El hallazgo del cuerpo de Luciano Arruga, enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita, volvió a dejar en evidencia, a pesar de que muchos sectores prefieran mirar hacia otro lado, el accionar de la Policía Federal y las distintas fuerzas de «seguridad» provinciales contra los jóvenes, y las múltiples complicidades judiciales y políticas […]
El hallazgo del cuerpo de Luciano Arruga, enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita, volvió a dejar en evidencia, a pesar de que muchos sectores prefieran mirar hacia otro lado, el accionar de la Policía Federal y las distintas fuerzas de «seguridad» provinciales contra los jóvenes, y las múltiples complicidades judiciales y políticas que los acompañan. Un repaso por casos recientes (y no tanto) que así lo confirman.
Una de las primeras cuestiones que desde Familiares y Amigos de Luciano Arruga y las organizaciones sociales se encargaron de aclarar a partir de la aparición del cuerpo de Luciano, tras 5 años y 8 meses de búsqueda, es que lo que le sucedió a este adolescente del Barrio 12 de Octubre de Lomas del Mirador no fue una excepción. Por el contrario, se trata del accionar sistemático tanto de la Policía Federal como de las distintas fuerzas de «seguridad» provinciales. Así lo confirman los más de 200 desaparecidos en democracia, los más de 2300 casos de gatillo fácil que se registraron entre 2003 y 2013, además de los hechos que cotidianamente ocurren en todo el país.
«Si ellos lo hallaron, nosotros también podemos», declaró Rosa, mamá de Miguel Bru, tras conocer la noticia del hallazgo del cuerpo de Luciano.
En 1993, Miguel Bru había denunciado a efectivos de la comisaría 9na de La Plata por un allanamiento ilegal que habían realizado en su casa. Desde ese día, comenzó a recibir amenazas hasta que el 17 de agosto de ese año fue secuestrado. Estuvo en esa comisaría, donde fue visto por última vez con vida mientras era torturado. Desde entonces se encuentra desaparecido. En 1999 fueron llevados a juicio oral y público dos ex policías, un ex comisario y un oficial. Dos fueron condenados por encubrimiento y otros dos recibieron perpetua por la desaparición y muerte de Bru. Uno de estos últimos es Justo López. Es el único que permanece detenido, pero podría obtener la libertad condicional en los próximos días. A pesar del pedido de la familia, los jueces de la sala III de Casación bonaerense revocaron una resolución que rechazaba ese beneficio, y dispusieron por dos votos contra uno que los magistrados de la Sala I vuelvan a analizar el pedido del detenido de acceder a la condicional.
Incendios
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, que acompaña a los Familiares y Amigos de Luciano desde el primer día, denunció que en la mañana del martes 21 de octubre se produjo un incendio en su sede. Se trata de un sector donde hay una pequeña cancha de fútbol, que está rodeado por neumáticos que fueron encendidos. Aunque el fuego alcanzó un cerco de madera, los militantes que se encontraban en el lugar pudieron controlarlo. En la madrugada del miércoles 22 se produjo otro incendio en un basural que se encuentra al lado del terreno. Según la APDH, esto no es habitual por su magnitud, ni por el horario. «Estos acontecimientos se dan en días que se profundizan investigaciones en causas que la APDH-La Matanza acompaña y que generan noticias de relevancia. Creemos que estos hechos no son aislados. Por lo tanto, repudiamos estas acciones y exigimos el esclarecimiento por parte de las autoridades pertinentes. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Nº11 del Departamento Judicial del distrito. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza continuará apoyando a las víctimas de violencia institucional porque nadie cambiará nuestra premisa de lograr Verdad y Justicia en cada una de las causas», expresó la organización a través de un comunicado.
Sur
Desde que Sergio Ávalos desapareció el 14 de junio de 2003 y sus familiares fueron recibidos en el Congreso de la Nación el pasado martes 21 de octubre pasaron 11 años.
El joven de 18 años fue visto por última vez en el boliche Las Palmas, en Neuquén. Recién hace pocos meses se logró que la carátula de la causa dejara de ser «averiguación de paradero» y pasara a ser «desaparición forzada», luego de lo cual el juez federal Gustavo Villanueva se declaró incompetente. De proclamarse como delito de lesa humanidad, la causa no prescribirá.
