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Entrevista a Ángel Barraco, exmiembro del Consejo Consultivo Honorario de la Ley de Salud Mental

«La Ley de Salud mental al ser un mecanismo de contralor perjudica los negocios privados»

Fuentes: Rebelión

-Ángel, atacan de nuevo la Ley de Salud Mental. He visto una declaración de la revista Topía que suscribe todo su Consejo de redacción, encabezada por vos. Contanos un poco qué motiva este nuevo ataque contra la Ley de Salud Mental. 

-Bueno, hace unos meses que venimos hablando que a partir que empiezan a surgir hechos que involucran a personas con padecimientos mentales, recordás el caso en el barrio de Palermo, ahí en la puerta del MALBA cuando un paciente acuchilló a un policía y el policía lo ultimó a balazos, ese desgraciado suceso. Empezaron a surgir voces en los medios de comunicación dándole responsabilidad a la Ley porque no permitía internar si el paciente se negaba. Salimos a rechazar esas declaraciones.  

Después, en la medida en que se dio el caso de Chano, que también lo hemos hablado, y posteriormente, ya más reciente, el caso de Felipe Pettinato. Estás declaraciones contra la Ley toman mayor consistencia y mucho más aún a partir de una actividad que se hizo en el Senado el lunes 30 de mayo, donde fui convocado a hablar y estaba convocada la madre de Chano.   

Ahí, en todo su desgarramiento con lo que le pasa a su hijo cargó todas las tintas contra la Ley, y más particularmente sobre el artículo 20 diciendo algo que verdaderamente llama la atención. Que el artículo 20, que es aquel que regula las internaciones involuntarias no permitía internar si el paciente se negaba.  

A partir de ahí, por ser quien era y por todo su relato tan desgarrador hubo una fuerte repercusión en los medios. Justamente ese mismo día tuve que hacer una recorrida por varios canales, donde fui convocado porque había sido parte de esa actividad a la tarde. Esto tomó todo un desarrollo pese a que hicimos todas las aclaraciones pertinentes, esto no modificó y la mamá de Chano persiste, apoyada por algunas organizaciones de Madres del dolor y otras que ya hace tiempo vienen reclamando por los consumos problemáticos que no tienen respuesta. Cosa que es totalmente cierta. Pero lo que hay que separar, para que tenga comprensión el tema, es que la Ley no tiene la responsabilidad de lo que los gobiernos no han hecho.  

La Ley es muy clara, plantea como hay que intervenir para tratar de evitar casos de arbitrariedades. También se dio que salió hace unos días un libro de un caso muy particular, que a lo mejor recordás, cuando una mujer, una artista plástica que era la dueña de un laboratorio muy grande, fue internada a partir de un diagnóstico que después se descubrió que no era tal, firmado por Facundo Manes y otra psiquiatra.  

Esta mujer estuvo internada casi un mes y de no ser porque pudo filtrar y pedir ayuda, esto se pudo corregir y fue antes de la sanción de la Ley. Fue una demostración cabal que a lo que apunta la Ley, que es una norma de DD HH, que por encima de todo en los mecanismos de atención deben preservarse los derechos porque la internación, en estos casos, las internaciones involuntarias, dónde la Ley recalca que debe ser la última tentativa, el último instrumento a considerar, es justamente una privación de la libertad.  

Por eso se toman tantos recaudos, cuestión que quién determina, que es un equipo interdisciplinario, a las 10 horas debe ser representado por un juez. Obviamente que en el caso de Chano la cosa se solucionó a los tiros, lamentablemente, y no es el único caso. Esto siguió tomando cada vez más proporción y la madre sigue ratificando que el tema es la Ley y el artículo 20.  

Justamente de todos los ámbitos, tanto del movimiento de defensa de la Ley Nacional de Salud Mental, como en este caso Topía, generamos un documento, una declaración para prestar la mejor herramienta de comprensión y aclaración que ya sea por una mala interpretación o un mal asesoramiento o, lo que yo creo hace unos días, que ella está incentivada por algún sector que históricamente se ha opuesto a esa Ley.  

Tengamos en cuenta que el tema de la desmanicomialización tiene que ver justamente con los casos mal llamados de locura o lo que viene a ser la psicosis y otros trastornos mentales graves, pero que el tema de las adicciones y los consumos problemáticos no tienen el mismo espectro de atención que están en mucha menor escala, es decir, no ha sido desarrollada como corresponde y lo que hay, es en su mayoría el desarrollo de estas comunidades terapéuticas que son lugares que verdaderamente no se los controla, donde hace un par de meses fallecieron cuatro muchachos… 

-Está judicializado ese caso, ¿no? 

-Sí, ya está preso quien había sido responsable en otras comunidades terapéuticas, Merenson, y entonces acá también lo que hay que tener en cuenta es que tanto en el caso de Chano, como en el de Pettinato y como en el del paciente que tuvo un brote psicótico porque le habían cambiado la medicación y no hicieron el control, tenían atención privada.  

Nosotros denunciamos que en el ámbito público los gobiernos no han desarrollado todo lo que postula la Ley para cambiar ese modelo, para asilar de custodia llamada manicomial hacía falta la apertura de una cantidad determinada de servicios y dispositivos que nunca fueron creados o puestos en funcionamiento.  

Eso también alcanza al tema de las adicciones. Entonces ver que la tendencia era culpabilizar a la Ley, y ver que ya se estaba trabajando en ambas Cámaras para reformarla, para cambiarla indudablemente llegamos a la convicción de que esto está motorizado y de alguna manera creo que la están instrumentando a la mamá de Chano, que nadie puede desdecirla en cuanto a su dolor y mortificación por lo que le pasó y le pasa al hijo.  

