La masacre en Perú desnuda el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos

Tres helicópteros MI-17, de la base El Milagro de la Policía Nacional del Perú, despegaron a las seis de la mañana del viernes 5 de junio de 2009 para volar sobre un sector de la carretera peruana que une la selva a la costa septentrional, ocupada en los últimos diez días por unas 5.000 personas de los pueblos indígenas Awajun y Wampi.

Los helicópteros lanzaron gas lacrimógeno sobre la muchedumbre (los testigos dicen que también hicieron fuego de ametralladoras), mientras un grupo de agentes atacaba simultáneamente la barricada por tierra, utilizando rifles AKM. Un estimado de 500 policías disparó a discreción contra los manifestantes, que en su mayoría todavía dormían. Hirieron a tiros a cientos de personas y mataron entre 20 y 25.

Días después del choque, el gobierno proclamó que los indígenas habían matado a 23 agentes de policía y que solamente murieron 11 indígenas. Las organizaciones indígenas difundieron que sus filas tuvieron 50 muertos y reportaron hasta 400 desaparecidos. Según informes de testigos, los militares quemaron cuerpos y los lanzaron al río para ocultar la masacre, y también tomaron presos a los heridos que encontraron en hospitales. Mientras diferían los balances de muertes, no había dudas de que el gobierno envió a las fuerzas armadas para aplastar una protesta pacífica que se había mantenido activa por 57 días en cinco regiones de la selva: Amazonas, Cusco, Loreto, San Martín y Ucayali.

El conflicto comenzó el 9 de abril, cuando los pueblos del Amazonas se movilizaron para bloquear carreteras, oleoductos y ductos de gas para protestar contra la puesta en práctica de una serie de decretos emitidos tras aprobarse por decreto el Acuerdo de Libre Comercio con EEUU. Pero la situación empeoró el 4 de junio, cuando el gobierno de García paró al Congreso mientras discutía la derogación de los decretos que eran desafiados por los pueblos indígenas y declarados inconstitucionales por una Comisión de Constitución.

El FTA Perú- EEUU fue firmado el 8 de diciembre de 2005 en Washington por el entonces presidente George W. Bush y por Alan García. Fue ratificado por Perú en junio de 2006 y en diciembre de 2007, por el congreso de EEUU. El 19 de diciembre de 2007, el Congreso de Perú otorgó facultades completas al gobierno para legislar por seis meses ante los problemas derivados del decreto sancionatorio del FTA. Con el mandato asignado por estas facultades especiales, el ejecutivo elaboró 99 decretos legislativos (DL) de concesiones petroleras y gasíferas que están en la raíz del actual conflicto indígena. El acuerdo entró en vigor el 1 de febrero de 2009.

En respuesta a la protesta indígena, el presidente García dijo que había «una conspiración en marcha para intentar privarnos de hacer uso de nuestra riqueza natural». García se refirió así a la férrea oposición feroz de los indígenas del país a 10 de estos 99 DL sancionados por su gobierno que abren la tierra indígena a las inversiones de corporaciones privadas para extraer petróleo, explotar minería y negocios agrícolas, incluyendo plantaciones de biocombustibles.

Los DL más controvertidos llevan los números 1015 y 1073, que al ser declarados decretos inconstitucionales, modifican el número de votos requeridos para vender tierras comunales indígenas (con apenas tres votos podrían colocarse a la venta las tierras de las comunidades).

El DL 1083 (Promoción del uso eficiente y la protección de recursos hídricos) favorece la privatización del agua por parte de grandes consumidores, tales como las empresas mineras. Los DL 1081, 1079 y 1020 desregularizan diversos aspectos de la legislación en áreas de explotación minera, madera e hidrocarburos.

Sin embargo, el DL 1090 (Silvicultura y ley de fauna arbórea) está en el meollo del conflicto, porque deja 45 millones de hectáreas fuera del marco de la silvicultura, es decir, el 64% de los bosques de Perú, incluyendo su biodiversidad en flora y fauna, permitiendo vender esta extensa tierra comunitaria a las corporaciones transnacionales.

Basado en su lógica de convertir todo en mercancía, García sostiene que «el primer recurso es el Amazonas». Propone dividir 63 millones de hectáreas en paquetes de 5.000, 10.000, y 20.000 hectáreas, argumentando que la tierra vendida en «grandes porciones atraerá la inversión a largo plazo y la alta tecnología». García observó que no se deben «entregar pequeñas porciones de tierra a familias pobres que no tienen un centavo para invertir», sin hacer ninguna mención al hecho de que estas tierras son propiedad colectiva de comunidades nativas.

El 9 de abril, más de 1.000 comunidades acordaron comenzar a manifestarse. El 18 de abril, el primer ministro Yehude Simon llamó «caprichosas» las demandas indígenas. El 5 de mayo, los obispos de 8 diócesis católicas exigieron que el presidente García derogara los decretos, declarándolos «una amenaza para el Amazonas». El 10 de mayo, el gobierno anunció el estado de emergencia en las cinco regiones del país donde estaban ocurriendo las barricadas y bloqueos de puertos y de oleoductos.

Hugo Blanco, un activista peruano bien conocido y redactor del mensual Lucha Indígena, indicó en su columna: «Después de 500 años de silenciamiento, los pueblos del Amazonas reciben el apoyo de la gente del Perú y del mundo. Podría ser que el logro más grande de esta campaña haya sido hacer visibles estas nacionalidades, tejiendo una red entre los diversos sectores del país, divididos por quienes los dominan. Porque defendiendo el Amazonas estamos defendiendo la vida de toda la humanidad; y no cediendo al engaño del gobierno. Se está reescribiendo la historia, recuperando para todos el sentido de la palabra dignidad».