Provincia de Salta Sobreseen a miembros de la comunidad kolla en una causa por usurpación Infojus Habían sido denunciados por una empresa y una persona que se adjudicaban la propiedad de los territorios que habitan. Para el juez Aldo Primucci quedó demostrado que la comunidad está allí desde tiempos ancestrales. La justicia salteña sobreseyó a […]
Provincia de Salta
Sobreseen a miembros de la comunidad kolla en una causa por usurpación
Infojus
Habían sido denunciados por una empresa y una persona que se adjudicaban la propiedad de los territorios que habitan. Para el juez Aldo Primucci quedó demostrado que la comunidad está allí desde tiempos ancestrales. La justicia salteña sobreseyó a cuatro integrantes de la comunidad kolla del Paraje Corral de Piedra, en Salta, que habían sido denunciados por presunta usurpación por parte de la empresa San Ignacio SRL y de una persona, Marcos Ciani, que se endilgaba la propiedad del territorio. El juez Aldo Primucci, a cargo del Juzgado Correccional y de Menores de Segunda Nominación de Orán, consideró que quienes denunciaron a los indígenas «no poseyeron nunca el lugar que ocupa la comunidad».
El camino que conduce al Paraje Corral de Piedra es una senda demarcada que está llena de arbustos, a la altura de la ruta provincial 18 kilómetro 35 al 45, en el Departamento de Orán, en Salta. A cinco cuadras de la ruta, la comunidad kolla cuenta con un galpón en el que toman las decisiones referidas al territorio comunitario y realizan distintas celebraciones, como la del Día de la Pachamama.
Delia Aguirre, Lidia Aguirre, Francisca Graciela Guerrero y César Guerrero, los cuatro denunciados, forman parte de la misma comunidad a la que pertenecieron sus padres y sus abuelos. En medio del juicio en los tribunales salteños, Delia contó: «Yo y mis hermanos somos nacidos y criados en el lugar». En el año 2010, la empresa San Ignacio SRL y Marcos Ciani la querellaron junto a los otros comuneros por presunta usurpación.
Ciani aseguró que, en abril de 2010, vio movimientos en Corral de Piedras. «Vimos gente nueva, estaban limpiando, habían puestos casillas precarias», comentó y explicó ante la justicia que arrendaba esas tierras a la empresa San Ignacio. Sin embargo, el juez Primucci no le creyó y sobreseyó a los acusados. «Ha quedado demostrado que los denunciantes no poseyeron nunca el lugar que ocupa la comunidad, y de la cual forman parte los Aguirre y los Guerrero, quienes ocupan el lugar de forma tradicional», sostuvo.
César, otro de los imputados, hizo alusión a su propio modo de vida: «En 2010, cultivaba maíz y zapallo para sobrevivir. Mi vivienda es de madera, antes era de palo parado (…) Ser parte de una comunidad significa estar siempre en el lugar, pero si uno tiene un trabajo tiene que salir. Allí quedaba mi hermano, uno sale al campo a campear a las vacas, a veces andamos días campeando vacas, nosotros vamos a buscar la hacienda». En ese sentido, aclaró que vio gente explotando la madera en el lugar pero nunca conoció a Ciani.
El juez expresó que «estamos en presencia de una comunidad kolla indígena, es una persona pública no estatal, es un organización dentro de otro grupo más grande, es decir es una unidad política que tiene preexistencia anterior a la República Argentina». Además, se valió de una pericia antropológica que detalló, entre otras cosas, que un cementerio apostado en el lugar tiene «una existencia anterior a las escrituras».
La pericia permitió explicar también que la comunidad kolla de Corral de Piedra tuvo una «historia fea, terrible» porque era una comunidad grande, «tenían iglesia, escuelas, y vinieron los que dijeron haber comprado los terrenos y le voltearon las escuelas, les balearon el ganado» y determinó que la zona es su lugar de origen y espiritual, que está llena de apachetas y lugares de pastaje de los ganados.
Para el magistrado Primucci, quedó acreditado que la comunidad Kolla cuenta con 25 familias que residen en el lugar desde antaño, «crían animales, cultivan su huerta para el consumo familiar, poseen un salón comunitario y un cementerio, donde se ubican tumbas pertenecientes a sus ancestros», algo que está amparado por la constitución provincial y la Nacional porque la posesión ancestral «tiene protección constitucional; la cláusula constitucional es clara, en cuanto reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos».
Provincia de Neuquén
El informe antropológico confirma la presencia histórica de la comunidad Campo Maripe
8300Web
El informe histórico-antropológico, que 8300Web publica hoy [04 de agosto de 2015] en exclusiva, comprobó que la comunidad mapuce sostiene una ocupación ancestral y actual en 11.000 hectáreas. Ese territorio coincide con el área petrolera Loma Campana donde YPF y Chevron extraen hidrocarburos mediante la técnica experimental del fracking (hidrofractura).
