En la Asamblea semestral realizada en abril en San Diego, California, la SIP puso su lupa empresarial sobre Argentina. No fue la única examinada con un bochazo predeterminado; Venezuela, Cuba y Ecuador también fueron aplazados por ese tribunal. Argentina se llevó buena parte de esa reunión y el documento final. Hasta allí habían viajado directivos […]
En la Asamblea semestral realizada en abril en San Diego, California, la SIP puso su lupa empresarial sobre Argentina. No fue la única examinada con un bochazo predeterminado; Venezuela, Cuba y Ecuador también fueron aplazados por ese tribunal.
Argentina se llevó buena parte de esa reunión y el documento final. Hasta allí habían viajado directivos de diarios asociados, caso de Fernán Saguier, de «La Nación», para alimentar el fuego antikirchnerista. Hacía poco los gráficos habían bloqueado durante horas una puerta de la planta impresora de Clarín, demorando su salida por un conflicto laboral. Y eso, ya se sabe, es un crimen de lesa humanidad para estos periódicos que fueron aliados de la dictadura militar-cívica y recibieron como premio Papel Prensa.
En San Diego se sentó a Cristina Fernández en el banquillo de los acusados y se la condenó en estos términos: «Argentina merece especial destaque. Un conjunto de violaciones a la libertad de expresión se abatió contra medios y periodistas. Además de las campañas de desprestigio y del continuo favorecimiento a los medios ´amigos´ con publicidad del Estado, hubo bloqueos a la libre distribución de periódicos protagonizados por sectores afines al gobierno, incumpliendo órdenes judiciales con argumentos pueriles del Poder Ejecutivo, seguimientos callejeros a periodistas, interceptaciones ilegales de conversaciones telefónicas por parte de servicios estatales de inteligencia y convocatorias del liderazgo sindical oficialista a boicotear a la prensa».
Argentina parecía el III Reich. La libertad de prensa estaba gravemente amenazada en Argentina. Y esto ameritaba una urgente inspección del presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, ex director de «Prensa Libre» de Guatemala, y actual presidente de la Corporación de Noticias, S.A., de los matutinos Al Día y Siglo Veintiuno. Lo acompañarían a la misión punitiva casi toda la plana mayor de su Comisión de Libertad de Prensa: su titular, Robert Rivard, del San Antonio Express-News, de Texas, y Claudio Paolillo, del semanario Búsqueda, de Montevideo.
En los días previos, «La Nación» y toda la escudería mediática de Clarín, sus radio y cables, amplificaron la llegada de la SIP. Héctor Magnetto envió a Marcela Noble Herrera (hasta ahora se llama así) y Saturnino Mitjans a Santiago de Chile, para compartir con Marroquín un acto y cena con Sebastián Piñera, quien firmaba el Compromiso de Chapultepec (México, 1994). Pese a las buenas intenciones genéricas de esa declaración, México es -según la propia SIP- donde resulta más peligroso desempeñar el oficio de periodista.
Desde Santiago de Chile la delegación voló y aterrizó en Ezeiza. El 4 de mayo fue recibida por el secretario de Comunicación Pública, Juan M. Abal Medina.
Hay libertad
Las vestales de la libertad de prensa vinieron con un libreto escrito por los directivos de los dos diarios argentinos. Bartolo Mitre es secretario de la Directiva que encabeza Marroquín y completan como 1er. Vicepresidente Milton Coleman, de The Washington Post, Washington; 2do. Vicepresidente Jaime Mantilla, Diario Hoy, Quito; y Tesorera Elizabeth Ballantine, The Durango Herald, Colorado. Saguier es miembro de la Comisión Chapultepec, la agasajada por Piñera.
Con esos jugadores, el «team» es la colateral mediática de la OEA, sólo que tiene su sede en Miami en vez de Washington.
Con esos propietarios periodísticos y la línea pronorteamericana, más la resolución anti-argentina de San Diego de abril, el plan de la delegación estaba cantado. Venía a cuestionar al gobierno, la ley de medios, el intento de declarar el papel de diarios como de interés público. Y venía a defender a la dueña de Clarín en sus chanchullos empresarios y en su negativa a hacer el ADN de sus dos hijos tan irregularmente adoptados, etc.
Pero el «Huracán SIP» se convirtió en una suave brisa sobre el Plata. Es que desde el primer día chocó con límites políticos y la realidad. Le fue denegada la entrevista con la presidenta de la Nación. La cita la tuvieron con Abal Medina y su equipo, que recibieron a Marroquín y Cía. con un documento y dos anexos donde se detallaba lo mucho que el gobierno y la ciudadanía han hecho por la libertad de expresión.
