¿Cómo reaccionaríamos si un medio de comunicación público obligase a abandonar el estudio a un invitado que criticase al gobierno? Es indudable que en un sistema democrático un comportamiento así desde un medio estatal sería intolerable. Sin embargo, es lo que hizo la cadena Ser el pasado 25 de julio con el profesor de Filosofía […]
¿Cómo reaccionaríamos si un medio de comunicación público obligase a abandonar el estudio a un invitado que criticase al gobierno? Es indudable que en un sistema democrático un comportamiento así desde un medio estatal sería intolerable. Sin embargo, es lo que hizo la cadena Ser el pasado 25 de julio con el profesor de Filosofía Carlos Fernández Liria. «Sí, se va, porque el señor Carlos Fernández Liria no quiere debatir sobre Venezuela y es para eso para lo que le hemos invitado y no para otra cosa», le espetó la periodista en el programa La Ventana de la cadena Ser cuando este profesor criticó al grupo empresarial Prisa por el tratamiento informativo que otorga a Venezuela y la complicidad del diario El País con el golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril del año 2002.
Ya anteriormente, la periodista calificó las opiniones de Fernández Liria sobre el grupo empresarial Prisa de «alusiones personales» y afirmó «yo trabajo en esta casa y no le voy a permitir esas alusiones».
De forma que en ese programa pudimos comprobar que en un medio de comunicación del grupo empresarial Prisa se puede hablar en contra o a favor de Chávez, aunque sea en una proporción de cien a uno, o en contra o a favor de cualquier otro gobierno, pero lo que bajo ningún concepto se permite es hacerlo en contra de la empresa propietaria del medio.
Es curioso, pero con el comportamiento de la periodista de la Cadena Ser se le estaba dando la razón al razonamiento de Carlos Fernández Liria en su reciente artículo «Estatalizar la prensa». En él, este profesor propone como mecanismo para fortalecer la libertad de expresión establecer «la independencia profesional del periodista, del mismo modo que los profesores tienen libertad de cátedra y los jueces tienen blindado el ejercicio libre de su función». Según su tesis, el entorno público es el único que permite a un profesor o un juez ejercer libremente sin las presiones empresariales de su patrón, algo que no sucede con el periodista del medio de comunicación privado, quien, por razones laborales «puede ser despedido por no ceñirse a los dictados de la empresa que le contrató», tal y como sucede con un profesor de la enseñanza privada.
Y eso precisamente es lo que demostró la Ser en ese programa, mediante una periodista que al escuchar críticas al grupo empresarial de su cadena de radio afirma «yo trabajo en esta casa y no le voy a permitir esas alusiones» y despidiéndole del estudio. Nunca se hubiera tolerado a un periodista de, por ejemplo, Radio Nacional de España o de Venezuela, argumentar «yo trabajo para este gobierno o esta administración y no le voy a permitir esas acusaciones».
Ejemplos como éste deben hacernos ver la falacia de quienes denominan «medios independientes» a los privados y «oficiales» a los públicos. El control empresarial es tan férreo que, desde hace ya mucho tiempo, donde sólo se puede lograr la verdadera independencia es en un medio público no sometido al nepotismo de los accionistas y dueños de una empresa propietaria de un medio de comunicación.