El Estado es también la gestión de los secretos. Argumentos para la resolución de internas de palacio, estrategas de la diplomacia internacional, operadores de tapas de diarios, disparadores de la represión. Las capas de la inteligencia militar y civil son un agujero negro de la política. No sólo por la oscuridad de su funcionamiento sino […]
El Estado es también la gestión de los secretos. Argumentos para la resolución de internas de palacio, estrategas de la diplomacia internacional, operadores de tapas de diarios, disparadores de la represión. Las capas de la inteligencia militar y civil son un agujero negro de la política. No sólo por la oscuridad de su funcionamiento sino porque descose lo público con su potencia absorvente.
Piso seis. Oficina 602. Edificio Alfredo Palacios, ex Caja Nacional de Ahorro y Seguro, actual anexo del Senado Nacional. Detrás de sus puertas blindadas trabajan siete empleados que según la ley deben reportar a los catorce senadores y diputados que integran la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. El ente más importante de todo el Congreso Nacional. La ventanilla que más denuncias recibe por los abusos de los espías argentinos, lleva trece años sin funcionamiento formal y es la última frontera constitucional entre el poder civil y la autonomía del espionaje repartido en una decena de organismos policiales y militares de inteligencia que nadie logra controlar.
Según el presupuesto votado para este año por el Congreso, la Secretaría de Inteligencia (SI), ex SIDE, considerada la zona más visible de todas las áreas de espionaje interior y exterior de la Argentina, tiene un presupuesto de 1.874 millones de pesos, con 1.492 millones destinados a pagar los salarios de un número desconocido de agentes. Las planillas oficiales de esos gastos reservados solo mencionan a dos empleados: al jefe y subjefe de la SI. El resto, tal como lo convalida la Ley de Inteligencia Nacional, es secreto y no puede ser revelado. Sin embargo, la cueva de la calle 25 de Mayo yace desde hace medio siglo en el viejo edificio Martínez de Hoz, frente a la Casa Rosada y dicen que cuenta con unos dos mil empleados, en su mayoría reclutados a partir de recomendaciones y vínculos familiares de los antiguos habitantes de ese mundo recóndito. Otros casos son por designaciones políticas de cada gobierno.
Pero en ese mundo ningún número es concreto, gracias a la ley secreta 17.112, que establece el estatuto «para el personal civil de la secretaría de informaciones de estado y de los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas». Su artículo 14 define que solo cuatro categorías del «personal civil de inteligencia» de la SI y del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea cobrarán su salario «por partida pública del presupuesto», aunque otras tres lo harán «por partida secreta, en planillas aparte, y utilizará nombre de encubrimiento». Es decir, que una parte del presupuesto nacional tendrá todos los años una parte oculta, con nombre ficticio, para pagar los salarios de una cantidad desconocida y sin control de agentes en cuatro organismos del Estado.
Sin embargo para los conocedores solo se trata de una norma básica de cualquier organismo similar en el mundo. En algunos pocos casos, no en Argentina, los controles constitucionales echan luz sobre esa ausencia de contornos entre lo público y lo secreto, pero por encima de esa norma fundacional, transcurre un sistema basado en lo oculto, estructuras verticales, compartimentadas, extremadamente autoritarias, pero también sofisticadas y perfeccionadas al cobijo de la tecnología. Desde las transmisiones secretas por radio de la Segunda Guerra Mundial, pasando por los códigos de CIA que descifró el periodista Rodolfo Walsh para evitar la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, hasta la nueva guerra fría que provocó la filtración de documentos secretos del Departamento de Estado, a manos de la organización Wikileaks. En ese contexto navega la poco explorada relación actual de la democracia argentina con sus catacumbas secretas.