Los familiares de Ávalos no tienen dudas acerca de la participación de la policía en el hecho, ya que en aquel momento la seguridad del boliche estaba a cargo de personal retirado del Ejército y efectivos provinciales que realizaban adicionales.
Este martes la familia de Sergio, junto a organizaciones como Activar, la Gremial de Abogados, y el Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Nacional del Comahue, se reunió con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación.
En diálogo con El Zumbido, el abogado de la familia, Luis Virgilio Sánchez, definió el encuentro como «un hecho político importante» y adelantó que antes de fin de año la Comisión de DDHH se constituirá en la localidad de Neuquén para sesionar allí sobre este caso: «aclararon que la perspectiva del juez federal Villanueva no se corresponde con el espíritu de la ley de desaparición forzada de personas», agregó el letrado.
Esta mañana, los familiares y amigos de Pablo Vera se movilizaron en las calles de Fiske Menuko-General Roca, provincia de Río Negro, para exigir justicia. Vera fue asesinado el 25 de setiembre por el policía Jorge Villegas. Las pericias determinaron que el disparo que mató al joven se produjo con el arma casi en contra de su nuca, lo que desacreditó la versión del efectivo de que se trató de un forcejeo. El juez Gustavo Quelín, ex policía, resolvió que no era necesario detener al oficial basándose en su «buena conducta» y en la supuesta imposibilidad de que se dé a la fuga.
La familia de Vera exige que el efectivo sea detenido y así permanezca hasta la realización del juicio; denuncia además irregularidades en la causa y que la policía local los intima de manera permanente: «A días del asesinato de Pablo se hizo un allanamiento en la casa de la mamá, realizado por la misma policía, sin explicación alguna. Un allanamiento absolutamente ilegal sin orden judicial, sin siquiera una mención a algún expediente. Allanamiento que tuvo como objetivo intimidar y amedrentar a la familia de Pablo que nunca dejó de denunciar a la Policía. Pero que también tuvo como objetivo desviar la investigación, dando argumentos a Villegas en búsqueda de una causal de justificación que lo exima de la prisión perpetua que le corresponde», afirmaron a través de un comunicado.
Advirtieron, además, que cada vez que la familia se moviliza o concurre al juzgado la policía está presente, siguiendo, controlando sus pasos. «Nos quieren asustar, pero al contrario, nos dan más fuerza para seguir luchando», aseguró Paola, cuñada de Pablo, en diálogo con Enredando las mañanas, el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Norte
«El día domingo 19 del corriente mes aproximadamente a horas 10 de la mañana, el Barrio La Loma fue víctima de otro abuso policial. Los hechos comenzaron cuando 4 jóvenes iban camino a las casas de sus respectivas madres y fueron provocados e insultados por 3 efectivos policiales en estado de ebriedad que iban a la Comisaria seccional 56 situada en viviendas de ATSA, a lo cual los jóvenes cansados de aguantar siempre la misma situación, les respondieron verbalmente y hubo cruce de palabras. Los efectivos rápidamente llegaron a la comisaria, sacaron armas y volvieron pero a enfrentarlos a fuerza de golpes». Así comienza el relato de los vecinos de este Barrio de trabajadores precarizados ubicado en la zona de Alto Comedero de San Salvador de Jujuy sobre lo sucedido allí el domingo pasado.
Según relataron los vecinos al Colectivo Radio Pueblo, los efectivos siguieron golpeándolos y poco más tarde se sumaron tres trafics repletas de efectivos de Infantería, además de un móvil blanco sin patente con policías de civil.
Hubo disparos con balas de goma en los rostros de los jóvenes, e incluso dentro de sus casas, donde había menores de edad. Los efectivos ingresaron a las viviendas sin contar con ninguna orden.
No es la primera vez que los vecinos del Barrio La Loma sufren estos abusos violentos por parte de la los efectivos de la comisaría 56. Los jóvenes de la zona son permanentemente hostigados en las calles, pero además los maltratos se producen durante la realización de algún trámite o a través de la desidia a la hora de reaccionar ante algún caso de emergencia.
Amparados por la connivencia de los poderes políticos y judiciales, las policías federal y locales actúan con total impunidad, desapareciendo y matando jóvenes, hostigando a las familias que a pesar del dolor y los golpes mantienen su lucha más firme que nunca.
Fuente: http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=14514&Itemid=130