«Hay muchas formas de matar. Se puede clavar al otro un cuchillo en el vientre, quitarle el pan, no curarlo de una enfermedad, confinarlo en una casa inhabitable, masacrarlo de trabajo, empujarlo al suicidio, obligarle a ir a la guerra, etc. Sólo pocas de estas formas de matar están prohibidas en nuestro Estado». Bertol Brecht […]
«Hay muchas formas de matar. Se puede clavar al otro un cuchillo en el vientre,
quitarle el pan, no curarlo de una enfermedad, confinarlo en una casa inhabitable,
masacrarlo de trabajo, empujarlo al suicidio, obligarle a ir a la guerra, etc.
Sólo pocas de estas formas de matar
están prohibidas en nuestro Estado».
Bertol Brecht
Así como el Poder siempre ha exigido que no haya historia, también pretende que es el pueblo el que rompe la «paz social» que habría caracterizado la historia nacional por ellos contada. Nada más lejos de la verdad.
Recordemos aquello de Rodolfo Walsh «Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas.»
Conviene insistir en que el territorio que habitamos, los pueblos que hemos vivido aquí desde hace unos quince mil años (en la Quebrada de Humahuaca hay culturas de ese tiempo, al sur del río Colorado de unos doce mil) hemos sido objeto de diversos y sucesivos procesos sociales de genocidio[1]: la llamada Conquista de América por parte del Imperio Español, la consiguiente dominación colonial de carácter terrorista militar, los ataques militares contra los pueblos originarios sobrevivientes en los dos procesos de finales del siglo XIX: la llamada Conquista del Desierto, al sur del río Colorado y la llamada Guerra de la Triple Alianza, contra la nación guaraní en Paraguay, procesos de enorme crueldad basados en la desestimación de la humanidad de los pueblos originarios, los esclavos africanos y los criollos pobres que no se subordinaban a la oligarquía porteña y sus aliados del interior.
Así llegamos al siglo XX. Entonces llevábamos unos trescientos cincuenta años de guerras, torturas y toda clase de formas de violencia contra nosotros, es decir, contra los indio, los paraguayos y los criollos pobres.
Y a los dos años de comenzar el siglo se inauguró la legislación represiva y anticomunista, la Ley 4144 sancionada en 1902 y vigente hasta 1958, sin interrupciones. La 4144 permitía la expulsión administrativa (sin proceso judicial) de los inmigrantes que los Servicios de Espionaje y las Policías consideraban anarquistas, «comunistas libertarios» que era el modo de designar a los subversivos de aquellos tiempos.
Desde entonces hemos sufrido cárceles, torturas, desapariciones y fusilamientos. Desde 1930 en adelante, los militares asaltaron con violencia la Casa Rosada y lo repitieron en 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Y cada vez, como en un espiral de violencias, más torturas, más presos, más muertes hasta llegar al paroxismo de la Triple A, los Centros Clandestinos y los treintamil. De qué historia de democracia, derechos humanos y paz social nos hablan los herederos de Roca y Uriburu, de Massot, Blaquier, Peña, Bullrich y demás genocidas de ayer y de hoy?
En la llamada democracia post dictadura, «democraduras» en el lenguaje de Galeano o gobiernos autoritarios con máscaras democráticas como entiendo al de Cambiemos, hubo intentos de nuevos golpes de Estado y rebeliones armadas como la de los Carapintadas o la de Rico en la Semana Santa de 1987 para luego estabilizarse una combinación de formas legales y democráticas (constitucionales) con la presencia permanente de las policías y su gatillo fácil, sus métodos de torturas aprendidos con la Inquisición y «mejorados» con cada dictadura y los jueces cómplices de todo eso.
¿Les parece algo nuevo o que un izquierdista defensor de los derechos humanos denuncia?. En el 2013, a cien años de la Asamblea del año XIII que decretó la disolución de la Inquisición y aún más, la destrucción publica de los elementos de tortura, la titular del Ministerio Público de la Defensa Stella Maris Martínez afirmó dos verdades contundentes: «la tortura hoy es un crimen y sin embargo se sigue aplicando. Es una realidad cotidiana en lugares de encierro, como método de disciplinamiento, como un régimen de terror y de castigos preventivos. Todo lugar donde haya personas privadas de libertad debe ser sometida a un control permanente del afuera, y esto no ocurre» y aún más: «los jueces no investigan lo poco que se denuncia en términos de tortura, porque siguen sosteniendo esa postura que entiende que los policías y los guardias dicen la verdad y los presos mienten. Los jueces, al mirar para otro lado se convierten en cómplices, y esta tolerancia judicial perversa obedece a lo que ocurre en la sociedad que no repudia fuerte y sostenidamente la tortura».
