Seis presos políticos que atacaron fábricas de armas que colaboran con el genocidio israelí llevan semanas en huelga de hambre. Pero, a diferencia de la huelga de hambre del IRA en los años 80, esta está siendo ignorada por los medios
Si realmente tuviéramos unos medios libres en el Reino Unido, en lugar de uno que sirva solo a los intereses del Estado y la clase multimillonaria, esta sería la noticia de portada:
Seis presos políticos —retenidos ilegalmente durante un año o más en prisión preventiva y considerados retroactivamente «terroristas» por intentar detener el genocidio de Gaza— llevan semanas en huelga de hambre en prisión. Al menos uno ya está gravemente enfermo.
Ha habido un silencio absoluto por parte de los medios sobre estos acontecimientos, sin apenas cobertura sobre las terribles condiciones a las que están sometidos estos presos políticos desde que el gobierno de Sir Keir Starmer, después de sus detenciones, reclasificó a Palestine Action como organización terrorista.
Cabe destacar que es la primera vez que un grupo de acción directa que dirige su violencia contra la propiedad —es decir, fábricas que fabrican armas para matar civiles en Gaza, pero no contra personas-, es declarado organización terrorista y puesto en igualdad de condiciones que Al Qaeda y el Estado Islámico.
Bajo la draconiana Ley de Terrorismo británica, cualquier persona que exprese una opinión, incluso de forma involuntaria, que pueda «fomentar el apoyo» a una organización prohibida — que incluye ahora a Palestine Action— puede ser arrestada acusada de apoyar el terrorismo y enfrentarse a una condena por este motivo.
Con al menos 2.500 personas arrestadas por portar pancartas que decían «Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action«, las cárceles británicas podrían pronto inundarse con muchos más presos y presas políticas de este tipo.
Una revisión judicial de la decisión del gobierno llevada hace unos días ante el Tribunal Superior -lo cual probablemente no sepas, dado el desinterés de los medios británicos-, cuestiona la legalidad de la decisión del gobierno, el veredicto de los jueces se demorará hasta mediados de enero.
Pero una sentencia esta semana de un juez de Jersey [EE.UU.] que acusa de terrorismo a la activista pacifista Natalie Strecker, abre aún más la puerta a procesos políticos. A pesar de liberar a Strecker, el juez Saunders pareció aceptar el argumento del gobierno británico de que es ilegal abogar por el derecho internacional, que establece expresamente que los pueblos ocupados -como los palestinos- tienen derecho a resistir su ocupación ilegal.
Para cualquiera con buena memoria, el silencio actual de nuestros medios debería ser impactante. La última gran huelga de hambre de presos políticos en el Reino Unido tuvo lugar a principios de los años 80. Fue entonces cuando el IRA Provisional —una organización que se atribuyó expresamente la responsabilidad de bombardear pubs, hoteles y parques públicos, en actos que mataron a cientos de civiles— organizó una huelga de hambre en la prisión de Maze, cerca de Belfast, exigiendo mejores condiciones en la prisión.
Uno de los huelguistas de hambre, Bobby Sands, se convirtió en un nombre conocido en Gran Bretaña. Su historia acaparó titulares durante semanas y provocó una gran confrontación, a través de los medios, con el gobierno de Thatcher. Su muerte resonó mucho tiempo después y, en última instancia, dio inicio al proceso de paz en Irlanda del Norte.
Contrasta eso con nuestro momento actual. Miembros encarcelados de Palestine Action, una organización que expresamente rechaza la violencia contra las personas y que intenta detener una masacre en Gaza -que los principales grupos humanos y los estudiosos del genocidio consideran un genocidio-, están en huelga de hambre porque sus derechos como presos políticos están siendo violados de forma grosera y sistemática. Y apenas se oye un sonido de los medios.
Cabe destacar que la mínima cobertura mediática sobre las condiciones carcelarias y los abusos legales de otro preso político reciente. El periodista y editor Julian Assange pasó cinco años en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, acusado de falsos cargos, para justificar su extradición a Estados Unidos que lo acusa por publicar detalles sobre los crímenes de guerra cometidos por británicos y estadounidenses en Afganistán e Irak.
Los medios de comunicación dieron a su caso una cobertura muy superficial, y evitaron detallar de qué se le acusaba, porque esos detalles habrían pintado un cuadro condenatorio para los gobiernos británico y estadounidense. Sin un ápice de ironía, la prensa prestó más atención a los discursos de los mismos políticos -que encarcelaron a Assange- sobre la condena al sufrimiento de los presos políticos, incluidos periodistas, en Rusia y China.
Nada de esto debería ser normal. La huelga de hambre de Palestine Action es claramente una noticia importante. El hecho de que no reciba casi ninguna cobertura es prueba de una represión activa del gobierno y del consenso de los mass media sobre esa supresión.
Incluso las huelgas de hambre de presos políticos palestinos detenidos ilegalmente en cárceles israelíes reciben más cobertura de la prensa israelí que la huelga de hambre de los presos políticos de Palestine Action por parte de los medios británicos.
Francesca Nadin, una ex prisionera política de Palestine Action, ha declarado a la Electronic Intifada que los periodistas «convencionales» que muestran interés en la huelga de hambre no pueden hacer pasar sus historias a los editores. Observa que ha habido «casi un apagón total en los medios de comunicación convencionales sobre esta historia».
Parece que los editores suelen usar las preocupaciones legales como excusa para negarse a informar sobre la huelga. Esto es un pretexto, no una razón.
Reino Unido tiene un sistema voluntario de censura militar, llamado Comité D-Notice. Al unirse al comité, los editores británicos acuerdan efectivamente evitar informar sobre cualquier asunto que el gobierno declare como un asunto de «seguridad nacional». En la práctica, eso suele afectar a cuestiones que podrían avergonzar al gobierno.
Para los editores, el sistema ofrece una negación plausible mientras colaboran con la censura. Para los lectores, los medios se muestran como inútiles en los asuntos más urgentes y serios de nuestro tiempo.
En contraste con los años 80, cuando los medios británicos informaban —aunque rara vez con simpatía— de las huelgas de hambre del IRA, los medios están ahora aún más bajo el control del Estado británico. Como prueba, cabe destacar el giro de The Guardian sobre el Comité D-Notice en 2014, cuando se enfrentó a una dura resistencia de los servicios de seguridad por sus revelaciones sobre Edward Snowden y la vigilancia masiva ilegal por parte de estados occidentales de sus propias poblaciones.
Por primera vez, el periódico aceptó unirse al Comité D-Notice, absorbiéndose por completo en la arquitectura del estado de seguridad nacional. Fue recompensado con entrevistas «exclusivas» en portada con los jefes del MI5 y del MI6. The Guardian se deleitó en lo que debería haber sido la máxima señal de vergüenza para un periódico que afirmaba ser un vigilante del poder.
La verdad es que el ataque a las libertades básicas en Gran Bretaña ya está muy avanzado. La disidencia política está bajo asedio. Las huelgas de hambre no se están televisando, ni tampoco los últimos suspiros de nuestras libertades moribundas.
https://jonathancook.substack.com/p/the-hunger-strike-is-not-being-televised
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