La lucha de las organizaciones sociales contra el ajuste no afloja

El viernes en conferencia de prensa la UTEP y la CTA Autónoma, anunciaron que este 1° de mayo junto a más organizaciones sociales, políticas y sindicales confluirán en una jornada por el Día del trabajador y la trabajadora para rechazar el ajuste que viene implementando el FMI sobre el conjunto de la clase trabajadora. 

Esteban Gringo Castro, secretario general de la UTEP, señaló: “Este 1° de mayo será una pequeña muestra de lo que va a ser la lucha que se viene cuando cualquier gobierno decida profundizar el ajuste. Estamos preparados porque tenemos la experiencia histórica”. 

Y se refirió también a la emergencia alimentaria: “Hoy tenemos un serio problema en términos alimentarios en nuestros barrios, no está llegando la comida. Por un lado, hay sectores que concentran la producción de alimentos y, por otro lado, el pueblo humilde que se organiza para dar de comer y no recibe los alimentos. El hambre es un crimen y pelearemos para que no exista más en nuestro país”. 

La semana previa al 1° de mayo se estuvieron realizando múltiples asambleas en las unidades productivas y barrios populares de todo el país donde se definió exigir respuestas concretas hacia las y los trabajadores que no están dispuestos a retroceder en sus derechos mientras se siguen haciendo concesiones al FMI y la emergencia alimentaria se vuelve insostenible. 

A las 14:00 está previsto un acto en las intersecciones de Av. de Mayo y 9 de Julio. 

Encuentro de la Unidad Piquetera y la Utep 

Varios referentes de dichas organizaciones participaron de una reunión donde se volcaron coincidencias sobre el momento que está viviendo el movimiento piquetero a partir de la intensificación de la ofensiva gubernamental (a través de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz), con recortes masivos de programas y amenazas de mayores ataques a las organizaciones sociales. 

También hay coincidencias en enfrentar el plan de ajuste impuesto por el FMI que tanto repercute sobre la economía familiar, y que golpea ferozmente a la población empobrecida de los barrios del conurbano y de todas las provincias. 

Se discutió la posibilidad de hacer un acto conjunto el 1º de mayo pero no hubo acuerdos ya que las organizaciones ligadas al Frente de Izquierdas ya tenían programado un acto en Plaza de Mayo. Por lo tanto, en una próxima reunión se acordarán acciones conjuntas en base a consignas comunes para enfrentar las políticas de hambre y miseria que sufren las grandes mayorías. 

La Unidad Piquetera rodeó de ollas vacías el ministerio de Desarrollo Social 

Con las consignas «¡Nos quieren sacar de las calles, pero no de la pobreza!», «¡Fuera FMI!» y «¡La deuda es con nosotres!», las organizaciones sociales que integran la Unidad Piquetera realizaron el miércoles 19 por la tarde una masiva marcha de antorchas desde el Puente Pueyrredón – uno de los principales accesos del sur del conurbano bonaerense a la Ciudad de Buenos Aires – hasta la histórica Plaza de Mayo. 

La medida fue contra las medidas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional para cumplir con el acuerdo con el FMI. 

Una vez en Plaza de Mayo, entregaron una carta en Casa Rosada, donde solicitaron una reunión urgente con el presidente Alberto Fernández dado que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, se niega a recibirlas. Luego, instalaron carpas y ollas populares para realizar un acampe durante toda la noche. 

Sobre la reunión solicitada al presidente, en la carta –recibida por Juan Fernández, el director de Documentación Presidencial– remarcaron su carácter de «urgente dado el carácter de emergencia que atraviesan miles de familias que deben ser asistidas por su gobierno». 

«Más del 40% de la población, 18 millones de personas, tienen dificultades para comer, muchos de los cuales asisten a los comedores populares de las organizaciones que representamos, y están esperando una respuesta ya que son sistemáticamente desatendidas por su ministra de Desarrollo Social, la cual se ha negado a establecer una reunión con estas organizaciones para recibir los reclamos», señalan las organizaciones en un tramo de la carta dirigida a Alberto Fernández. 

El jueves 20 levantaron el acampe y movilizaron a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz, ubicado en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Belgrano, donde rodearon el edificio con ollas vacías. Desde la Unidad Piquetera comunicaron: «instalamos ollas vacías para que la ministra Tolosa Paz se haga cargo del ajuste que está haciendo contra los que menos tienen, a la medida del FMI. Hasta los propios funcionarios oficialistas que integran el ministerio de Desarrollo han salido a criticar a la ministra Tolosa Paz por el ajuste contra los que menos tienen», destacan. 

En la misma línea, agregan: «en medio de una escalada inflacionaria pretenden seguir recortando los únicos ingresos que tienen las familias más humildes de este país con el único objetivo de pagar una deuda que es ilegal e ilegítima y que el pueblo no ha adquirido. Mientras tanto, persiguen y criminalizan a quienes nos organizamos para llevar un plato de comida y trabajo a cada hogar. No vamos a quedarnos de brazos cruzados y no vamos a permitir que la clase trabajadora pague los platos rotos de la fiesta de los ricos», remarcan. 

Entre otras exigencias, las organizaciones sociales reclaman la «asistencia integral a los comedores», la «apertura del programa Potenciar Trabajo para los que lo necesiten», «ninguna baja ni ajuste en la asistencia social» y el «cumplimiento de los convenios de herramientas y materiales para los emprendimientos productivos». 

Las marchas de antorchas y acampes también se replicaron en otros puntos del país, como Formosa, Paraná, Neuquén, entre otros. 

Compartimos comunicado:
Los alarmantes datos de la inflación con casi el 10 % de aumento en los alimentos en un solo mes y suman más del 20 % en el trimestre dan muestra del total fracaso del programa de sometimiento al FMI del ministro Massa, una catástrofe para los que vivimos de nuestros salarios. 

Estos datos solo confirman lo que vemos todos los días en los barrios obreros: ¡crece la desocupación, crece el ajuste y crece el hambre! 

¡Hasta los propios funcionarios oficialistas que integran el ministerio de Desarrollo han salido a criticar a la ministra Tolosa Paz por el ajuste contra los que menos tienen! 

El sometimiento al FMI está produciendo un desastre sobre millones de trabajadores y se aprestan a golpear aún más, 400.000 bajas del Potenciar Trabajo que exige el FMI, insaciable pide ajuste y más ajuste, el Gobierno obediente lo lleva adelante. 

Sin embargo, no alcanza solo con bajar planes, van por los jubilados y por los salarios y convenios de los trabajadores. 

