Lo impensable pasó de nuevo. Juan Evaristo Puthod, de 49 años, sobreviviente de varios centros clandestinos y actual director de la Casa de la Memoria de Zárate, pasó más de 24 horas secuestrado, presumiblemente por grupos operativos afines a la última dictadura. Puthod, según su propio relato a diferentes medios informativos, fue abordado por tres […]
Lo impensable pasó de nuevo. Juan Evaristo Puthod, de 49 años, sobreviviente de varios centros clandestinos y actual director de la Casa de la Memoria de Zárate, pasó más de 24 horas secuestrado, presumiblemente por grupos operativos afines a la última dictadura. Puthod, según su propio relato a diferentes medios informativos, fue abordado por tres hombres, que lo forzaron a subir a un auto, cuando se dirigía al programa de radio en que trabaja, el día martes 29 de abril a las 18:45 horas. Sus captores, tras golpearlo, torturarlo y amenazarlo, lo liberaron el miércoles 30 de abril, cerca de la medianoche, en la misma localidad de Zárate, apenas a dos kilómetros de la Casa de la Memoria que dirige. Tras ser internado por politraumatismos y otros signos de maltrato, Puthod fue dado de alta y se espera con ansiedad su testimonio en los tribunales. Pese al intenso y algo mediático operativo desplegado por las fuerzas de seguridad en la zona -que incluyó casi trescientos hombres y seis helicópteros-, todavía no hay novedades respecto del paradero de sus secuestradores.
Según la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Sarah Derothier de Cobacho, Puthod, reconocido referente de derechos humanos, «pasó por distintos centros de clandestinos de detención» durante la última dictadura militar, y «fue un hombre muy torturado en el destacamento de la Prefectura de Zárate», hasta que «lo mandaron preso al penal de Olmos». Actualmente, además de su rol en la Casa de la Memoria, es testigo de varias causas contra represores, y es querellante en la causa 5310, sobre el hallazgo de restos humanos en dependencias del Tiro Federal de Zárate. La propia Secretaria de Derechos Humanos admitió la posibilidad de que «resabios de la dictadura» estén detrás del secuestro: «Juan estaba organizando estos días un homenaje a [los militantes montoneros ejecutados] Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereira Rossi, el 16 de mayo, en la ruta 9». Inmediatamente, sobre ese crimen, Cobacho agregó: «todos sabemos que (Luis) Patti los mató».
Recordemos que ya había ocurrido un hecho similar hace un año, cuando Luis Gerez, otro sobreviviente en condiciones de testificar contra Patti, estuvo secuestrado por unas horas en la localidad de Escobar. Patti, que afronta tres causas diferentes por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, tuvo una fugaz liberación la semana pasada, para caer detenido nuevamente, una vez que la Cámara de Diputados, a pedido del juez que investiga la causa, le quitó los fueros parlamentarios.
Este nuevo y lamentable hecho merece, como mínimo, dos consideraciones. En primer lugar, ilustra sobre el carácter «presente» del tema de los derechos humanos en la vida cotidiana de nuestro país. La continua existencia de bandas de secuestradores y asesinos, con capacidad operativa e impunidad para actuar, es una amenaza para la sociedad y para la democracia, y una demostración inmejorable de la necesidad de avanzar con firmeza en las causas judiciales, para que la política de derechos humanos de este gobierno y del que lo precedió devenga, realmente, política de Estado. Esto implica, entre otras cosas, una actitud de responsabilidad de la oposición, que debe entender, de una vez por todas, que ser neutral en estos temas, o abogar por una «reconciliación» basada en la impunidad, representa un verdadero gesto de desprecio por la vida humana, así como un acto de complicidad con los genocidas.
En segundo lugar, el secuestro de Puthod debe obligar al gobierno a reflexionar sobre la necesidad de brindar protección adecuada, tanto a testigos como a querellantes de represores, a fin de evitar la reiteración del trágico desenlace acaecido en su momento con Jorge Julio López. Es más que evidente que la democratización de los mecanismos de gobierno no ha llegado a los resortes internos del Estado, en especial, al área de inteligencia. De nada sirve desplegar cientos de uniformados en la búsqueda de grupos acostumbrados a actuar en la clandestinidad una vez que se han consumado los hechos. La tarea de prevención de estos delitos es indelegable, y la responsabilidad que le cabe al gobierno en este sentido exige, como mínimo, garantizar a las víctimas de ayer que no tendrán que poner el cuerpo de nuevo para encarcelar a todos los verdugos que andan sueltos. Esto no se acaba descolgando un cuadrito, esto recién empieza…