La primera carta fuerte del secretario de Comunicación Pública fue la ley de medios basada en el impulso de entidades sociales, culturales y muchos periodistas democráticos. Su fin es desconcentrar la propiedad monopolista de los medios (léase que Cablevisión no tenga el 80 por ciento del cable en Capital).
La segunda, la despenalización de la figura de calumnias e injurias en causas de interés público, delitos que eran imputados a periodistas con afán de persecución política y pecuniaria.
La tercera, el proyecto enviado al Congreso para que la producción y comercialización del papel para diarios sea un insumo de interés público. Esto pone en tela de juicio al hasta ahora negocio cautivo de Papel Prensa.
Abal Medina apeló al sentido común para desairar el libreto prejuicioso de sus visitantes. Dijo que bastaba hojear los diarios o ver unos minutos la tele para darse cuenta de que aquí existe la mayor libertad de prensa, incluso para calumniar al gobierno sin pagar ninguna consecuencia.
En rigor pagan una dura consecuencia con la opinión pública, que ha elevado su conciencia política. Tiene más idea de qué intereses empresarios y políticos defienden Clarínete, Gaceta Ganadera, Todo Negativo, Noticias Falsas, Desde el llano y la cima del poder, A una sola voz de Ernestina, etc. Es que el debate de la ley de medios no pasó en vano.
Son incorregibles
El oficio de periodista requiere de una mentalidad abierta a la información, los hechos objetivos y la realidad. Sobre esa base después es inevitable que cada periodista y cada medio elaboren sus posiciones.
La SIP ha demostrado que carece de ese piso mínimo para ejercer el periodismo. Por algo son propietarios de medios gráficos afines al neoliberalismo y las posiciones más oligárquicas y pro-estadounidenses. De The Washington Post, The Miami Herald y otras publicaciones de USA, eso es obvio, pero también lo es para Clarín, La Nación y La Nueva Provincia, el Mercurio de Chile, El Comercio de Lima y Búsqueda de Montevideo (el director de éste, Danilo Arbilla, fue presidente de la SIP en el año 2000, sin importar que hubiera sido Director de Prensa de la dictadura en Uruguay, donde se cerraron 14 medios de comunicación en forma definitiva).
En la conferencia de prensa, a modo de despedida de Buenos Aires, Marroquín y sus acompañantes repitieron su libreto aprendido de memoria.
«Esta misión concluye con una profunda preocupación por la estrategia gubernamental que encontramos; en materia de libertad de prensa hay un deterioro continuo», afirmó el capo de la SIP en la sede de la clarinista Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).
El único dato para semejante apreciación es que la pauta de publicidad oficial beneficiaría a determinados medios, pero eso no rebatió al secretario de Comunicación pública, quien les informó que esa pauta significaba sólo el 4 o 5 por ciento de la publicidad en el país.
Para los capitostes de la SIP la aplicación de la ley de medios será «espantosa» porque sería «la creación de legislación que busca desarticular a los medios independientes para crear un aparato oficial de comunicación». No se ruborizaron en defender la mal adquirida Papel Prensa, torturas mediante, y denostaron «la intervención, que podría derivar en nacionalización o estatización, de la distribución del papel».
Marroquín llegó a justificar el peor de los negocios de Ernestina Herrera: el bloqueo del análisis de ADN a Marcela y Felipe. «Son asuntos de familia» dijo.
Con esas definiciones preliminares se puede apostar que su informe definitivo será lapidario para Argentina. No incidió en lo más mínimo en los viajeros la reunión con periodistas democráticos como Víctor Hugo Morales ni los papelones que hicieron en los reportajes ante preguntas de cronistas de Canal 7, Duro de Domar y 678. Tampoco atendieron las ocho razones de la declaración que les fue entregada con las firmas de numerosos periodistas. El primer punto sostenía: «que la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un avance extraordinario para nuestra democracia».
¿A cuántos argentinos habrá convencido la SIP? A poquísimos. En cambio son muchos los que vieron más claro su jugada con Clarín y La Nación, y distinguen mejor entre libertad de prensa y libertad de empresa.
Fuente original: http://www.laarena.com.ar/opinion-la_sip_no_pudo_cosechar_en_buenos_aires_y_se_volvio_a_miami-61046-111.html