El cadáver de Diego Gallardo, de 20 años, presentaba 57 lesiones causadas por brutales golpes en la cabeza y el cuerpo. Se calcula que agonizó 15 horas en un cuartel de la policía argentina, donde fue atacado por cuatro efectivos tras su detención. El crimen parece uno más de los miles perpetrados por la dictadura […]
El cadáver de Diego Gallardo, de 20 años, presentaba 57 lesiones causadas por brutales golpes en la cabeza y el cuerpo. Se calcula que agonizó 15 horas en un cuartel de la policía argentina, donde fue atacado por cuatro efectivos tras su detención.
El crimen parece uno más de los miles perpetrados por la dictadura militar (1976-1983). Sin embargo, Gallardo fue torturado y asesinado en Avellaneda, una localidad contigua a la capital de Argentina, en 2005, en plena democracia, y es sólo uno de los 183 casos de muerte violenta por los que se responsabiliza a las diversas fuerzas de seguridad del país.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) lleva un registro de los casos llamados de «gatillo fácil», de decesos por torturas y maltrato en cárceles y comisarías, además de «crímenes pasionales» en los que el autor pertenece a la Policía Federal, Gendarmería (guardia fronteriza), Prefectura Naval y a las policías provinciales o al servicio penitenciario.
Desde la recuperación de la democracia, la Coordinadora contabilizó casi 1.900 casos de violaciones de los derechos humanos. Su directora, la abogada María del Carmen Verdú, explicó a IPS que no se trata sólo de un asunto de inercia que mantiene prácticas brutales con los detenidos.
«Lo que hay es una voluntad de mantener una estructura que permita reprimir la protesta social mediante detenciones arbitrarias, golpes y muerte», denunció la letrada. Ni siquiera el impulso que dio el gobierno centroizquierdista de Néstor Kirchner al esclarecimiento de lo ocurrido en la dictadura y a los procesos judiciales contra los represores genera expectativa en la Correpi.
El no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también advierte límites en la lucha contra la violencia institucional. Aún cuando reconoce que en 2005 se logró que la Corte Suprema de Justicia declare la nulidad de dos leyes que frenaron desde fines de los años 80 los procesos contra uniformados represores, señala que aún hay retos pendientes.
«Torturas, muertes violentas, intolerable hacinamiento y colapso en el sistema carcelario» son desafíos sin resolver, sostiene el CELS en su informe anual 2005 titulado «Violencia institucional y exclusión. Límites para el proceso democrático».
Lo mismo sucede con las «detenciones arbitrarias, las golpizas y ejecuciones policiales de jóvenes de barrios populares» o asentamientos irregulares, denuncia la organización humanitaria especializada en particular en la defensa judicial de activistas y personas sin recursos económicos.
El CELS, creado para atender denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de la dictadura, revela que en 2005 continuaron los «abusos en prisión como mecanismo de control de sectores excluidos» y las «causas fraguadas» por policías y fiscales para mostrar una supuesta eficacia en su accionar contra el delito.
También persisten los «atropellos» contra pueblos indígenas que se resisten a ser expulsados de sus tierras, y la «manipulación» política de planes asistenciales para pobres y trabajadores desempleados.
Andrea Pochak, directora adjunta del CELS, declaró a IPS que las violaciones de los derechos humanos vinculadas al pasado no se visualizan de la misma manera que las que se cometen en el presente, y recordó la muerte violenta y evitable de 30 presos en octubre pasado en un penal de la oriental provincia de Buenos Aires.
«Un discurso coherente en derechos humanos debería reflejarse en una política que, sin desconocer los crímenes cometidos en el pasado (por la dictadura), tampoco niegue el legado del pasado en el presente. Esa herencia se manifiesta claramente en la actual violencia institucional en cárceles y comisarías», denunció.
A poco de asumir en mayo de 2003, Kirchner apoyó un proyecto legislativo que anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que en la segunda mitad de los años 80 interrumpieron los procesos judiciales contra uniformados represores. Luego, la Corte Suprema de Justicia ratificó la declaración de inconstitucionalidad de esas mismas normas.
