Al cierre de esta edición de Miradas al Sur, un equipo jurídico del Ministerio de Defensa encabezado por la directora general de Asuntos Jurídicos de la cartera, Graciana Peñafort, trabajaba contra reloj para responder a requerimientos judiciales, en el marco de diversas causas, relacionados con las actas secretas de la Junta Militar de la última […]
Al cierre de esta edición de Miradas al Sur, un equipo jurídico del Ministerio de Defensa encabezado por la directora general de Asuntos Jurídicos de la cartera, Graciana Peñafort, trabajaba contra reloj para responder a requerimientos judiciales, en el marco de diversas causas, relacionados con las actas secretas de la Junta Militar de la última dictadura halladas la semana pasada en el subsuelo del Edificio Cóndor. Fuentes de ese ministerio confirmaron a este dominical que entre esos requerimientos hay uno del titular del Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal número 10, Julián Ercolini, a cargo de la causa que investiga la apropiación de Papel Prensa, para que le sean entregados los originales de los documentos donde se menciona a esa empresa y al Grupo Graiver.
Las actas de la junta donde se alude a Papel Prensa son 15, y no 13 como se informó en un primer momento, ya que luego del anuncio del ministro Agustín Rossi los funcionarios encargados de revisarlas encontraron otros dos documentos. De ser entregados en el juzgado a principios de la semana que comienza, el recorrido de esos documentos desde las catacumbas de la Jefatura de la Fuerza Aérea a la cartera de Defensa y, desde ahí, a la sede judicial se habría hecho con extraordinaria rapidez, sobre todo si se lo contrasta con la llamativa lentitud con que avanza la causa que investiga el traspaso irregular de las acciones de la empresa que Lidia Papaleo de Graiver y otros integrantes del Grupo Graiver se vieron obligados a hacer bajo amenazas de secuestro y muerte entre principios de noviembre de 1976 y mediados de marzo de 1977.
Según la Fuerza Aérea, las carpetas con 280 actas de las juntas militares -entre las cuales se encontraban las 15 relacionadas con Papel Prensa- fueron halladas el jueves 31 de octubre. A principios de esta semana, el ministro Agustín Rossi hizo el anuncio. Al mismo tiempo, funcionarios de esa cartera analizaban el material con el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, para evaluar su importancia jurídica. Miradas al Sur pudo saber de fuentes judiciales que apenas dos días después, el miércoles, el juez Ercolini envió a la cartera de Defensa un requerimiento solicitando esos originales para incorporarlos a la causa caratulada «Magnetto, Héctor y otros / delito de acción pública».
En la causa están imputados la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble; el CEO del Grupo, Héctor Magnetto; el ex director de La Nación, Bartolomé Mitre; el ex secretario de Industria de la dictadura, Raymundo Pío Podestá; los ex propietarios de La Razón, José, Marcos y Hugo Peralta Ramos; y el ex secretario de redacción de Clarín, Reinaldo Gregorio Bandini. La muerte les permitió escapar de la acción de la Justicia al dictador Jorge Rafael Videla, al primer ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, y al ex director de La Razón, Patricio Peralta Ramos.
Pruebas irrefutables
Catorce de las quince actas de la Junta Militar en las que se menciona al Grupo Graiver y a Papel Prensa eran desconocidas hasta el hallazgo ocurrido en el Edificio Cóndor. Sólo se sabía de su existencia por referencias realizadas a mediados de la década de los 80 por el genocida Eduardo Emilio Massera al entonces fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas cuando éste investigaba los despojos de empresas perpetrados por la dictadura. En esa oportunidad Massera no aportó documentación alguna.
Hasta ahora, el juez Ercolini sólo disponía de una copia del acta N°14, donde está asentada la autorización de la Junta Militar para la transferencia de la mayoría del paquete accionario de Papel Prensa (51%) a Clarín, La Nación y La Razón. El acta tiene dos anexos de singular importancia, porque muestran el poder de negociación de los tres diarios frente a sus cómplices militares de la apropiación. El primero establece la transferencia del 51% de las acciones a los tres diarios, pero además los obliga a transferir el 49% de ese 51% a diarios del interior del país. En el segundo anexo, esta última medida queda sin efecto por pedido expreso de los propietarios de Clarín, La Razón y La Nación. Ahora el magistrado tendrá en sus manos el original.