Por eso es necesaria una enérgica acción de los trabajadores para frenar el ajuste y el hambre y echar al FMI. 

Desde la Unidad Piquetera vamos a ganar las calles desde el miércoles retomando el plan lucha con los reclamos que la Ministra del ajuste del FMI se niega a recibir. 

Si no hay respuestas iremos a llevar los reclamos al Presidente Fernández, ya que tiene funcionarios que no funcionan. 

Andrés Calamaro manifestó su apoyo con la lucha piquetera  

El músico Andrés Calamaro brindó su apoyo y solidaridad con las organizaciones de la Unidad Piquetera que anunciaron una jornada de lucha que comenzó el miércoles 19 con una marcha de antorchas desde el Puente Pueyrredón (Avellaneda) hacia Plaza de Mayo. 

“Transmito mi adhesión y solidaridad a esta y todas las marchas de nuestro pueblo piquetero, que reclama alimento dignidad y trabajo. Un fuerte abrazo”, fueron las palabras que divulgó el artista por medio de un video que ya circula en las redes sociales y que reivindica la acción de los trabajadores desocupados y precarizados ante la política de ajuste del gobierno y sus ministros. 

Seguimos en la lucha del movimiento piquetero 

Por MULCS 

El 4 y 5 de abril, en dos nuevas jornadas de lucha, desde el MULCS, junto a las organizaciones de la Coordinadora por el Cambio Social y del conjunto de la Unidad Piquetera, seguimos luchando con fuerza contra las políticas de ajuste del Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por Tolosa Paz. Estas jornadas de movilización popular se enmarcan en los planes de lucha crecientes del movimiento piquetero, que deberán confluir con el conjunto de las luchas de nuestro movimiento obrero y popular.  

El martes 4 de abril estuvimos movilizades frente a las oficinas del Ministerio, en el centro porteño, junto a Libres del Sur y el MST Teresa Vive, reclamando todos los incumplimientos con acuerdos que son el resultado de la lucha masiva y organizada. 

El 5 de abril estuvimos con fuerza en el Puente Pueyrredón, y en nuevos reclamos en las zonas más enriquecidas de la ciudad, en Puerto Madero, volviendo a reclamar contra la inflación creciente, que repercute especialmente en los alimentos básicos de la canasta popular, y significa cada día más pobreza y más hambre en los barrios populares. 

Seguiremos adelante en el plan de lucha del movimiento piquetero, buscando ampliarlo a más organizaciones populares, contra los planes de ajuste en curso. El ajuste sobre las condiciones de vida de los sectores más empobrecides de nuestra clase, que golpea con fuerza contra precarizades, movimientos territoriales y la inmensa mayoría de les jubilades que cobran ingresos insuficientes, es el resultado del acuerdo entre el Gobierno con el FMI para el pago de la deuda ilegítima contraída por el Gobierno de Macri. 

La única lucha que se pierde es la que se abandona. 

La deuda es con los pueblos, no con el FMI. 

El derecho a reclamar es un derecho básico universal 

En la mañana del 24 de abril frente al Palacio de Justica de la ciudad de Córdoba se llevó a cabo una conferencia de prensa organizada desde la multisectorial que nuclea organizaciones de distintos ámbitos. 

Organizaciones sociales piqueteros, sindicatos, partidos, activistas ambientales, organismos de Derechos Humanos, entre otros, se expresaron ante las injustas imputaciones «promovidas por el poder político» que intenta amedrentar a las organizaciones sociales que se expresan ante la crisis social y económica. 

Estas últimas imputaciones se ejecutaron ante los supuestos reclamos de comerciantes que no pueden vender por las movilizaciones. Argumento desenmascarando cuando en la audiencia pública que hicieron para imponer esta medida se vio que en el eje de la discusión tenía que ver con un interés de sacar a los luchadores sociales de las calles. Confesando públicamente que hacen inteligencia dentro de las organizaciones. 

El dirigente del Polo Obrero, quién también se encuentra imputado por la justicia cordobesa, Emanuel Berardo, enfatizó: «Los trabajadores no debemos pagar la crisis a la que nos han arrojado quienes gobiernan alternándose en el poder desde hace 40 años. En un país con más de la mitad de las infancias en la pobreza, donde la inflación pulveriza los ingresos de los trabajadores día a día, mientras se continúa beneficiando a los banqueros, patronales y el campo que se fugan los capitales de nuestro país; el derecho a reclamar es un derecho básico elemental. Ningún pueblo puede ser obligado a asistir mansamente a la degradación de sus condiciones de vida. Más que nunca es imperioso defender el derecho a la protesta social y las libertades democráticas. Desde la multisectorial, en un frente único de lucha, llamamos a organizarnos y a poner en pie una movilización popular que derrote la intentona derechista y represiva del gobierno de Schiaretti».  

Por otro lado, Agustín Nazar, referente del Movimiento Teresa Vive, imputado por luchar, se presentó este lunes a las 13:30 en Tribunales II. Desde el MST, lo acompañó la legisladora Luciana Echevarría y una gran movilización de trabajadores ocupados y desocupados, jóvenes, activistas ambientales y feministas, referentes sindicales, entre otros. 

Al respecto, Nazar dijo: «Es un nuevo ataque de Schiaretti a los movimientos sociales. Los proyectos para criminalizar la protesta, el fallo represivo de Fernández López y ahora las imputaciones, son parte del proyecto de este gobierno, que quiere sacarnos de la calle, pero no de la pobreza. Con 40% de la población pobre y un 50% de asalariados en la informalidad, es lógico que salgamos a luchar. El 5 de marzo salimos a pedir comida de calidad para los comedores y la repuesta es querer meternos presos. Por eso hoy vamos a llenar las calles nuevamente con nuestras demandas hasta que se caigan las imputaciones y se escuchen nuestros reclamos». 

La Legisladora Luciana Echevarría (MST-FITU) agregó: «Se trata de un avance en la criminalización de la protesta, que tiene como objetivo disciplinar a todos los que luchan. La situación del país es muy crítica, los que hoy gobiernan y los que se proponen como alternativa, van a aplicar cada vez más ajuste y para eso quieren endurecer al máximo la represión. Pero el conflicto social no se resuelve con palos: ni la docencia, ni los trabajadores de la salud, ni los movimientos sociales, ni los activistas ambientales, van a dejarse amedrentar. El derecho a la protesta es elemental porque con él se defienden los ya existentes y se conquistan nuevos, por lo tanto, su defensa es una tarea de todas las personas y organizaciones que se reivindican democráticas, a todas ellas las llamamos a levantar la voz contra estos atropellos. Desde nuestro lugar vamos a redoblar las movilizaciones para enfrentar este ataque». 