Lista negra
El actual jefe de la SI es el santacruceño Héctor Icazuriaga. El «vasco» es el vigésimo «señor Cinco» de la historia de ese organismo, desde que Juan Domingo Perón lo creó como Coordinación de Informaciones de la Presidencia (CIPE), bajo la batuta del agente nazi Rodolfo Ludovico Freude. Poco después pasó a llamarse Coordinación de Informaciones del Estado (CIDE) y funcionó con ese nombre hasta 1966. La dictadura del general Juan Carlos Onganía la bautizó como Secretaría (SIDE), un nombre que duró hasta la sanción de la nueva Ley de Inteligencia Nacional (25.520), aprobada por el Congreso el 27 de noviembre de 2001 y promulgada 17 días antes de que su impulsor, el radical Fernando De la Rúa, huyera en helicóptero de la Casa Rosada. En medio de esa tragedia nació el nuevo ordenamiento del aparato nacional de espionaje que finalmente fue reglamentado por el decreto 950/2002. Firmado por el mandatario interino Eduardo Duhalde el 6 de junio, tres semanas antes del operativo conjunto que protagonizaron la Bonaerense, la Federal y la Prefectura para reprimir la protesta que cortó el Puente Pueyrredón y terminó con las vidas de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. El operativo contó con la sibilina intervención del entonces titular de la SI, Carlos Soria, quien según la versión del periodista Ricardo Ragendorfer habría alertado al gobierno nacional sobre la elaboración por parte de los movimientos sociales de un «plan insurreccional que ya estaba en marcha y que tenía prevista la toma del poder el 9 de julio».
El comisario Alfredo Fanchiotti, actualmente preso por el asesinato de ambos jóvenes, cumplía las funciones de enlace con «La Casa» de la calle 25 de mayo a través de la Jefatura Departamental del distrito. Según esa norma vigente, la «secretaría» nunca dejó de depender en forma directa del presidente, bajo la sigla SI, pero desde entonces es la cabeza del «Sistema de Inteligencia Nacional», compuesto también por la «Dirección Nacional de Inteligencia Criminal», que depende de la Secretaría de Seguridad Interior, y por la «Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar», bajo la órbita del Ministerio de Defensa. La lista de entes secretos no termina ahí. Hay otros tres, que reportan a Defensa, y por su intermedio, al menos en la letra de la ley, a la SI: la Armada cuenta con su Servicio de Inteligencia Naval (SIN), la Fuerza Aérea con el SIFA y el Ejército con su viejo servicio secreto militar, que se llamó Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) desde el 45 hasta el 69. Por entonces, la dictadura de Onganía lo reinauguró para la Doctrina de Seguridad Nacional y lo bautizó Batallón 601. Funcionó hasta el 31 de diciembre del 86. Desde comienzos del 87 se llamó Centro de Reunión de Inteligencia Militar, bajo la órbita de la Jefatura II del Ejército, hasta el año pasado conducida por el General César Milani, quien también tuvo bajo su órbita a la División de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa J-2, la Compañía de Comandos 601 y el desmantelado Batallón 601.
A esa red del secreto castrense se suman los aparatos de espionaje criminal de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y las tristemente célebres superintendencias de Seguridad Federal y de Interior de la Policía Federal Argentina, dos áreas que contienen los restos de Coordinación Federal, organismo creado en 1944 y originalmente diseñado por la Escuela de Informaciones del Ejército para perseguir al espionaje extranjero. Al principio quedó dividida en antinazis y pronazis, pero después del fin de la Segunda Guerra Mundial y con el gobierno de Juan Domingo Perón se transformó en una estructura de espionaje interior, la temida «Sección Especial». Si entre 1946 y el 55 la Policía Federal fue la mayor fuerza civil armada que tuvo Perón, a partir de su derrocamiento fue el brazo ejecutor de la nueva dictadura, esta vez, bajo el comando del temible SIN de la Libertadora del Almirante Isaac Rojas. A partir de 1966 pasó a llamarse Superintendencia de Coordinación Federal y tuvo a su cargo toda la persecución política, gremial y estudiantil en el área metropolitana, y en las delegaciones del interior del país. La dimensión de su letalidad pasa inadvertida por las intrigas que rodean a la ex SIDE y a la corrupción de la inteligencia militar, pero la Federal cuenta con un cuerpo de espías bajo órdenes de sus jefes y sin intervención de ningún juez, desde la misma época en que Juan Perón potenció a la fuerza.