Las quince actas están fechadas entre el 15 de septiembre de 1976 y el 1° de diciembre de 1977 y su lectura pone en evidencia que, para la junta, el secuestro ilegal y posterior «blanqueo» de los integrantes del Grupo Graiver está indisolublemente ligado a la apropiación de Papel Prensa. «En los documentos queda asentado con claridad que los miembros de la junta tratan los dos temas juntos, que hay una unidad temática, que no son dos cosas separadas. Esto es de una importancia probatoria imposible de soslayar», dijo a Miradas al Sur una alta fuente del Ministerio de Defensa. La importancia que los dictadores otorgaban al asunto se desprende también de la ubicación de la cuestión «Papel Prensa» dentro del temario: en casi todos los documentos ocupa el primer o el segundo lugar.
El acta N° 20, del 14 de abril de 1977, es una de las más claras en ese sentido: en ella se precisa que «no se debe demorar el proyecto» de la papelera (en ese momento se estaba terminando de construir la planta de San Pedro) y que hay que resolver la situación de los integrantes del Grupo Graiver para evitar que cobren «las sumas por las acciones vendidas». En ese momento, Lidia Papaleo de Graiver y otros integrantes del Grupo se encontraban desaparecidos en el Pozo de Banfield luego de haber sido secuestrados por los grupos de tareas al mando del entonces jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Ramón Camps, en lo que los represores llamaron «Operación Amigo».
En el acta anterior – la N°19, fechada el 6 de abril de 1977, cuando los Graiver ya habían secuestrados pero aún no habían sido puestos a disposición del Poder Ejecutivo – los miembros de la Junta Militar se refieren a ellos como «arrestados». La decisión de blanquearlos sería tomada poco después, posiblemente durante la reunión asentada en el acta N°20, para así someterlos a un consejo de guerra que permitiera expropiarles el resto de las empresas. Matarlos no era negocio para los dictadores. Tampoco para los dueños de Clarín, La Nación y La Razón, que pretendían hacer pasar la operación de apropiación de las acciones de Papel Prensa – realizada bajo amenaza de muerte entre el 2 de noviembre de 1976 y principios de marzo de 1977 – por un acuerdo comercial realizado libremente por las partes.
El acta N° 23, del 3 de mayo de 1977, no deja dudas de que Papel Prensa y el «Caso Graiver» son indisolubles. Allí se dice textualmente (en el punto 2.1 del documento): «Se resuelve que el tema (Papel Prensa) sea incluido en las actuaciones que se instruyan en el Caso Graiver, sin que se detenga o afecte la marcha del proyecto, pero ejecutando una ‘intervención preventiva’, en caso necesario». Por si fuera poco, en el punto 2.2 del mismo asunto se decide que un oficial superior de cada fuerza integre, en carácter de auxiliares del oficial preventor, el consejo de guerra encargado de investigar a los Graiver.
Cronología de una apropiación
Como se dijo más arriba, las actas de la Junta donde se hace referencia a los Graiver y a Papel Prensa, están fechadas entre septiembre de 1976 y diciembre de 1977. Desde antes de septiembre hasta principios noviembre de 1976, Lidia Papaleo de Graiver y otros integrantes del Grupo recibieron fuertes presiones y amenazas para que transfirieran sus acciones de Papel Prensa a Fapel, el sello de goma ideado por Clarín, La Nación y La Razón para «comprar» la empresa.
La noche del 2 de noviembre de 1976, en las oficinas que La Nación tenía en la calle Florida, Lidia Papaleo, los padres y el hermano de David Graiver y el testaferro del Grupo en Papel Prensa, Rafael Ianover, firmaron la «venta» de las acciones a los tres diarios. Allí, esa noche, los integrantes de la familia Graiver fueron separados y apretados en diferentes oficinas. Todos ellos venían recibiendo presiones y amenazas de muerte para que vendieran sus acciones de Papel Prensa a Fapel S.A. (la empresa fantasma creada por Clarín, La Nación y La Razón a esos efectos). Isidoro Graiver (que había concurrido a acompañar a sus padres, ya que sólo poseía muy pocas acciones residuales de la empresa) quedó solo en una oficina; Juan Graiver y su mujer (a quienes les correspondería un 25% de las acciones de David luego de realizada la sucesión) fueron llevados a otra; y en la tercera, Lidia Papaleo de Graiver (con derecho al 50% de las acciones en la sucesión y responsable de las correspondientes a su hija María Sol, otro 25%), fue apretada para que firmara un boleto de venta por 996.000 dólares, de los cuales sólo recibió 7.200 al firmar. Para ese momento el Grupo Graiver llevaba invertidos más de 15 millones de dólares en Papel Prensa.
