Muchas gobernaciones de los 50 estados pujan agresivamente para excluir a millares de madres que reciben el beneficio de Ayuda Temporal a Familias Necesitadas (TANF, por su sigla en inglés), programa tradicionalmente conocido como Bienestar. Ahora esas entidades niegan ese apoyo a las familias argumentando que deben ahorrar para reorientar el presupuesto del respectivo estado. […]
Muchas gobernaciones de los 50 estados pujan agresivamente para excluir a millares de madres que reciben el beneficio de Ayuda Temporal a Familias Necesitadas (TANF, por su sigla en inglés), programa tradicionalmente conocido como Bienestar. Ahora esas entidades niegan ese apoyo a las familias argumentando que deben ahorrar para reorientar el presupuesto del respectivo estado.
A escala nacional, el total de beneficiarios del Bienestar bajó más de 40% entre 2001 y junio de 2008. Louissiana, Texas e Illinois redujeron en 80% los beneficiarios para adultos desde enero de 2001. El estado Georgia tuvo un descenso del 90%, con poco más de 2.500 adultos georgianos que ahora reciben este auxilio, contra 28.000 que lo percibieron en 2004, en tanto en 2008 recibía TANF sólo el 18% de los niños que viven debajo del 50% del umbral de pobreza, que significa menos de 733 dólares por mes para una familia de tres miembros.
En 2006, la Coalición de Georgia contra la Violencia Doméstica realizó una encuesta para descubrir por qué tantas mujeres repentinamente no pudieron conseguir los beneficios sociales. Descubrieron que los empleados del Bienestar [del estado] hablaban activamente con las mujeres sobre tópicos ajenos al beneficio y denunciaron que tales funcionarios les indicaban a las candidatas que deberían ser esterilizadas quirúrgicamente para poder reintroducir su solicitud. A las mujeres lisiadas les respondían que no aplicaban para postularse porque no podrían cumplir el requisito de trabajar. Otras fueron advertidas que el estado podría tomar a sus niños si solicitaban esa ventaja.
Las mujeres son cada vez más vulnerables a la agresión sexual y a la explotación, a veces proveniente de los mismos funcionarios o empleados del Bienestar designados para ayudarlas. Las detenciones de mujeres por prostitución y el pequeño crimen aumentaron mientras a cada vez más familias se les negaban los beneficios del Bienestar.
Los estudiantes de colegios universitarios próximos a obtener sus títulos fueron desinformados: se les dijo que les negarían la ayuda una vez que cumplieran 20 años, sin importar la situación de su graduación. A estudiantes tan jóvenes como de 16 años les dijeron que deberían trabajar a tiempo completo o perderían las ventajas del beneficio.
Texas redujo su cantidad de casos al delegar la tramitación del beneficio en una empresa externa, un centro de atención telefónica que no sólo niega ilícitamente el beneficio a algunas familias, sino que disminuyó el total de aplicaciones.
En la Florida, una región innovadora, se comenzó a exigir a los candidatos TANF asistir a 40 horas de clases antes de poder aplicar la solicitud del beneficio, en tanto los solicitantes que intentaban restaurar beneficios perdidos habrían podido enderezar su batalla con el papeleo con la ayuda de los funcionarios del Bienestar, pero en 2005 los funcionarios asignados a ese trabajo fueron reducidos a un solo empleado que atendía público dos horas a la semana. La cantidad anual de solicitudes TANF del área bajó a la mitad en un año.
Debido a la recesión, muchos estadounidenses acudieron a la red de seguridad de los programas de ayuda del gobierno, tales como bonos de racionamiento, subsidios de desempleo o Bienestar. En un esfuerzo por desalentar a los solicitantes, los legisladores de por lo menos ocho estados quisieron que los beneficiarios fueran sometidos al azar a una prueba de droga. En marzo de 2009, la cámara de representantes de Kansas aprobó una medida que ordenó someter a pruebas anti-drogas a las 14.000 personas que consiguen ayuda del estado. En febrero, el senado de Oklahoma aprobó unánimemente una medida que requería la prueba de droga como condición para recibir los beneficios TANF.
Disposiciones similares se introdujeron en Missouri y Hawai. Un miembro de la cámara de representantes de Minnesota presentó una moción que exige pruebas de droga a los ciudadanos pobres de ese estado que impetran los programas de ayuda pública.
Durante la reforma del Bienestar en la era Clinton, se asignó a los estados una cantidad fija de dinero sin importar sus necesidades. La subvención global al TANF ascendió a 16,5 mil millones de dólares, de los que sólo Georgia obtuvo 370 millones al año. Los estados podían desviar los fondos a cualquier programa relacionado vagamente con la asistencia al necesitado. Puesto que los estados reciben la misma cantidad de fondos federales sin importar cuánta gente recibió ayuda, se les incitó a que negaran los beneficios. «Incluso si las cantidades de casos por tratar ascienden a cero, consiguen la misma cantidad de dinero», observó Robert Welsh, del Presupuesto de Georgia y del Instituto de Política.
Los estados han utilizado el dinero «sobrante» del TANF para ampliar cuidados a los niños, formación laboral y transporte para ayudar a los beneficiarios a encontrar trabajo. La Oficina de Responsabilidad del Gobierno descubrió en 2006 que muchos estados estaban moviendo los fondos federales para Bienestar lejos de la ayuda efectiva a los pobres, por ejemplo destinándolos a «trabajos de asistencia» al cuidado de los niños para tapar los agujeros del presupuestos estadal.
El TANF era también una puerta de ingreso a la educación, a la rehabilitación anti droga, a los cuidados de salud mental, cuidado de niños, incluso de transporte y beneficios para la movilidad de los discapacitados. «El Bienestar es el único programa efectivo de la red de seguridad para las madres solteras y sus niños», afirmó Rebecca Blank, economista de la Brookings Institution. «Con la recesión, una tiene que preocuparse de la cantidad número de mujeres que resultaron desempleadas y no tienen cómo darse vuelta», añadió.
Fuentes: Mother Jones, 15 de enero de 2009, «Brave New Welfare», por Stephanie Mencimer; y Associated Press, 26 de marzo de 2009, «States consider drug tests for welfare recipients», por Tom Breen Estudiante investigador: Malana Men (SSU) and Samantha Barowsky Evaluador académico: Douglas Anderson, Ph.D., Southwest Minnesota State University
Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)
Fuente original: http://www.argenpress.info/2009/10/proyecto-censurado-la-recesion-recorta.html