Los resultados de las 247 páginas, firmadas por la antropóloga Jorgelina Villareal y por Luisa Meza Huencho, fueron presentados el lunes en una conferencia de prensa convocada por la comunidad Campo Maripe, la Confederación Mapuce y algunos integrantes del equipo técnico.
El informe antropológico es parte del relevamiento acordado con el gobierno provincial en octubre pasado en el marco de la Ley 26.160. El equipo técnico interdisciplinario está formado por profesionales tanto del ejecutivo provincial como de la comunidad, todas y todos trabajaron en la elaboración de un mismo informe, y su trabajo fue costeado por el Estado provincial. Los y las integrantes del grupo trabajaron los 9 meses que llevó el relevamiento en la misma línea, pero en el momento de las conclusiones finales surgieron diferencias en la interpretación.
Como expresó la Confederación Mapuce en un comunicado: «Cuando ya todo estaba finalizado, surgió un inesperado cambio de rumbo en la posición del gobierno provincial y el intento de reconocimiento territorial comprometido, se transformó en una negación de los resultados del relevamiento realizado».
La conferencia de prensa y la difusión del «Informe Histórico Antropológico» fueron la respuesta de la comunidad a las declaraciones del ministro de Coordinación del Interior, Jorge Lara, quien el viernes había informado que «no surgieron antecedentes objetivos que avalaran un reconocimiento de propiedad de la tierra reclamada sobre la zona de la meseta». El funcionario había realizado esas indicaciones en una reunión a la que se llegó luego de que la comunidad cortará el acceso al yacimiento petrolero reclamando por la demora en la entrega del relevamiento territorial.
El informe difundido por las organizaciones mapuce recorre una serie de antecedentes que dan cuenta de la presencia de los ancestros de la comunidad Campo Maripe desde 1927 en el lugar disputado. El Ejecutivo, en tanto, todavía no puso a disposición la versión oficial del informe.
La investigación presentada el lunes precisa que «a partir de 1927, según la documentación ya se hallan viviendo en la zona de Añelo, donde nacerán sus hijas e hijos restantes. Es a partir de esa fecha que Pedro Campo y Celmira Maripe se radican definitivamente en la zona de Fortín Vanguardia, paraje cercano a Añelo, en el Territorio Nacional del Neuquén». Es justamente esa área de residencia el que constituye el territorio ancestral del Lof Campo Maripe, indica la investigación.
Además, aporta otra información que sirve para dar cuenta de la histórica presencia de la familia Campo Maripe en el lugar. «En el año 1941, Pedro Campo es reconocido como el ‘único ocupante del lote 15 fracción D XXVIII’. En base a eso se le cobra su deuda de pastaje con el Estado Nacional que se calcula desde el año 1927, y que como puede apreciarse en la documentación obrante, él regulariza».
El relevamiento territorial y la historia mapuce en Neuquén
La ley 26.160 aprobada en 2006 establece la realización de un relevamiento de las tierras actuales y tradicionales de las comunidades indígenas de Argentina. La demora de las mensuras en Neuquén se debió a las reticencias del Ejecutivo provincial, que recién en 2013 dio inicio a las mismas. Negoció para ello dos condiciones con el gobierno nacional: que se relevaran sólo las tierras de uso actual -descartándose el uso tradicional- y que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) no reconociera nuevas comunidades en la provincia.
En octubre de 2014 la comunidad Campo Maripe mediante el bloqueo de los accesos al área hidrocarburífera Loma Campana logró, además del relevamiento, el reconocimiento como comunidad por parte de la provincia. Neuquén hacía más de una década que no reconocía comunidades. Por su parte, la comunidad aseguró «paz social».
Recién asumida su primera gobernación, Felipe Sapag reconoció «reservas» en beneficio de 21 «agrupaciones». Transcurrieron más de cincuenta años y todavía la mayoría de esas comunidades no poseen la titularidad.
Relevamiento Lof Campo Maripe:
Informe Histórico Antropológico presentado.
Mapas:
Mapa de Puntos Históricos (Relevamiento Lof Campo Maripe).
Mapa de Usos Actuales (Relevamiento Lof Campo Maripe).
Mapa de Uso Histórico (Relevamiento Lof Campo Maripe).
También puede leerse:
No pasarán, por Federico Paterno. ANCAP. [Enlace].
Comunidad Campo Maripe cerró los accesos a Loma Campana. OPSUR. [Enlace].
El Lof Campo Maripe reclama por la finalización del relevamiento territorial. El Zumbido. [Enlace].
«El relevamiento le da respaldo absoluto a Campo Maripe respecto a su derecho territorial». El Zumbido. [Enlace].