A su turno, Eduardo “Chiquito” Belliboni explicó que la política represiva que está detrás de las imputaciones de lxs luchadores en Córdoba tiene que ver con una orientación de todos quienes gobiernan. En ese sentido, describió el cuadro de criminalización de la lucha piquetera en provincias como Jujuy y Mendoza. Afirmó que quienes gobiernan no podrán imponer mediante la represión e imputaciones un ajuste al pueblo del Cordobazo. 

También tomaron la palabra desde ATE e investigadores de CONICET, vecinos y vecinas imputadxs del Valle de Punilla, referentes de organizaciones sociales entre otros dirigentes sociales. 

Cabe recordar que en la Multisectorial convergen organizaciones de Derechos Humanos, sindicales, sociales y políticas que vienen impulsando una agenda en defensa del derecho a luchar. En ese sentido, la conferencia de prensa fue parte de un plan de acción que incluye la realización de una movilización para las primeras semanas de mayo. 

En declaraciones a diferentes medios de comunicación Soledad Díaz, dirigente del Partido Obrero y precandidata por el Frente de Izquierda, quién se encuentra entre los imputados declaró: “estamos frente a un grave hecho de persecución política. Juan Schiaretti prepara un estado represivo violatorio del derecho a la protesta social y las libertades democráticas. Las imputaciones, el fallo del Juez Fernández López, y los proyectos anti piquetes que impulsan en la Legislatura dan cuenta de una campaña derechista en la provincia”. 

“El ajuste y la pobreza empuja cada vez a más sectores a las calles, en Córdoba se moviliza el movimiento piquetero, pero también los docentes y estatales por el salario, las mujeres y disidencias y el movimiento ambiental, entre otros. El repudio y el rechazo a las políticas criminalizadoras es una tarea central de todos los que resistimos el ajuste, por eso, esta multisectorial se ha colocado a la cabeza de la organización y ya nos encontramos preparando la movilización popular para defender el derecho a la protesta social en un cuadro de agudización de la crisis”, agregó Soledad. 

En la conferencia de prensa, uno de los denominadores comunes fue la denuncia de que la represión a la lucha contra el hambre y la pobreza tiene que ver con que el PJ provincial pretende hacer pasar el ajuste desconociendo garantías constitucionales. También se destacó la necesidad de continuar construyendo la unidad de acción del conjunto de las organizaciones. 

La conferencia concluyó con la lectura de la declaración que la Multisectorial elaboró para rechazar las imputaciones y denunciando el curso represivo del gobierno de la provincia. El texto recogió la firma de sindicatos combativos como el de lxs trabajadores petroquímicos y químicos de Río Tercero, el Sutna, Municipales de Jesús María, ATE-CTA. También adhirieron el sindicato gráfico, el Suoem, junto a decenas de agrupaciones docentes y organizaciones ambientales. 

Repudian imputación judicial al Secretario General de la CTA Autónoma Córdoba 

Comunicado de prensa a raíz de la imputación de Federico Giuliani por intervenir como orador en la Marcha contra el Hambre

La CTA Autónoma de la provincia de Córdoba rechaza, denuncia y repudia que, como consecuencia de la ofensiva judicial, política y mediática destinada a criminalizar la protesta social que se desarrolla para frenar el ajuste en marcha, se impute al Secretario General de la Central y de ATE Córdoba, Federico Giuliani, por intervenir como orador en la Marcha contra el Hambre organizada por la Unidad Piquetera el pasado 5 de abril en la ciudad Capital”, señala un comunicado de prensa. 

Y añade: “Al mismo tiempo que el Gobernador Juan Schiaretti lanzaba ayer en el Hotel Quórum la campaña electoral del ‘Cordobesismo’ de cara a los comicios del 25 de junio, Giuliani recibía por interpósita persona una citación judicial de manos de la Policía haciéndole saber que queda citado a comparecer ante la Fiscalía del Distrito Cuatro Turno Uno, sita en la calle Fructuoso Rivera 720 de barrio Observatorio el día 13 de abril a las 14:30 acompañado de su abogado defensor”. 

“La citación agrega que el trámite tiene que ver con lo referente a las actuaciones sumariales caratuladas a prima facie como ‘actuaciones labradas’ de fecha 5 de abril, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Cuarto Turno Uno”, indica la nota. 

Para la Central, “a la hora de criminalizar la protesta no hay ‘grieta’ que valga entre una dirigencia política que actúa como gendarme de los intereses del poder real para acallar los reclamos de los que padecen en carne propia todos los días la injusticia social. Finalmente, el ajuste solo cierra con represión”. 

La CTA-A afirma: “No llama la atención la enorme distancia existente entre el accionar de jueces y políticos con el pueblo, ni que la mayoría de la gente descrea de esta democracia controlada y de una Justicia adicta, cuando en lugar de debatir y resolver los problemas que afectan a la mayoría de la población, tanto en el ámbito judicial como en el legislativo se preocupen en coartar el legítimo derecho a la protesta”. 

“Salimos a la calle para luchar contra el régimen de saqueo y explotación que mantiene a empleados públicos y privados en la pobreza; precarizados en la indigencia; jubilados en la miseria; con el hambre campeando en las barriadas populares, mientras crece el conflicto de docentes y trabajadores de la salud, y los habitantes del Palacio de Justicia, la Unicameral y El Panal reniegan de la Justicia Social ofreciendo garrote a los que levantan su voz para denunciar el contubernio que promueve una sociedad de desiguales, con pobres cada vez más pobres y ricos cada vez más ricos”, concluye la declaración de la CTA Autónoma de la provincia de Córdoba. 

Río Negro contra la criminalización de la lucha popular 

Reproducimos comunicado de las organizaciones convocantes en la zona 

“El jueves 30 de marzo, la plaza principal de Fiske Menuco se convirtió en una plaza por la justicia y la unidad de las luchas. Con participación de organizaciones criminalizadas por organizarse y luchar de las provincias de Rio Negro, Chubut y Neuquén, más el acompañamiento de organismos de Derechos Humanos nacionales y regionales se llevó a cabo una jornada de lucha que marcó el camino para unificar las defensas ante la represión y criminalización de la protesta. 

