El Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), el NAFTA (Tratado de Libre Comercio para América del Norte de 1994) y los demás Tratados de Libre Comercio acordados recientemente entre algunos países de A. Latina y los EEUU, tienen como fin el de eliminar todas las trabas para facilitar el libre comercio continental y […]
El Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), el NAFTA (Tratado de Libre Comercio para América del Norte de 1994) y los demás Tratados de Libre Comercio acordados recientemente entre algunos países de A. Latina y los EEUU, tienen como fin el de eliminar todas las trabas para facilitar el libre comercio continental y asegurar las inversiones y los beneficios de las grandes corporaciones transnacionales, poner freno a la creciente injerencia en la región de Europa y eventualmente China y de paso, facilitar a los EEUU a paliar su crónico déficit financiero y comercial y a ejercer su dominio imperial de entremeterse en la vida de los pueblos del continente.
El libre comercio que plantea EEUU y sus multinacionales requiere contar con un bastísimo sistema de infraestructuras que interrelacione países y regiones. Es por eso, que desde el 2001 se viene institucionalizando e instrumentando un trazado de infraestructura desde Méjico a Panamá, que ha sido denominado «Plan Puebla Panamá».
En América del Sur, a instancia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) -ambos impulsores del ALCA- se da nacimiento al proyecto denominado INTEGRACION DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL SURAMERICANA (IIRSA) que fue aprobado en el año 2000 por los 12 presidentes asistentes a la reunión de Brasilia, entre ellos, los de Argentina (De la Rúa) y Brasil (Cardoso).
El IIRSA es la consecuencia lógica y la continuidad de los cambios políticos, estructurales y económicos producidos desde fines de la década del 80 por aplicación del neoliberalismo, que produjo, un nuevo momento en el desarrollo del proceso de la acumulación capitalista en A. Latina, con las secuelas sociales y económicas que todos conocemos, pobreza, marginación, desempleo, endeudamiento, enajenación del patrimonio estatal y de los recursos y reservas naturales, etc.
El IIRSA comprende un bastísimo plan de infraestructuras distribuido en doce (12) ejes o corredores que cruzan A. Latina de Sur a Norte y de Este a Oeste que contendrán carreteras, rutas, hidrovías, ferrovías, autopistas, oleoductos y gasoductos, redes eléctricas, represas, usinas, puertos fluviales y marítimos, zonas francas, etc.
Eje MERCOSUR-Chile
Eje Andino
Eje Brasil-Bolivia-Paraguay-Perú-Chile
Eje Venezuela-Brasil-Guayana-Surinam
Eje Orinoco-Amazonas-Plata
Eje Amazonas
Logísticas Marítimas del Atlántico
Logísticas Marítimas del Pacifico
Eje Neuquén-Concepción
Eje Porto Alegre-Jujuy-Antofagasta
Eje Bolivia-Paraguay-Brasil
Eje Perú-Brasil
Estos corredores fueron diagramados y pensados para el transporte de mercaderías y productos, particularmente, desde el Atlántico al Pacífico donde se concentra el mayor tráfico entre los EEUU y países como China, India, Japón y otros, y para posibilitar, el aprovechamiento privado de los grandes recursos y reservas naturales del continente (recursos no renovables energéticos, principalmente) y usufructuar la enorme biodiversidad existente en la región (abastecedora de uno de los negocios mas promisorios para el gran capital: la biotecnología), permitiendo su extracción sin límite de los mismos.
