Las luchas sociales por la distribución más justa de la riqueza nacional son tan antiguas como la propia existencia de la nación.
La espectacular fertilidad de la tierra argentina, la abundancia de agua con lluvias sin estacionalidad, su diversidad hídrica, y la pluralidad de ríos que cruzan el continente, hacen de la producción agropecuaria argentina una de las más productivas cuali-cuantitativamente.
Pero esta riqueza natural, no ha beneficiado a las grandes mayorías del pueblo argentino, sino a los dueños de las tierras que producen rindes espectaculares. Desde la conquista las tierras fueron repartidas a los invasores, los representantes de los intereses coloniales, como Roca, distribuyeron tierras a quienes financiaron la “campaña del desierto”y a losjefes militares que expropiaron y masacraron a los pueblos originarios. Es claro el ejemplo de Bernardino Rivadavia,responsable del primer endeudamiento eterno de la Argentina con la banca Baring Brothers, que hipotecó la pampa húmeda como garantía, y quecon la ley de Enfiteusis destinada a promover la locación de millones de hectáreas a pequeños productores agrarios, permitió que, finalmente, dichas tierras excepcionales fueran cooptadas por la franja selecta de la oligarquía terrateniente.
Así nace la famosa “grieta argentina”, que no es otra cosa que la separación entre los poderosos dueños de los principales medios de producción y el pueblo.
El gobierno de Alberto Fernández viene intentando compensar estas desigualdades sociales, que fueron aumentadas por el último gobierno neoliberal de Mauricio Macri y luego agravadas por la pandemia.
El aumento de los precios internacionales de los granos y los commodities en general (entre otras cosas por la devaluación permanente del dólar como moneda de cambio internacional), repercute en nuestro país sobre el costo de los alimentos para la población. Esta situación ha procurado ser atenuada, históricamente, con el establecimiento de retenciones a dichas exportaciones, a efectos de que el Estado capte una parte de la renta de la tierra y separar el precio local del precio internacional, precisamente porque dichas materias son producidas en nuestro suelo y no en el exterior.
La oligarquía terrateniente y los consorcios agroexportadores dominantes del comercio exterior argentino, han librado batallas y recurrido a todos los medios, legales o ilegales, pacíficos y violentos, para evitar que sus privilegios sean simplemente tocados.
La famosa Resolución 125 del gobierno de Cristina Kirchner y la reacción en cadena que provocó, es una muestra reciente de esta actitud egoísta y antinacional de los sectores mencionados. Sectores que incluyen a los propietarios de los medios de (des) información dominantes, cuyos intereses se encuentran también en el sector agroexportador y terrateniente.
En estos días, y ante la cosecha record demaíz (más de 58 millones de toneladas) el gobierno fijó limitaciones a su exportación, con el objetivo de asegurar el abastecimiento del mercado interno y asimismo evitar el impacto en los precios internos del alza del precio internacional.
Agregamos que el precio internacional del maíz (al 14/01/2021) aumentó en un año un 35%, alcanzando niveles de alrededor de u$s 210/ Tn, lo que asegura altos ingresos en concepto de renta de la tierra y ganancia sobre el capital invertido para la producción, por lo que la medida que intentó el gobierno afecta mínimamente el interés de terratenientes, arrendatarios y productores directos.
El clásico acaparamiento en silobolsas de la cosecha y su no liquidación total, además de privar al gobierno de las divisas que necesita el país, muestra “el poder de fuego” de estos sectores que presionan permanentemente por una devaluación del peso que haga aumentar sus ingresos.
Del otro lado de la “brecha”, está el país devastado dejado por Macri y la pandemia que obligó al confinamiento social, generando un aumento de la pobreza, la marginalidad y el hambre. Pese a la política social del gobierno y un nutrido paquete de ayuda alimentaria y salarial para hacer frente a la crisis, casi el 45% de la población argentina vive bajo la línea de pobreza y más del 10% en la indigencia.
Ante este cuadro de manifiesta injusticia social, en donde la riqueza aumenta en manos de los grupos concentrados, sobre todo los agroexportadores, por un lado, y la pobreza y el hambre aumentan del lado del pueblo, los sectores privilegiados no aceptan ningún tipo de intervención estatal que apunte a distribuir el resultado del trabajo social de una manera más justa.
Así fue con la Resolución 125 con Cristina Kirchner y en nuestros días con el intento de intervenir a Vicentín, empresa quebrada fraudulentamente y jugador muy importante del sector agroexportador. En igual sentido, los grupos concentrados económico-mediático-judiciales han librado batalla para impedir la que fue finalmente ley de impuesto a los grandes patrimonios de más de 200 millones de pesos.
El paro patronal, claramente liderado por la Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas, en respuesta al intento del gobierno de parcializar las exportaciones de maíz, tiene el sesgo de siempre: oponerse por todos los medios a cualquier intento de mejorar y democratizar la distribución de las riquezas en Argentina, y a todo intento por regular su actividad, que, por otra parte, es la principal fuente de ingreso de divisas del país.
Ni la baja de retenciones, su eliminación total para las producciones regionales, ni el diálogo reclamado por el gobierno para consensuar estas medidas en un momento dramático para el pueblo argentino, logran modificar la política y la acción antinacional de estos grupos dominantes.
El gobierno nacional, coalición triunfante por el voto popular, se enfrenta a esta encrucijada. Si estos grupos logran su objetivo de exportar la producción sin compromiso efectivo de retención de los volúmenes necesarios para el consumo doméstico, apropiándose del auge de los precios internacionales y haciendo que los precios internos se igualen a los externos, los precios de los alimentos seguirán aumentando y correlativamente la injusticia social para la mayoría de la población. Estos precios internos desorbitados, harán necesarios aumentos salariales y de subsidios para los desocupados, para compensar en algo esta carestía, y los formadores de precios responderán, seguramente, con nuevos aumentos. Es decir, aumento de la inflación esperada que recaerá nuevamente sobre la canasta popular.
Estimamos irremplazable la necesidad de movilización popular impulsada por las organizaciones sociales, políticas y sindicales, en formas creativas y adecuadas a la necesidad de cuidados por la pandemia. Esta es la fuerza decisiva que garantizará el camino hacia nuevas conquistas sociales para el pueblo trabajador.
La confrontación no es sólo económica, sino fundamentalmente política. Al respecto, un viejo dicho dice “Quien no avanza, retrocede”