Provincia de Tucumán
Con balas de plomo
Federico Paterno. ANCAP
Veinte familias de la comunidad indígena del Pueblo Diaguita de Tafi del Valle, ubicados en la localidad de Barrio Malvinas, sufrieron ayer [14 de julio de 2015] un intento de desalojo con armas de fuego. Los matones pagos por el empresario de la zona, Bruno Petech, dueño de una empresa cementera fueron los responsables. Las tierras siempre pertenecieron a la comunidad originaria de Tucumán, los sicarios del empresario no tenían ningún documento que acredite siquiera la «compra» de esas tierras.
La comunidad se encuentra en la ruta 307 a la altura del Kilometro 60. Una provincia donde queda aún impune el asesinato de Javier Chocobar, después de seis años no hay juicio ni culpables detenidos.
Santiago Mamani integrante de la comunidad en comunicación con A.N.C.A.P explicó «Hay gente herida por balas de plomo, con disparos de escopeta, de armas de fuego que sacaron ellos y hay filmaciones de esto. Nosotros tomamos la decisión de quedarnos. Ahora está la Policía cuidando el lugar para evitar enfrentamientos. Se hicieron todas las denuncias del caso» y advirtió «Las tierras siempre han sido de la comunidad y ahora las estamos ocupando para viviendas y esta gente debe querer venderlas. No hubo denuncias de las tierras ni nada anterior a este desalojo. Nunca se nos hizo una denuncia a la comunidad por el título de las tierras, eso no pasó. Ellos tomaron las armas y vinieron a corrernos de prepo. El desalojo no lo pudieron concretar porque la comunidad se impuso».
Apoyo indígena
A partir de las nueve de la mañana se sucedió el desalojo. «Le dijeron a la gente de la comunidad que le iban a pasar las maquinas por arriba de sus casas» aseguró Mamani.
Para hoy se espera el apoyo de comunidades indígenas de la zona y de la provincia en apoyo ante el brutal desalojo.
La situación indígena en la provincia
El momento que se vive actualmente en Tucumán no es sencillo para los indígenas: la represión con balas de plomo por parte de un supuesto dueño sin orden judicial queriendo apoderarse por la fuerza de las tierras del pueblo Diaguita.
El cacique de la comunidad Quilmes, ubicada en los Valles Calchaquies al norte de la provincia, Francisco Chaile, fue detenido hace más de 30 días cuando venía de una negociación por la recuperación de tierras para su comunidad. Se trata de una detención sujeta a la disputa por el territorio, pues ya en el mes de enero del año pasado la comunidad Quilmes había sufrido el ataque de una patota como claro mensaje de amedrentamiento para ocupar las tierras originarias.
La recuperación de las tierras en el 2007 fue un golpe para el empresario Héctor Cruz, quien hoy es uno de los principales interesados en que Chaile siga preso. La acusación es por «robo agravado por uso de armas». Su estado de salud hace que hoy Chaile este hospitalizado. Aunque sigue detenido.
Javier Chocobar (68 años), integrante de la comunidad Diaguita de los Chuschagasta, fue asesinado en el 2009 por defender sus tierras. En ese momento hubo otros cuatro heridos incluido un menor. La muerte de Chocobar fue un 12 de octubre, una fecha importante para las comunidades indígenas. Un dato sobresaliente de este caso es que hay un video donde se puede observar el momento del asesinato. ¿Juicio? ¿Culpables? ¿Derechos? Nada.
El asesinato es atribuido al terrateniente Darío Amín, quien junto a dos policías de apellidos Gómez y Valdivieso, irrumpieron en la comunidad con armas de fuego. Una de esas balas asesino a Chocobar y otra dejó en coma al cacique Andrés Mamani con secuelas que aún mantiene.
«Lo que nos pasa a nosotros también es que nos quieren tomar las tierras por la fuerza, este último tiempo no es bueno para las comunidades. En la provincia tenemos denuncias de muchas comunidades a terratenientes que nunca han ocupado las tierras y las reclaman. No vamos a aflojar», sentenció Santiago Mamani dejando en claro que la disputa por la tierra va a continuar y la lucha indígena en defensa de la misma también.
La Asamblea de Caciques de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán (UPNDT) a través de un comunicado responsabilizó a Bruno Petech por las agresiones sufridas:
«Nuestra Asamblea repudia la violencia desatada en contra de las familias comuneras, y solicitamos a las autoridades judiciales y a los organismos de gobierno correspondientes la urgente intervención para garantizar los derechos individuales y colectivos de las familias afectadas».
Fuente: https://noticiasancap.wordpress.com/2015/07/15/con-balas-de-plomo/
También puede leerse:
5 heridos de bala en intento de desalojo a comunidad indígena. ANRed. [Enlace].
Intento de desalojo a comunidad de Tafí del Vallé. Red Eco Alternativo. [Enlace].
Violento intento de desalojo a una comunidad diaguita. Página 12. [Enlace].