Esos pasos, celebrados como una victoria por las organizaciones no gubernamentales, permitieron reabrir numerosos causas por crímenes contra la humanidad que habían quedado impunes, muchas de las cuales llegarán este año a juicio oral (etapa procesal definitoria).
También fue Kirchner quien se animó a quitar de la jurisdicción militar a la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los emblemáticos centros de detención clandestina y de donde muchos prisioneros fueron sacados para los llamados «vuelos de la muerte» y arrojados vivos al mar.
También fue este mandatario quien ordenó a la jefatura del ejército retirar de la galería de próceres del Colegio Militar el cuadro del ex dictador Jorge Videla un general expulsado del arma, condenado a cadena perpetua en el juicio de mediados de los años 80 a los jefes del régimen militar y luego indultado por el presidente Carlos Menem (1989-1999).
En esa serie de gestos drásticos se incluye la renovación de las cúpulas de las Fuerzas Armadas, para pasar a retiro a todos los oficiales de alto rango que estuvieron involucrado con la dictadura, y la designación semanas atrás como ministra de Defensa de una mujer que fue perseguida por izquierdista en esos años, Nilda Garré.
Pero todos estos avances democráticos desde el gobierno nacional se ven empañados al ampliar la mirada sobre la cuestión de los derechos humanos, en particular en ámbitos provinciales.
El CELS señaló que en los últimos tres años se triplicó el número de muertes violentas en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. En todo el distrito, el más populoso del país, 80 por ciento de los detenidos carece de condena.
Los episodios de torturas y muertes violentas también persisten en otras provincias. Según un estudio presentado en noviembre por Amnistía Internacional (AI), los centros de detención de la occidental provincia de Mendoza muestran tratos «crueles, inhumanos y degradantes».
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambos organismos del sistema de la Organización de Estados Americanos.
Para la AI, la organización con sede en Londres, los cambios que se deben impulsar para mejorar las condiciones de habitabilidad de las cárceles no requieren de presupuesto sino de «voluntad política».
Pero esa voluntad se retacea. El secretario nacional de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, admite que el desafío está pendiente.
«Es una cuenta pendiente, una situación límite», declaró el funcionario en una entrevista publicada este mes por el diario bonaerense Página 12. Para Duhalde, el hacinamiento representa una «caldera explosiva», pero argumentó que el problema está en las demoras para la construcción de nuevos centros de detención.
«Kirchner debería explicar porqué en los 30 meses que lleva de gestión se produjeron 420 muertes violentas en manos de fuerzas de seguridad», desafió Verdú, durante la presentación del informe anual de la Correpi a fines de 2005 en la plaza de Mayo, el paseo ubicado frente a la sede del gobierno en pleno centro de Buenos Aires.
Según ese informe, 44,6 por ciento de las muertes ocurrieron en cárceles o comisarías o inmediatamente después, como consecuencia de torturas o golpizas. Ejemplo de ello es el fallecimiento de Fernando Blanco, de 17 años, registrado a mediados del año pasado tras haber sido detenido por efectivos de la Policía Federal, con jurisdicción especial en todo el país.
Los imputados aseguraron que Blanco se tiró del camión en el que transportaban a los detenidos tras un juego de fútbol en Buenos Aires. Pero la autopsia reveló que las heridas que provocaron la muerte del joven fueron consecuencia de los golpes que recibió antes de la caída.
El resto de los casos reportados son de «gatillo fácil», como el de Camila Arjona, una adolescente embarazada que murió cuando oficiales de la Policía Federal dispararon desaprensivamente en un barrio pobre de la zona sur de la capital argentina, en medio de una presunta persecución.
El estudio de Correpi asegura que 64 por ciento de las víctimas tiene entre 15 y 25 años, y que incluso hay menores de esa edad.
«Este gobierno dice ser líder en derechos humanos, pero es fácil condenar las violaciones de los tiempos de la dictadura y no decir nada de las que se cometen en democracia», comenta la organización, para indicar a continuación que «no hay señales políticas de que se quiera terminar con estas prácticas perversas del Estado».