Son las «plumas» del gallo que simboliza a la Federal. Esos agentes, según reflejó con precisión la periodista de Página 12 Adriana Meyer, pasaron a formar parte del Cuerpo de Informaciones de la PFA, mediante el decreto ley 9.021 de 1963. «Un verdadero servicio paraestatal de informaciones e inteligencia no sujeto a ningún tipo de contralor administrativo, judicial y parlamentario más allá que el ejercido por algunos pocos miembros del comisariato superior de la fuerza», detalló Marcelo Saín sobre el organismo que, desde 1970 gracias a la ley 18.895, también cuenta con el Cuerpo de Auxiliares de Investigaciones, el cual incluye un estatuto secreto propio para los plumas y que les permite tener cualquier empleo público en forma paralela a las funciones de espía interior estatal.
A desalambrar, a desalambrar
Toda la arquitectura legal que sostiene a la vieja osamenta de los espías argentinos se mantuvo en secreto hasta 2003, cuando Kirchner comenzó un lento proceso de desclasificación de archivos. Fue el paso previo a la ley 26.134 que desde agosto de 2006 dejó sin efecto el carácter secreto de todas las leyes reservadas. Esa decisión abrió la puerta para la desclasificación a partir de 2008 de los nombres del Personal Civil de Inteligencia que se desempeñó en los tres servicios secretos de las fuerzas armadas entre 1976 y 1983. Los que siguieron trabajando para la misma estructura desde 1984 siguen siendo un secreto bien guardado. La revelación ocupó tres veces la primera plana de la revista Veintitrés. Primero con los empleados del Batallón 601, luego con los miembros del SIFA y finalmente con la nómina de 1265 agentes del SIN.
La caída del secreto sobre la identidad de unos 7 mil espías civiles de las tres fuerzas, solo permitió conocer la estructura del personal asalariado que cumplió tareas criminales, y también servicios generales durante la dictadura. Entre ellos zafó el actual secretario general de la UOCRA Gerardo Martínez. Pero hubo algunos mandos militares y policiales que siempre zafaron de la desclasificación y fueron descubiertos por periodistas y organismos de derechos humanos, como el ex miembro del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA, Ricardo Miguel Cavallo, descubierto cuando llevaba años como titular del Registro Nacional de Vehículos, con una identidad similar. El capitán de navío Jorge Raúl Vildoza tuvo una suerte aún mayor: jamás cayó preso, su mujer cumple reclusión, pero sostiene que ya murió. En rigor, gozó de una compleja protección en el exterior hasta hace pocos años. Otro espía con éxito e impunidad en el exterior es Mario Alfredo Sandoval, ex oficial de Coordinación Federal que, según indagó la periodista Nora Veiras en 2008, llegó a trabajar como asesor del presidente francés Nicolás Sarkozy hasta que el juez federal Sergio Torres pidió su detención en la causa que investiga la desapariciones cometidas por «Coordina», regidora de un centro clandestino propio en el 1417 de la calle Moreno.
Letra chica
La desclasificación permitió la publicación de normas y documentos que muy pocos miran, como los informes diarios sobre actividades políticas que producía Coordinación. En los archivos del Congreso Nacional yacen, desde hace diez años, las listas diarias que realizaba la Federal, hora por hora, de lunes a lunes, sobre lo que ocurrió en cada punto del país entre 1973 y 1976, cuando parte de su estructura, en forma orgánica, integró la Alianza Anticomunista Argentina. Esa valiosa pieza de documentación revela un funcionamiento informativo que nunca dejó de realizarse, pero que fue cambiando de formatos con el correr del tiempo y la tecnología. El destape hace un año del mayor de inteligencia de la Federal Américo Balbuena, que infiltró a la agencia alternativa Rodolfo Walsh, es la muestra viva de esa presencia secreta en la vida política argentina desde hace por lo menos medio siglo. Actualmente esa red de informantes secretos y auxiliares de investigaciones de la Federal superaría los mil agentes. Sus tareas de vigilancia ideológica se han mantenido en el tiempo, pero fueron acompañadas desde fines de los noventa por la inteligencia interior de la Gendarmería Nacional. A pesar de su bajo perfil, comenzó intervenir activamente en la represión del conflicto social a partir de la represión de los cortes de ruta en Tartagal y Cutral Có en 1997.