El mega-plan de infraestructura, es financiado a través de las entidades financieras internacionales, como el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), el BID, la CAF y los bancos privados, cuyos créditos están destinados exclusivamente a pagar a las empresas privadas que realicen las obras de infraestructuras. Los países involucrados en las obras deben hacerse cargo de la devolución del crédito, es decir, que los estados de esos países deben pagar los créditos -seguramente «ajustando» los presupuestos de la seguridad social- que irán a parar a las consultoras internacionales, a las multinacionales del cemento y a las grandes constructoras y otras, que son, ¡oh casualidad!, las que deciden y «sugieren» a los gobiernos a realizar determinadas obras. Algo muy parecido se puede ver en el reclamo insistente de las entidades gremiales empresarias de la Región Centro para que se concrete el plan de obras de infraestructuras del corredor bioceánico, al que consideran la columna vertebral del proyecto y que une los océanos Atlántico y Pacífico a través de los puertos de ultramar de Brasil y Chile, la hidrovía Paraguay-Paraná de 3.442 km que une Cáceres en Brasil y el Río de la Plata, la autovía Concordia-Córdoba y obras complementarias, que coinciden con los ejes o corredores diseñados por el IIRSA.
El Presidente del BID, Enrique Iglesia, aclara bien este tema al decir: «Este desarrollo de la infraestructura, que estuvo desde la posguerra prácticamente monopolizado por la gestión e inversión estatales, comenzó a experimentar transformaciones profundas a principios de la década del 90. En el marco de los procesos de estabilización macro económica y apertura externa que viven nuestros países, se modificaron los mecanismos tradicionales de provisión de infraestructura. En toda la región el sector privado pasó mayoritariamente a detentar la responsabilidad primaria en materia de gestión y expansión de la infraestructura física. De hecho, más de la mitad de la inversión privada en infraestructura hacia los países emergentes en esos años se dirigió a nuestra región. Esta inversión se concentró en los sectores más atractivos comercialmente y con menor percepción de riesgo, las telecomunicaciones y el sector energético». Y agrega, Iglesia, que: «El repliegue del Estado de la gestión directa de la infraestructura, la implantación de nuevos marcos regulatorios y la introducción de la competencia en ciertos servicios, la creación de nuevas instituciones para la regulación y el control de los servicios públicos, las privatizaciones y el ingreso de nuevos operadores nacionales e internacionales, son los rasgos comunes de esta transformación histórica.»
Se plantea además, indirectamente incrementar la producción agrícola-ganadera y minera con bajo valor agregado destinado a la exportación, aprovechando, el bajo costo del trabajo asalariado latinoamericano, la casi desaparición de las organizaciones sindicales obreras y la cooptación de la mayoría de su dirigencia al poder político, la existencia de una legislación laboral basura en casi todos los países de A. Latina, la falta de regulaciones estatales y de controles sobre la degradación del medio ambiente. Hay que recordar, que los países involucrados en los ejes o corredores, aplicaron, en la década pasada (y lo siguen haciendo hasta ahora) las «recomendaciones» neoliberales del Consenso de Washington, consistentes en desregulaciones estatales de todo tipo, de privatizaciones de los recursos naturales y de empresas del Estado, de liberalización financiera y comercial, de apertura de los mercados al capital extranjero, etc.
La Región Centro con su plan de infraestructura carretero, de unir el Atlántico con el Pacífico y obras complementarias e hidrovías, pasan a formar parte de esta estrategia del IIRSA y a aportar en los hechos, a la conformación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). No debe llamarnos, entonces la atención, que los promotores y precursores más entusiastas hayan sido los grupos económicos hegemónicos nucleados en las Bolsas de Comercio de Rosario y Córdoba, y en el Consejo Empresario de Entre Ríos y la banca privada y oficial, que en alianza con los gobiernos de De la Sota, Obeid y Busti, las legislaturas provinciales y las distintas corporaciones de profesionales, impulsan la concreción del proyecto de la Región Centro.
Estos gobiernos justicialistas han fijado como política de estado este tipo de integración que favorecerá, sin lugar a dudas, a la obtención de superganancias para las multinacionales y se inscribe, en la estrategia integral e intervencionista en lo , económico, político y militar de los EEUU, que mediante el Plan Colombia y su red de bases militares, tiene como propósito intervenir militarmente en el conflicto social y político interno de algunos países (los de la zona Andina, por ahora), apuntando a apoderarse de las riquezas de la amazonia, con el pretexto de salvar al mundo del narcotráfico.