Lidia Papaleo fue entrevistada por Héctor Magnetto y asegura que la amenazó de muerte para que estampara su firma. Al salir del edificio, la viuda de Graiver tuvo un breve intercambio de palabras con el abogado de Ernestina Herrera de Noble, Bernardo Sofovich, quien le dijo que, si quería salvar su vida, se fuera inmediatamente del país. Por su parte, Rafael Ianover fue entrevistado por el director del diario La Razón, Patricio Peralta Ramos. «Firmé porque me dio su palabra de honor de que si lo hacía a mi familia y a mí no nos pasaría nada. Mintió, porque en abril me secuestraron», testimonió Ianover ante la Justicia.
Debido a que María Sol – la hija de David Graiver y Lidia Papaleo – era menor de edad, fue necesaria la intervención de un juez de menores para que fuera posible concretar parte de la transferencia de las acciones. El trámite se prolongó hasta principios de marzo de 1977, cuando finalmente llegó esa autorización judicial. El 14 de marzo, Lidia Papaelo y otros integrantes fueron secuestrados y desaparecidos por los grupos de tareas de Camps. Poco después le llegó el turno a Rafael Ianover. Los dictadores y los propietarios de los tres diarios ya no los necesitaban en libertad para darle apariencia de legalidad a la apropiación.
Las actas de la junta halladas en el subsuelo del Edificio Cóndor dan cuenta del interés con que Videla, Agosti y Massera seguían el desarrollo de los acontecimientos durante ese período.
Secuestrados y «juzgados»
A partir de marzo de 1977, concretados los secuestros de los integrantes del Grupo Graiver, la Junta Militar siguió tratando el tema de «los arrestados» en el marco de su interés por la apropiación de Papel Prensa. De eso dan cuenta las actas, que así confirman documentalmente lo que las víctimas relataron sobre los interrogatorios sufridos bajo tortura durante su detención ilegal, en los cuales el tema Papel Prensa ocupó un lugar central. La declaración de Lidia Papaleo en la causa no deja dudas. En foja 247 dice: «Que también desea aclarar que en Puesto Vasco en ocasión de ser torturada se hallaba presente el comisario Etchecolatz. Que tanto en el Pozo de Banfield como en la Comisaría de Banfield concurrían Beto Cozzani, la Tota y Darío Rojas, quienes le preguntaban por Papel Prensa, y que junto con (Alfredo) Abuin manejaban (cambio a foja 248) la vinculación entre Papel Prensa y Egasa».
Otro tanto hace Rafael Ianover: «Que recuerda que ello (su secuestro) no le llamó la atención pues ya se encontraban detenidos los miembros de la familia Graiver» (fojas 221). «Que si bien no puede ver por estar vendado, lo hacen sentar en una silla, haciéndole escuchar marchas peronistas. Luego de un rato le quitan la venda y lo llevan a una habitación en la cual lo espera un señor vestido de civil que lo interrogó sobre su accionar en Papel Prensa S.A., quién era el presidente, cómo habían sido nombrados, etc.» (fojas 222). «Que el día siguiente lo vuelven a vendar y a atar las manos, lo meten en un coche en el asiento trasero, conduciéndolo al lugar donde había estado el día anterior con la diferencia que lo hacen subir por una escalera de caracol a dos pisos y lo introducen en una celda en la cual se encuentra solo por espacio de cuatro días, llegando al quinto día el general Gallino, designado preventor, quien lo interroga nuevamente respecto de Papel Prensa» (fojas 223).
Dictadores y editores: cómplices. El general Bartolomé Gallino, nombrado por Ianover como «preventor», fue el encargado de la instrucción de los consejos de guerra a los que fueron sometidos los integrantes del Grupo Graiver cuando fueron finalmente «blanqueados» luego de más de un mes de detención clandestina. Las actas de la Junta Militar confirman que los comandantes seguían de cerca este proceso.