Con la llegada de Cambiemos al gobierno (se podría decir que el Poder lo tuvieron siempre) la violencia ha pegado un salto impresionante: creció la violencia cotidiana contra la sociedad por la agresión económica y los despojos de todo tipo que sufrimos sobre nuestros derechos y conquistas, creció la violencia psicológica por parte de un ejercito de lenguaraces encargados de insultarnos minuto a minuto desde el más sofisticado y poderoso aparato de propaganda jamás imaginado por nadie y creció la violencia física de las fuerzas que el estado arma y permite torturar, disparar, y asesinar como a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel, o encerrar como a Facundo Jones Huala, a Milagro Sala y a tantos otros como Luis D Elia, Federico Esteche o Carlos Zannini. Como en un ciclo acelerado, la larga marcha asesina que los gobiernos militares recorrieron de 1930 a 1976, Cambiemos la está recorriendo en el breve tiempo que va desde las elecciones de fines del 2015 hasta la represión militarizada de este Diciembre de violencia institucional superlativa.
Nunca hubo en la Argentina, y mucho menos hay ahora, una confrontación en el plano militar en la que se puedan reconocer dos oponentes de aproximada (al menos) dimensiones y fuerzas. Siempre desde el Ejecito Colonial Español arrasando aldeas mapuches hasta la Gendarmería arrasando Cushamen ha sido igual: un proceso represivo de exterminio al cual, algunas veces, se le ha opuesto algún tipo de resistencia más o menos eficaz, pobremente armada.
Sin embargo, el pueblo, los pobres, los indios, los obreros, las mujeres indias, obreras y estudiantes, las y los estudiantes, se han rebelado una y otra vez, de una y otra manera hasta derrotar todos los intentos coloniales y neocoloniales.
No necesitaron ley o reglamento alguno, se sabe que no hay ley alguna que pueda convalidar la violación a los derechos humanos, y mucho menos la violencia del Estado contra las personas.
Desde el mismo Derecho, desde las concepciones no positivistas (iusnaturalismo) se afirma que no puede separarse en el derecho lo formal del contenido moral (de justicia) de sus disposiciones. Una de las tesis del iusnaturalismo es que la ley injusta no es ley: lex injusta non est lex.
Su formulación proviene de San Agustín (siglo IV y V) «si verdaderamente en algún punto [la ley positiva] resulta discordante con la ley natural, ya no será ley sino una corrupción [corruptio] de la ley» (Suma Teológica I-II, q. 95, a. 2 c); «toda ley se ordena al bien común de los hombres y en esa medida tiene fuerza y carácter de ley, y en la medida en que se aparta de ese fin carece de fuerza obligatoria» (Suma Teológica I-II, q. 96, a. 6 c); las leyes injustas «son más violencia que leyes […] y por eso no obligan en el foro de la conciencia» (Suma Teológica I-II, q. 96, a. 4, c); «la ley tiránica que no es conforme a la razón, no es pura y simplemente [simpliciter] ley, sino más bien una cierta perversión [perversitas] de la ley» (Suma Teológica I-II, q. 92, a1, ad. 4).
Es en ese derecho natural que se basa San Martín en su guerra contra el Colonialismo Español desde su Ejercito Libertador. Había también en esa época, voces que estimulaban la negociación claudicante pero San Martín, Belgrano, Moreno, Monteagudo, Gaspar Francia, Bolívar, Artigas, O Higgins desestimaron el camino de la conciliación y fueron de frente contra la violencia colonial. Y así lo ha hecho nuestro pueblo una y otra vez, honrando un derecho que más bien es un deber.