La realidad es que tanto el artículo 20, que es muy claro, como la Ley están articulados con el artículo 41 del Código Civil dónde justamente habla de la internación sin consentimiento de una persona y detalla cómo debe hacerse.  

El tercer elemento, que lo utilicé en algunos medios donde había poco tiempo para ir a hacer la defensa de la Ley, es justamente un fallo de la Cámara Nacional de Apelación en lo Criminal sobre el caso del barrio de Palermo, donde falla el psiquiatra que intervino y declara que no estuvo al nivel que debería tener, que incumplió los deberes a su cargo y endilgó un accionar negligente frente a la pertinencia de una internación y un correcto tratamiento farmacológico.  

El fallo entonces destaca el artículo 20 de la Ley de Salud Mental que los faculta para internar involuntariamente a su paciente cuando en su conducta exista riesgo inminente para sí o para terceros y sigue dando un fallo que es contundente, porque ya es de Cámara y que indudablemente lo que está implícito en el artículo 20 de la Ley más lo que dice el Código Civil, que cómo recordarás fue reformado hace 4 o 5 años. y que está en consonancia con el planteo de la Ley y este fallo.  

Ya no quedan dudas. Las dudas quedan para estos sectores que están motorizando derribar la Ley, porque acá lo que ocurre que al ser un mecanismo de contralor perjudica a los negocios privados. Detrás de todo esto está la Federación de Clínica Psiquiátrica, esta FONGA que es la Fundación de Organizaciones No Gubernamentales que intervienen y son las que reciben los subsidios para internar a los jóvenes dentro de estas comunidades terapéuticas, que no son otra cosa que comunidades de encierro y maltrato que llegan a veces hasta la muerte y los suicidios.  

Estamos en esta situación. Hoy salió a hacer declaraciones el ministro de Salud de la Ciudad y obviamente la Ciudad está en consonancia con quienes quieren modificar esa parte de la Ley. 

– Muy claro y muy completo. No sé si querés agregar algo más. 

-El tema que me parece dar a conocer a la comunidad, a la sociedad, es una Ley que costó mucho, como dije en el Senado no es patrimonio de un Gobierno porque fue sancionada en 2010 y no nació en el 2009, sino que justamente hice todo un recuerdo histórico de dónde surgió, de dónde se proyectó y fundamentalmente tomando como inspiración la Ley 448 de la Ciudad de Buenos Aires que sancionamos en el 2000, de la cual soy co-redactor.  

Justamente la Ley es de protección de derechos y nadie está exento de tener una problemática de salud mental. Y es grave porque no solo no se está dando respuesta desde el sistema público sino, en contradicción de lo que muchos creen, el sistema privado tampoco atiende, no da las respuestas que debería dar y esto es lo que está pasando. Porque implica hacer inversiones, tener un equipo interdisciplinario, tienen que adaptarse a los mecanismos de la Ley y esto también les restringiría a internar.  

Las internaciones en clínicas privadas son excesivamente caras. Lo dijo la madre de Chano ‘yo porque tengo dinero lo he intentado, me salía por mes lo que gana un Senador’. Entonces si me la llego a encontrar nuevamente, y con todo respeto, le voy a decir ‘entonces cómo fue, si la ley no permite internar involuntariamente contra la opinión del paciente cómo es que usted lo había internado anteriormente y ahora, en estos momentos está internado en una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires, la Clínica Abril’. ¿Si la ley no lo permite como lo hicieron?  

Empezar a hacer aclaraciones, a hacer una toma de conciencia que con este tema hay que tener mucho cuidado porque sabemos que hay todavía más de 20.000 personas que están detenidas en este tipo de instituciones y que la atención que se está dando, tanto en el ámbito público como en el privado, y fundamentalmente en las adicciones que ha tenido una irrupción en estos últimos 10 años y que tampoco se puede seguir ligando como estaba la Ley, que es una Ley de drogas que persigue al que consume en vez de al que lleva adelante el narcotráfico y hay que separar.  

Toda persona que es consumidora, que tiene una adicción es un caso de salud y salud mental y hay que atenderla y, por el otro lado, hacer todo lo que corresponda a nivel de cómo se reprime el narcotráfico. Acá hay varios temas que hay que considerar y lo mejor que podemos hacer es que la Ley siga tal cual, pero que se implemente. Y no que se siga escamoteando el presupuesto que se necesita.  

Nación nada más le dedica el 1.4%, el presidente hace pocos días ante toda esta andanada había dicho que duplica, igual con la duplicación se llegaría al 3% y la Ley establece que Salud Mental tiene que disponer de un presupuesto del 10% del presupuesto de Salud y esto tanto en Nación, como en la mayoría de las provincias no se cumple.  

Ya lo hemos hablado en el programa, Salud Mental está discriminada, es como que uno puede enfermarse de cualquier cuestión orgánica y está la cabal demostración en lo que rige para las prepagas y para las obras sociales que es el PMO donde justamente hay limitaciones muy definidas, 30 días de internación y 30 días de sesiones de psicoterapia, mientras que cualquier otra problemática no tiene limitaciones.  

Son muchos los temas que hay que tratar y si hay sectores que están viendo ahora, en esta oportunidad y están utilizando el dolor y la angustia, no solo de la mamá de Chano sino de muchísimas mujeres y padres que no tienen respuesta, bueno la solución no es tocar la Ley, sino exigir la plena implementación. 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.