Alega que la juez no puede exonerar al empresario y sus asociados de asumir las deudas contraídas con la Tesorería por cotizaciones y otros conceptos antes del concurso de acreedores puesto que existe sucesión de empresas.
La Tesorería General de la Seguridad Social ha interpuesto un recurso de reposición contra el auto del 23 de mayo que autoriza la venta de la unidad de negocio de Mediapubli-hasta dicha fecha editora del diario ‘Público’- a la inmobiliaria Display Connectors, sociedad controlada por el dueño de Mediapubli, Jaume Roures, y varios socios relacionados accionarialmente con la concursada, los cuales, en la actualidad, controlan el renovado proyecto editorial del rotativo fundado en 2007 pese a haber solicitado concurso de acreedores voluntario.
Mediapublientró en concurso con una deuda de 21 millones de euros y ejecutó un expediente de regulación de empleo para 130 trabajadores entre enero y febrero. La administración concursal puso en venta la cabecera con el objetivo de lograr recursos con los que hacer frente a parte de las deudas. En mayo, en este sentido, la juez Bárbara María Córdoba emitió un auto favorable para que Display, cuya cabeza visible es el socio y amigo de Roures Toni Cases, comprase la cabecera. Es decir, que antiguos socios se han hecho con el diario tras llevarlo a concurso de acreedores con una deuda millonaria. Cabe destacar, en este sentido, que la administración concursal destacó, según reconocieron varias fuentes, que «no está prohibido por la ley» y que a la nueva oferta «le honra la transparencia» mostrada al reconocer la coincidencia en el accionariado.
Ahora, la letrada Victoria Álvarez Flores alega que el auto de la jueza Bárbara María Córdoba no se ajusta a derecho por dos razones esenciales. Primero, la jueza «carece de competencia para concretar que el adquiriente quedará exonerado frente a la Seguridad Social al considerar que la juez del concurso carece de competencia para concretar que el adquiriente quedará exonerado frente a la Seguridad Social» en referencia a que el auto indica que Display «asume las deudas laborales de Mediapubli (incluyendo frente a la AEAT y TGSS con origen en las relaciones laborales, generadas con posterioridad a la declaración del concurso». Segundo, y en línea con el primer argumento, considera que existe sucesión de empresas en el ámbito prestacional, en tanto en cuanto se ha vendido la unidad de negocio, por lo que «parece lógico que también exista la misma en el ámbito de las deudas que por cotizaciones (u otros conceptos) la empresa concursada mantenga con la Tesorería de la Seguridad Social».
Otros dos recursos de ex trabajadores
El ex adjunto al director del periódico Público, Pere Rusiñol, recurrió hace semanas el auto que permite que Jaume Roures -empresario que lo fundó y lo llevó a la quiebra- recupere el diario a través de una inmobiliaria. El ex trabajador expone dos motivos básicos para la revocación de la venta de la unidad productiva de Mediapubli: incumplimiento de la publicidad acordada para la subasta de la cabecera y la vinculación accionarial de Roures con la SL que ganó la puja.
A este recurso, se sumó el de otra ex trabajadora de ‘Público’, Magdalena Bandera, que considera que la subasta pública de la cabecera en la que se escogió la oferta de Display frente a la de la cooperativa de ex trabajadores de ‘Más Público’ no fue correcta, ya que la cooperativista garantizaba más puestos de trabajo, ya que no es demostrable que la viabilidad del proyecto de Display sea mayor y ya que la continuidad de los viejos socios supone mantener un modelo empresarial que ha fracasado.
Inmobiliaria de reciente creación para volver a controlar el rotativo
El principal propietario de Display Connectors es PAG 1, S.L, que cuenta con el 40% del capital y está dedicada al «asesoramiento, venta y postventa de productos informáticos al sector de la comunicación». Curiosamente, en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), figura que su actividad es la «confección de prendas de vestir, excepto de peletería». El resto del accionariado se divide en participaciones del 10% del capital, todas pertenecientes al entorno de Jaume Roures. En este grupo se incluye Mediacable Servicios de Producción, Multiax-Invera, Emilio Arrojo Tomás, José María Crespo y José Luis Zárraga. Además, existen dos participaciones del 5% controladas por los propios Roures y Tatxo Benet, ambos principales accionistas de ‘Público’ desde su fundación, según denuncian los cooperativistas.
Fuente original: http://vozpopuli.com/tecnologia-y-medios/11214-la-seguridad-social-recurre-la-venta-del-diario-publico-a-jaume-roures-y-sus-socios