Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, conmemorado el pasado martes, han salido a la luz pública algunos informes alusivos a la situación de los periodistas en el mundo. Unos, ateniéndose a datos objetivos; otros, como el de Reporteros sin Fronteras (RSF) siguiendo los dictados del Departamento de Estado norteamericano.

La organización gubernamental RSF (Ver «El secretario general de Reporteros sin Fronteras reconoce que su organización está financiada por Estados Unidos» http://www.rebelion.org/noticia.php?id=14778) emitió un documento en el que consideraba a Cuba, Venezuela y ETA los principales enemigos para la profesión periodística. Según los acólitos de Bush II «la libertad de prensa, inexistente en Cuba y frecuentemente burlada en Colombia, se respeta, generalmente, en el resto del continente [americano]» y añadían que «en Colombia existe una auténtica pluralidad informativa» aunque los periodistas tengan que pagarla con sus vidas. Y por supuesto, los causantes de esa frecuente falta de libertad de prensa en Colombia son los líderes guerrilleros.

Cuba y Venezuela son la prioridad del continente americano a pesar de que según RSF «doce periodistas perdieron la vida» en México, en Brasil, y en Perú. Y es que la organización que dirige Robert Ménard además de escribir al dictado de Washington, escribe con muy poco rigor. Porque no hubo 12 periodistas asesinados en el continente americano sino 20. Y tampoco fueron 53 los reporteros muertos en 2004 (según RSF) en todo el mundo sino 117. Cifra que podría ser aún mayor en atención a que hay periodistas desaparecidos en África y Asia, y también porque las estadísticas sobre algunas regiones no son muy rigurosas.

Al menos así se desprende del Informe de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas perteneciente a la Federación Latinoamericana de Periodistas (CIAP-FELAP). Hubo 53 muertos, es cierto. Pero fue sólo en Oriente Medio, incluido Iraq. Esa zona a la que RSF no le gusta referirse pues ahí sus jefes están imponiendo su democracia a costa de asesinar civiles y periodistas.

Por ejemplo, RSF lejos de acusar a las autoridades norteamericanas por la muerte de periodistas en Iraq, se limita a retomar las declaraciones de los oficiales de Washington y califica los disparos, que causaron la muerte de varios periodistas, de «accidentales». Y, por supuesto, Iraq no es una prioridad para el señor Ménard.

Sin embargo, el informe de la CIAP-FELAP señala que «desde el inició de la invasión estadounidense [2003] han muerto en Iraq 54 periodistas y trabajadores de la prensa, algunos en fuego cruzado, pero la mayoría por disparos directos de las tropas ocupantes». Y se citan algunos ejemplos referentes al pasado año:

– El 19 de abril 2004 en Samara perecieron -baleados por soldados norteamericanos- Asaad Jadin y su chofer Husein Seleh, de «Al-Iraqiya», el canal televisivo iraquí financiado por Estados Unidos.

– En septiembre, y en Bagdad, fue asesinado desde un helicóptero militar yanqui el palestino Mazen al-Tomazi, reportero del canal televisivo «Al-Ekbiriya», de Arabia Saudita.

– Antes, en marzo, se había denunciado el asesinato de Alí Abdel-Azis y Alí al Jatiba, del canal Al-Arabiya, con sede en los Emiratos Arabes Unidos. Ambos fueron tiroteados por uniformados ocupantes.

– En el año 2004 el ejército estadounidense declaró oficialmente que «no hubo culpa ni negligencia» en las muertes del periodista español José Couso (canal TV5, Madrid) y del ucraniano Taras Protsyuk (Reuters), acaecidas cuando un tanque cañoneo el Hotel Palestina, en Bagdad.

En el IV Encuentro Mundial de Corresponsales de Guerra, efectuado en octubre pasado en La Habana, se puso de relieve la impunidad de ese crimen de un civil que, además de su evidencia abrumadora, viola las Convenciones de Ginebra acerca de las guerras.