Las tareas de seguimiento político del viejo organismo de control de fronteras, que tiene servicio propio de inteligencia desde fines de los 30, fueron conocidas en su real dimensión con las denuncias que revelaron la existencia del Proyecto X. La lista de organismos secretos se completaría con el Servicio de Inteligencia Penitenciario Federal, creado el 18 de mayo de 1973, cinco días antes de la partida de la dictadura de Lanusse, que sigue vigente y cuenta con 16 escalafones de agentes. Una norma que, al igual que los demás estatutos de los otros servicios, establece presupuestos y nóminas ocultas. Los memoriosos recuerdan que su inauguración «técnica» estuvo en manos de dos viejos torturadores del batallón 601 y de la ex SIDE: el criminal común Aníbal Gordon y el espía Eduardo Alfredo Ruffo. El primero murió en los ochenta y el segundo está preso en el penal de Marcos Paz por crímenes de Lesa Humanidad. Luego de asesinar y torturar para la Triple A desde una patota promovida por el Batallón 601, ambos fueron designados en uno de los primeros centros clandestinos de detención del Plan Cóndor: Automotores Orletti. Tan activa fue la participación de Ruffo que, como inorgánico del aparato de espionaje, siguió manteniendo contactos con las redes activas de 25 de mayo para negociar la entrega de información sobre el paradero de hijos de desaparecidos a cambio de protección. La maniobra duró hasta el 25 de octubre de 2006, cuando se entregó en la coqueta calle Juez Tedín al 2600, en Barrio Parque, muy cerca de los calabozos que tiene la División Antiterrorista de la Federal en la calle Cavia.
El ojo de la patria
Los aparatos de inteligencia deben ser auxiliares de la justicia para las investigaciones que requieran los magistrados y para las intervenciones que consideren necesarias. Esos pedidos van a parar a la Dirección de Observaciones Judiciales, históricamente conocida como la Ojota. Antes de tener un Gran Hermano con acceso a todos los cableados telefónicos del país, «La Casa» mandaba agentes a cada una de las centrales e instalaba grabadores en las terrazas. Los datos surgen de la escasa literatura sobre el espionaje nacional y de SIDE, la Argentina Secreta, un libro publicado por Planeta en 2006, que llegó a las tres ediciones, y se agotó con la velocidad de quien manda a comprar todos los ejemplares. Su autor, Gerardo Young, ex redactor de Clarín, sacó del secreto a Antonio Horacio Stiusso, alias Jaime, o Aldo Stiles, y contó parte de su pasado. Actual Director de Contrainteligencia del organismo y dueño de la tecnología dedicada a la intercepción de comunicaciones, a un paso de cumplir los 61, es considerado uno de los jefes más «viejos» de 25 de Mayo.
Según Young está en el organismo desde 1972 y pertenece a la casta de espías de carrera. Trabajó para dos dictaduras, el radicalismo, el menemismo, y también para el kirchnerismo, hasta el último cisma ocurrido hace pocos años por el cambio de enfoque respecto al atentado de la AMIA, que puso en tela de juicio la tesis del coche bomba, construida bajo la persistencia de los servicios de inteligencia norteamericanos e israelíes, poseedores de una excelente relación con la SI y con Stiuso, quienes suelen realizar espionaje a pedido de ambas centrales extranjeras. Esa práctica se ha mantenido durante décadas, en dictadura o democracia, pero entró en una compleja inflexión a partir de los atentados contra la Embajada de Israel, que dejó 29 muertos y 300 heridos el 17 de marzo de 1992, y contra la AMIA, el 18 de Julio de 1994 que mató a 85 personas e hirió a otras 300. A pesar de la intervención de toda la autodenominada «comunidad de inteligencia», nadie cayó preso en forma definitiva, mientras que la interpretación sobre ambos ataques siempre evolucionó bajo la tutela de Washington y de Tel Aviv. La investigación tuvo dos pistas principales: una adjudicó la autoría del atentado a la organización islámica Hezbollah, presuntamente apoyada por Irán; y otra, la llamada pista siria, apunta a los vínculos entre el ex presidente Carlos Menem y el traficante de armas sirio Monzer Al Kassar.