Si bien ya se había solicitado una audiencia a la Cámara Federal de Apelaciones, la justicia se negó a recibir a los organismos, quienes buscaban expresar ante les jueces su profunda preocupación en relación diferentes causas a luchadores sociales, políticos y sindicales que radican en el Juzgado Federal de General Roca. En el acto realizado frente al Juzgado, denunciaron intervenciones racistas y de violencia de género contra las detenidas mapuche y la criminalización de las prácticas organizativas de los movimientos sociales. 

“Lo que hacen es muy grave, ya que atacan a movimientos sociales que trabajan en barrios populares y que lo hicieron durante la pandemia evitando una catástrofe mayor que la que sucedió”, manifestaron representantes del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), quienes además pidieron que “se debe aplicar la propia jurisprudencia de este juzgado ya que en otras causas ha entendido que los cortes de ruta y la protesta no es delito”. Por su parte, desde el SERPAJ, en el marco del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, sostuvieron: “Estamos muy preocupades por la situación de persecución que se da en todo el país, y hoy particularmente en la zona sur. Al poder judicial y al poder político le decimos que esto no se soluciona persiguiendo a les compañeres que colectivizan lo que ellos quieren que sea individual. Somos comunidades, somos pueblos. Lo único que pedimos es la dignidad de la vida ni más ni menos. Aguas sin cianuro, tierra sin plomo, y la riqueza que pertenece a nuestro pueblo”. 

Entre los principales planteos se impulsó la libertad de las detenidas mapuche, el cese y sobreseimiento de causas por la lucha en Chubut, por el elefantazo en Neuquén, contra les compañeres del FOL de Fiske Menuco y de militantes del Partido Obrero. Asimismo, se expresó la solidaridad a integrantes de la CTA Autónoma judicializados en el marco del reclamo de tierra para vivir y el apoyo a las luchas docentes de Rio Negro y de Universidades Nacionales que en este momento están de paro entre otras luchas que confluyeron. 

Valoramos fuertemente la participación de todas las organizaciones sociales y políticas, sindicales, partidos, organismos y a la comunidad en general, que se hicieron presentes. La unidad conquistada en la Plaza de la Justicia es la mejor respuesta y marca el camino para enfrentar la política de un Estado y su Poder Judicial que elije perseguir y ajustar, más que desarrollar e invertir en políticas que garanticen derechos. La lucha y la unidad son más que nunca la respuesta para que se respeten los Derechos Humanos y realmente digamos nunca más. 

¡Contra de la criminalización de quienes luchan y se organizan! 

¡Por la absolución de todas las y los luchadores! 

¡Por la libertad de las presas políticas mapuche! 

¡Organizarse en los barrios populares y luchar por trabajo digno no es delito! 

¡Defender el territorio no es delito! 

¡Luchar por mejores condiciones laborales no es delito! 

¡Luchar por la defensa de la salud y la educación no es delito! 

Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro 

Trabajadorxs de salud de Neuquén 

Partido Obrero – Polo Obrero 

Multisectorial No a la Mina Trelew 

CTA Autónoma – Viedma 

Wallmapu Rebelde – Viedma 

FOL en la Coordinadora por el Cambio Social” 

Chubut: procesan a 23 vecinas y vecinos  

El jueves 27 de abril se conoció que el Juez Federal de Rawson Gustavo Lleral procesó a 23 vecinas y vecinos de Trelew, Rawson y Puerto Madryn por luchar con cortes de ruta el 3 de mayo de 2021 en defensa del agua, el territorio y la Segunda Iniciativa Popular contra la Megaminería. 

No se hicieron esperar los primeros repudios al fallo criminalizador de la protesta social: la Asamblea No a la Mina de Esquel expresó «todo el repudio ante la criminalización de nuestros vecinxs. ¡Luchar por el agua no es delito!», remarcó la asamblea, que además convocó a una asamblea urgente para este sábado 29 de abril a las 19:00 en el Salón de la Cooperativa (ubicada en Avenida Alvear 767), para tratar el Proyecto de Soberanía Energética presentado por el gobernador Mariano Arcioni y el aumento de la criminalización de la protesta. 

«Debemos prepararnos para enfrentar una nueva embestida del gobierno contra el pueblo de Chubut. ¡Los esperamos! Es muy importante que nos comprometamos y participemos activamente», agregaron. 

Por su parte, el Colectivo de Comunicadorxs de Chubut expresó que «observa con preocupación la creciente criminalización de la protesta social» mientras «avanza la inmunidad de las fuerzas represivas con casos de abusos policiales y gatillo fácil, como el reciente asesinato de Lautaro Labbe, de 16 años, en Comodoro Rivadavia, en un contexto social y económico marcado por el ajuste y el derrumbe de las condiciones de vida de lxs trabajadorxs». 

En la misma línea, agrega: «de este modo avanzan los procesamientos y condenas contra lxs más perjudicadxs por la política de ajuste que llevan adelante el gobierno nacional y provincial.El accionar de la justicia tras el Chubutazo de 2021, cuando una pueblada consiguió con constantes marchas la derogación de la ilegítima ley que aprobó que aprobó la megaminería, lo resume. Con sus fallos, entendemos, la justicia es una parte fundamental de las políticas implementadas en un rumbo preocupante: recortes en Salud y Educación durante los últimos seis años y ampliación de gastos en esferas tendientes a reforzar el aparato de las fuerzas policiales. Porque el ajuste sólo se puede implementar con represión». 

En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) remarcó en sus redes sociales: «la justicia federal procesó a 23 vecinxs de Rawson, Trelew y Puerto Madryn por cortar la ruta. El martes, la docente Estela Juárez fue condenada por el mismo delito. Mucha jurisprudencia establece que un corte en contexto de protesta social no puede ser interpretado como delito. Las 23 personas que hoy fueron procesadas se habían movilizado en 2021 porque el gobierno provincial no quiso hacer lugar a una iniciativa popular contra la megaminería. Se criminaliza a defensorxs del medio ambiente. #ProtestarNoEsDelito». 

«La criminalización de la protesta y toma de decisiones a espaldas de la población son problemas cada vez más frecuentes ligados a la expansión del extractivismo. Chubut es una de las provincias donde estas situaciones se reiteran», señalan desde el organismo de Derechos Humanos. 

