Corría el año 1998 (gobierno autonómico en manos del PP con el apoyo de Unión Valenciana). En un contexto de aplicación de «listas negras» y despidos, el periodista de Ràdio 9, Visent Mifsud, deja la dirección de informativos de la radio autonómica valenciana y queda relegado a los boletines horarios. En 2003 decide sumarse a […]
Corría el año 1998 (gobierno autonómico en manos del PP con el apoyo de Unión Valenciana). En un contexto de aplicación de «listas negras» y despidos, el periodista de Ràdio 9, Visent Mifsud, deja la dirección de informativos de la radio autonómica valenciana y queda relegado a los boletines horarios. En 2003 decide sumarse a la huelga contra la guerra de Iraq, lo que trae consecuencias en su trayectoria profesional. Como represalia se le manda a «hacer pasillos», con lo que se queda sin realizar tarea alguna en la radio. Tras interponer recurso, una sentencia judicial le da la razón y regresa al trabajo en informativos. Vicent Mifsud es actualmente el vicepresidente del Comité de Empresa de Radiotelevisió Valenciana.
-¿Cuál es tu opinión sobre los servicios informativos de Radiotelevisió Valenciana a lo largo de los años?
-Nunca han estado a la altura de la imparcialidad que se les debería exigir. Es cierto que, durante los primeros años de gobierno del PP, en la radio pudieron realizarse informativos más plurales. Pero en 1998, cuando entra Anacleto Rodríguez a la dirección de Ràdio 9, se hace lo mismo que con la televisión autonómica en 1995: arrinconar a la gente que trabajaba en informativos. Se aplica, además, una política de censura informativa que llega al paroxismo en la época de Camps. Entonces se ponen la radio y la televisión valenciana al servicio de los «grandes eventos» de Camps y Rita Barberá: la visita del papa (2006); Copa del América (2007), la Fórmula 1…
-¿Se le deja algún hueco a las voces críticas?
-Se silencia tanto a la oposición parlamentaria como a los colectivos críticos, caso de Salvem el Cabanyal entre otros muchos. Pero a mi juicio, lo peor que se hizo fue invisibilizar a las víctimas y familiares del accidente del metro de 2006 (43 muertos, 47 heridos y ningún responsable). En Ràdio 9, ante catástrofes como incendios forestales, sólo se tomaban declaraciones del alcalde del municipio afectado si éste pertenecía al PP, con el fin de evitar críticas a la gestión de la Generalitat Valenciana. Ésta era la principal preocupación (que no aparecieran críticas a las políticas autonómicas de prevención y extinción), y no el fuego. Ahora bien, es cierto que con la llegada de Rosa Vidal en 2013 a la dirección del ente público, nombrada por las Cortes Valencianas, hubo un intento de promover algo de apertura informativa.
-La historia reciente de Canal 9 y Ràdio 9 se inicia con el ERE (900 personas despedidas) y la sentencia del TSJ que declara su nulidad. Es el paso previo al cierre de la cadena autonómica.
-El Gobierno Valenciano anuncia el ERE el 9 de enero de 2012 y en julio de ese año comienzan las negociaciones. El proceso termina el 22 de agosto de 2012. Son, por tanto, casi dos años de lucha. El ERE presentado por el Gobierno Valenciano, y tumbado por el TSJ, no considera como criterio el acceso a la empresa por oposición; incluso penaliza bajas por enfermedad, que se consideran «absentismo laboral»; penaliza asimismo excedencias tomadas legalmente. Además, la sentencia declara que hubo una mala fe negociadora por parte de la dirección de RTVV, que negó información al comité de empresa para buscar soluciones de viabilidad. También señala que se cometieron arbitrariedades en la aplicación de los propios criterios de la empresa, así como vulneración de los derechos constitucionales. En consecuencia, la sentencia del TSJ implica la readmisión de los 900 trabajadores. Por cierto, los criterios establecidos para el ERE «salvaban» a muchos jefes y cargos de confianza. Y también se «salvó» a alguna gente vinculada al PP o a la dirección de la empresa.
-¿Cuál es la estrategia de fondo del gobierno valenciano respecto al ente público?