La mayoría de las organizaciones ecologistas de A. Latina vienen alertando sobre una posible hecatombe ecológica de magnitud de concretarse la integración mediante el superplan de infraestructura que contiene el IIRSA. Y al respecto nos recuerdan que alrededor de las obras pueden radicarse industrias altamente contaminantes del medio ambiente proveniente de los EEUU.
Estas entidades, denunciaron en su momento, un memorando interno del Banco Mundial que fue publicado en el semanario inglés The Economist a fines de 1992 redactado por Lawrence Summers, ex Secretario del Tesoro de Clinton y actual presidente de la Universidad de Harvard, quien aconsejaba al Banco Mundial que tendría que alentar el traslado de las industrias sucias de los EEUU a los países del tercer mundo, pues la alta contaminación que existe en los EEUU produce daños importante en la economía y en la salud de sus habitantes, lo que demada más dinero y mayores presupuestos para atender los efectos de la contaminación. Y con total honestidad intelectual, afirmaba:
«Yo creo que la lógica económica tras verter una carga de desecho tóxico en el país de salarios más bajos es impecable y debemos hacer frente a esta realidad… Siempre he pensado que los países menos poblados en África están muy infracontaminados.»
Y se pregunta, Lawrence Summers, por entonces vicepresidente del Banco Mundial: «Entre nosotros, el Banco Mundial ¿no tendría que alentar mucho más la transferencia de las industrias sucias hacia los países menos desarrollados»? (…)» La medida de los costos de la contaminación perjudicial para la salud se basa en el lucro cesante debido al aumento de las enfermedades y de la mortalidad. Desde este punto de vista, una cantidad dada de contaminación perjudicial para la salud tendría que ser atribuida al país con el costo más bajo, es decir, aquel en el cual los salarios son los más bajos».
La integración regional que pretende la Región Centro, se expresa sí o sí en política y se transforma en un medio de presión más de los grupos económicos y en especial, de los más concentrados, que apoyándose en el poder político de turno, se proponen modificar a su favor las reglas de juego establecidas. El objetivo es muy claro: lograr una redistribución del ingreso nacional a favor de estos grupos localizados en la región, (inclusive en contra de los intereses de otros grupos económicos que operan fuera de la región), mediante la obtención de un especial «subsidio» logrado por medio de una reforma fiscal a su medida y principalmente, con la eliminación total de las retenciones a la exportación (alrededor de 5 mil millones de pesos anual), que volvería a los exportadoras de la región), para facilitar la competitividad y el comercio exterior.
Los representantes de los grupos económicos hegemónicos y el poder político de la Región Centro afirman que con la integración se van a realizar nuevas y extraordinarias inversiones reactivando la producción económica, creando de esta manera nuevos puestos de trabajo, atacando la desocupación. Aparece el mismo discurso que durante la década menemista se escuchaba, a estos mismos actores, sobre el poderío de los mercados y la competitividad para resolver los problemas sociales y estructurales que padece el país. De liberar la economía, las finanzas, facilitar el libre comercio y achicar el papel del estado, para que por arte de magia crecieran las fábricas, el empleo con salarios del primer mundo… .
Desde Mate Amargo, decimos una vez más, que los señores gobernadores De la Sota, Obeid y Busti siguen siendo coherentes con el pasado reciente, cuando se desguazó el Estado y se protegieron los intereses de las empresas privatizadas y de los grandes grupos económicos, al acordar el proyecto de la Región Centro, que no sólo es una iniciativa exclusiva de los privados, sino que es un enorme negocio a favor de los poderosos grupos empresarios y exportadores y por que, además, la Región Centro nos inscribe en el proyecto de dominación de los pueblos que es el ALCA.