Escala la criminalización de la protesta social en Chubut contra trabajadoras/es, vecines y asambleístas 

El fallo es una nueva muestra de la escalada de la criminalización de la protesta social en la provincia gobernada por Mariano Arcioni, que se suma al fallo de la jueza correccional, Marta Yañez, que condenó a la docente Estela del Valle Juárez a tres meses de prisión en suspenso por participar de las protestas de estatales de 2019 en reclamo del pago de salarios atrasados, la restitución de los fondos para el funcionamiento de la Obra Social, el Transporte Educativo y los edificios escolares. 

En una conferencia de prensa donde estuvo acompañada de su abogada declaró: «Fuimos y somos víctimas de un sistema perverso que trata de llevarnos a un estado de creernos degradados. Hoy recibo el peso de la ley. Pero yo no tengo el peso de ninguna condena moral. La condena social no existe para mí, porque tengo el apoyo de cientos y miles de personas que dicen que hoy no tengo que bajar los brazos. Nos quieren esclavos, sumisos y callados. Yo voy a seguir luchando», expresó docente condenada, que trabaja como maestra de grado en escuelas primarias y profesora de Lengua en secundarias. 

Ambos fallos criminalizadores de la protesta social también deben entenderse en el marco del Proyecto de Ley 019/23 extractivista presentado por el gobernador Mariano Arcioni en la Legislatura provincial, que propone explotar nuevas fuentes de energía, la creación de la Empresa Provincial de Energía Chubut S.A. y el funcionamiento de un Mercado Eléctrico Mayorista Regional. 

Una ley que rápidamente generó el repudio y rechazo de asambleas ambientalistas, como la Asamblea No a la Mina de Esquel, que expresó: «¿Nuevas fuentes? Litio, petróleo offshore, ¿qué más? No es no». En tanto, laAsamblea de Vecinos Rawson Playa Unión en contra de la Megamineríaremarcó que el proyecto «constituye la puerta abierta a todo tipo de extractivismo y una ventana que este gobierno abriría otra vez con la creación de una supuesta disfrazada y encubierta empresa para el manejo de la política de recursos que afectarían al agua, mar y tierra, y a la explotación de la totalidad de los bienes comunes, empezando por lo energético, que concluiría en la energía nuclear y, en consecuencia, la futura megaminería». 

Morales usa el Código contravencional para multar y perseguir la protesta social en Jujuy 

En Jujuy el gobierno de Gerardo Morales usa el Código Contravencional para multar y perseguir a las organizaciones sociales que realizan protestas en las calles para pedir trabajo, alimento y mejores condiciones de vida para los excluidos. 

La Asamblea Trabajo y Dignidad por el Cambio Social (ATD) y otras agrupaciones fueron citadas a una audiencia por parte del gobierno por haber protagonizado reclamos contra la gestión de Morales, que aplica la ley contravencional. 

“Claramente es un mensaje disciplinador para quienes están en organizaciones sociales, comunitarias, políticas, para que no puedan expresar libremente el reclamo por los cuales están conformados o nucleados”, denunció Roberto Aragón, referente de ATD. 

El dirigente social subrayó que las organizaciones libres del pueblo “le están haciendo frente a un montón de situaciones de pobreza, indigencia, falta de alimento, como en Alto Comedero”. 

“Vemos que cada vez la situación está empeorando y hay cada vez más pobres, se conocieron los datos del Indec y más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país están en situación de pobreza e indigencia”, reclamó. 

Las multas por contravención que aplica el gobierno jujeño son altísimas, algunas de ellas llegan a los 650.000 pesos, detalló Aragón. “Es una tremenda aberración porque están reclamando por derecho a la alimentación, por más garantías, con personas que están sufriendo la angustiante situación económica”, opinó. 

Día de la Lucha Campesina 

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realizó distintas ferias a nivel nacional por el Día de la Lucha Campesina y una de ellas fue junto al río de San Marcos Sierras, en Córdoba. 

La organización estuvo a cargo de La Dignidad y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) con el objetivo de visibilizar la producción agroecológica del pueblo cordobés. 

“El objetivo es mostrar la situación del movimiento campesino en Argentina, en este caso en Córdoba y en el departamento Cruz del Eje; del movimiento agrario, los pequeños productores, que dan de comer con su producción al 60% de la población”, manifestó Federico Martez, referente del MTE. 

Marisa Breit, del Instituto Nacional de Agricultura Familiar (INAF), destacó la participación del movimiento La Dignidad y el MTE. “No va a ser la única vez porque venimos trabajando en un proyecto producto que vamos a presentar de manera conjunta”, expresó. 

El plan es trabajar 

Por Mariano Pagnucco 

Autogestión, compañerismo y superación son los valores que comparten las cooperativas beneficiadas por el Potenciar Trabajo, el programa estatal que a fuerza de campañas mediáticas y prejuicios sociales quedó asociado a “los planeros”. Recorrimos el conurbano bonaerense sur para conocer las historias que no salen en los noticieros.

Para entender los odios argentinos hay que mirar la frontera. Allá, se supone, está el enemigo. En algún tiempo fue el indio; después, el gaucho. En esta era de multipantallas, la frontera (grieta) es el conurbano bonaerense y el enemigo un fantasma que recorre los hogares argentinos que miran la realidad desde la pantalla televisiva: los planeros. 

Esa construcción en abstracto (una especie de ejército de zombies que pueden subsistir con un dinero estatal que representa la mitad de un salario mínimo) es la expresión de otra frontera y otra grieta. La del histórico trabajo asalariado, formal y con derechos, y una economía popular que nació como respuesta ante los agujeros del mercado y se ha consolidado como la única salida laboral para millones de personas. Por eso en la frontera, cada vez más difusa entre los bandos, hay odios. 

“Llegué a la organización porque el sistema de trabajo me había cerrado las puertas, estuve tres años buscando», dice Érica (39). 

“Acá hicimos un proceso de cambio de pensamiento, porque uno llega con un pensamiento individual de salir adelante y acá cambié la manera de pensar, de ver, de ser solidaria con mis compañeros, involucrarme, dar una mano”, dice Elisabet, 48 años, integrante de una cooperativa textil en Almirante Brown. Acá es una zona de casas bajas cercanas al barrio Don Orione de Claypole. Acá es, también, donde un dedo señala hacia una calle de tierra que se prolonga a lo lejos: “Unas cuadras para allá vivía Darío”. 

Darío (Santillán) es frontera de espacio y de tiempo. Uno de los piqueteros asesinados en la Masacre de Avellaneda el 26 de junio de 2002. La bandera del Frente Popular que lleva sus nombres y donde Elisabet y otras miles de compañeras sostienen tareas comunitarias todos los días: limpieza, cocina, educación, panadería, textil. Desde la militancia y trabajando en cooperativas (que en muchos casos perciben el Salario Social Complementario del plan Potenciar Trabajo), les hacen frente a los prejuicios y también al contexto de ajuste económico. 