-Desde el primer momento, su objetivo es privatizar al máximo la televisión pública. Dar dinero a empresas privadas para que realicen y gestionen el servicio público. No es nada nuevo. Lo mismo está ocurriendo con la sanidad y la educación. Esto también supone sustituir trabajos en el sector público por empleos precarizados en empresas privadas. El reciente concurso de privatización de una parte de la programación de Canal 9 favoreció a la empresa Tres60, que tiene en la dirección al exministro Piqué y fue fundada por el exmarido de Cospedal, uno de cuyos sobrinos figura actualmente en la dirección. ¿Qué ha ocurrido en los últimos meses? Debido a la dificultad para usar RTVV como arma política, y la sentencia del ERE, han decidido echar el cierre.
-Otra de las grandes polémicas viene dada por el rol de los periodistas de la casa. ¿Cuál es tu opinión?
-Los informativos de RTVV son muy criticables, pero la responsabilidad máxima recae en la dirección de la empresa. Es cierto que se buscó a gente poco combativa como cara visible de los informativos, mientras se perseguía duramente y se hacía la vida imposible a los periodistas más críticos. Por eso, te diría que es cierto que muchos periodistas no han dado la cara (sobre todo, los rostros más visibles), pero también es verdad que un número casi tan grande de periodistas (y un número mucho mayor en el sector técnico) no han estado callados. Tanto el Comité de Empresa, que representa a los trabajadores, como el Comité de Redacción (1997-2004) han formulado numerosas críticas a la gestión de RTVV.
-Una de las grandes lacras del ente público ha sido la corrupción y el despilfarro, que ha desembocado en una deuda de 1.300 millones de euros.
-Básicamente, la gestión de RTVV es manirrota y corrupta. Empecemos por la corrupción. El caso más significativo es la visita del papa a Valencia en 2006, que ha llevado a varios directivos de Radiotelevisió Valenciana estén imputados por corrupción en relación con la trama Gürtel. La cobertura de dos días de la visita del papa a Cataluña y Galicia (por parte de TV3 y TVG) en 2010 sumó (entre ambas) 800.000 euros. Por el mismo concepto, y también por dos días, Canal 9 se gastó nada menos que 14,5 millones de euros. De esta suma, más de la mitad se destinó a la sonorización de los actos e instalación de pantallas gigantes, a empresas relacionadas con la trama Gürtel. De la operación se beneficiaron el exdirector de RTVV, Pedro García, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez el «bigotes». Otro ejemplo. El director de RTVV que promovió el ERE, José López Jaraba, firmó en un mismo día el despido de los trabajadores y una condonación de deuda de 600.000 euros a Las Provincias TV y Popular TV por uso de la red de TDT.
-¿Y en cuanto a la despilfarro de recursos públicos?
-En el año 1998 Zaplana cambia el sistema de financiación y, así, en lugar de cubrir los gastos de la radio y la televisión exclusivamente con los presupuestos de la Generalitat, se abre la puerta a los préstamos bancarios. Esto crea una «burbuja» de deuda y un canal por el que se va gran parte del dinero. De hecho, se utiliza como herramienta para otorgar subvenciones que directamente no puede conceder el Gobierno Valenciano. Por ejemplo, se dieron en dos años 400 millones de euros al Villarreal y al Valencia club de fútbol en concepto de derechos de imagen. Esta cifra percibida por ambos clubes en casi dos años representa casi un tercio de la deuda total de RTVV en 20 años (1.300 millones de euros). Otro elemento de comparación: la televisión autonómica cuesta actualmente 78 millones de euros al año. Estos procesos han generado una espiral de deuda financiera por el pago de intereses, nuevos préstamos, etcétera.
-¿Qué salvarías de la gestión de RTVV tras la botadura de la cadena en 1990?
-Desde el primer momento, el PSOE no satisfizo los objetivos por los que se creó Radiotelevisió Valenciana. En la elaboración de las informaciones se estaba más pendiente de las críticas que provenían de la prensa de derechas que de cumplir con el fin de servicio social que se le supone al ente. Así, en la etapa socialista se cometieron muchos errores. Pero en ningún caso se alcanzaron las cotas de manipulación que después se dieron con el PP, que utilizó siempre RTVV como herramienta política. En la primera etapa de Zaplana se trataba de destacar la labor del PP y esconder a Unión Valenciana, su aliado de gobierno. Se elogia la figura de Zaplana. Con Camps, se silencia a la oposición, se contrata a periodistas de Madrid y se llega al paroxismo de los «grandes eventos».
