Mauricio Macri no quiso dejar pasar el respaldo electoral conseguido el 23 de octubre. El lunes pasado puso en marcha lo que denomina el «reformismo permanente» proponiendo a gobernadores, sindicalistas, parlamentarios, jueces y representantes del FMI un ajuste sobre los trabajadores y el pueblo para favorecer a los ricos. Abarca reformas fiscales, laborales y previsionales, […]
Mauricio Macri no quiso dejar pasar el respaldo electoral conseguido el 23 de octubre. El lunes pasado puso en marcha lo que denomina el «reformismo permanente» proponiendo a gobernadores, sindicalistas, parlamentarios, jueces y representantes del FMI un ajuste sobre los trabajadores y el pueblo para favorecer a los ricos. Abarca reformas fiscales, laborales y previsionales, así como ajustes de tarifas. El paquete incluye una caída de 10 puntos en el impuesto a las Ganancias de las empresas.
El presidente advirtió que explicaría los «ejes» de las reformas pero que no brindaría detalles de «las herramientas» que cada una implica, ya que luego serían presentados en el Congreso o en los ámbitos pertinentes para «crear consenso».
No obstante muchas han trascendido o comenzado a ser explicadas por miembros de su Gabinete. Uno de los objetivos principales apunta a la quita de un 12 % al aumento jubilatorio previsto para el año que viene. El Gobierno pretende cambiar la fórmula que determina el ajuste de los haberes jubilatorios, pensiones y demás prestaciones sociales. La idea es actualizarlos por la inflación y de manera trimestral. Así para el año próximo el Gobierno pretende que las jubilaciones aumenten un 10 % si la meta inflacionaria resulta igual a la que prevé, cuando las jubilaciones deberían incrementarse en un 22 % de acuerdo a la fórmula anterior que combina la suba salarial del Indec o del Ministerio de Trabajo, más la de la recaudación tributaria por beneficiario a la Anses.
De esta manera, jubilaciones y prestaciones sociales se verían reducidas en $ 118.668 millones, la friolera de U$S 6.600.000.000, equivalentes al 19 % del déficit fiscal.
La cacareada «reparación histórica», al habilitar la creación de una comisión dedicada a trabajar en una reforma previsional, votada el año pasado por todas las bancadas parlamentarias con la honrosa excepción de la del FIT, ocultaba este despojo a las jubilaciones y prestaciones sociales. Aunque aquí debemos alertar que persigue a futuro la apropiación empresaria del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) que al cierre de setiembre contaba con un stock de U$S 63.000 millones y el aumento de la edad jubilatoria. El «reformismo permanente» va paso a paso.
Los lineamientos del proyecto oficial irían en consonancia no solo con la opinión de los economistas locales del establishment sino también del FMI y la OCDE, y contra la opinión de los técnicos de la Anses.
La última recomendación del FMI (2016) dice que «indexar los beneficios a la inflación desde 2019 en adelante reduciría el actual déficit fiscal en 20 puntos del PBI». Punto más, punto menos. Precisamente el lunes, coincidiendo con los anuncios del Presidente, el staff del FMI arrancó su misión en Buenos Aires. Se verán por dos semanas con funcionarios y empresarios.
También la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), en su último informe sobre la economía argentina, recomienda «indexar las prestaciones por jubilación al índice de precios al consumo».
Entre otros, los cambios planteados serían:
Blanqueo laboral. Como parte de una amplia ley de blanqueo laboral, el Gobierno sumará dos ítems hasta ahora desconocidos: una redefinición del concepto de «salario», destinada a poner un límite a las demandas indemnizatorias y un corte a las acciones legales denominadas «por solidaridad» que van no sólo contra el empleador primario sino contra la empresa que desarrolla la actividad principal.
Eliminar aportes patronales para los salarios menores a $ 10.000
Un aumento de tarifas de alrededor de 35 % en diciembre para luz y gas y dos subas de 20 % para las tarifas en 2018
Establecer una corrección en el precio del transporte de 50 centavos por mes (más un sistema de descuento para los viajes subsiguientes). Los incrementos serán, a fin de 2018, del 100% para los colectivos y del 150% para los trenes afectando a 6.000.000 de personas que todos los días viajan entre Capital y Gran Buenos Aires.