Estados Unidos, el imperio de la propaganda

Por supuesto que sería absurdo pensar que RSF tenga alguna crítica hacia la política del gobierno de los EE.UU. con respecto a la prensa o a sus actuaciones sobre los periodistas. Obviamente Ménard no va morder la mano que le da de comer. Y eso a pesar de hechos lo suficientemente graves como para que alguien que se declara defensor de la actividad periodística permanezca en silencio. Sin embargo para RSF «en América del Norte existe una real libertad de prensa».

Veamos algunos ejemplos del pasado año:

En marzo de 2004, Washington prohibió publicar en revistas científicas «trabajos de autores de países que sean objeto de embargo comercial, entre ellos, Cuba». La Academia de Ciencias de Cuba denunció que esa medida es comparable con la quema de libros de los regímenes fascistas. Pero RSF no dijo nada.

En mayo, EE.UU. comenzó a exigir a los periodistas un visado de entrada especial, que controlaba más a los informadores y dificultaba más su trabajo. Pero RSF no dijo nada.

La periodista británica Elena Lappin fue esposada, encerrada y sometida a registro corporal en el aeropuerto de Los Ángeles. «Me trataron como a una criminal» declaró la profesional que intentaba realizar un reportaje para el diario londinense The Guardian. Pero RSF no dijo nada.

Los periodistas Judith Miller, del diario The New York Times, y Matthew Cooper, de la revista Time, fueron juzgados por negarse a identificar a sus fuentes. Ambos han sido condenados en los tribunales de primera instancia y pueden acabar en la cárcel, aunque por el momento han recurrido ante la Corte Suprema de Justicia. Pero RSF no dijo nada.

También se supo que el gobierno de George W. Bush pagaba a periodistas para que respaldaran desde sus espacios posiciones oficiales sin aclarar que eran subalternos de Washington. Al periodista Armstrong Williams le compraron con 240.000 dólares para que promoviera un plan educativo oficial en su programa de televisión, difundido en todo el país, y en su columna publicada en una cadena de periódicos. Maggie Gallagher y Michael McManus, conocidos en todo el país, también admitieron haber aceptado miles de dólares por manifestar desde sus tribunas su adhesión a diversos programas gubernamentales. Otros periodistas de ámbito nacional confesaron haber aceptado miles de dólares para mostrar su complacencia con los programas de gobierno. Pero RSF no dijo nada.

Por otra parte, más de 20 diferentes agencias federales emplearon fondos fiscales para producir segmentos televisivos en que se promocionó las políticas del gobierno de Bush. Esos vídeos fueron emitidos por cientos de emisoras locales que no revelaron sus fuentes, lo que hacía pensar a los televidentes que presencian noticias genuinas. Pero RSF no dijo nada.

Hubo duras críticas ante estos hechos de parte de sectores y organismos sociales, académicos y profesionales, pero RSF no dijo nada.

Incluso la Contraloría General de Estados Unidos, agencia que opera de manera independiente dentro del Poder Legislativo, consideró que los denominados «paquetes de noticias» producidos por organismos del gobierno constituían «propaganda encubierta». El presidente Bush replicó que la práctica era legal y que no tenía planes de ponerle fin. «Las agencias del Poder Ejecutivo no están obligados» a cumplir con «los dictámenes legales» de la Contraloría, advirtió el gobierno en un comunicado. Aun así, Jack Behrman, ex subsecretario (viceministro) de Comercio, acusó al gobierno de hipocresía y declaró que «el gobierno promueve, en las declaraciones, la libertad en el extranjero, pero ha procurado con éxito limitarla en Estados Unidos a través del secretismo y la manipulación de los medios». Pero RSF no dijo nada.

En octubre, el Departamento de Justicia de EE.UU ordenó confiscar el disco duro del servidor de la red Indymedia, una red global de noticias indepependiente y alternativa a los grandes medios. La medida provocó una paralización de la entidad, aunque también una encendida protesta mundial de organismos, incluso empresariales. Pero RSF no dijo nada.