El caso sigue abierto y algunas indagatorias centrales dependen del «Memorandum de entendimiento» firmado por Argentina con Irán para que declaren en Teherán. Pero no fue la única puja que «Stiles» libró con el kirchnerismo. La primera estalló el 25 de julio de 2004, en el programa Hora Clave, conducido por Mariano Grondona. El invitado especial era Gustavo Béliz que había cumplido más de un año en el Ministerio del Interior cuando Néstor Kirchner le aceptó la renuncia. Tras el portazo Béliz guardó silencio, hasta sentarse ante las cámaras para vengarse del hombre al que sindicó como jefe en las sombras del organismo secreto. «Me echaron por nombrar la palabra maldita de la política argentina: SIDE», dijo y mostró el rostro de Antonio Horacio Stiusso a la televisión. Nervioso pero seguro, Beliz buscó resumir el papel de ese organismo: «Es una especie de agujero negro, se manejan fondos sin rendición de cuentas. Constituye un Estado paralelo, una policía secreta sin ningún tipo de control: la maneja un señor al que todo el mundo le tiene miedo porque dicen que es peligroso y te puede mandar a matar. Ese hombre participó de todos los gobiernos y se llama Jaime Stiusso». Y terminó la denuncia con una despedida: «Dejo la política, estoy desilusionado». Se fue con su familia a Estados Unidos y desde entonces afronta una causa penal por «revelar secretos políticos o militares concernientes a la seguridad».
La ferretería técnica, controlada desde una base ubicada en el 4100 de la calle Estados Unidos, prosperó con los años. Con la llegada de Internet y los celulares, sumó nuevas generaciones de espías. También nuevos equipos. Una de las mayores inflexiones sucedió a comienzos de los noventa, cuando Menem privatizó ENTel y la vendió a France Telecom y a Telefónica de España. Ambas multinacionales tuvieron que garantizarle al Estado el monopolio de las escuchas legales (e ilegales) que realizaba la SIDE por medio de la Dirección de Observaciones Judiciales. Ambas acordaron financiar y equipar un edificio para las orejas del Estado. Desde entonces un inmueble ubicado al 3832 de Avenida de Los Incas, en pleno barrio de Belgrano, es la sede de la Ojota. Desde la existencia de los celulares, Stiusso fue comprando una enorme cantidad de valijas interceptoras. Esa tecnología contó con la creciente presencia de competidores privados. Hace dos años, los dos gerentes de las telefónicas confiaron a la Comisión Investigadora de la Legislatura Porteña que intervienen «un promedio de 250 líneas por mes a pedido de la SI». El promedio real superaría las seis mil líneas pinchadas por año con el escuálido control de algunos jueces. Un rastrillaje telemático que también promueven los «grandes» del fisgoneo corporativo como Kroll, Stratfor y The Ackerman Group, tres multinacionales del espionaje con sucursal en Buenos Aires que cuentan con el gerenciamiento de ex agentes de la CIA y el FBI.
El rompecabezas siempre será incompleto para comprender el nivel del acecho estatal en la política argentina. Pero es muy posible que algo entenderíamos si pudiéramos acceder a las 20 mil carpetas rebozantes de información secreta que la SI poseería en los subsuelos de su sede principal.
Revista Crisis nº19 http://www.revistacrisis.com.