A medio siglo del Plan Cóndor, la CIA vuelve a pasearse libremente por la Argentina, promoviendo, con un gobierno aliado y a cara descubierta, los intereses que en otro tiempo supo garantizar a través de la guerra sucia. Publicado en Diario Red (España) el 24 de marzo de 2024.
Williams J. Burns, titular de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, decidió visitar la Argentina en una coyuntura cuando menos inoportuna. Apenas tres días antes de la conmemoración del 48 aniversario del golpe que dio paso a la dictadura cívico-militar de 1976, el funcionario norteamericano fue recibido por Silvestre Sívori, interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); por Nicolás Posse, Jefe de Gabinete del gobierno liberal-libertario, y también por Patricia Bullrich, ex candidata presidencial por la coalición Juntos por el Cambio, actual Ministra de Seguridad y principal aliada extrapartidaria de Javier Milei.
Según la Jefatura de Gabinete, la visita hace parte de “una agenda de trabajo común entre ambos países en materia de inteligencia y de lucha contra el terrorismo”. El comunicado oficial, por demás escueto, no aporta mayores detalles, más allá de mencionar los intentos por “afianzar las relaciones de cooperación del país con agencias internacionales” (se sobreentiende que estadounidenses, o a lo sumo occidentales).
Cabe destacar que la AFI fue uno de los escasos organismos públicos que de momento sobrevivió al “plan motosierra”. En diciembre de este año, un Decreto de Necesidad y Urgencia determinó extender su intervención, iniciada por el ex presidente Alberto Fernández en diciembre de 2019 con el objetivo de “sanearlo”, tras su implicación en resonados casos de espionaje a opositores durante el gobierno de Mauricio Macri. Este nuevo decreto en particular permite al interventor Sívori ampliar la disponibilidad de los llamados “fondos reservados”; en rigor, partidas presupuestarias confidenciales sobre las que no es necesario responder frente a ninguno de los poderes de la república.
La disputa por la subregión
El arribo de la CIA, así como la reciente visita de Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, tienen tras de sí poderosas motivaciones geoestratégicas. Independientemente de los confusos malabares de Javier Milei entre la administración demócrata de Joe Biden y su admiración confesa por el republicano Donald Trump, el conocido deep state tiene intereses consensuados y permanentes al sur del hemisferio.
Por eso, no es casual que el día 13 de marzo la Autoridad General de Puertos (AGP) haya firmado un memorándum de entendimiento que permite la instalación del Cuerpo de Marines del Ejército Estadounidense en la llamada “hidrovía”, que con sus 3.442 kilómetros de extensión es una de las rutas fluviales más importantes de Sudamérica y de todo el mundo, por la que circulan nada menos que 20 millones de toneladas exportables al año.
Idéntica decisión tomó en el tramo paraguayo, en marzo del 2023, el gobierno conservador de Santiago Peña, estrechamente alineado con la geopolítica de lo Estados Unidos. Por la cuenca del Paraná viajan no solo las commodities del sector agroexportador de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, sino también minerales estratégicos. Y también, en un negocio cada vez más redituable para la nueva geopolítica del narcotráfico, parte de los estupefacientes producidos en Sudamérica que se han de consumir en Europa y África.
En septiembre de 2021, el vencimiento de los permisos de las empresas trasnacionales encargadas de dragar y balizar la hidrovía (es decir, de garantizar su navegabilidad), evidenció el interés de los capitales chinos, que se presentaron a la licitación a través de la Shanghai Dredging Company. De manera explícita, la estrategia china se enmarca en el trazado local de la Nueva Ruta de la Seda, que ya incluye a buena parte de las naciones sudamericanas. Además, en el año 2014, la empresa estatal china COFCO compró la mayoría del paquete accionario de las agroexportadoras Nidera y Noble Agri, accediendo a la utilización de puertos propios en las ciudades de Buenos Aires y Santa Fe, mientras que ChemChina adquirió Syngenta, una de las principales firmas multinacionales del sector, radicada desde hace años en la Argentina.
No es casual que el Eno Center for Transportation, un importante thin thank norteamericano relacionado a asuntos de logística internacional, haya calificado la presencia en la subregión de compañías chinas —y también de algunas rusas como el grupo Sodrugestvo— como una “amenaza significativa”, que podría servir de plafón a “actores autoritarios e iliberales”, y que habría de tener “implicaciones negativas para la seguridad nacional”.
