Siempre que finaliza una reunión de la SIP, es un buen momento para referirse al rol que juega y que jugó en los procesos políticos latinoamericanos como agente desestabilizador de los gobiernos democráticos. Luego de la reunión de medio año en la ciudad de Puebla, México, la Sociedad Interamericana de Prensa expresó sus conclusiones de […]
Siempre que finaliza una reunión de la SIP, es un buen momento para referirse al rol que juega y que jugó en los procesos políticos latinoamericanos como agente desestabilizador de los gobiernos democráticos.
Luego de la reunión de medio año en la ciudad de Puebla, México, la Sociedad Interamericana de Prensa expresó sus conclusiones de modo tajante al «destacar la violencia y el acoso gubernamental como elementos de constante agresión contra el ejercicio del periodismo en las Américas».
En uno de los párrafos principales apuntó directamente contra el gobierno argentino: «Hoy, en la Argentina, como ocurriera en el Perú de Alberto Fujimori, importantes avisadores retiraron por completo sus anuncios luego de que el gobierno así se los ordenara y ante el temor de sufrir represalias tributarias o de otro orden. El periodismo crítico, discriminado por el gobierno pues no recibe publicidad oficial, se enfrenta a la encrucijada de ya no poder subsistir».
La SIP señala sin disimulo a los gobierno de Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Cuba, Honduras, Nicaragua y Panamá, y los imputa de poner en práctica «inmensos aparatos de propaganda estatales y privados creados con, entre otras cosas, el fin de difamar y atacar a periodistas, responsables de medios de comunicación, empresarios y políticos que no comulgan con el pensamiento oficial».
Esta claro que la libertad que defiende la SIP es la de las corporaciones mediáticas, la misma que ellos llaman libertad de expresión de los medios independientes. Un juego de palabras que utilizaron -y aún utilizan- durante décadas para auto legitimarse como constructores de verdades, a partir de un axioma tan vacuo como pensar la función del periodismo por fuera de los vínculos políticos, ideológicos y económicos. Esta posición en que se colocan los conglomerados mediáticos orquestados por la SIP, no es nada inocente, ya que la contienda que emprenden frente a los avances comunicacionales en países como Argentina, Venezuela y Ecuador, tiene mucho más olor a una disputa por el poder político y económico que a la moralina que pregonan por la falta de libertad de expresión.
La SIP y su factor desestabilizador
En el año 2006, la SIP apuntó contra el gobierno democrático de Evo Morales, luego de remarcar en más de un comunicado que en Bolivia corría peligro la libertad de prensa, a partir del apoyo oficial que tuvo la formación de una red de medios comunitarios. Poco les importó a los «amos de la libre expresión» que la construcción de dichos medios sea una herramienta que favorezca la democratización de las comunicaciones, gestionadas a partir de las propias comunidades.
Años atrás, la vinculación de la SIP con los intereses de Estados Unidos quedó sentada, a partir de que la consejera de seguridad nacional, Condoleezza Rice, ordenó en teleconferencia a la Asamblea General de la SIP, darle apoyo al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente que ordenó al ejército reprimir duramente manifestaciones sociales en octubre de 2003, que dejaron un saldo de 80 muertos y 500 heridos.
En Venezuela, el gobierno socialista de Hugo Chávez recibió decenas de acusaciones por parte de la SIP, puntualmente a partir de 2004, cuando el Congreso aprobó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión – conocida como Ley Resorte. El pretexto en esta ocasión para atacar esta iniciativa gubernamental, fue la posibilidad de la censura previa que existiría, cuando ciertamente el objetivo del proyecto fue promover una pluralidad de voces y la búsqueda de información veraz para el pueblo.
Lo que la SIP olvida, de manera consciente, es el aval que le brindó al golpe de estado contra el gobierno democrático de Chávez en abril de 2002, cuando no emitió comunicado alguno sobre el encubrimiento que los canales privados realizaron, al no informar el ataque.
En Ecuador, el rol de los medios durante el intento de golpe de estado ocurrido el 30 de septiembre del año 2010 fue a favor de la ruptura del hilo constitucional, ya que se encargaron de mostrar imágenes de saqueos y el supuesto caos que se estaba generando en el país. Eso fue lo que querían crear, por lo que el gobierno decidió sacar al aire una cadena nacional que después fue muy criticada alegando que hubo una suspensión de la libertad de expresión.
Posteriormente, nunca se encargaron de mencionar que fue un intento de golpe de Estado, ya que continúa aún la idea que fue una simple sublevación policial, aunque si hablan de atropello a la libertad de expresión, afirmando que todo el escándalo fue organizado por el gobierno. Los medios de prensa, controlados por la oposición y los grupos empresarios, eran parte del golpe, creando una imagen de caída de Correa, desmoralizando a sus partidarios.
El rechazo de la SIP a los cambios en la comunicación
Además de formar parte de turbias campañas para desprestigiar los gobiernos populares y democráticos en América Latina, la Sociedad Interamericana de Prensa también se enfrentó a las organizaciones internacionales que defendieron las luchas de los pueblos latinos para democratizar la comunicación.
En los años setenta, la SIP se enfrentó a la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ya que buscaba promover el derecho de los Estados en desarrollo a establecer nuevas políticas comunicacionales. Por esos años, los países no alineados iniciaron un movimiento con el fin de crear un Nuevo Orden Económico Internacional para equilibrar el nivel de vida social.
En la Declaración de Argel del año 1974, el Movimiento de los No Alineados, exigió la creación de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC), con la finalidad de democratizar las comunicaciones. Estos nuevos movimientos se plantearon la necesidad de construir nuevas políticas comunicacionales y así invertir el paradigma del sistema informativo existente, el cual funciona como instrumento de dominación.
Sin embargo, las nuevas ideas para reestructuras los sistemas de información y comunicación, se vieron boicoteadas de raíz por el gobierno de Estados Unidos a través de sus voceros de la SIP. Fue así, que este organismo defensor de las empresas mediáticas se convirtió en el principal opositor de NOMIC y de las políticas nacionales de comunicación (PNC).
La Sociedad Interamericana de Prensa opera como apoyo periodístico e ideológico del gobierno imperialista de los Estados Unidos en la región latinoamericana. Los dueños de los grandes periódicos estadounidenses imponen desde la SIP una visión del mundo que concuerda con la óptica del poder imperial de Washington que encuentra sus personeros dentro de las oligarquías propietarias de periódicos de América Latina.
Fuente orignal: http://www.apc-suramerica.net/?p=6521