Elisabet, que conoció a Darío en el territorio más de 20 años atrás, tuvo que atravesar su propia frontera de conceptos para situarse en una organización social. “Quienes venimos con una idea más egoísta, que traemos de nuestra familia, acá la cambiamos”, reconoce. En estos años incorporó los verbos contener, acompañar, compartir. “Que no piensen que somos piqueteros vagos y violentos, eso nos enseñó nuestro compañero Darío”. 

Hay un objetivo claro para las cooperativas del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y otras agrupaciones territoriales que dan la pelea en los barrios periféricos y en las calles del centro porteño: el plan verdadero y deseable es trabajar. 

Una economía popular que nació como respuesta ante los agujeros del mercado y se ha consolidado como la única salida laboral para millones de personas. 

La marca del cooperativismo 

El FPDS apostó en los últimos años por impulsar sus espacios productivos e incluso lanzó marcas propias: en panadería, el sello es Doña Ramona (en homenaje a la cocinera de la Villa 31 de Retiro fallecida durante la pandemia de Covid-19) y en el rubro textil, Kallpa. Esta palabra de origen quechua, que se traduce como “fuerza”, es una pista del empuje que trae el trabajo autogestionado por la organización como sostén económico para muchas personas expulsadas del mercado laboral. 

En una habitación sencilla junto a un comedor comunitario donde también funciona un bachillerato popular, en el barrio El Cerrito (partido de Almirante Brown, conurbano sur), hay una ronda de mujeres alrededor de una larga mesa donde habitualmente se doblan y preparan las prendas textiles que produce el taller que allí funciona. Esta mañana vinieron compañeras de otros talleres (Lanús y Esteban Echeverría) para contar su experiencia cooperativa. Circula el mate y la palabra. 

Érica (39): “Llegué a la organización porque el sistema de trabajo me había cerrado las puertas, estuve tres años buscando. Acá me abrieron las puertas y encontré muchas cosas. Una de las primeras cosas que encontré fue contención y también muchas oportunidades para poder crecer, no sentir que no sos nada en un país donde te cierran las puertas por tener cierta edad”. 

Ivana (40): “Yo coso hace mucho. A la organización llegué con algunos problemitas y me ayudaron. Cuando supieron que sabía coser me abrieron la puerta de la textil. Cuando vine por primera vez dije ‘éste es mi lugar’, porque amo coser, amo las máquinas, amo transformar las telas”. Es santiagueña y tiene tres hijxs a cargo. “Si yo fuera a trabajar en una fábrica, pierdo la oportunidad de estar con mis hijos, pero acá en la organización pueden venir mis hijos”. 

Desde la militancia y trabajando en cooperativas (que en muchos casos perciben el Salario Social Complementario del plan Potenciar Trabajo), les hacen frente a los prejuicios y también al contexto de ajuste económico. 

Pastora (50): “Yo soy extranjera, llegué a mis 19 años buscando nuevos horizontes, directamente al rubro textil”. Cuando se sumó al FPDS, hace seis años, tenía prejuicios: Sus prejuicios: “Había escuchado eso de que los piqueteros ganan todo gratuitamente, pero la realidad no es así. Cuando se abrieron los productivos yo me sumé a textil. Decían de los piqueteros que cortan la calle y perjudican, pero no era así. Cuando me sumé me di cuenta que no era así, ahora me gusta salir a la calle porque sé que con la lucha todo se consigue”. 

Romina (42): “De chiquita me gustaba coser y a los quince mi papá me regaló una máquina familiar. Con mis hermanas salíamos a vender por Solano la ropa que fabricaba él. A mí siempre me gustó la costura, las polleras que me gustaban me las hacía yo”. La primera vez que entró al taller de Lanús le dieron una máquina recta, que ella conocía bien, y resolvió el trabajo rápido. Sus compañeras bromeaban: “Y eso que le dimos la máquina más capichosa”. 

Irma (53) destaca el rol de Mónica, una referenta textil de Lanús que falleció el año pasado: “Fue muy importante en nuestras vidas, nos tuvo paciencia y nos enseñó. La extrañamos”. Se emociona. “Yo no sabía nada de máquinas, aprendí pasando, mirando, haciendo trabajos de mano. Ella nos fue capacitando. Ahora tenemos nuestra marca, estamos contentas, juntas, seguimos aprendiendo”. 

El FPDS apostó en los últimos años por impulsar sus espacios productivos e incluso lanzó marcas propias: Doña Ramona (panadería) y Kallpa (textil). 

Rocío (38): “Toda mi vida quise aprender, pero nunca tuve la oportunidad de tener una máquina”. Después de trabajar algunos meses en limpieza (“no pagaban nada”), se acercó a un taller de costura que daba Mónica. “Al principio no sabía prender ni una máquina”, confiesa, pero después quiso sumarse a la rama productiva. “En limpieza no me prestaban atención, me pasaban por al lado con desprecio. Acá nos ayudamos entre todas y colaboramos, siento que tengo mi lugar”. 

Las tareas que asume el Frente se entrelazan: gracias a los bachilleratos populares, algunas compañeras aprenden a leer y a escribir o terminan el Secundario; gracias a las tareas de cuidado, pueden llevar a sus hijos al taller cuando no están en la escuela. 

Desde lejos no se ve 

A Pablo “el Chino” Barbosa, uno de los coordinadores de las unidades productivas del Conurbano sur, el sol le pega en la cara. A sus espaldas hay un mural que recuerda a Darío Santillán y Maxi Kosteki. “Las marcas surgen de un proceso de varios años de discutir un modelo de trabajo. El trabajo como lo conocimos hace 10 años está agotado y una porción muy grande de la población no va a ser absorbida ni reincorporada por el mercado. Nuestro desafío, además de sostener el esquema socio-comunitario, es pasar a una matriz de producción y pensar qué tipo de economía y de producción queremos”. 

En los talleres textiles se trabaja de lunes a viernes, generalmente en turnos de cuatro horas que pueden variar en función de la demanda. Los meses más duros de la pandemia les tocó producir kits sanitarios (cofias, camisolines y cobertores de calzado). Recientemente fueron adjudicados en una licitación pública para producir guardapolvos escolares, pero la traba es un importador de EE UU que no trae la tela al país. 