Estas apreciaciones se comprenden mejor si se enmarcan en las declaraciones vertidas el año pasado por Richardson en el Atlantin Council, un think thank de la OTAN. Tras repasar de manera detallada los recursos estratégicos con los que cuenta la región (ante todo litio, tierras raras, agua dulce, biodiversidad, alimentos e hidrocarburos), la generala concluyó que “América Latina importa”, que “tiene mucho que ver con la seguridad nacional [de Estados Unidos]” y que su país tiene “mucho por hacer” todavía en aquel confín del mundo.
La guerra tibia
Pero la hidrovía no es el único capítulo argentino y sudamericano de la cada vez más candente disputa comercial y diplomática, desarrollada en un contexto de transición hegemónica en el que Estados Unidos busca reasegurar lo que considera su área de “natural influencia”, al menos desde la formulación de la doctrina Monroe-Adams en 1823.
La presidencia de los liberal-libertarios en la Argentina dió un respiro indudable al Departamento de Estado, tras el retorno al poder de los gobiernos esquivos del MAS en Bolivia y del Partido de los Trabajadores en Brasil. Así, tras el denodado esfuerzo de Lula da Silva por incorporar a su socio argentino al bloque de los BRICS, la flamante cancillería libertaria decidió dar un estruendoso portazo, cancelando su inminente ingreso a un club cada vez más solicitado por los países del Sur Global. La esperada membresía habría permitido al país acceder al financimianto más conveniente del Nuevo Banco de Desarrollo, y ganar en márgenes de autonomía frente a las presiones asfixiantes del Fondo Monetario Internacional, virtual coautor de la política macroeconómica argentina desde que en 2018 se concediera al gobierno de Mauricio Macri un préstamo por 44 mil millones de dólares, el más importante de toda la historia del organismo.
Otra prioridad para los Estados Unidos es combatir el despliegue de la infraestructura del 5G en la región, una batalla que viene perdiendo de manera categórica, incluso en los países gobernados por sus aliados, como sucede en Uruguay, en República Dominicana o con el gobierno de facto de Perú. A esto se suma el intento de bloquear las inversiones chinas en energía nuclear. En particular, por impedir el proyecto de construir la cuarta central nuclear de Argentina (Atucha III) con financiamiento y tecnología del gigante asiático. Un intenso lobby promovido por la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos, por el Secretario Adjunto de Energía, por el Departamento de Estado, por el Comando Sur y por la embajada estadounidense en la Argentina, logró suspender de momento el proyecto.
Pero el punto más sensible de la agenda tiene que ver con la cuestión militar. En particular, Richardson afirmó estar trabajando con el gobierno libertario en relación a la base de observación aeroespacial que China está construyendo en la provincia de Neuquén, en la Patagonia argentina. Pocos meses antes, la generala había segurado que dicha base podría rastrear satélites y que, en un “escenario de guerra”, podria ser utilizada para atacar a países aliados en el espacio, denunciando el presunto “doble uso” de las infraestructuras críticas por parte de “un gobierno comunista”.
Lo que Richardson obvió es la militarización reciente y comprobada promovida por su propio gobierno. De hecho, a pocos kilómetros de las eventuales instalaciones chinas, Estados Unidos y la OTAN están construyendo una base propia. Esta se sitúa a pocos kilómetros de Vaca Muerta, el más importante yacimiento de hidrocarburos no convencionales de la subrrgión, bajo un acuerdo reservado suscrito con el gobierno provincial. Esta base, junto a las que posee el Reino Unido en el Atlántico Sur, podrían ser claves en la disputa por la proyección hacia el sexto continente, dado que en la Antártida se solapan las reclamaciones soberanas de Argentina, de Chile y también de los ingleses, justificada ésta última en su dominio colonial de las Islas Malvinas.
Además, en muy poco tiempo Estados Unidos avanzó en las tratativas para enviar militares a Perú, Ecuador y la propia Argentina, mientras promueve el envío directo o tercerizado de tropas a Haití. Del mismo modo, la propuesta de construir un destacamento de soldados estadounidenses en las inmediaciones de la mencionada hidrovía, se asemeja mucho a lo que especialistas como David Vine y Chalmers Johnson conocen como “nenúfares”, un nuevo modelo de militarización más flexible que el de las antiguas y onerosas bases permanentes. Así, se trataría de instalaciones de pequeño porte, móviles e inaccesibles: una auántica “red mundial de fuertes fronterizos”.
En este contexto, no deja de ser sintomático que a medio siglo del Plan Cóndor ―la operación contrainsurgente que articuló a las dictaduras del Cono Sur―, la CIA, el organismo encargado de coordinarlas, vuelva a pasearse tan libremente por la Argentina, promoviendo, con un gobierno aliado y a cara descubierta, los intereses que supo garantizar a través de la guerra sucia.
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