El gobierno estadounidense está librando una guerra contra las prácticas y estándares periodísticos que son el sustento, no solo de una prensa libre, sino de nuestra democracia. El Cuarto Poder se está doblegando bajo el asalto sin precedentes de la Casa Blanca, diseñado para intimidar, manchar y desacreditar el periodismo investigativo; y para que el […]
El gobierno estadounidense está librando una guerra contra las prácticas y estándares periodísticos que son el sustento, no solo de una prensa libre, sino de nuestra democracia. El Cuarto Poder se está doblegando bajo el asalto sin precedentes de la Casa Blanca, diseñado para intimidar, manchar y desacreditar el periodismo investigativo; y para que el presidente y sus allegados políticos puedan mentir con impunidad.
Free Press acaba de publicar un informe que demuestra el alcance y la intensidad del asalto de la administración a la libertad de prensa. La lista creciente de ataques a la prensa es realmente asombrosa:
Infiltración de la radiodifusión pública
Los partidarios de la Casa Blanca al interior de la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB, por sus siglas en inglés) han lanzado una cruzada para convertir a PBS, NPR y otros medios públicos en portavoces oficiales. El mandato de Kenneth Tomlinson en la CPB se caracterizó por hechos como el ataque a periodistas, tal el caso de Bill Moyers, quien se atrevió a sacar al aire voces disidentes o a preparar informes investigativos sobre la administración.
El objetivo de Tomlinson claramente apuntaba a enviar un mensaje de advertencia a todas las emisoras públicas, para que sus administradores tengan cuidado con el tipo de periodismo investigativo que pudiera exponer las irregularidades de la administración Bush. Tomlinson renunció en desgracia, pero dejó un reparto de cómplices para que cumplan con su cruzada partidaria. Y hasta ahora no sabemos hasta qué punto Karl Rove y otros en la Casa Blanca orquestaron sus esfuerzos.
La fabricación de noticias falsas
Bajo directrices de la administración Bush, por lo menos 20 agencias federales han producido y distribuido decenas de «video-boletines noticiosos», a partir de un fondo extraoficial de $254 millones, creado con dinero de los contribuyentes para fabricar propaganda. Estos reportajes falsos y engañosos han sido difundidos en canales de televisión en toda la nación, sin advertir que fueron preparados por el gobierno, y no por periodistas locales.
Los segmentos -que aclaman los «éxitos» de la administración, promovieron su versión polémica en temas como el reingeniería de Medicare (seguro de salud), y pusieron en primer plano a norteamericanos que «agradecían» a Bush- en repetidas ocasiones han sido etiquetados como «propaganda encubierta» por los investigadores de la Contraloría del Gobierno.
Soborno a periodistas
La administración ha pagado a comentaristas para que le alaben. En el curso de este año, el comentarista de televisión Armstrong Williams embolsó $240.000 -dinero de los contribuyentes- para elogiar las políticas de educación de Bush. Desde entonces se ha descubierto a otros tres periodistas a sueldo del gobierno; y Williams admite que él no tiene «la menor duda» que otros asalariados de Bush sigan andando sueltos.
La administración incluso ha exportado estas tácticas. Según el Los Angeles Times, los militares de EE.UU. están pagando en secreto a los periódicos iraquíes para que publiquen los reportajes escritos por tropas americanas.
Mentiras sobre la guerra en Irak
La Casa Blanca consideró la batalla por la opinión pública doméstica como uno de los frentes principales de la guerra en Irak. Con la ayuda de un entorno mediático dócil, la verdad se convirtió en la primera baja en su campaña para obtener el respaldo ciudadano. Pero lejos de admitir sus mentiras y desinformación, la administración sigue atacando a quienes divulgan la verdad.
Como Frank Rich escribió recientemente en el Nueva York Times, la telaraña tejida por la administración «de semi-verdades y falsedades utilizadas para vender la guerra, no ocurrió por accidente; fue debidamente diseñada y después impuesta al público mediante una operación de relación pública hilvanada prolijamente para tal propósito en la Casa Blanca.»
Eliminación del disenso en los medios del establishment
Bush ha evitado en lo posible las ruedas de prensa tradicionales, suprimiendo uno de los principales espacios para exigir la rendición de cuentas al ejecutivo. En las raras ocasiones cuando se dignó encontrar a reporteros, los asesores presidenciales convirtieron las ruedas de prensa en parodias, al acreditar al derechista Jeff Gannon como «periodista» -su profesión era la de acompañante masculino-, entre los reporteros, para luego dejarle plantear las preguntas cuando surgían temas delicados.
Han logrado efectivamente silenciar a reporteros serios, como la veterana periodista Helen Thomas, estableciendo que ni el Presidente ni sus asesores respondan a quienes los interpelen. Y han establecido una jerarquía para los periodistas que buscan entrevistas con funcionarios de la administración, que favorece a los medios que dan una cobertura favorable a la Casa Blanca.
Vaciamiento de la Ley de Acceso a la Información
La administración ha desechado la aplicación de la Ley de Acceso a la Información y hace más difícil para que los reporteros puedan cumplir con su labor, al negarse a cooperar, aun con los pedidos más simples, de proporcionar comentarios y datos de las agencias estatales. Esto es parte de una serie de restricciones en el acceso a la información, por lo que para los periodistas se torna prácticamente imposible poder cubrir extensas áreas de la actividad gubernamental.
Consolidación del control de los medios
La administración sigue haciendo causa común con las corporaciones de radiodifusión más poderosas, en un esfuerzo por reescribir las leyes de propiedad de una manera que favorezca el control monopólico de la información. La Comisión Federal de las Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) anunciará próximamente planes para reformular las reglas de la propiedad -podría ser tan pronto como febrero- con miras a desatar una nueva ola de consolidación mediática corporativa. Los cambios en las regulaciones que la administración quiere introducir, asestarían un golpe mortal al reportaje local y restringiría aun más la labor periodística.
En un veredicto famoso de 1945, el Juez de la Corte Suprema, Hugo Black, dijo que «la Primera Enmienda se basa en la presunción de que la difusión más amplia posible de la información de fuentes diversas y antagónicas es esencial para el bienestar del público, que una prensa libre es una condición de una sociedad libre». Es decir, una prensa libre es la condición indispensable de la Constitución Americana en su conjunto y de su experiencia como República.
La defensa de nuestra prensa
El daño que ya está hecho se refleja en la caída en picado de la confianza del público en los reporteros y en el flujo implacable de mentiras que sale desde la Casa Blanca a los noticieros mediáticos.
Esta crisis puede atribuirse en parte a la falta de las grandes corporaciones mediáticas y de ciertos periodistas en el cumplimiento de las responsabilidades básicas de la prensa en una sociedad democrática. Pero el asalto sistemático de la administración Bush a la prensa libre también tiene la culpa. Esta administración ha ido mucho más allá de las maniobras cínicas de las administraciones anteriores, al implementar un plan para desbaratar el periodismo y erosionar las libertades civiles.
Free Press ha lanzado una campaña no-partidaria para defender a la democracia ante esta guerra a la diversidad e independencia de los medios. La campaña ejercerá presiones de movilización y cabildeo para la implementación de políticas que obliguen a nuestros dirigentes a rendir cuentas y para asegurar que los abusos a la libertad de prensa no se repitan con ésta ni con futuras administraciones.
(Traducción ALAI)
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Roberto McChesney es Presidente fundador de Free Press.