A diferencia de los grandes cartelones violetas que propagandizan «pavimentación» en la ruta de las altas cumbres, cuando en realidad apenas se están tapando algunos baches, con la histórica cárcel de Barrio San Martín el gobernador De la Sota actuó sin publicidad, casi a escondidas, como el chico que comete alguna ilicitud. Hizo el anuncio […]
A diferencia de los grandes cartelones violetas que propagandizan «pavimentación» en la ruta de las altas cumbres, cuando en realidad apenas se están tapando algunos baches, con la histórica cárcel de Barrio San Martín el gobernador De la Sota actuó sin publicidad, casi a escondidas, como el chico que comete alguna ilicitud. Hizo el anuncio de la destrucción de ese patrimonio histórico y cultural en medio de un extenso discurso al inaugurar el año legislativo, pasando casi desapercibido entre tantas otras palabras al viento. Con el mismo sigilo después trasladaron a las personas privadas de la libertad que cumplían condena en esa cárcel.
Por más que apeló a supuestas consultas al vecindario, no hubo – que se conozca – reclamos masivos que hicieran necesaria la medida, ni urgencias que la justificaran. Al contrario, la cárcel fue desde sus orígenes inescindible a la identidad del barrio. Muchos comerciantes han vivido de ella. Y nunca se presentó como amenaza a la seguridad de los habitantes del lugar. Todo lo contrario, el permanente deambular del personal penitenciario contribuía a desalentar el delito. El deterioro del edificio ha sido exclusiva responsabilidad de los gobiernos. Y un detalle no menor, barómetro de su valoración sobre las condiciones de vida para las personas allí recluidas. «Los derechos humanos son para los decentes» dijo en el 2005 el gobernador.
Negocios, templos de consumo y memoria
Hoy la antigua cárcel de San Martín está en peligro de desaparecer, borrando una referencia fundamental de la historia barrial y de la ciudad, construida en 1887, con planos del ingeniero Francisco Tamburini, el mismo que diseñó los edificios del Banco de Córdoba y el Teatro San Martín. Quedara el histórico edificio abandonado, descascarándose a la espera de inversores que – por lo que pareciera suceder con la ex cárcel de Encausados, – no se avienen a todas las condiciones.
De la Sota es la topadora de la memoria, porque la función de la topadora es arrasar, con la violencia de la fuerza que da el poder, todo lo que está plantado, sin importar la profundidad de sus raíces. Es lo que pasó con la ex- cárcel de Mujeres. ¿Quien se acuerda o sabe hoy – especialmente jóvenes o turistas – que el «Paseo» del Buen Pastor fue un lugar donde se torturó y se encerró a mujeres secuestradas, algunas parturientas, durante la dictadura? Pasó la topadora del negocio de la construcción inmobiliaria o de la atracción turística, que siempre es más redituable que la memoria de las violaciones a los derechos humanos. Es el reinado del «mercado neoliberal» que aplasta y arrasa con las raíces de las luchas populares, que podrían rebrotar en nuevas formas de organización popular para el reclamo de los derechos que siguen negados.
Con mayor dimensión es el caso de la UP1, porque todavía está fresca la memoria de los presos políticos torturados y fusilados en 1976. La misma memoria que siguió hasta el presente en los pabellones donde los presos sociales entronizaron en sus altares a quienes habiendo padecido en esa cárcel, se hacían presentes cada año en las conmemoraciones de los familiares en la Plaza de la Visita, a la entrada del penal; construida para que los niños jueguen mientras esperan ver a sus padres o abuelos encerrados allí. Para esos niños también es la topadora de De la Sota.
Los inquilinos del poder, y sus clases dominantes, pretenden que el pueblo no tenga historia. Y «tenga que empezar de nuevo», decía Rodolfo Walsh. La topadora de la memoria del gobernador también privará a las futuras generaciones de saber que esa cárcel instalada a fines del siglo XIX tiene una larga historia de grilletes y cadenas que hasta hace poco subsistieron en las celdas subterráneas, que serán taponadas por las topadoras.
Resguardar las pruebas
Nadie sabrá además – entre otras historias – que de allí salieron miles de denuncias escritas en retazos de papeles sobre las torturas padecidas por los presos políticos y gremiales del Plan Conintes en 1960-1961, no hace mucho encontrados en los Archivos del Congreso Nacional. Fue la lucha de pocos/as (Comisión de la UP1, algunos ex presos políticos y familiares, – lamentablemente no de todos los organismos de derechos humanos ni del actual archivo de la memoria -) la que impidió la venta de las seis hectáreas de la cárcel autorizada por ley 9497 en el 2008 durante el gobierno de Juan Schiaretti.
Gracias a esa solitaria lucha pudieron hacerse las inspecciones oculares en los juicios por los fusilamientos de ex presos políticos (causa «Videla, Menéndez y otros» en el 2010 y causa «Ayala Juan D. en el 2013); y el reconocimiento de las celdas subterráneas en el juicio de La Perla que se desarrolla en la actualidad. Nadie, salvo los que quieren cerrar el importante capítulo de los juicios de lesa humanidad, puede descartar que no se necesiten las instalaciones para nuevas inspecciones judiciales consolidando pruebas de los delitos del terrorismo de estado. Ninguna medida legislativa o judicial le pone freno hoy a la destrucción.
Luis Miguel Baronetto es Periodista, dirigente político y de derechos humanos. Ex director de Derechos Humanos de la ciudad.
Fuente original: www.prensared.org.ar