Sobre el 30° aniversario del asesinato de Walter Bulacio, las nuevas medidas sanitarias y la situación de los habitantes de Andalgalá (Catamarca) en lucha contra la megaminería.
M.H.: Recordando a Walter Bulacio.
M.C.V.: Así es, se han cumplido 30 años de esa noche en que fue detenido arbitrariamente en una razzia en las inmediaciones del Estadio Obras y en función de la situación que estamos padeciendo no debemos hacer ningún tipo de actividad masiva presencial, así que optamos desde Correpi por lanzar una campaña por redes, desde el 19 hasta el 26 que fue la fecha del fallecimiento, con el eje central de lo más emblemático de la causa de Bulacio que es la pelea contra las detenciones arbitrarias. Este conjunto de facultades que tienen todas las fuerzas de seguridad en nuestro país, de detener a cualquiera en cualquier momento y lugar por su sola y exclusiva discrecionalidad, la averiguación de antecedentes, la detención para identificar las faltas, contravenciones, razzias, etc. Así que por eso invitamos a sumarse a esta campaña. Van a ver las distintas propuestas desde todas las redes de Correpi.
M.H.: “Cuidémonos colectivamente del virus y de la represión”.
M.C.V.: Así es, estamos en un momento en el que hemos recibido el anuncio oficial de restricciones que desde el punto de vista de la política epidemiológica y sanitaria, son absolutamente razonables, como tratar de limitar lo más posible nuestra circulación en la vía pública, evitar reuniones que no sean absolutamente imprescindibles por cuestiones laborales o similares y evidentemente tratar de garantizar de esa manera la menor circulación posible del virus.
Pero lamentablemente, una vez más, estas decisiones que no cuestionamos desde el punto de vista de su utilidad en el marco de la emergencia sanitaria que padecemos, en lugar de venir acompañadas para que la pueda sostener la gran mayoría de la población, con medidas sociales, asistenciales que habiliten a esa gente que se queda sin ingresos o con ingresos fuertemente limitados al tener esas situaciones de precarización e informalidad laboral, vienen acompañadas por una serie de decisiones, de respuestas de corte represivo.
Concretamente lo dijo el propio Presidente al anunciarlo en cadena nacional, la intervención no solo de las fuerzas de seguridad locales, sino federales, una inyección de 8.500 oficiales de las fuerzas federales solamente en el Area metropolitana y también de las FF AA bajo este eufemismo de “operativo sanitario”.
Frente a eso seguimos insistiendo, que la respuesta a esta situación absolutamente inédita que atraviesa el mundo entero, porque no es un problema exclusivamente de la Argentina, tiene que ser de carácter sanitario y social y no represiva. Por eso esta convocatoria a cuidarnos colectivamente, tanto del virus como de la represión.
M.H.: ¿Cuál es tu reflexión sobre la situación que están viviendo los habitantes de Andalgalá?
M.C.V.: La situación en Andalgalá es gravísima, de una seriedad extrema. En Correpi además de la tarea de difusión que hacemos a través de los recursos a nuestro alcance, redes y demás, de toda la información que vamos recibiendo, estamos en contacto directo con algunos de los compañeros y compañeras que intervienen en el equipo de defensa de las personas detenidas acusadas de gravísimos delitos en el marco de esta lucha que viene llevando el pueblo entero de Andalgalá, con una masividad increíble y una continuidad de años contra todo el esquema de la megaminería contaminante, específicamente en este caso contra la minera Agua Rica.
En ese sentido hay situaciones que honestamente yo no podía creer que fueran ciertas, cuando me las comentaba una de las compañeras, por ejemplo, de abogados y abogadas que han llegado hasta la indagatoria de las personas que debían asistir, sin haber podido posar los ojos sobre el expediente para saber cuál era la situación y poder implementar una táctica defensiva acorde. Algo que no se le niega a la persona imputada por un delito común, por un robo, un hurto o un homicidio, se le está negando a estos luchadores ambientalistas.
M.H.: La presencia del Ejército argentino en Andalgalá.
M.C.V.: Como en cualquier otra parte del país, lo mencionaba en relación a la situación de emergencia sanitaria. En la Argentina, las Fuerzas Armadas independientemente de la edad que puedan tener sus integrantes, que es una cuestión meramente biológica, tiene que ver con su rol histórico, con la memoria colectiva y muy consciente de las y los 30.000, del terrorismo de Estado y el Genocidio.
Por eso cualquier tipo de intervención de las FF AA en lo que tenga que ver con la vía pública, lo que llaman en las normas “la seguridad interior”, es una afrenta, algo absolutamente repudiado por la totalidad de la población, como lo vimos con el anuncio presidencial.
M.H.: He leído patrullas, vehículos de civil, drones, fotografían a los pobladores y los vigilan armados en Andalgalá.
M.C.V.: Es una situación realmente de una gravedad extrema que solo se explica por una decisión de los gobiernos provincial y nacional, porque las FF AA claramente no dependen del gobernador provincial sino del Ejecutivo nacional, de defender a toda costa los intereses de las empresas y concretamente de las empresas de la megaminería, la expoliación, la entrega y el saqueo de nuestros bienes comunes.
M.H.: ¿Cuál es la situación de los compañeros detenidos en Andalgalá?
M.C.V.: Están en libertad actualmente, pero siguen procesados, acusados por una colección de delitos, de estos que estamos acostumbrados a ver a lo largo de décadas, cuando jueces y fiscales recurren a figuras gravísimas para poder disciplinar más a fondo la protesta y el conflicto social. Se habla de estrago, incendio, violación de domicilio, hurto calamitoso, lesiones, etc. Cuando de lo que estamos hablando, y lo hemos visto, no es un conflicto novedoso que haya que explicar, es de la defensa de los bienes comunes.