El Relator Especial de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, James Anaya, pidió a Argentina poner fin a los desalojos de las comunidades indígenas luego de señalar que el Estado no viene cumpliendo con sus obligaciones en la materia. Esto en el marco de la 21 sesión del Consejo de Derechos Humanos que contó este martes […]
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, James Anaya, pidió a Argentina poner fin a los desalojos de las comunidades indígenas luego de señalar que el Estado no viene cumpliendo con sus obligaciones en la materia.
Esto en el marco de la 21 sesión del Consejo de Derechos Humanos que contó este martes con la presencia de Anaya para sustentar el informe que elaboró tras su visita al país en 2011 y que lo llevó a recorrer 10 de sus 23 provincias y donde recogió cerca de 170 testimonios.
Según información publicada por el sitio web del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI), Anaya responsabilizó a las autoridades argentinas de los desalojos, criminalización, falta de acceso a la justicia y la violación de derechos sobre territorios y recursos naturales.
Alcances del informe elaborado por Anaya
En su informe James Anaya ya había solicitado suspender todos los actos procesales o administrativos de desalojo de comunidades indígenas hasta que se realice el proceso de relevamiento técnico-jurídico de las tierras ocupadas por los pueblos indígenas.
Sostiene en este sentido que los problemas de los indígenas en Argentina derivan «de la desposesión histórica de grandes extensiones de sus tierra por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras que operan en tierras reclamadas por comunidades».
Las mismas que no cuentan con un reconocimiento legal acorde a sus formas de uso y ocupación.
En el documento se refiere también, entre otros muchos temas, al daño provocado por las compañías mineras y de hidrocarburos y a cómo éstas han dado pie a numerosos casos de disminución de territorios además del perjuicio que causan en la salud de las comunidades.
En el caso de las provincias de Salta y Jujuy, donde representantes indígenas expresaron su preocupación por el consumo de agua que realizan las empresas mineras (litio) y el miedo de que ello provoque efectos desastrosos sobre los niveles de este recurso en la zona.
Entre otras de las preocupaciones expresadas por el Relator Especial se cuenta la ausencia de participación de los pueblos nativos en la reforma del Código Civil que regirá la propiedad comunitaria.
Pese a que en Argentina se dio la Ley de Emergencia 26.160, norma en la que se basó la defensa de la delegación argentina ante el Consejo y que habría significado la suspensión de los desalojos hasta el 2013, para los representantes de la sociedad civil ésta ha tenido un escaso nivel de ejecución.
La población de indígenas en Argentina
Los indígenas en Argentina, según cifras oficiales, serían 600.329, el 1,7% de la población, aunque otras fuentes consultadas por Anaya los cuantifican en 2 millones, para constituir unos 30 pueblos autóctonos, asentados preferentemente en provincias del norte y sur del país.
Sus exponentes más numerosos son los mapuches en la Patagonia, y los kolla, tobas y wichi en las provincias de Jujuy, Salta, Chaco, Formosa y Santa Fe.
Desde el 22 de octubre hasta el 4 de noviembre Argentina será sometido al Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo que evalúa el grado en que cada uno de los 192 estados miembros de la ONU está cumpliendo con sus obligaciones internacionales en lo que atañe a derechos humanos.
Fuente: http://servindi.org/actualidad/72977
Para acceder al informe elaborado por el Relator Especial: La situación de los pueblos indígenas en Argentina