Reducir parte del impuesto al cheque de Ganancias
También se ajustará por inflación la Asignación Universal por Hijo (AUH)
Suba de impuestos a gaseosas, bebidas alcohólicas, vinos y cigarrillos
El blanco que sigue es la justicia laboral. Uno de los principios básicos del fuero laboral argentino es que reconoce que en el mundo del trabajo conviven protagonistas en condiciones desiguales: los empleadores cuentan con ventajas inaccesibles para los empleados. El llamado in dubio pro operario que, ante la duda, obliga a los tribunales laborales a elegir la aplicación de la norma más beneficiosa para el trabajador en litigio. Esto irrita a los empresarios. El Gobierno pretende asimilar la justicia laboral a la civil que resuelve diferendos entre iguales.
Primeras reacciones
Los movimientos sociales (CTEP, la CCC y Barrios de Pie) se movilizaron al Centro Cultural Kirchner para protestar contras las reformas propuestas por el presidente Mauricio Macri. Además difundieron un comunicado: «Sin la agenda de tierra, techo y trabajo, la reforma es contra los de abajo».
La CTA Autónoma denunció que a pesar de negarlo en reiteradas oportunidades, finalmente se pretende imponer un paquete al estilo brasileño y exigen la participación de las dos CTA -Autónoma y de los Trabajadores-, en la Mesa de Diálogo convocada por el Gobierno y donde participa la CGT, para garantizar allí la existencia de una postura que defienda realmente los intereses de la clase trabajadora.
En el mismo sentido se pronunciaron las organizaciones sindicales de la provincia de Santa Fe: «Las trabajadoras y trabajadores santafesinos no vamos a permitir que, por favorecer a las corporaciones económicas, se vulneren derechos y garantías laborales que el conjunto de los argentinos hemos conseguido con nuestro esfuerzo y lucha durante décadas». La declaración fue suscripta por la totalidad de las centrales sindicales santafesinas.
El líder del SUTNA (neumáticos), Alejandro Crespo, apuntó contra la CGT a la que acusó de «pactar» el ajuste. «La modificación de las condiciones laborales de todos los trabajadores del país, para quitar derechos y empeorarlas, ya está en curso», disparó.
A pesar de las amenazas del presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, los trabajadores cumplieron desde las seis de la mañana del miércoles un paro de actividades, que finalizó con un acto sobre la Avenida General Paz, donde fueron acompañados por organizaciones sociales, políticas y sindicales, que denunciaron el ajuste que se propone el Gobierno Nacional tras las reformas tributarias, previsionales y laborales confirmadas por el presidente Mauricio Macri el lunes pasado. Bajo la consigna «en defensa de los convenios colectivos, el salario y los derechos adquiridos», los empleados del organismo denunciaron la precarización de los contratos laborales del sector.
Guerra al conflicto social
La Justicia absolvió a la Comisión Interna de Editorial Perfil. Luego de los alegatos del Fiscal que pidió la condena de los trabajadores de prensa y de los abogados defensores que con argumentos contundentes rebatieron los fundamentos enunciados por la Fiscalía, el magistrado Walter Candela entendió que las medidas realizadas por los trabajadores no configuraban infracción alguna por lo cual resolvía absolver a Rubén Schofrin, Marcelo Iglesias, Raúl Mileo, Carlos Alfredo Rodríguez, Héctor Velázquez y José Luis Quartana.
Luego de conocida la sentencia, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires celebraron la resolución judicial porque «hubiera sido un antecedente muy complicado no solo para Prensa sino para toda la clase trabajadora», explicaron, toda vez que el artículo 161 del Código Penal podría comenzar a ser aplicado para desactivar cualquier medida de acción directa amparada por el derecho constitucional a la huelga que asiste a los trabajadores, siempre en estado de indefensión ante los atropellos patronales.
Los seis trabajadores de prensa fueron sometidos a juicio oral acusados de atentar contra la libertad de expresión. El 30 de octubre de 2013, Perfil despidió a 13 empleados, el mismo día que se realizaba la elección de Comisión Interna. Entre ellos trabajadores designados en la Junta electoral. El rechazo a la medida incluyó el bloqueo a la distribución de los productos de la editorial. La empresa replicó con una demanda que provocó embargos y expuso a los acusados a penas de hasta 6 meses de prisión. Un equívoco que confunde libertad de prensa con libertad de empresa y pretendió sentar un precedente formando parte de la agenda de «reformas permanentes» que impulsa Mauricio Macri.