Pablo: “Queremos ir desarollando catálogos con los productos propios para salir a un nivel de mercado mayor al que tenemos hoy, salir del esquema comunitario para pasar a una matriz más productiva a mediana escala. Queremos salir con la marca propia que represente también el espíritu del cooperativismo tal como lo entendemos en el Frente y con los aportes de varios años de la economía popular”. 

Los cuatro polos textiles (Almirante Brown, Lanús, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora) dan trabajo a unas 20 compañeras. La intención es sumar más gente y alcanzar la especialización, que cada taller se encargue de una tarea (corte, confección, terminación) para articular entre ellos y así fortalecer la marca: “Kallpa es producto del esfuerzo y de años de discutir y pensar nuestro rol en la economía popular y la vinculación con el mercado de trabajo. Kallpa expresa la iniciativa de un grupo de compañeras de entenderse parte de un proceso cooperativo que no solo jerarquiza las relaciones de producción, sino también un sentido de pertenencia a una organización, a una unidad productiva. Y está el espíritu del cooperativismo: que más allá de forjar una trabajadora o un trabajador, forja una conciencia colectiva”. 

«Decían de los piqueteros que cortan la calle y perjudican. Cuando me sumé me di cuenta de que no era así, ahora me gusta salir a la calle porque sé que con la lucha todo se consigue», reflexiona Pastora (50). 

Dentro del taller siguen circulando el mate y la palabra, en un alto en el trabajo para la visita de Cítrica. Érica: “La palabra kallpa es fuerza, así que tenemos muchísima fuerza para seguir en este proyecto. Con esto pretendemos tener una economía autónoma, que no dependamos ni del Estado ni del Gobierno de turno ni de nadie. Simplemente queremos tener un plato de comida, una vivienda digna con nuestro trabajo. No le estamos pidiendo nada a nadie, simplemente una oportunidad”. 

¿Por qué la estigmatización a quienes, como ellas, se benefician con el Potenciar Trabajo, que otorga a cooperativistas un ingreso mensual equivalente a la mitad del Salario Mínimo, Vital y Móvil (35 mil pesos en marzo)?  

Ivana: “Yo cambié la idea sobre los piqueteros, porque yo sí venía a trabajar, no sé por qué tienen la idea de que una cobra y no hace nada. Esta organización trabaja, cumple las horas de trabajo, produce. Nosotras hacemos textil, pero también hay panadería y otras tareas”. 

Érica suma: “Nadie viene a ver las horas que estamos en la máquina cosiendo, nadie viene a ver a las compañeras que cocinan, nadie viene a ver a los compañeros de construcción, nadie viene a ver lo que realmente somos. Lo que circula es eso, que salimos a cortar la calle por un plan. Nosotros no salimos a cortar la calle por un plan, salimos a cortar para tratar de cambiar el sistema que nos oprime continuamente. ¿Cómo puede ser que a los 39 años no consiga trabajo porque soy vieja? Es ridículo”. 

En el último año se conformaron 30 cooperativas cannábicas 

Mientras corre el rumor de que el Gobierno Nacional va a poner en marcha la Ley 27.669 de producción industrial de cannabis medicinal(sancionada en mayo del 2022), las cooperativas y mutuales crecen en la producción de semillas y aguardan expectantes a que se reglamente la norma. De publicarse en el Boletín Oficial, accederían licencias para hacer aceites, cosméticos, alimentos, entre muchos otros productos derivados de la planta de marihuana. 

Así las cosas, en Argentina hoy no pueden existir «cooperativas cannábicas» ya que, si bien el artículo 12º de la Ley 27.669 le confiere al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) la facultad de dictar normativa específica en la materia no puede avanzar en ese sentido hasta que la ley se reglamente. A pesar de esto, desde el organismo dijeron a este medio que «en diciembre del 2021 se avanzó en un Convenio Institucional de cooperación entre nuestro Instituto y el Instituto Nacional de la Semilla (INASE) con el objetivo de promover políticas que favorezcan la soberanía nacional en materia de semillasy puedan acceder a esta industria a los sectores del asociativismo y la economía social». 

Gracias al convenio INAES-INASE, hoy existe un objeto social específico de cooperativas de trabajo que se dedican a la producción de semillas y actividades conexas (órganos de propagación de la planta de Cannabis Sativa L). Ahora bien, tener la autorización para funcionar y la matrícula habilitante no implica la legalización de un cultivo de cannabis. Para llegar a ese paso sin riesgo de tener una causa penal, falta la tan deseada reglamentación de la Ley, un tema muy exigido en cada reunión de la Mesa de Trabajo de Cannabis de uso medicinal y cáñamo industrial del INAES, que funciona desde 2022. 

Lo cierto es que, en menos de un año, se conformaron 30 cooperativas de producción de semillas con asiento en diversas regiones de nuestro país, según datos del INAES. Estas entidades se registraron en el INASE como criaderos y hasta pueden inscribir sus propias genéticas contemplando la producción cooperativa desde el inicio. Así, el asociativismo va adquiriendo experiencias en el marco normativo actual y se curten para que, cuando se reglamente la Ley, puedan ubicarse en los diversos eslabones de la cadena. 

«En Argentina construimos una cultura cannábica de mucha resistencia, de más de 20 años, que consiguió esta Ley. Y nos merecemos que el Estado nos ayude a poder convertirnos en pequeños productores, a cooperativizarnos, a tener las licencias a menos costos que las empresas», Valeria Salech, presidenta de la organización Mamá Cultiva Argentina.  

Hablaba del potencial del sector y la importancia de se ha tenido en cuenta como un actor clave de la producción: «necesitamos que esta ley se reglamente con una mirada social». 

La coordinadora Mesa de Cannabis de Uso Medicinal y Cáñamo Industrial del INAES, Bárbara Witko, aseguró que «las cooperativas y mutuales pueden tener efectivamente un rol central en el desarrollo de la industria y es fundamental que se puedan generar circuitos administrativos que contemplen a la economía social y popular como protagonista». En ese sentido, remarcó que «la presencia del asociativismo puede ayudar a garantizar la no concentración de estas cadenas, apostando al trabajo local». 

El Jefe de Gabinete del INAES, Jonathan Thea, reconoció ante la consulta de ANSOL que «las cooperativas agropecuarias son un buen ejemplo de la extensión y fortaleza en los eslabones primarios de la producción». Pero dentro de la economía social, dijo Thea, «el mutualismo de salud también da cuenta de la capilaridad que tiene este sector y de su profunda raigambre en las comunidades». 