En 1948, al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la derrota de la alianza de la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini y el Japón imperial (más el apoyo de la España de Franco), al proclamarse la Declaración de los derechos humanos, en el preámbulo se estampa: «Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión»
Para nosotros, nacidos once años antes de dicha declaración, los derechos humanos son las necesidades de los pueblos por las que debemos luchar, precisamente para conseguir su reconocimiento por parte de los poderosos. La jornada de ocho horas, el derecho al descanso, el derecho de huelga, el derecho al voto para todas y todos, los derechos para las personas GLTTB, la abolición de la tortura, el derecho a la defensa en juicio, la abolición de la monarquía y el reconocimiento formal de la igualdad ante la ley (ya que nunca fue el reconocimiento real de la igualdad, o sea la abolición de las barreras de poder y propiedad que impiden el acceso universal y real de todas a los derechos proclamado), no fueron regalo de las autoridades, sino producto de la lucha. Mucha sangre y sufrimiento fueron necesarios para que el pueblo conquistara esos derechos.
Ese derecho fue asumido por nuestro pueblo a lo largo de toda la historia y vanos son los intentos de descalificar las luchas actuales como terroristas, narco terroristas o canalladas similares. San Martín no era terrorista, tampoco Moreno, Monteagudo, Gaspar Francia, Artigas o Bolívar. Mucho menos los obreros de la Patagonia Rebelde o las huelgas de la Forestal, los estudiantes de la Reforma Universitaria o los campesinos del Grito de Alcorta. No eran terroristas los que gestaron la Revolución del Parque o fundaron el Partido Socialista. Ni los que resistieron a las dictaduras de 1930 y todas las sucesivas. Tampoco Santiago Pampillón, Agustín Tosco, Roberto Santucho o el Negro Quieto. Eran patriotas que lucharon, cada uno al modo que entendía adecuado a su tiempo y circunstancias. Porque nadie lucha de otro modo que con las ideas y métodos de su tiempo. Algunos triunfan y otros no, pero todos cumplen con el deber humano de ser dignos, no como los torturadores o asesinos.
Terroristas son los que crearon los centros clandestinos y desaparecieron miles de compañeros, y terrorista es el gobierno de Cambiemos el que al violentar el orden jurídico interno y desconocer el internacional, se coloca en el terreno de lo ilegal y lo ilegitimo, contra el cual rebelarse es más que un derecho, es un deber.
Cambiemos viene demoliendo el único resto de la democracia en la Argentina, que era su formalidad jurídica y la igualdad formal, en dos años ha instalado de facto varias categorías de argentinos: población sobrante, población execrable, población indigna y población criminal actuando en consecuencia de modo tal que la democracia Argentina solo existe como proyecto liberador, como práctica popular de construcción de poder, como sueño irredento que viene de San Martín y que se hace carne en Fidel y la única revolución triunfante que pervive en Occidente.
Cuándo nos preguntan por la democracia podemos contestar con Fidel: «Nosotros vemos el cuadro de esta América Latina: cuando más se habla de democracia, más barrios marginales surgen, más decenas de millones de personas viven en esos barrios marginales, más decenas de personas son analfabetas, más decenas de decenas de millones de personas están sin empleo, más decenas y decenas de millones de personas están sin asistencia médica. Y con las medidas del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones similares, esta situación, en vez de mejorar en algún sentido, empeora cada vez más, y tenemos países en América Latina donde el 10 por ciento de la población recibe más del 50 por ciento de la renta nacional. ¿Cómo se puede hablar de democracia en esas condiciones?[2]».
«La democracia para mí significa que los gobiernos, primero estén íntimamente vinculados con el pueblo, emergen del pueblo, tengan el apoyo del pueblo, y se consagren enteramente a trabajar y a luchar por el pueblo y por los intereses del pueblo. Para mí democracia implica la defensa de los derechos de los ciudadanos, entre ellos, el derecho a la independencia, el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad nacional, el derecho al honor; para mí democracia significa la fraternidad entre los hombres, la igualdad verdadera entre los hombres, la igualdad de oportunidades para todos los hombres, para cada ser humano que nazca, para cada inteligencia que exista».
Para todos los hombres y mujeres, todos los derechos.
Para todos, todo.
Notas:
[1] Entendemos como tales al exterminio de un grupo nacional para reorganizar radicalmente la sociedad pre existente mediante la imposición de una nueva identidad cultural en reemplazo de la originaria.
[2] Según Infobae: El INDEC reveló que la brecha entre el ingreso familiar promedio del 10% más pobre de los hogares y el 10% más rico llegó a 21,8 veces en el primer trimestre de 2017. Además, el 10% más rico de las familias concentra un nivel de ingresos superior al alcanzado por el 60% de la población de menores ingresos. 1
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.