-¿Puedes citar nombres de periodistas?
-Se contrata a Isabel Durán (actualmente en 13 TV). Camps le ofrece personalmente un programa en Canal 9 después que Durán se enfrentara en Tele 5 al sastre que le hizo los trajes al «molt honorable». Isabel Durán cobraba de RTVV 3.000 euros pro presentar un programa a la semana (el salario mensual de dos cámaras de la casa). Asimismo, se habilitó a la periodista un espacio en la sede de la televisión para que presentara un programa de radio en Intereconomía. A otro periodista, Alfonso Rojo, se le pagaba el billete de AVE a Valencia, comía con Camps y después asistía a una tertulia de Canal 9 por la que cobraba 900 euros (por dos horas de tertulia).
-¿Qué resaltarías de la última etapa, la del actual presidente, Alberto Fabra?
-Fabra ha sido el ejecutor del ERE cuyo único objetivo era poner la televisión pública al servicio de empresas privadas. Cuando la justicia tumba el ERE, decide cerrar la televisión. En la etapa Fabra, las Cortes Valencianas nombraron a una directora, Rosa Vidal, que parecía mantener cierta independencia. Pero forzaron su dimisión. Intentó abrir ciertos espacios de pluralidad.
-¿Qué balance harías de la programación de Canal 9 en los últimos años?
-En los informativos se relegado cualquier crítica al poder, a favor de fiestas, información meteorológica y sucesos. Pero también es verdad que RTVV disponía de tres canales de televisión, más allá de los informativos de Canal 9. En Nou 2, que se cerró este verano, se ofrecían documentales, programación infantil, deportes y retransmisiones de fiestas que vertebran el territorio. Es ésta la parte más salvable. La tercera pata la configura el canal informativo Nou-24.
-Como vicepresidente del Comité de Empresa, ¿qué rol han desempeñado las organizaciones sindicales en RTVV?
-Durante mucho tiempo, la empresa ha intentado relegar a los sindicatos de clase (CCOO, Intersindical Valenciana, UGT y CGT) y crear otros afines. A partir de 2000, el sindicato USO es impulsado dentro de la empresa por el jefe de recursos humanos, Vicente Sanz, procesado y sobre el que existe una petición de diez años de prisión por acoso sexual contra tres trabajadoras de RTVV. La dirección de la empresa se busca más adelante otro sindicato afín, el CSIF. Pero hay otra cuestión importante. Después que una sentencia judicial (2004) frenara el intento de privatización de Canal 9 por parte de Zaplana, la empresa intentó deshacerse de la gente más combativa (trabajadores próximos a los sindicatos, con contratos temporales…). Mediante favores, la dirección intenta que la gente se aproxime a los sindicatos afines y dividir a la plantilla. Estos procesos influyen en que USO fuera el sindicato más votado en 2008. A pesar de esto, y de las estrategias de división, los sindicatos de clase hemos tenido suficiente margen para actuar dentro de RTVV.
-Por último, ¿Cuál consideras que será el final de la historia de Radiotelevisió Valenciana?
-El final no está escrito. De hecho, Radiotelevisió Valenciana continúa emitiendo y es una herramienta básica para compensar el desequilibrio lingüístico que arrastramos. Actualmente los trabajadores y el comité de empresa trabajamos en dos frentes. Primeramente, en mantener las movilizaciones de la sociedad en defensa del ente público. Unas 70.000 personas se manifestaron el 9 de noviembre en el País Valenciano. En segundo lugar, pensamos que pude redimensionarse el ente público y hacerlo viable. Hemos propuesto ajustarnos a los costes presupuestarios previstos por la Generalitat Valenciana para los próximos años; aceptar despidos no traumáticos, con indemnizaciones justas y la voluntariedad de la gente que quiera dejar la empresa; y, por último, buscar medidas de ahorro de costes laborales.
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