Señalemos que el gremio de prensa fue uno de los más afectados por los despidos durante el mandato PRO. Se perdieron 2.500 puestos de trabajo. Además, se confirmó la venta del Grupo Indalo (C5N, Radio 10, Ambito Financiero y otra media docena de medios). El comunicado de los nuevos dueños, OP Investments, cuyo rostro visible es un financista que trabajó en empresas de Macri y Clarín, anticipa que realizará una «reestructuración general» que incluirá «la venta de activos no estratégicos». A la empresa ahora presidida por Santiago Dellatorre y Damián Burgio parece no interesarle los medios de comunicación, salvo que la publicidad oficial la convenza de lo contrario y se sume a la fiebre amarilla que enfermó a los medios argentinos.
El juez federal Martinez Di Giorgi decidió procesar a 22 de las y los detenidos durante la represión de la Policía de la Ciudad, luego de la marcha del 1° de Septiembre por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
El fallo establece la falta de mérito para siete de las personas que fueron detenidas en esa fecha, y el sobreseimiento de otras dos. Entre los procesados se encuentran dos comunicadores populares de la Red Nacional de Medios Alternativos, bajo los cargos de «intimidación pública» y «resistencia a la autoridad», figuras utilizadas para la criminalización de la protesta social.
«A escasos cuatro días del triunfo de Cambiemos, el juez cumple el rol legitimador que el estado policíaco le tiene reservado: no juzga, sino que convalida todos y cada uno de los actos represivos emanados del Poder Ejecutivo», señaló la CORREPI.
Un día después de las elecciones, el lunes 23 se realizaron las acusaciones por parte de la Fiscal Gabriela Baigún por la ocupación de la Comisaría 24 de La Boca, tras el asesinato del militante social Martín «Oso» Cisneros en 2004. En esa ocasión numerosos vecinos del barrio de La Boca acusaron a la policía de encubrir al asesino de Cisneros y reaccionaron entrando a la comisaría para exigir que busquen al culpable.
Después de varios meses de escuchar a innumerables testigos y acumular «pruebas» que poco y nada aportaban la Fiscal Baigún resolvió que tanto Lito Borello, referente de la Organización Los Pibes y Secretario de DD HH de la CTEP, y Luis Bordón no iban a ser acusados de los hechos que se les imputaban, por falta de pruebas fehacientes.
Sin embargo, se ensañó con el ex diputado y dirigente social Luis D’Elía, y unificó dos causas, la de la ocupación de la comisaría y otra en la que D’Elía, junto a otros militantes populares marchó a Plaza de Mayo en respuesta a una algarada provocada por sectores derechistas vinculados a la oligarquía agrícola-ganadera y al actual gobierno de Mauricio Macri. Este episodio ocurrió durante el gobierno kirchnerista cuando se produjo un virtual levantamiento de la Sociedad Rural y otras organizaciones por la aplicación de retenciones.
Poniendo la mira en D’Elía lo acusó de innumerables delitos, la mayoría de ellos surgidos de la necesidad de una condena política disciplinadora. De esta manera, solicitó una condena de 4 años y 8 meses de prisión para D’Elía. El juicio pasó a cuarto intermedio hasta el lunes 30, donde se escucharán los alegatos de la defensa.
El juez de control n°4 de Jujuy, Isidoro Cruz, notificó a Milagro Sala sobre una ampliación de la denominada «megacausa» que la involucra. En este caso, se la imputa de actuar como jefa de una supuesta asociación ilícita en el desvío de fondos para la construcción de viviendas.
El magistrado informó personalmente de esta situación a la referente de la Tupac Amaru, quien no quiso concurrir al juzgado -según declaró- por miedo a que su vida corriera riesgo.
La Justicia procesó al docente universitario Aníbal Prina por «intimidar» al Presidente Mauricio Macri mediante el lanzamiento de huevos de gallina el pasado 12 de octubre, y jactarse de ello en las redes sociales. El juez que dictó la medida basó sus fundamentos en el relato que los medios de comunicación hicieron sobre ese hecho ocurrido en La Pampa.