A mediados de 2011, Miradas al Sur (en una nota firmada por Eduardo Anguita y quien esto escribe) reveló la existencia de tres minutas elevadas por el general Gallino al secretario general de la Presidencia del dictador Videla, general Rogelio Villarreal. En esos partes, el instructor de los consejos de guerra informa de sus reuniones con los propietarios y representantes de Clarín, La Nación y La Razón. Encuentros que mantuvo, llamativamente, en tres ocasiones diferentes pero siempre antes de interrogar a los integrantes del Grupo Graiver. La primera de esas jornadas -que tenía la modalidad de primero hablar con quienes ya se habían apropiado de Papel Prensa y luego con los humillados y despojados verdaderos propietarios- contó con la participación de los dueños de los tres diarios. La segunda vez, Gallino se encontró con los representantes legales de los tres medios y el secretario de Industria de la dictadura, mientras que la tercera vez fue con propietarios y representantes legales juntos. Estos encuentros tuvieron lugar entre el 9 y el 15 de abril de 1977, es decir, apenas tres días después del acta N°19, que se refiere a «los arrestados», y contemporáneamente al acta N°20, donde los dictadores deciden resolver la situación para «evitar que el ‘Grupo Graiver’ cobre las sumas por las acciones vendidas».
La coincidencia es reveladora de la complicidad entre los dictadores y los propietarios de los medios: al mismo tiempo que la Junta trata el tema, los Graiver están secuestrados y el general Gallino – hombre de confianza de Videla – se reúne con los dueños y representantes de Clarín, La Nación y La Razón antes de interrogar a las víctimas.
Una complicidad que fue confirmada también por dos de sus principales protagonistas. En Pecado original. Clarín, los Kirchner y la lucha por el poder, la periodista Graciela Mochkofsky no sólo confirma que Papel Prensa fue ofrecida por la dictadura a los propietarios de los tres diarios en 1976 sino que revela la existencia de nuevas pruebas materiales sobre cómo se realizó esa operación. La periodista conserva cintas grabadas de dos entrevistas con el secretario general de la Presidencia de Videla, general Rogelio Villarreal -en 1998 y en 2002-, y de una con el ex director de La Razón, Patricio Peralta Ramos, también en 2002. Los dos entrevistados le relataron a Mochkofsky cómo la oferta de Papel Prensa les llegó a los propietarios de los tres diarios de parte de la dictadura y no de los Graiver. En la segunda parte de su libro, Mochkofsky narra con lujo de detalles el proceso por el cual la empresa llegó a manos de Clarín, La Nación y La Razón. En la página 75 dice: «Emisarios del gobierno militar hablaron entonces con representantes de los diarios. ¿Por qué seguir con el proyecto de Fapel, que existía casi en teoría, cuando Papel Prensa tenía asignados préstamos y créditos del Banade, era una sociedad constituida, con la planta en construcción, participación y avales del Estado… y el impulso del gobierno? Los diarios aceptaron. Mientras se dirimía la batalla entre Videla y Massera, Villarreal se reunía con Magnetto por Clarín, Bartolomé Mitre por La Nación, y Patricio Peralta Ramos por La Razón. Una vez que la pelea interna en la Junta fue ganada y los detalles acordados, representantes de los tres diarios se reunieron con Videla».
En una de las notas al pie, Mochkofsky explica: «Patricio Peralta Ramos me contó en 2002: ‘Nosotros hicimos un proyecto propio, Fapel, Clarín, La Nación y La Razón. Pero en un momento llegan del gobierno y nos dicen: ¿para qué siguen con eso si pueden seguir con esto (Papel Prensa)?'». El testimonio del ex director de La Razón está registrado en una cinta. En la otra nota al pie de esa página, la periodista relata: «Así me lo contó el general Villarreal en reuniones que mantuvimos en abril de 1998 y mayo de 2002, en su departamento de avenida Santa Fe. Dijo que se reunía con ‘Bartolito Mitre, Peralta Ramos y Magnetto, que venía por Clarín’ y que ‘primero hablaban conmigo y recién al final hablaron con el Presidente, mientras se iba haciendo todo'».
Ahora, la incorporación de las quince actas de la Junta Militar a la causa que investiga la apropiación de Papel Prensa por parte de los propietarios de Clarín, La Nación y La Razón aportará una prueba documental de vital importancia para el juzgamiento de sus responsables. Porque confirman de manera fehaciente que el despojo de la empresa fue una maniobra orquestada por los dictadores y sus cómplices mediáticos utilizando las herramientas del terrorismo de Estado.
Fuente original: http://sur.infonews.com/notas/las-actas-secretas-de-la-dictadura-que-prueban-la-apropiacion-de-papel-prensa