Imaginemos que el referéndum es en España, que más de un 60% de la población la aprueba, pero que en el País Vasco y Cataluña la mayoría es contraria. ¿Diríamos que «España se aleja de la democracia», que el resultado «divide al país», que representa «un paso atrás para España»? ¿Aceptaríamos que País Vasco y […]
Imaginemos que el referéndum es en España, que más de un 60% de la población la aprueba, pero que en el País Vasco y Cataluña la mayoría es contraria. ¿Diríamos que «España se aleja de la democracia», que el resultado «divide al país», que representa «un paso atrás para España»? ¿Aceptaríamos que País Vasco y Cataluña se sintieran «autorizados para continuar su inagotable tarea de socavar el poder central»? Pues tales son los juicios que aparecen en nuestra prensa reaccionaria cuando el caso es Bolivia y la constitución aprobada amenaza los privilegios de la oligarquía empresarial.
Dos temas dominan los editoriales. El primero es la absurda pretensión de que este referéndum divide al país:
«consagra la división entre indígenas y no indígenas» (El Periódico)
«ha dejado un país dividido» (La Vanguardia)
«Morales debe abandonar su política de confrontación» (El País)
El fundamento de esta idea queda claro en el editorial del ABC:
» es más probable que las divisiones que han quebrado la cohesión de la sociedad boliviana se vean agravadas cuando Evo Morales intente aplicar un marco legal que rechaza una parte importante de la sociedad, mayoritariamente en las ciudades y en las regiones más industriales.»
Es decir, la división no la causa la Constitución sino el rechazo a la misma por parte de esa «parte importante», aunque minoritaria, de la sociedad. Pero esa actitud, de no aceptar lo que la mayoría de la población elige, es una actitud antidemocrática, así como la de los medios que apoyan ese rechazo.
El segundo tema es el de presentar la Constitución como una amenaza «indigenista»:
«el movimiento indígena avanza» (La Vanguardia)
«La Bolivia indígena» (El País, título del editorial)
«el caudillo indigenista boliviano Evo Morales ha logrado imponer una Constitución» (ABC)
«régimen político basado en criterios socialistas, en lo económico, y racistas, en lo social.» (ABC)
«el programa indigenista de Morales» (El Periódico)
«otorga privilegios a grupos étnicos en detrimento de otros» (La Razón)
Quien intente encontrar una mínima argumentación para esta tesis racista, la de una supuesta discriminación a favor de los indígenas, buscará en vano. Valga como ejemplo un «reportaje» de la periodista de El País Soledad Gallego-Díaz (24/1/09). En dicho reportaje, titulado «Poder indígena en la Bolivia de Evo», la única referencia al tema es el siguiente párrafo:
«Nadie discute que la nueva Constitución, o la acción del Gobierno, esté inspirada en un vehemente deseo de integrar a los indígenas en la vida política y económica del país, de la que fueron excluidos brutalmente durante toda la historia boliviana, pese a constituir el 80% de la población, ni su deseo de mejorar el nivel de vida de esos pueblos, siempre desposeídos.»
Entonces, ¿cuál es el problema? ¿superar la «exclusión brutal» de los indígenas es el problema? ¿mejorar su nivel de vida? ¡Ética periodística!