Según el juez federal subrogante de Santa Rosa, Facundo Cubas, al arrojar los huevos, Prina «infundió un temor público», suscitó «tumultos» y «desórdenes», y amenazó «con la comisión de un delito de peligro común». Esas son las características del delito tipificadas en el artículo 211 del Código Penal, que el magistrado aplicó contra el profesor de Botánica en la Facultad de Agronomía de La Pampa.
Por ahora, el docente de 60 años de edad que se suma a la cantidad de personas que expresaron su rechazo al Presidente y a sus políticas de ajuste y fueron imputados por algún delito, no irá preso. Pero si se comprueba que por arrojar huevos hizo tambalear los cimientos de la figura presidencial, recibirá una condena de dos a seis años de prisión, tal la pena prevista por el delito de «intimidación».
Con el acompañamiento del Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina y la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma, declararon el Secretario Adjunto, Damián Straschenco y el Administrativo, Ramón Almirón, en la causa armada donde se los imputa por «delitos graves cometidos por funcionarios estatales».
«La justicia hasta ahora fue tomando toda la información que le fue brindando la empresa, esperemos que acepte todas las medidas probatorias y documentos que le expusimos para que se modifique drásticamente el criterio sostenido hasta ahora», sostuvo el representante legal de los trabajadores, Mariano Berges.
En la audiencia de Control de Acusación, presidida por el juez Pablo Repetto, de la Provincia de Río Negro, se cayeron los tres delitos que se le imputaban a Rodolfo Aguiar (daño agravado en concurso real con atentado agravado a la autoridad y lesiones).
Del mismo modo se determinó que no vayan a juicio los otros tres dirigentes y militantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Danilo Cinchini, Ezequiel Villanueva y Sergio Cides.
Durante las etapas del proceso se pudo demostrar que la Fiscalía armó una causa con testigos falsos, filmaciones y fotografías editadas y hasta el escándalo de actas de denuncia que fueron firmadas por policías, pero cuyo contenido era un ‘copie y pegue’, armadas en la propia oficina del fiscal Martín Pezzetta. Se trató de un frustrado intento de disciplinamiento, amedrentamiento y criminalización de la protesta social con la finalidad de impedir en Río Negro el libre ejercicio de derechos consagrados constitucionalmente como el de huelga y el de peticionar con libertad a las autoridades.
Suspenden vuelos
Cinco de los seis gremios aeronáuticos realizaron una huelga a partir de la medianoche del martes y durante 24 horas en Aerolíneas Argentinas y Austral, que paralizó sus vuelos nacionales e internacionales. La medida de fuerza se decidió luego de que la empresa y el ministerio de Transporte mantuvieran inamovible su propuesta de un aumento salarial del 16 %.
«La mayoría de los gremios firmó 26 % en marzo. Nosotros ya perdimos 8 puntos el año pasado y este año nos ofrecen un 16 % más cláusula gatillo y un bono», planteó el secretario de Prensa de la Unión del Personal de Seguridad Aeronáutico (UPSA), Marcelo Uhrich. Agregó que se trata de «un aumento mentiroso» porque, como es no remunerativo, «compensás con lo que no aportás y llegás a un 19 y pico por ciento».
Aerolíneas Argentinas anunció que, además de los vuelos del martes, debió suspender 50 partidas de cabotaje e internacionales previstas para el lunes.
El presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell Acqua, cuestionó con dureza a los gremios aeronáuticos que convocaron al paro total en la compañía y lanzó fuertes advertencias.
Dell Acqua dijo que ante el menor incidente en cualquiera de los aeropuertos del país donde operan Aerolíneas y Austral él mismo hará la denuncia penal responsabilizando a los gremios UPSA, APLA, UALA, APA y APTA.
Además, el Estado nacional notificó a dos gremios aeronáuticos, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) que serán multados por no haber cumplido con la conciliación obligatoria del pasado 29 de agosto.
No obstante Rubén Fernández, de UPSA, advirtió que: «El viernes se acaba la conciliación y estaremos en libertad de acción desde la cero hora del sábado», en relación a las negociaciones en Latam e Intercargo, y adelantó que «la semana que viene es probable que haya conflictos» y que fin de año sea «complicado en la actividad aérea en el país».