En diciembre, el Departamento de Estado proclamó que un satélite de comunicaciones puede ser un elemento terrorista. Y para ser consecuente incluyó al satélite de televisión «Al-Manar» en su nómina de «Exclusión Terrorista» (dicha cadena pertenece a la organización árabe-libanesa Hizbolá). Richard Boucher, vocero estadounidense, puntualizó que la calificación del satélite como terrorista se debió «a que la estación incita a la actividad terrorista». Y aquí RSF sí dijo algo y fue que «la decisión del gobierno norteamericano de equiparar un medio de comunicación, sea el que sea, a un grupo terrorista, podría crear un peligroso precedente». Y la verdad es que para decir eso, podrían haberse quedado callados.

La situación de la prensa en América Latina

El pasado año América Latina superó tristemente la cifra de periodistas muertos en el año 2003. De los 20 asesinatos 5 ocurrieron en México. El resto fueron en Colombia (3), Brasil (3), Argentina (2), Nicaragua (2), Perú (2), Haití (1), República Dominicana (1) y Venezuela (1). La mayoría de las muertes fueron en represalia por el trabajo que los informadores estaban realizando sobre casos de corrupción gubernamental, delitos y narcotráfico, o por informar de las actividades de organizaciones insurgentes.

Según el informe de la CIAP-FELAP, aparte de los delitos materializados en asesinatos, los periodistas latinoamericanos de Guatemala, Nicaragua, Colombia, Costa Rica, Perú, Panamá, y otros, fueron objeto de agresiones físicas, amenazas de muerte, secuestros y condenas judiciales por supuestos delitos de difamación, conformándose así un cuadro de factores atentatorios de la libertad de expresión.

Al finalizar 2004, se conoció en Chile un informe oficial sobre Prisión Política y Tortura que confirma la detención de 230 periodistas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Muchos de ellos fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas, señala el documento, que convalida de esa manera las denuncias sobre la materia que venían produciéndose desde que el golpe militar derrocó al presidente constitucional, Salvador Allende, en septiembre de 1973. Bajo la tiranía fueron eliminados 23 periodistas y trabajadores de prensa chilenos, más nueve estudiantes de la profesión y también algunos profesionales extranjeros. También se conoce que desde el año 1959, en Cuba no ha habido ni un solo periodista asesinado ni desaparecido, y sin embargo para RSF sigue siendo el país prioritario de América Latina.

Sobre Cuba y Venezuela, RSF se ratifica en las falsedades que el gobierno estadounidense se encarga de propalar con una desvergüenza y una hipocresía dignas de mención, de modo que en sus informes siguen el guión establecido por Washington.

RSF aún cuenta con eco entre las publicaciones y organizaciones de izquierda, por más desenmascarada que está la organización. Su hábitat natural y su financiación -la extrema derecha- debería hacer reaccionar a ingenuos y/o despistados, y a profesionales del periodismo honestos.

Y acabo con un párrafo del artículo ya citado de Salim Lamrani sobre RSF: «La defensa de la libertad de prensa» solo es una fachada. Reporteros Sin Fronteras está al servicio de los gobiernos y de los poderosos intereses económicos y financieros. Es la razón por la cual la principal amenaza para la libertad de prensa que constituye la concentración de los medios de información nunca ha sido denunciada por la organización del señor Ménard. Es la razón por la cual RSF, entre otros, nunca se ha interesado en la suerte del señor Mumia Abu-Jamal, periodista norteamericano encarcelado desde hace más de 20 años por sus escritos y sus posiciones políticas. Desafortunadamente, la colusión entre el señor Ménard, la gran prensa y el capital financiero impide que los ciudadanos descubran los verdaderos objetivos que se ocultan tras una cortina de niebla asociativa y humanitaria. (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=14778)