Si el Gobierno da el paso, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) fijará las condiciones para los pedidos de licencias y autorizaciones. De eso dependerá también cómo sea reglamentado el artículo 12 de la Ley, que en la letra dice que para las autorizaciones «tendrán especial consideración hacia aquellas solicitudes orientadas a contribuir al desarrollo de las economías regionales y promover la actividad de cooperativas y de pequeñas y medianas empresas productoras agrícolas». Aclaran, además, que eso lo harán en coordinación con el INAES. ¿Cómo lo harán? Aún no se sabe. 

«Las cooperativas de trabajo no han sido aun consignadas en la normativa, se cree que una vez en marcha las bases y condiciones que proponga la ARICCAME, regularizará su funcionamiento. Hoy, estas entidades no pueden conformarse todavía con el objeto de destinar su cultivo al abastecimiento interno», dijo Damián Pereyra, secretario de Producción de la Federación Cannabica Bonaerense, ante la consulta de este medio. 

Brindando una mirada fina, Piero Liebman, abogado especialista en regulaciones sobre cannabis, dejó en evidencia que «la Ley actual consagra derechos para algunos, que son los que tienen licencias y proyectos aprobados por el Ministerio de Salud, y por otra parte se va a fomentar la creación de cooperativas y el fomento de cooperativas, pero no dice cómo». Hace referencia al artículo 25 de la norma, que aseguró facilidades para los proyectos que hayan sido homologados en el marco de otra Ley, la 27.350, que establece el marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal. Esos proyectos ya corren con ventaja mientras las cooperativas aún esperan la reglamentación. 

«Nos deja muchas dudas sobre qué lugar real se les va a dar a las cooperativas y nos llama la atención que a algunos la Ley ya les da la licencia y las cooperativas quedan sujetas a la reglamentación. Por eso, hay que seguir de cerca el tema para evitar que el movimiento cooperativista se quede afuera en pos de armar un negocio para unos pocos», alertó Liebman. 

Ante estas dudas, desde el INAES reconocieron que «el horizonte de regulación de las cadenas de valor asociadas con el cannabis implica una gran oportunidad para construir cadenas no concentradas, porque el cooperativismo y el mutualismo pueden aportar toda su experiencia en la dinamización en las economías regionales». La espera por la reglamentación clave para las cooperativas se va tensando. A pesar de los rumores, parece que todavía no hay luz verde para tener una industria cannábica a pleno. 

Se estrenó documental sobre Tiempo Argentino 

El diario Tiempo Argentino anunció el estreno del documental De la resistencia a la existencia, en el que cuenta la historia del vaciamiento y recuperación por sus trabajadoras y trabajadores en 2016, que incluyó un violento ataque para intentar impedir el proceso de formación de la actual cooperativa que lo produce. 

Con una producción inédita que incluye 40 entrevistas a figuras como la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, Víctor Hugo Morales, Alejandro Bercovich y Julia Mengolini, el largometraje dirigido por Pablo Lécaros llegó a la pantalla grande el miércoles 26 de abril en la Biblioteca Nacional y ya está disponible su tráiler en redes sociales. 

Se trata de la historia de un vaciamiento y el ataque a la prensa más importante desde la vuelta de la democracia; la construcción de un medio de comunicación que pudo levantarse y sigue creciendo gracias a la autogestión y al apoyo de los lectores y lectoras; el compromiso con la bandera de los Derechos Humanos, el ambientalismo y el feminismo, como parte de la misma lucha. 

Tras lidiar con un vaciamiento empresarial, los trabajadores de Tiempo Argentino se organizaron y constituyeron en 2016 la cooperativa Por Más Tiempo, logrando que el diario vuelva a imprimirse y estrenando página web. Antes de los tres meses de la nueva gestión autogestiva y en el comienzo de un gobierno con múltiples conflictos con la clase trabajadora, una patota irrumpió en la redacción en un intento de violento silenciamiento. Siete años después, Tiempo continúa siendo una referencia del mundo autogestionado por su modelo de negocios de suscripciones pionero en Argentina y por su periodismo sin patrón en el que se reflejan las banderas de los Derechos Humanos. 

«La idea del documental surge a partir de la búsqueda de una narración sobre cómo hace un medio recuperado para sobrevivir a un vaciamiento, a cuatro años de macrismo y a dos de pandemia, mientras asegura la fuente de trabajo para 80 personas y se sostiene como referencia en los medios de comunicación de Argentina», explica Guido Molinari, productor de De la resistencia a la existencia y socio de la cooperativa. 

«Tiempo Argentino no solo refleja la agenda de Derechos Humanos y de los laburantes, sino que también es posible construir de forma autogestiva y transformar a sus trabajadores en los gestores de la empresa. Lo que demuestra este diario es que, administrando los recursos, se puede». Resalta Molinari que a pesar de las dificultades económicas del presente en el país, la exitosa autodeterminación de la cooperativa muestra la «codicia que existe en otros medios al momento de distribuir los ingresos». 

El productor del documental expresa que queda claro en imágenes la superación del vaciamiento empresarial de principios de 2016 por parte de Sergio Szpolski. «Tiempo Argentino en estos siete años mostró que la potencia de un medio está en sus trabajadores y trabajadoras, por su capacidad para capacitarse, para seguir en agenda con una voz importante. Es un gesto para que el mundo autogestivo siga impulsando esta otra forma de hacer las cosas», concluye. 

Zanón avanza en un plan de eficiencia energética 

Las y los trabajadores de Zanón, con sus 22 años de gestión obrera, siguen produciendo para mantener los puestos de trabajo, y avanzan en dar respuestas a las dificultades que impone la crisis del país. Hoy la gestión obrera trabaja en un plan de eficiencia energética para mejorar las condiciones del uso de la energía en la fábrica, y comprometiéndose a hacer un uso racional de la energía, reduciendo la huella de carbono, con la instalación de paneles fotovoltaicos. 

Como parte de un plan comenzado hace más de un año y medio de eficiencia energética, que abarca desde corrección de contrato de potencia, medición y corrección de fugas, restructuración del uso de energía en la planta, incorporación de iluminación led externa con celdas foltovoltaicas e iluminación interna. 

Desde la gestión obrera invitaron a los medios y a la comunidad a presenciar la instalación de los paneles solares los días jueves y viernes, 20 y 21 de abril. 

Una vez más las gestiones obreras dan respuestas frente a la crisis. 

Fuentes: Revista Cítrica, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Ansol, Anred, Agencia FARCO, Red Eco Alternativo. 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.