Por su parte Pablo Biró, titular de los pilotos, sostuvo que es «un conflicto de muy alta intensidad que recién arranca», y recomendó a los pilotos «que extremen medidas de seguridad de ellos y de sus familias», a raíz de que Dell´Acqua había difundido sueldos de 250.000 pesos, «lo mismo que hacía Marsans al publicar salarios falsos».
Más adelante puso como ejemplo que un piloto con 6 años de antigüedad cobra un salario bruto de 97.300 pesos, que con descuentos de 32.000 por ganancias, 7.500 de jubilación, más cuota sindical y otros, queda reducido 50.892 pesos».
Siguen los despidos
En las últimas semanas la empresa La Virginia (Rosario) despidió a 5 operarios de diferentes sectores. Lejos de ser un hecho aislado estos despidos se suman a varios que se dieron en lo que va del año y el ofrecimiento de retiros voluntarios a trabajadores con antigüedad. A pesar de que en el último tiempo La Virginia evidenció un fantástico crecimiento con la ampliación de su centro de distribución y un nuevo sector de producción desde cero, la compra de empacadoras robotizadas y maquinaria de última generación, esto no significó mejoras sustanciales en las condiciones de trabajo de los operarios, sino todo lo contrario. La reducción del personal es notoria y el reparto de tareas que no absorben las nuevas máquinas termina recayendo en los operarios que van quedando.
Los representantes Unilever ratificaron en una audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo que no dará marcha atrás con los 65 despidos en la planta de Villa Gobernador Gálvez. Por tal motivo, se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 13 de noviembre, día que vence la conciliación obligatoria dictada por la cartera laboral, que además propuso conformar una comisión integrada por funcionarios, legisladores, representantes del municipio de Villa Gobernador Gálvez y gremios para gestionar ante el gobierno nacional una salida al conflicto. El secretario general del sindicato de Jaboneros, Matías Rodríguez, denunció que la empresa está importando los productos que se fabrican en la planta y que se llevaron el stock a otros lugares y advirtió sobre nuevos despidos y un posible cierre de la fábrica.
El miércoles el personal de la constructora Inverfin SA de la localidad de Rawson (Chubut) que emplea 104 trabajadores recibió una notificación del directorio de la firma que textualmente comunicaba: «Ante la situación financiera actual de nuestra empresa producida por el arrastre de deudas generadas en el período 2011 a 2015, nos vemos en la obligación de discontinuar la ejecución de las obras en curso, pese a los esfuerzos realizados en los últimos meses para revertir la situación».
El sindicato de los petroleros convencionales de Santa Cruz dispuso iniciar medidas de fuerza a partir de las 20:00 del martes en yacimientos de la operadora Sinopec y en las bases de las contratistas de esa operadora, San Antonio Internacional y su subsidiaria Servicios Especiales, dado que las mismas enviaron telegramas de despido a más de un centenar de operarios.
Unos 260 trabajadores del programa «Incluir Salud» (ex PROFE), que depende del Ministerio de Salud bonaerense, se enteraron que perdían sus fuentes laborales.
La decisión fue comunicada por el director del plan, Sergio Tomassini, quien posteriormente presentó la renuncia a su cargo. A consecuencia de estos hechos, los despedidos protestaron frente a la sede platense.
«Nos dejaron afuera, nos echaron, dejaron afuera a 260 personas, y sólo quedaron 40», denunciaron durante la manifestación.
Nicolás Pagnamelli, delegado de ATE, explicó que estos despidos masivos implican el desmantelamiento del programa sanitario, ya que será «inviable» su ejecución. Según explicó, 40 personas no son suficientes para sostener el Incluir Salud que brinda atención ambulatoria, medicación, prótesis, entre otros servicios.
«Sólo en La Plata hay siete hospitales y otras tantas áreas que se quedan sin cobertura», dijo el gremialista y advirtió que «de esta forma se quedan sin atención unos 289.000 afiliados que son quienes perciben pensiones no contributivas y no tienen obra social».
El Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria (AB) denunció que las entidades financieras decidieron reducir la dotación de personal o de agentes relacionados con las tareas de seguridad y también incumplir otras disposiciones, lo que arriesga la seguridad de público, trabajadores y patrimonio de terceros, que están obligadas a preservar.
Fuentes: www.ambito.com, Clarín, Tiempo Argentino, Resumen Latinoamericano, Anred, Red Eco Alternativo, Página 12, www.infogremiales.com.ar y Argentina Indymedia.
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