la orden judicial que le había impuesto a Argentina en 2014 y que el consejo editorial del Financial Times generosamente describió como «resoluciones excéntricas», que le impidieron a la Argentina realizar los pagos de su deuda. En otras palabras, él prefería mucho más al nuevo gobierno de derechas favorable a Washington, que al anterior gobierno de izquierda a cuya caída él contribuyó. La inaudita decisión de Griesa de convertir al 93 por ciento de los acreedores de Argentina en rehenes de los fondos buitre fue en ese momento una decisión evidentemente política. Ahora él mismo lo admite, para disgusto del orden jurídico estadounidense.
Argentina había apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos la orden judicial de Griesa, y los gobiernos de Francia, Brasil y México y el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz presentaron alegatos a favor del apelante. Curiosamente, el FMI anunció su intención de presentar asimismo un escrito a favor de Argentina. Y eso no se debió a que el FMI amara al gobierno argentino, sino porque consideraba que la decisión de Griesa constituía una amenaza para el sistema financiero internacional. Pero el Tesoro estadounidense vergonzosamente a la postre obligó al FMI a retractarse, muy probablemente respondiendo a presiones de los grupos de cabildeo de los buitres y de algunos miembros del Congreso estadounidense contrarios a Argentina, particularmente de la Florida, que podrían haber amenazado con demorar la aprobación de leyes que el Fondo necesitaba.
Enseguida después que Macri salió electo, el gobierno de EEUU cesó de bloquear los préstamos a la Argentina en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. El propio Macri tiene además una historia interesante con el Departamento de Estado de EEUU: en conversaciones con funcionarios estadounidenses que se filtraron y publicó WikiLeaks, Macri les increpó ser «demasiado blandos» con el gobierno argentino y fomentar su «trato abusivo» de los Estados Unidos.
La lección principal de todo este episodio es la importancia que reviste para los países de ingresos medios como Argentina preservar su soberanía económica nacional. Eso fue lo que posibilitó la recuperación de Argentina tras las desastrosas políticas económicas aplicadas bajo la tutela del FMI; y la violación de esa soberanía por los tribunales de EEUU y otros agentes fue lo que dificultó que Argentina pudiera resolver los problemas económicos de los últimos pocos años. Veremos cómo le va en el futuro próximo a este nuevo gobierno menos soberano, ahora que llegó a un arreglo con los buitres.
Mark Weisbrot es codirector del Centro para la Investigación Económica y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, D.C., y presidente de la organización Just Foreign Policy. También es autor del libro «Failed: What the ‘Experts’ Got Wrong About the Global Economy» (2015, Oxford University Press).