El avance del juicio político desató una guerra de todos contra todos en el tribunal.
La presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Carolina Gaillard, envió una nota al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para que remita el informe presentado por el exadministrador general del tribunal, Héctor Marchi, sobre el funcionamiento de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN).
Además, anticipó que la Comisión está analizando citar como testigo al propio Marchi para el martes [por ayer], para que asista a la Cámara baja «con la documentación» referida a la situación económica de la OSPJN.
En declaraciones a Radio 10, la legisladora del Frente de Todos anunció que si Rosatti no remite a la Comisión de Juicio Político los documentos requeridos, ella insistiría para que la envíe «en 24 horas».
Por otro lado, no descartó que se pueda citar también al juez Ricardo Lorenzetti luego de que el magistrado emitiera una nota en disidencia respecto del desplazamiento de Marchi como administrador general del máximo tribunal. «Aunque también esté acusado, se lo puede citar», explicó la diputada nacional por Entre Ríos.
Marchi fue desplazado por la Corte como administrador del máximo tribunal, cargo que desempeñó durante 15 años, para ser trasladado a la Cámara Federal de Seguridad Social.
El desplazamiento fue resuelto a través de una mayoría integrada por Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, con la disidencia de Lorenzetti, quien criticó el traslado.
Gaillard reveló además que hace diez días había enviado un oficio a la Corte para solicitar el envío de documentación a la Comisión de Juicio Político pero que hasta este jueves el máximo tribunal no lo había hecho.
En la nota enviada este viernes a Rosatti, Gaillard pidió «copia certificada del informe presentado por el directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación con fecha 13 de febrero de 2023, al cual se hace mención en la nota que el doctor Lorenzetti dirigiera a los doctores Mariano Althabe y Cora Boresztejen, en fecha 4 de abril de 2023, que diera origen al expediente 1953/2023, la cual resultara publicada en la misma fecha en el sitio web del Centro de Información Judicial (CIJ)».
La documentación requerida incluye «los informes, anexos e información complementarios elaborados por la Secretaría General de Administración de la CSJN», al igual que «todas las observaciones y recomendaciones que la citada secretaría dirigió al directorio de la OSPJN, conforme las facultades de supervisión de las funciones administrativas, de los servicios de cobertura médica asistencia social y del estado económico financiero».
También pidió «la documentación de la cual surja la fecha de recepción en cada vocalía de los informes de supervisión elaborados por la Secretaría General de Administración de la Corte Suprema de Justicia, adjuntado en cada caso las constancias de recepción respectivas».
Y además solicitó al máximo tribunal que si algún informe de supervisión de la Secretaría General de Administración de la Corte no fue publicado se «dé precisión» sobre los motivos por los cuales se decidió no difundirlo.
«Por todo lo expresado, solicito al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia se arbitren los recaudos legales e institucionales que correspondan a fin de preservar la documentación relacionada al objeto del oficio y se remita la misma a la Comisión de Juicio Político en el plazo de 24 horas de recibida la presente», remarcó Gaillard.
En la mañana de este viernes, en sus declaraciones radiales, Gaillard había dicho que a Marchi «se lo vuela» de la Administración General de la Corte luego de intentar «enviar las auditorías que darían cuenta de los manejos discrecionales de fondos» en la OSPJN. «Evidentemente la Corte no tenía intención en que la información remitida por Marchi llegue a la Comisión (de Juicio Político)», advirtió la diputada.
Sin embargo, consignó que se enteraron que «Marchi sí la había remitido y, curiosamente, luego se produjo su desplazamiento». En relación al propio Lorenzetti, Gaillard añadió que la postura de ese juez sobre el desplazamiento de Marchi «es muy crítica» y «habla de una especie de coacción porque dice que Marchi fue advertido de que si enviaba esa información podía ser desplazado».
«Vemos mucha gravedad en lo que dice Lorenzetti, porque muestra que Marchi nos iba a enviar información muy importante» , resumió y definió como «gravísimo y un escándalo» lo que «se está descubriendo en la Comisión de Juicio Político».
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados formalizó ayer una nueva convocatoria para el próximo martes, cuando recibirá nuevos testimonios por las denuncias de irregularidades de la Obra Social del Poder Judicial, y volvió a citar al exdirector de ese organismo Aldo Tonón, quien no asistió a la última reunión con el argumento de que ya existe una causa judicial en su contra. Gallaird aseguró que los hechos que se están investigando en la OSPJN «revisten una gravedad enorme» y alertó que «100 mil afiliados reciben una deficiente atención producto de estos desmanejos».
Héctor Marchi, quien estuvo a cargo de la Obra Social de Poder Judicial de la Nación cuando fue intervenida a través de una acordada de la Corte, fue ofrecido como testigo en el juicio político que en el Congreso de la Nación se les sigue a los cuatro integrantes del máximo tribunal. Los supuestos desmanejos de esa obra social forman parte de las acusaciones en el proceso contra los ministros de la Corte, en el cual Marchi habría presentado un informe en las últimas horas.
«Es muy grave sancionar a un funcionario por los informes que ha presentado el día 19 de abril de 2023, en relación a la obra social. Es un mensaje contrario a los principios que debe defender esta Corte, que es el respeto de la legalidad y la transparencia», expuso Lorenzetti en su disidencia.
La Comisión de Juicio Político busca comprobar si se incurrió en irregularidad manifiesta al no cubrir las vacancias en el directorio de la obra social, en la subdirección médica, subdirección administrativa y auditoría interna, y, si a consecuencia de la no designación de esas personas, se incumplió con la habilitación estatutaria para la delegación de firma, informaron fuentes parlamentarias.
Además, se investiga una supuesta ausencia de previsión presupuestaria y se buscará avanzar sobre irregularidades en la registración contable. Para avanzar en estas cuestiones, la Comisión también tendrá en cuenta la denuncia de la Coalición Cívica que originalmente presentó Elisa Carrió contra Lorenzetti por «mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y eventual comisión de delitos por irregular y discrecional manejo de la obra social», y su «incidencia» ante la falta de cobertura de vacancias en el directorio y en diferentes áreas administrativas.
Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/la-implosion-de-la-corte-suprema/