El Senado de USA, el Parlamento Europeo y los editoriales de los periódicos más importantes del mundo tienen estos días una causa común, que no es el hambre ni las guerras ni el cambio climático. Están preocupados por la no renovación de su licencia de emisión a una televisión venezolana. El cese de las emisiones de Radio Caracas Televisión (RCTV) […]
El Senado de USA, el Parlamento Europeo y los editoriales de los periódicos más importantes del mundo tienen estos días una causa común, que no es el hambre ni las guerras ni el cambio climático. Están preocupados por la no renovación de su licencia de emisión a una televisión venezolana. El cese de las emisiones de Radio Caracas Televisión (RCTV) está desatando una gran ola de solidaridad entre los grandes medios y las fuerzas políticas conservadoras.
Resulta que, en Venezuela, las empresas privadas concentran casi el 80% de las estaciones de TV. Todas ellas informan desde una grosera línea editorial autoritaria, puesto que se han negado a reconocer la legitimad democrática del gobierno presidido por Hugo Chávez, e incluso algunas apoyaron fallido golpe de estado, el paro patronal y cuantas acciones se ha organizado la oligarquía económica venezolana para impedir la acción del gobierno elegido por el pueblo.
Uno de los grandes méritos de Hugo Chávez y que puede servir de ejemplo a la izquierda es que, a pesar de tener en contra los medios de comunicación, ha conseguido vencer en todos los comicios a los que se ha presentado.
Nadie en su sano juicio puede decir que Venezuela es una dictadura o que no haya libertad de prensa, pero desde la vieja Europa o desde USA se producen continuas injerencias en su política interior, no para favorecer a la democracia, sino a las políticas económicas o informativas más favorables a los intereses de las grandes multinacionales. Mientras tanto, las libertades individuales y colectivas en Europa y USA están cada vez más coartadas en aras a la llamada «guerra contra el terrorismo», que se ha plasmado en leyes de excepción como la Patriot Act.
Pero este recorte de derechos y pluralidad informativa también se lleva a cabo con medidas de nivel estatal más bajo. Tomemos un ejemplo, la Comunidad Valenciana en el Estado Español. En diciembre de 2005 se adjudicaron las licencias de la Televisión Digital Terrestre (que sustituirá a medio plazo a la Televisión analógica). El Gobierno valenciano adjudicó 42 licencias y, de ellas, sólo una a la denominada oposición, representada en este caso por el Grupo Prisa, que como todos sabemos es el dueño de El País y pertenece a intereses privados, no públicos, dejando sin licencia a emisoras como Info.Tv o Pluralia.tv y primando a emisoras de ideología conservadora como son las adjudicatarias: Grupo Vocento, El Mundo, Las Provincias o la ultra Libertad Digital.
El amordazamiento de la oposición ha continuado con la censura de facto al vídeo Ja En Tenim Prou y con el cierre de los repetidores de la televisión pública catalana TV3, bajo la acusación de ser «ilegales», pero que se encuentran en la misma situación que el segundo canal público valenciano o que multitud de emisoras conservadoras que siguen emitiendo con total libertad.
A todo ello tenemos que sumar un grado de manipulación informativa en la televisión pública valenciana que hubiese hecho sonrojarse al propio Goebbels.
Mientras tanto, el grupo Prisa, principal perjudicado por las autonomías gobernadas por la derecha, se dedica sorprendente y continuamente a editorializar contra el gobierno venezolano y a dar lecciones de pluralidad informativa. Ya lo advierten los evangelios y el saber popular: antes se ve la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio.