Semana Mundial del Agua (24–28 de agosto). En 2025, la Semana Mundial del Agua se celebra del 24 al 28 de agosto on line y también presencial en el corazón de Estocolmo en el Stockholm City Conference Centre, donde se celebró la Semana Mundial del Agua en los años anteriores. Se abordará el tema «Agua para la acción climática.» Se celebra con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos globales relacionados con el agua y su vínculo con el cambio climático.
Mujeres de la Puna marcharon hacia la capital provincial contra la minería contaminante
Se realizó la Caminata de Mujeres en Defensa de la Pachamama, también denominada Mujeres en Defensa de la Laguna de Pozuelos, en el Rodeo de La Puna, Jujuy. La movilización partió desde la Laguna de Pozuelos y recorrió distintas localidades puneñas hasta llegar a la ciudad de San Salvador de Jujuy el 21 de agosto, donde se cerró con actos y ceremonias en honor a la Madre Tierra.
La convocatoria estuvo dirigida a las comunidades, pueblos originarios y a toda la ciudadanía para acompañar esta gran marcha. “Como joven puneña, quiero invitar a todos los jóvenes de La Quebrada y del Valle a participar de la marcha del 18 de agosto en defensa de la Pachamama y de nuestros territorios. Queremos evitar que ingresen empresas extranjeras, que se lleven nuestros recursos naturales, nos dejen contaminando y en la pobreza. Los invito a sumarse a esta lucha”, expresó una de las impulsoras.
En la invitación, las organizadoras advierten sobre el riesgo que enfrenta la Laguna de Pozuelos y el impacto de los proyectos mineros que avanzan sobre La Puna jujeña, poniendo en peligro recursos naturales como el agua. “La Laguna de Pozuelos ya está en peligro de desaparecer porque está dentro de la cuenca. El agua la usamos todos: pueblos originarios, comunidades, ciudades grandes. Esta es una causa de todos y tenemos que sumarnos para visibilizar que no estamos de acuerdo”, remarcaron.
Ocho caravanazos para llegar a la Asamblea del Pueblo en Uspallata
A partir de las 3 de la mañana del sábado 2 de agosto se pusieron en marcha los ocho caravanazos previstos desde distintos puntos de la provincia de Mendoza para llegar a Uspallata y participar de la Asamblea Pública del Pueblo, organizada por vecinos de esa localidad. Por otra parte, ese mismo día se realizó la Audiencia Pública convocada por el Gobierno para analizar el Proyecto San Jorge, la que se llevó a cabo en las instalaciones de la minera. El sábado participaron 120 personas y se calcula que duraría unos 10 días por la cantidad de inscriptos.
A las 3 de la mañana salen los manifestantes de General Alvear y Malargüe y a las 4 desde el Cristo Redentor de San Rafael. Por otra parte a las 5:40 salieron de la terminal de Ómnibus de Eugenio Bustos, la tierra que vio nacer al gobernador Alfredo Cornejo. A las 6 de la mañana comenzaron a movilizarse hasta Uspallata los anti mineros de Tupungato y Tunuyán y también desde la Ciudad de Mendoza, quienes se concentraron en la YPF frente a la terminal. A las 7 se movilizaron desde la YPF de Perdriel y a las 7:30 hicieron lo mismo desde la YPF de Potrerillos.
De esta forma buscaron emular lo que sucedió en 2019 cuando el ex gobernador Rodolfo Suárez intentó dar de baja la ley 7722 que prohíbe el uso de cianuro, muy usado en la minería metalífera y obliga a que la Declaración de Impacto Ambiental pase por la Legislatura, entre otras cosas.
Los vecinos emitieron un comunicado en el que indican que “se convoca el 2 de agosto de 2025 en lugar público y céntrico de Uspallata, para auditar el proyecto denominado “PSJ cobre mendocino”. El proponente es la empresa Minera San Jorge, perteneciente a Solway Holding, con sede financiera en Malta y sede administrativa en Suiza, en conjunto con la corporación argentina Alberdi (del grupo Rapallini-Gatti), a través de la firma Zonda Metals, subsidiaria de Solway. El proyecto se ubica en las cabeceras de la Cuenca del Río Mendoza. Se trata de una explotación de minería de envergadura mega, con uso de grandes cantidades de agua y sustancias tóxicas, con numerosos impactos ambientales, sociales y económicos de escala regional. El Informe de Impacto Ambiental y los dictámenes sectoriales se encuentran subidos a los portales web oficiales, es obligación del gobierno ponerlos a disposición de la gente, no de los organizadores de esta audiencia”.
“La Audiencia Pública del Pueblo es un acto no formal, popular y político, cuyo objetivo es garantizar la real y verdadera participación en el asunto de marras, de la comunidad local de Uspallata y de toda la población de la Cuenca del Río Mendoza; así como de otros territorios que puedan estar hidrológicamente conectados, o cualquier persona que se sienta involucrada en el asunto, en función de los intereses colectivos de la sociedad establecidos en la legislación vigente”.
La Audiencia Pública del Pueblo es una idea de un grupo de Vecinos de Uspallata (con el apoyo de numerosas asambleas socioambientales y comunidades de Pueblos Originarios), movilizados en virtud de que el Gobierno de Mendoza ha decidido realizar la oficial en el predio particular de la empresa Minera San Jorge, que es un lugar privado (opuesto al planteo de público que implica este acto), que está alejado de Uspallata (principal centro poblado en el área de influencia directa del proyecto), con dificultades de acceso, elevada altitud y clima hostil (con riesgo para la salud), y en temporada alta turística. Todo ello dificulta y limita o restringe la participación, violando principios constitucionales como el Acuerdo Escazú y la Convención internacional sobre los derechos para las personas discapacitadas.
Estas limitaciones impuestas por el Gobierno de Mendoza, vuelven a la audiencia pública oficial como ilegal e ilegítima. Por eso, se han interpuesto recursos administrativos y judiciales y se han presentado notas solicitando que el gobierno haga la audiencia pública en Uspallata, en un lugar céntrico de la localidad y accesible para todos. Ante su reiterada negativa, los Vecinos de Uspallata decidimos realizar la Audiencia Pública del Pueblo, a fin de garantizar una participación genuina y auténtica, en lugar público y accesible, el mismo día y a la misma hora, de manera autónoma y autogestiva, invocando el principio consuetudinario de autodeterminación de los pueblos y toda la legislación que el gobierno viola con su acto viciado de nulidad.
Para participar de la Audiencia Pública del Pueblo no hace falta inscripción previa. Las personas deberán presentarse con su DNI, y registrarse a su arribo, a fin de poder certificar sus intervenciones. Cuando se registren, se les entregará un número para ser llamados y un formulario de pronunciamiento. Pueden llenarlo en todo o en parte si quieren, no es obligatorio, pero les pedimos por favor que lo hagan porque es de suma importancia que quede certificado un registro amplio sobre la postura de la concurrencia y la opinión de cada una de los participantes.
Para garantizar el orden, la certificación de cada opinión y la integridad de los asistentes, la audiencia pública del pueblo contará con la presencia de coordinador profesional, escribano y abogado, interponiéndose un habeas corpus preventivo. Se transmitirá en vivo a través de medios alternativos, habrá programas en vivo de radio abierta comunitaria y se filmará todo el acto, certificando y bajando el registro audiovisual a soporte digital para ser validado e incorporado a las actuaciones pertinentes.
Teniendo en cuenta que la Audiencia Pública del Pueblo es una iniciativa surgida de la comunidad, se espera de parte de la concurrencia una actitud de decoro y respeto, a fin de que el acto pueda realizarse sin contratiempos y en orden, a conciencia de las limitaciones que tiene una convocatoria masiva autogestiva y demostrando que el pueblo organizado es capaz de llevar adelante todas aquellas instancias auténticas y legítimas, restringidas o vedadas por el abuso de posición dominante de los poderes políticos y económicos que pretenden controlar las decisiones de Estado.
Entrevista a Federico Soria
Federico Soria es un ciudadano de la localidad de Uspallata en Mendoza. Forma parte de la Asamblea por el Agua Pura de Uspallata y está siendo perseguido judicialmente por las autoridades de la provincia por oponerse a la instalación de la megaminería en el pueblo, al igual que su compañero, Mauricio Cornejo. El último sábado de junio Fede estuvo en Buenos Aires y fue entrevistado en el programa radial “¡Que Arda!”. Allí explicó la intrincada lucha que desde hace 17 años sostiene el pueblo de Uspallata contra el proyecto minero San Jorge.
El avance del extractivismo está creciendo a pasos agigantados a lo largo y ancho de todo el territorio argentino. Como contracara, la resistencia y la organización también crecen. En toda la provincia de Mendoza existen las Asambleas por el Agua Pura. Imposible olvidar el Mendozazo en el año 2019 cuando toda la provincia se levantó para defender la 7722, ley protectora del agua. En Uspallata la lucha es contra la instalación del megaproyecto minero San Jorge que pretende ubicarse en la naciente del Río Mendoza, donde afectaría no sólo al pueblo, sino a todo el Valle que se riega con sus aguas.
Con el gobierno de Milei y la aprobación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), el gobierno de Alfredo Cornejo tiene vía libre para avanzar con este y muchos otros proyectos, que lejos de mejorar la calidad de vida de la población, priorizan los intereses económicos y la expoliación.
Federico Soria hizo una pequeña historización: “La minera San Jorge es una empresa de origen ruso. Llega a la Argentina de la mano de la diplomacia de ese país en el año 2008. La corporación se llama Solway Holding, tiene sede corporativa en Rusia pero su sede comercial está en Malta, paraíso fiscal. Aparece en los Panamá papers por transacciones fraudulentas multimillonarias. Y después de la guerra con Ucrania se mudan a Suiza. Sus dueños, Aleksandr Bronstein y Denise Hervazev, se hacen ciudadanos israelíes. A partir de ahí comienza una arremetida. Cuando la minera viene en 2008 es rechazada. En 2010 se hace una audiencia pública. En 2011 se produce el rechazo legislativo. En todas esas instancias y en otras posteriores, fue rechazada. Como la minera estuvo involucrada en la guerra entre Rusia y Ucrania y sus instalaciones en ese último país fueron bombardeadas por los rusos, se desfinanció la empresa. Por eso es que ha hecho un convenio con una corporación argentina, Alberdi, para reflotar el proyecto San Jorge. Presentaron una actualización a principio de año, que es cuando comienza todo este conflicto.
Hace 17 años que venimos resistiendo. Hasta un casino nos metieron. Luego de muchos años de luchar y luchar se logró convertir en un centro cultural. Hoy la municipalidad lo está vaciando. El deseo del municipio es convertirlo en oficinas administrativas. Pero bueno, estamos resistiendo y sosteniendo ese espacio”.
¿Qué afectaría la minera San Jorge?
FS: “Uspallata es un valle cordillerano rodeado por la Cordillera y la Precordillera. Allí se originan los ríos y arroyos que primero riegan el valle y después siguen hacia abajo. Allí se ubica el Gran Mendoza. El Río Mendoza es un río que tiene un régimen bastante acotado, son 33 metros cúbicos por segundo. De ese río viven un millón y medio de personas, se riegan 250.000 hectáreas de cultivo y se abastece a más de 9000 industrias que conforman la cuarta economía regional del país.
En Mendoza tenemos a Mekorot, una empresa israelí, que quiere hacerse cargo del manejo del agua, cuando históricamente en Mendoza el agua se administra de manera eficiente abasteciendo a toda esa cantidad de gente, cada vez creciente. Al oasis agrícola industrial y el núcleo vitivinícola y bodeguero. El objetivo de que Mekorot esté en Mendoza es ir ajustando la demanda a esos usuarios históricos para que se disponga para las petroleras, las mineras. Porque el agua de los ríos está toda concesionada y no puede admitir más usuarios. O sea que la minera de buenas a primeras no podría instalarse. Por eso tienen que modificar la legislación. No solo la leyes mineras sino el Código de aguas y la Constitución de Mendoza para poder llevarle agua a las mineras, porque el agua no alcanza y la legislación no admite nuevos usuarios. Lo cual, de llegar a concretarse, implicaría el desplazamiento de la población histórica. La minera no sólo utiliza mucha cantidad de agua, sino que también la contamina. La minera San Jorge se ha instalado en un lugar que es cabecera de cuencas. O sea que está en una divisoria de aguas. La minera dice que está del otro lado de la divisoria y la verdad es que no, está de este lado. Y además, por debajo, las divisorias de agua no son las mismas que las divisorias superficiales. Entonces el agua que fluye superficialmente para un lado por ahí se insume y puede fluir para el otro lado. De hecho, nosotros vivimos en una zona con muchísimas fallas geológicas. Es una zona sísmica. El Valle de Uspallata está en contacto con otras unidades geológicas como la Cordillera. Y esa es una zona de fallas que corren de Norte a Sur. Entonces las fallas tienen movimientos convergentes, divergentes. Cuando las fallas se separan, por ejemplo, se forman canales por donde pueden escurrir líquidos. Y por la teoría de vasos comunicantes todo lo que está arriba fluye hacia abajo. Entonces la minera que está arriba va a producir efluentes que pueden llegar a afluir a través de esas fallas a la cuenca del Río Mendoza. Al Valle de Uspallata primero y después al resto de la cuenca del río. Ese recorrido subterráneo que hace el agua no está determinado. La minera dice que ha hecho estudios piezoeléctricos pero hay investigadores del Conicet que dicen que esos estudios son insuficientes para determinar el recorrido subterráneo del agua. Hay una falta total de certeza científica por los estudios que ha presentado la minera. El gobierno de Mendoza los quiere aprobar de todos modos diciendo que después van a completar la información que falta, pero eso ya sabemos que no sucede nunca”.
Las y los vecinos organizados no sólo denuncian la situación sino que proponen proyectos y alternativas que respetan la biodiversidad y favorecen un ambiente sano para vivir. Federico explicó una de esas propuestas: “La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata ha presentado en el año 2009, cuando recién se conformó, un proyecto de Ley para crear el Área Natural Protegida Uspallata- Polvaredas que precisamente busca preservar esas fuentes de agua y todo el ecosistema alto andino, el de la Precordillera y el de Valle de Uspallata que es muy valioso. Hay gran variedad de especies como el guanaco, el cóndor y el choique, declarados como monumento natural provincial con leyes que las protegen. El gobierno y la minera están violando esas leyes al autorizar una explotación donde no debería haber actividad humana.
Las causas armadas
Los cargos con los que fueron imputados Federico Soria y Mauricio Cornejo son por el delito de agrupación para la coerción ideológica y amenazas coactivas. La primera “es una figura que se crea en la época de la Triple A y fue aplicada en la dictadura. Es un delito federal y lo está juzgando la justicia provincial, lo cual es un conflicto de competencias. El juez federal dijo que no había pruebas para acreditarnos ese delito”, explicó Federico. Y la acusación de amenazas coactivas no está probada: “todos los testigos que han puesto, que ya son más de veinte, no pueden constatar que tanto Mauricio como yo, hayamos proferido tales amenazas al denunciante”, afirmó Federico.
El 24 de enero pasado iba a inaugurarse una Cámara de Proveedores Mineros en el pueblo de Uspallata. Justo frente al comercio de Mauricio Cornejo. La Asamblea decidió ir con pancartas a hacer presencia y demostrar su desacuerdo. Pero la patota sindical de la UOCRA golpeó a otro asambleísta y en ese momento de caos, comenzó un incendio en el comercio del denunciante. Federico agregó: “El denunciante acusó a más de 30 personas. De todas ellas, el fiscal eligió imputar a Mauricio Cornejo y a mí. Y a 3 personas más involucradas en un atentado incendiario de falsa bandera que se perpetró ese mismo día. Una persona que arrojó nafta y prendió fuego en el comercio del denunciante y que después declaró en un juicio abreviado pertenecer a la Asamblea”.
El grado de hostigamiento, persecución y difamación hacia los asambleístas es preocupante. Existe una fuerte connivencia entre el aparato judicial estatal, la estructura privada de la minera y los partidos políticos hegemónicos. Federico explicó: “Nosotros descubrimos que, además de que esta persona que incendió el comercio tiene cuestiones personales con el denunciante, la hija de este señor es presidenta del Comité de la Juventud Radical de Las Heras. Hay fotos de ella en las redes con el intendente de Las Heras, Franciso Lopresti, dando discursos. Y eso lo hemos presentado también como prueba. Obviamente el fiscal hace caso omiso. Ha citado a declarar al intendente de Las Heras y también ha aceptado la querella de la municipalidad de Las Heras en contra nuestra. La jueza en primera instancia lo ha rechazado porque nuestros abogados sostienen que el Estado no tiene que destinar recursos públicos a perseguir a los vecinos. Además es improcedente. Porque la fiscalía es la parte del Estado que nos acusa y nos investiga. No tiene por qué haber otro ente del estado que haga lo mismo. La municipalidad de Las Heras se va a volver a presentar y va a volver a ser rechazado. Además hay un pedido de nulidad de toda la causa porque como decía al principio, el juez federal ha dicho que no está acreditado el delito de agrupación para la coerción ideológica, por eso rechaza la causa. Por eso nuestros abogados han solicitado que directamente el fiscal lo quite de la acusación. Y directamente también nuestro sobreseimiento. Está totalmente demostrado que hemos sido señalados por nuestra actividad en la Asamblea. En mi caso pude darme cuenta en la indagatoria frente al fiscal, que duró 9 horas, que la persecución es por ser el autor intelectual del proyecto de creación del Área Protegida Uspallata-Polvaredas que terminaría definitivamente con el tema minero. Porque de acuerdo a la Ley 6045 de Mendoza, la minería está prohibida en las áreas bajo su jurisdicción”.
Respecto de la actuación del intendente, Federico agregó: “ha hecho declaraciones injuriosas en los medios nombrándonos específicamente a Mauricio y a mí como vándalos, como personas que provocamos desmanes, arrojamos piedras, etc. Cuestiones que ni siquiera están en la acusación del fiscal, o sea, que se está extralimitando en sus acusaciones. Además, está diciendo sin pruebas, que políticos como Orozco, Difonso y Del Caño están financiado la Asamblea. Y en mi cuestión personal se ha metido con mi salud sin tener el más mínimo conocimiento médico. Diciendo que yo por estar de licencia no puedo participar de manifestaciones. Motivo por el cual me han echado de la Administración de Parques Nacionales. Tiene muchas cosas que responder el intendente. Otra cosa para preguntarle es por qué nunca fue a Uspallata desde que asumió hasta la fecha. Solamente se presentó ese día, cuando se iba a inaugurar la Cámara de Proveedores Mineros y antes no había ido nunca con todas las demandas sociales que tiene Uspallata. Que no tiene municipio. No hay institucionalidad. La municipalidad de Las Heras se encuentra a 150 km de distancia. En el pueblo hay una delegación que solamente presta servicios básicos, con una delegada que no tiene poder de decisión, y todo se tiene que reclamar a 150 km al lado de la ciudad de Mendoza. Hay una gran postergación en el pueblo. Lo único que les interesa es recaudar ahí. Porque cobran impuestos de los centros turísticos, de la aduana, de las áreas protegidas y todo se va y nada vuelve”.
Respecto de la participación de la población en este conflicto Federico explicó que “producto de la persecución la gente tiene miedo. De todas formas la Asamblea no dejó de estar activa. Hemos tenido que recluirnos un poco, hacer las reuniones en lugares privados por la persecución implacable. Tenemos al lobby detrás nuestro, las patotas sindicales, toda la estructura del poder político. Lamentablemente está el peronismo metido ahí también. Porque el abogado querellante es un dirigente peronista totalmente encolumnado con la presidencia del partido, los hermanos Félix que han manejado la ciudad de San Rafael durante 20 años. Además es síndico de una empresa del estado, es funcionario de Cornejo. Es un hombre del grupo Vila Manzano y amigo personal de los CEOs de Minera San Jorge”.
¿Audiencia pública o privada?
El día 25 de junio, el gobierno de Mendoza publicó un edicto en el Boletín oficial convocando a la audiencia pública del proyecto San Jorge en un área remota. Federico explicó los motivos: “Lo quiere hacer en el lugar donde va a ser la mina, que está a 40 km de Uspallata, el día 2 de agosto. Han elegido la peor fecha. Porque son los días más fríos del año, está todo nevado ahí. Pero además es temporada alta de turismo, o sea, que todo el mundo va a estar trabajando porque es la única época del año donde se pueden garronear unos mangos para parar la olla. Todo orquestado para evadir la licencia social que obviamente, no la tiene”.
Y agregó: “Ya hicieron un experimento con una mina de talco hace un mes y medio, de hacer la audiencia pública en un lugar remoto, y les salió perfecto. Porque la única gente que pudo ir fue la que acarrearon ellos. Todo lo que estos partidos de derecha le critican al kirchnerismo en cuanto al clientelismo, lo hicieron ellos. Llevaron gente a la que le dieron el sanguchito y la gaseosa para decir que están a favor de la minera y que el turismo no genera ganancias. Es lo mismo que quieren decir ahora”.
Por estos días, está circulando una adhesión con el objetivo de juntar firmas para apoyar la decisión de realizar la audiencia pública en el pueblo y no donde anunciaron la minera y el gobierno. “Nuestra audiencia será popular, transparente, accesible, participativa y constitucional”, comienza declarando el documento.
Federico comprende que “el gobierno y la minera están apurados porque quieren entrar en el RIGI y tienen tiempo hasta octubre. Por eso tanto avasallamiento”.
Son días difíciles para las y los mendocinos. Uspallata es sólo uno de los epicentros del conflicto, pero no es el único. Federico enumeró algunos otros: “ también está el proyecto Malargüe Distrito Minero, el litio en San Rafael. El proyecto Punta Negra, un mega centro de sky en Tunuyán que ya fue rechazado también. Es un bombardeo permanente. Tenemos episodios de contaminación petrolera y efluentes cloacales en el agua, que han arruinado gran cantidad de zonas cultivadas. El gobierno de Mendoza en vez de sancionar a los que contaminan, persigue a quienes denuncian la contaminación. Por ejemplo, el caso de la inspectora de cauce Maria Emilia Escalón que fue removida de su cargo por denunciar la contaminación en Lunlunta y en Barrancas o Lucas Morresini que denunciaba el Código de aguas, también fue removido de su cargo y tuvo que ser repuesto ante las faltas de pruebas. A YPF ahora le están permitiendo vender todas las áreas que contaminó y ya no le sirven y las dejan con todos los pasivos ambientales sin indemnizar al Estado. YPF además tiene un juicio por todas las bodegas que están ubicadas alrededor de la destilería y les han contaminado los acuíferos de esos viñedos. YPF está obligada a darles agua, una demanda multimillonaria. La contaminación está demostrada, existe. Y el gobierno está haciendo caso omiso. Dice que va a controlar y no controla lo que está ubicado ahí a pocos kilómetros, imagínense si va a controlar a una minera ubicada en un área remota, en una propiedad privada donde nadie puede entrar.
Acá podes escuchar la entrevista completa
Vaca Muerta. “Salvemos el Mari Menuco”: un grito urgente para defender el agua que toma Neuquén
El sábado 26 de abril se lanzó públicamente la campaña #SalvemosElMariMenuco, que busca impedir el desarrollo de más de 500 pozos de fracking en los embalses Mari Menuco y los Barreales. Fue con una caravana y una acción de visibilización en la zona del istmo que une ambos embalses, en territorio del Lof Kaxipayiñ, donde la empresa YPF pretende iniciar las fracturas.
En la actividad se destacó una importante participación de comunidades mapuches que en su mayoría habitan territorios afectados por distintas áreas hidrocarburíferas en Añelo, Sauzal Bonito, Cutral Có, Rincón de los Sauces y también de la ciudad de Neuquén. Estuvieron presentes Lof Campo Maripe, Lof Kaxipayiñ, Lof Fvta Xayen, Lof Wirkalew, Lof Newen Kvra, Lof Ragilew Cárdenas, Lof Newen Mapu, Lof Manuel Segundo Purran y Lof Xem Kimvn.
Luego de una breve ceremonia a orillas del lago, y tras una provocación de la Gendarmería Nacional que retuvo a tres referentes de la Confederación Mapuche, se realizó un xawvn (o reunión). Allí cada vocera o vocero de las diferentes comunidades expuso la situación que atraviesa con la contaminación, los sismos, las afectaciones a la salud de las personas y su ganado, el hostigamiento y la persecución judicial y de las fuerzas represivas. También se hicieron presentes y tomaron la palabra el Observatorio Petrolero Sur, la APDH, la Pastoral Laudato Sí, La Revuelta, partidos de izquierda como el PTS, el MST e IS en el FITU, Marabunta, el PCR y Ojalá la Tierra Solidaria.
En la actividad las organizaciones que componen la campaña ratificaron el compromiso de resistir la decisión de YPF y el gobierno provincial.
La gravedad de la cuestión radica en que en Mari Menuco se ubica la planta potabilizadora más grande de la Patagonia. Esa planta hoy abastece a las ciudades de Neuquén y Centenario, y mediante su ampliación, abastecerá también a Plottier y Vista Alegre. Cutral Có toma agua del embalse Los Barreales. Todas las localidades que, aguas abajo, toman agua del Río Neuquén y el Río Negro, ya sea para consumo domiciliario o para riego de los valles productores de frutas y hortalizas, se verían afectadas gravemente ante cualquier situación de contaminación.
El fracking es una técnica extrema, que inyecta millones de litros de agua por pozo a altas presiones, mezclada con productos químicos y arena. Los pozos deben fracturar la roca del subsuelo y tienen ramas laterales de miles de metros que, en este caso, se ubicaría debajo de los lagos. Todas las semanas la actividad de Vaca Muerta registra incidentes ambientales como derrames de petróleo y productos químicos, además de sismos y explosiones. Si estos hechos son siempre graves, en el caso de ocurrir en los lagos tendrían un efecto desastroso e irreversible.
A esto se suma que la zona de los lagos cuenta con una infraestructura petrolera convencional abandonada décadas atrás, que sería sometida a altas presiones, vibraciones y esfuerzos que podrían provocar aún más daños.
El plan de la petrolera controlada por el gobierno de Milei consiste en la fractura de 500 pozos de petróleo en la zona de los embalses y debajo de los mismos. Esto sería posible gracias al otorgamiento de nuevas concesiones de explotación de hidrocarburos no convencionales por parte del gobierno provincial de Rolando Figueroa. Se trata de las áreas “La Angostura Sur I” y “La Angostura Sur II” concesionadas mediante el decreto 276/25 a partir de la reconversión de la concesión de Loma la Lata.
Dichas concesiones fueron otorgadas de forma ilegal, sin respetar el procedimiento de consulta previa, libre e informada a la comunidad mapuche Kaxipayiñ que habita el territorio, y que se enteró al ver las topadoras realizando los movimientos de suelo para iniciar las fracturas. Fue el rápido accionar del Lof Kaxipayiñ lo que detuvo las operaciones y alertó a la sociedad sobre este proyecto.
A principios de abril, el diputado provincial Andrés Blanco presentó dos pedidos de informes en la Legislatura. Uno fue dirigido al Ejecutivo provincial para que explique por qué no realizó la consulta previa, libre e informada a la comunidad Kaxipayiñ, ni publicó estudios de impacto ambiental. El otro a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), que tiene a su cargo el manejo y control de la calidad del agua, para que emita opinión sobre la realización de pozos de fracking en los embalses.
Con la actividad en el lago la campaña dio su puntapié inicial. Todas las semanas continuará reuniéndose para decidir los pasos a seguir hasta lograr la derogación del Decreto 276/25. En redes sociales se puede contribuir a su difusión con el hashtag #SalvemosElMariMenuco y siguiendo las cuentas oficiales.
El proyecto Vicuña en San Juan: un viejo cuento minero
Por Ana Chayle
Detrás del proyecto anunciado por las multinacionales BHP y Lundin Mining para explotar los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, está la historia de una zona de la cordillera ansiada por la megaminería. La actividad extractiva no cambió la realidad provincial, el proyecto no asegura trabajo local y sí pone en riesgo los glaciares, el agua y el hábitat de la región.
A coro, los medios de comunicación comerciales anunciaron (y celebraron) la que sería “la mayor inversión extranjera de la historia argentina”. Con la misma grandilocuencia, antes habían titulado y aplaudido otras dos noticias: “El hallazgo del yacimiento de cobre más importante de los últimos 30 años” y la alianza de dos gigantes mineros para explotarlo: las empresas BHP y la Lunin Mining. Todo con el foco en el mismo escenario: el extremo norte de la provincia de San Juan, en plena cordillera de Los Andes, donde se localiza el recientemente rebautizado “Proyecto Vicuña”.
Tantos adjetivos no dejaron espacio para compartir las voces y miradas de los pueblos afectados, ni mencionar los riesgos que implica el proyecto minero, ni señalar los costos que tendrá para la biodiversidad y las comunidades. Tampoco dieron cuenta de las denuncias internacionales que pesan sobre ambas empresas e invisibilizaron que se trata de una zona de la cordillera que ya había sido nominada de otras formas en anteriores intentos de explotación.
“El distrito Vicuña es una región de prospección geológica localizada en la frontera entre Chile y Argentina”, afirma en su página web Lundin Mining Corp, la empresa minera con sede en Canadá, que se alió con su par BHP, con base en Australia, para explotar los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. La alianza empresarial dio origen a una nueva firma, bautizada en enero de este año con el nombre de Vicuña Corp, con sede fijada en Canadá, y nacida con el objetivo específico de explotar ambos yacimientos de cobre, oro y plata, en el departamento Iglesia, en el norte de San Juan. Ese es el denominado Proyecto Vicuña.
Otros yacimientos componen “el emergente distrito Vicuña”, según señala el Grupo Lundin: Caserones, Los Helados y Lunahuasi. El primero, situado en la región chilena de Atacama, se encuentra en etapa de explotación desde 2014, mientras Los Helados (también en Atacama) y Lunahuasi (del lado argentino) se hallan en etapa de exploración. Lundin posee el 51 % del paquete accionario de la mina Caserones y el 49 % restante está en manos de otra empresa canadiense, NGEX Minerals, propietaria del proyecto Lunahuasi y socia mayoritaria de Los Helados.
Aunque el megaproyecto se plantea como algo novedoso, ya tuvo sus titulares casi una década atrás, pero con otro nombre: Proyecto Constelación. En 2016 contemplaba la explotación de Josemaría y Los Helados, para aprovechar el espaldarazo que significó para el sector el Tratado sobre Integración y Complementación Minera, suscrito por Chile y Argentina en el año 2000. Así, proyectaba convertirse en el segundo proyecto binacional, después de Pascua Lama (Barrick Gold), que el Tribunal Ambiental de Chile clausuró por graves infracciones contra el ambiente.
Y aún es posible remontarse más atrás, al año 2006, cuando Chile y Argentina firmaron el protocolo adicional específico, en el marco del tratado binacional, para la “Etapa de Prospección y/o Exploración del Proyecto Minero Vicuña”. O sea, el presentado como novedoso proyecto cumple dos décadas y recicla el nombre que tuvo al principio.
Cero retenciones para el negocio minero y cero valor agregado para el país
Con el decreto 563/2025, el presidente Javier Milei eliminó la alícuota del Derecho de Exportación a 231 minerales, entre ellos el cobre y el oro. El oro no pagaba retenciones desde diciembre de 2023, por una “omisión” del ministro de Economía, Luis Caputo, que no actualizó el decreto que fijaba la alícuota para ese mineral. “Ahora eso se ha blanqueado”, expresa Saúl Zeballos, integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca.
Por otro lado, el director de Vicuña Corp para Argentina y Chile, José Luis Morea, anunció que la empresa presentará el proyecto para acceder a los beneficios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Aunque no precisó montos, los medios afines reprodujeron una versión que estima que podría superar los 15.000 millones de dólares. Esto la convertiría en la mayor inversión extranjera de la historia nacional, según aplauden los mismos medios.
Desde miradas críticas, la idea de inversión debe cuestionarse. Alicia Naveda, socióloga, investigadora, doctora en Ciencias Sociales y directora del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, apunta que “hay que desmontar la mentira instalada de la inversión extranjera como una bonanza, porque nos deja en un lugar de economías reprimarizadas, el mayor aporte a las estructuras económicas es en el sector primario”. Y agrega: “El sector primario es el que siempre aporta menor valor agregado y está vinculado a la pauperización de los países. Los países cuyas principales economías son del sector primario son los más pobres del planeta”.
La investigadora, especializada en extractivismos, señala que este tipo de proyectos “requiere una inversión inicial relativamente alta para poner en marcha la mina, pero luego eso decae y se mantiene la explotación sin más inversiones. Por eso, la minería como actividad no tiene un gran impacto ni es acelerador de la economía. Esto, a nivel teórico, se llama expoliación y no explotación”.
Expoliación, explica Naveda, es un concepto para referirse a la exagerada explotación de la naturaleza —con anuencia de los gobiernos— sobre recursos no renovables. Por eso, la investigadora resalta que el eslogan de “minería sustentable” del que abusaron y abusan, sin grietas, las empresas y los gobiernos nacionales y provinciales es “una mentira terrorífica”.
Zeballos denuncia otro beneficio para las mineras: en San Juan, el Proyecto Vicuña tampoco va a pagar regalías, porque durante la gestión de Sergio Uñac (Frente de Todos) autorizó a la empresa Lundin Mining Corp a descontar de las regalías el financiamiento de la línea de alta tensión y los caminos necesarios para la explotación minera.
“Es el equivalente a la época de la colonia, cuando se llevaban el oro y la plata y no pagaban nada”, reflexiona el integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca. “Cuando uno se pregunta ¿es un buen negocio para la Argentina? La respuesta es: ¡No!”, cuestiona el asambleísta y repregunta: “¿Qué beneficios ven? Hace 20 años que está la megaminería en San Juan y los camiones que transportan elementos hasta la mina Veladero (Barrick) destruyen las rutas, pero la empresa no ha dejado ni siquiera plata para repararlas”.
Vicuña, un proyecto binacional que amenaza el trabajo argentino
En su página oficial, Vicuña Corp habla de un único “proyecto integrado”, que contempla la explotación de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. Mientras Josemaría se encuentra íntegramente en la provincia de San Juan, Filo del Sol se ubica en una zona compartida entre Argentina y Chile. Por esto, se estima que ambos proyectos avanzarían con los beneficios que implica operar en un marco legislativo exclusivo y permisivo que promueve “la facilitación del tránsito de los equipamientos, servicios mineros y personal adecuado a través de la frontera común”, según reza el tratado binacional.
En un mapa publicado por la empresa se observa una línea segmentada en color gris —probablemente un mineraloducto—, que nace en la zona del proyecto y atraviesa Chile hasta llegar a Caldera, ciudad portuaria a orillas del Pacífico. “Lo que están pensando es utilizar el agua argentina, dejar los desechos en los diques de cola del lado argentino, hacer la extracción y sacar toda la producción por los puertos chilenos”, explica Zeballos.
Más explícitos en el mapa son el camino que une la ciudad chilena de Copiapó con el campamento Batidero, construido para albergar al personal de Josemaría, y la demarcación de un “corredor norte”, señalado como el “futuro acceso a Vicuña”, en el lado argentino, que también conectaría con el camino chileno.
Lo que en los mapas aparece unido en la realidad ya ha generado fricciones y ha puesto la creación de puestos de trabajo —el caballito de batalla de estos emprendimientos— en la mira. La libre circulación de personal permitida por el tratado binacional ya ha tenido sus repercusiones por la superposición de convenios laborales. La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) denunció que unos 200 trabajadores chilenos ya operan en Filo del Sol. El propio secretario general del AOMA, Iván Malla, afirmó que “los trabajadores chilenos resultan más baratos y eso explica también por qué están trayendo proveedores desde Chile”.
El secretario general de AOMA, según publicó el medio Tiempo de San Juan, señaló que el objetivo del sindicato es negociar un convenio laboral para el Proyecto Vicuña, que respete la normativa argentina. Y confesó que no será fácil; pero además reconoció que puede complicarse aún más si el proyecto ingresa al RIGI: “Abre la puerta a contratar más mano de obra extranjera e importar insumos, siempre que los proveedores locales no sean competitivos. El RIGI indica que el 20 % deber ser de proveedores locales, pero siempre que sean ‘competitivos’ para la empresa minera. Hoy, Argentina no lo es frente a Chile”.
Más allá de estas circunstancias, la megaminería no es nueva en la provincia. Casi tres décadas de implementación no han cambiado demasiado el panorama. “Las consecuencias observables son que en la generación de empleo en la provincia sigue siendo tercerizado y que el sector público estatal continúa desempeñando un papel importante, con unos salarios de miseria”, apunta Naveda.
Fuente: Agencia Tierra Viva
Las Coloradas: el pueblo de mil habitantes que hizo historia al echar a una corporación minera
Por Darío Aranda
“Memoria, lucha y festejo” es la consigna que resume este agosto en el pueblo neuquino de Las Coloradas, donde hace una década frenaron la instalación de un proyecto minero en las nacientes del río Catán Lil. Con organización comunitaria, movilización en las calles, concientización y defensa de sus derechos, lograron proteger el territorio y decidir su forma de vida. Democracia real y una comunidad que hizo historia.
La tranquilidad se rompió en junio de 2015. El Boletín Oficial de Neuquén anunciaba la llegada de una empresa minera trasnacional. Buscaba oro, cobre y molibdeno, y se ubicaría en las nacientes del río Catán Lil. Ya nada fue igual en Las Coloradas, un pueblo de 1000 habitantes del oeste provincial. La noticia corrió, comenzaron a juntarse vecinos, nació una asamblea, hubo movilizaciones, presentaciones judiciales y exigieron el cumplimiento de sus derechos. “El río es nuestro alimento”, definió una abuela y se transformó en bandera de lucha. Y lograron lo que parecía imposible: echar a la minera.
Los sauces, álamos, olmos y acacias de las calles de Las Coloradas fueron testigos de la gesta. No hay asfalto en este lugar donde sobra memoria (mucha de ella mapuche) y se llenó de acción colectiva. Ubicado a 110 kilómetros al sur de Zapala, el pueblo se caracteriza por su tranquilidad y, en su veintena de manzanas, se hace realidad el dicho popular: todos se conocen. Por eso no fue difícil difundir la noticia aquel junio de 2015: la empresa Southern Copper Corporation (subsidiaria de la multinacional “Grupo México”) pretendía explotar el cerro y llevarse minerales. El proyecto había sido bautizado “La Voluntad” y estaba ubicado en un área conocida como “Las Nenas”, en la Sierra de Catán Lil.
Las voces coinciden en que, por casualidad, fue Martín Gottle, el cura del pueblo, quien se enteró de la novedad, mientras escuchaba la radio. Leían el Boletín Oficial de Neuquén y daban cuenta de la llegada de la megaminería. “La resistencia del pueblo de Las Coloradas fue rápida y se dio gracias al accionar conjunto de comunidades mapuche, vecinos autoconvocados y referentes sociales. Juntos lograron frenar el emprendimiento de la multinacional Grupo México”, recordó Gottle, activo participante y protagonista de la gesta, y que aún vive en el lugar.
La lucha unió a las familias de Las Coloradas, a las comunidades mapuches de la zona (Cayulef, Rams, Namuncurá, Cayupán, Felipín y Paineo), a sectores de la Iglesia Católica y a las asambleas y organizaciones de Junín de los Andes, Loncopué y Neuquén capital. No fue casual: eran recientes los debates y acciones respecto a donde más del 80 % de la población dijo “no” al extractivismo.
El agua como bandera
En una de las primeras asambleas, cuando comenzaron a explicarse las consecuencias de la megaminería, doña María Silva (histórica pobladora del lugar) tomó la palabra y aportó un argumento irrefutable de por qué rechazar a la empresa: “El río es nuestro alimento”. Y no se puede poner en riesgo al río. Se transformó en bandera de lucha, pintada en las paredes, frase destacada en los folletos y hasta en título de un documental.
Entre los argumentos de por qué no a la minera, sobresalían:
• Agua. La megaminería demanda enormes cantidades de agua (2.360 litros por segundo), que comprometía el recurso “vital, frágil y escaso”. La contaminación de los afluentes del Catán Lil afectaría directamente el consumo humano y animal. “Esto no afectaba solo a Las Coloradas, sino a toda la cuenca del río Negro. Un derrame tóxico acá llegaría a todos en el valle”, advirtió la Asamblea.
• Impacto ambiental irreversible. Se señaló el uso de “gran cantidad de explosivos” y “productos químicos” (ácido sulfúrico, cianuro de sodio), que generarían “enormes cantidades de desechos sólidos tóxicos” y “drenaje ácido” que pueden durar “cientos o miles de años”. La zona del proyecto se encuentra en cabeceras de cuenca y podría estar protegida por la Ley 26.639 de Glaciares y la Ley 26.331 de Bosques Nativos.
• Desarrollo no sostenible. Se cuestionó la afirmación de que la megaminería generaba “puestos de trabajo genuinos”, ya que requiere personal especializado y, dada las experiencia de otros proyectos en Argentina (caso Catamarca y San Juan) deja pocos empleos directos y escasos beneficios económicos para la región.
• Derechos y licencia social. Se exigió el cumplimiento de los derechos indígenas (Artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, Artículo 53 de la Constitución Provincial y Convenio 169 de la OIT). También se exigió el cumplimiento del “Principio Precautorio” (Artículo 4 de la Ley 25.675 de Ambiente)
“La resistencia se cimentó en una profunda crítica al modelo de megaminería. Los vecinos y organizaciones documentaron exhaustivamente el historial de Southern Copper Corporation en Perú y México, que incluyó graves contaminaciones de agua, aire y suelos con metales pesados como cobre, plomo, mercurio, zinc, sílice y cianuro, así como afectaciones a la salud (enfermedades broncopulmonares, cáncer) y daños a la flora y fauna. Se destacó que la empresa fue condenada por tribunales internacionales por contaminación y sobornos”, precisa el documento que resume la convocatoria a conmemorar los diez años de aquel triunfo.
Acciones en todos los frentes
Ante la pasividad de las autoridades provinciales, los vecinos y vecinas de Las Coloradas tomaron la iniciativa. El 22 de junio de 2015 se reunieron y constituyeron la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Las Coloradas y del Departamento Catán Lil.
Desde el primer comunicado, la Asamblea fue clara en sus exigencias: rechazaban “todo proyecto que atente contra la pureza del agua del Catán Lil y sus afluentes perjudicando todo el ecosistema” y demandaban “información clara y accesible” y la “consulta previa, libre e informada que establece el Convenio 169 de la OIT (Ley nacional 24.071) para con los pueblos indígenas”.
Las acciones concretas durante aquel 2015 se multiplicaron:
• Movilizaciones: el 9 de julio se manifestaron en la Plaza San Martín de Las Coloradas. El 12 de julio participaron en una marcha en Zapala. Y el 18 de julio realizaron una volanteada local.
• Festival “No a la Mina”. El 7 de agosto de 2015 se realizó un festival y una “gran marcha en repudio a la megaminería en el Departamento Catán Lil”. Reunieron a más de 300 personas en una localidad de mil habitantes. La manifestación incluyó la participación de asambleas de Junín y San Martín de los Andes, Loncopué, Aluminé, Zapala y la capital provincial, así como todas las comunidades Mapuche de la región.
• Peticiones populares. El 1 de septiembre de 2015 se entregó una carta al intendente Lucrecio Varela (quien aún sigue en el cargo) donde se expresó la “muy mala reputación” de Southern Copper en cuanto a contaminación y uso abusivo del agua. El 16 de septiembre se presentó un petitorio con 393 firmas de pobladores del Departamento Catán Lil, más del 50 por ciento del padrón electoral. Se exigió al Intendente que se opusiera al proyecto minero.
Poder Judicial y Legislativo
Los vecinos autoconvocados presentaron, el 22 de julio de 2015, un recurso de amparo ante el Juzgado de Zapala. Solicitaron la suspensión de la audiencia pública del 12 de agosto. Fue vital el trabajo del joven Germán Zúñiga, joven abogado local del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa).
Los tribunales, fuera de su común práctica, actuaron con celeridad. El 27 de julio, el Poder Judicial hizo lugar a la medida cautelar solicitada y dispuso la suspensión de la audiencia pública. El 10 de agosto, la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible provincial ratificó la suspensión.
Luego, la Comisión Municipal de Las Coloradas aprobó la Ordenanza 174/2015 que establece: “No autorizar en el ámbito jurisdiccional de Las Coloradas todo tipo de actividad minera, ya sea bajo o sobre la superficie terrestre que resulte ‘contaminante’ para cualquier ser vivo, ya sea humano, animal, vegetal e hídricos”. Además, ordenó “no alterar los recursos naturales como ríos, arroyos y todos tipos de afluentes que nutren al río Catán Lil”.
Las Coloradas celebra
“No se trata solo de luchar, también hay que saber gozar de los logros con alegría y memoria”, explica Gottle para graficar por qué este sábado 16 de agosto habrá actividades en Las Coloradas. Se congregarán comunidades indígenas, asambleas socioambientales, estudiantes y docentes, sindicatos, artistas y vecinos y vecinas de a pie, sin participación en organizaciones. La jornada se iniciará con una celebración mapuche en la costa del río, habrá un desayuno comunitario en el SUM Municipal, feria de artesanos, una marcha por las calles del pueblo y charlas-debate. Se pintará un mural sobre el cuidado del agua, habrá un homenaje a Luis Mercurio (histórico activista contra el extractivismo), plantarán un árbol en memoria de la lucha colectiva y finalizará con música y baile.
“Será un encuentro de celebración y de memoria colectiva”, resume la convocatoria de la Asamblea. Eduardo Galeano escribió: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”.
Las Coloradas, ese pequeño pueblo de la Patagonia de Argentina, ya se inscribe en las victorias populares contra el extractivismo. Y, al mismo tiempo, es un testimonio vivo del poder de la organización comunitaria en la defensa del agua, la tierra y la vida.
Movilización Mundial Por El Agua Para Los Pueblos
MILEI en CONTRA de las RESERVAS DE AGUA de los ARGENTINOS
La Ley 26.639 resalta la función de los glaciares y del ambiente periglacial como reserva de agua y es muy clara al remarcar que SE DEBEN PROTEGER TODOS LOS GLACIARES Y GEOFORMAS PERIGLACIALES CUALQUIERA SEA SU DIMENSIÓN: ARTÍCULO 3º — Inventario. Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán TODOS los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. Y el ARTÍCULO 2º — Definición.
A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, DIMENSIÓN y estado de conservación.
Asimismo, en los glaciares y todo el ambiente periglacial están prohibidas la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen, y la exploración y explotación minera e hidrocarburífera (artículo 6, inc. a- y c-).
Cuando existen derechos de incidencia colectiva atinentes a la protección del ambiente –que involucran, en el caso de los glaciares, la posibilidad de estar afectando el acceso de grandes grupos de población al recurso estratégico del agua- SE DEBE CONSIDERAR DE MANERA SISTÉMICA LA PROTECCIÓN DE LOS GLACIARES Y EL AMBIENTE PERIGLACIAL CONSIDERÁNDOLOS DE FORMA INTEGRAL COMO ECOSISTEMAS.
Es así como el caudal de los ríos cordilleranos, se originan en un SISTEMA INTERRELACIONADO INDIVISIBLE en el que intervienen la nieve, los glaciares y el ambiente periglacial.
Al aprobar esta Ley de Protección de Glaciares, el Congreso conectó los efectos de ciertos procesos extractivos -más específicamente, la posible incidencia de la minería a gran escala en ciertas regiones del país- con la preservación y conservación de los glaciares como “RESERVAS ESTRATÉGICAS” PROVEEDORAS DE AGUA PARA EL PLANETA, según el artículo 1° de esa ley. Esto fue porque la actividad megaminera genera voladuras y polvo en suspensión que afectan el albedo de los glaciares, provoca un calentamiento local que hace que se derritan más rápidamente, y también genera el desvío de cursos de agua y contaminación de los ríos (verbigracia, la Barrick Gold con su mina Veladero y sus sucesivos derrames de mercurio que contaminan la cuenca del río Jáchal desde 2015, o la BHP con el colapso del dique de colas de la mina Samarco en 2015, donde se liberó una enorme ola de lodo tóxico que contaminó el río Doce y llegó hasta el océano Atlántico, causando la muerte de 19 personas en Brasil).
Por todo ello, es inconcebible que ahora de manera irresponsable e ilegal el Presidente Javier Milei quiera dictaminar por decreto la “desaparición forzada” de los glaciares menores a una hectárea, porque tan solo en la provincia de San Juan son MIL CUATROCIENTOS los glaciares que estarían condenados a la destrucción. Estamos hablando que Milei quiere DECRETAR LA DESTRUCCIÓN de la única fábrica de agua que tenemos los pueblos cordilleranos, porque desde Mendoza hacia el norte la mayoría de los glaciares son menores a una hectárea. No tenemos glaciares como el Perito Moreno en Los Andes Desérticos Centrales.
Con esta pretensión de modificar una ley por decreto, el Presidente Milei va en contra de la Constitución Argentina y también va en contra del consenso internacional que aprobó el Acuerdo de París en 2015 y fue ratificado por la República Argentina en 2016, porque atenta directamente contra las fuentes de agua de los habitantes de las provincias cordilleranas. Incumple además la ley general del ambiente y el acuerdo de Escazú en los cuales se establece la no regresión en protección ambiental, la consulta a las comunidades y el derecho a la información entre otros derechos.
Entendemos ahora mucho más la represión, criminalización y persecución a los defensores del agua, quienes representamos un obstáculo para sus planes perversos. Es más, con esta decisión intenta desaparecernos de estos territorios, tal cual lo reconoció públicamente su Jefe de Asesores Económicos, Demian Reidel quien dijo, hace un par de meses, que «the problem with Argentina is that it’s populated by Argentinians» (el problema de Argentina es que está poblada por Argentinos)
Milei pretende por decreto desproteger los glaciares y geoformas periglaciales menores de una hectárea para asegurar una zona liberada en beneficio de las corporaciones megamineras, sin tener en cuenta a las personas. ¿De dónde saca que un glaciar de 99 metros por 99 metros no tiene que preservarse, o uno de 90 por 90, o uno de 80 por 120, o uno de 50 por 190, o uno de 40 metros por 240 metros? Todos esos ejemplos tienen menos de una hectárea de superficie y SON RESERVAS ESTRATÉGICAS DE AGUA porque, cuando no nieva lo suficiente en la cordillera, ellos aportan sistemáticamente el caudal indispensable para que los ríos cordilleranos no se sequen.
Por eso si avanza este decreto inconstitucional habilitando la destrucción de esos miles de glaciares menores a una hectárea, nos quedaremos en un par de años sin esas RESERVAS INVALUABLES DE AGUA…
Repudiando el accionar antidemocrático y antirrepublicano del gobierno de Javier Gerardo Milei, que pretende modificar por decreto el articulado de la ley de Glaciares, le requerimos al Gran Pueblo Argentino que defienda la Ley de Protección de Glaciares por el bien de todos los hijos de esta tierra argentina, porque el agua de los glaciares llega en forma superficial y también en forma subterránea hasta el Océano Atlántico.
Por eso necesitamos que todos salgamos gritando que La Ley de Glaciares No Se Toca, porque LOS GLACIARES DE TODOS NO SE TOCAN
Somos agua que camina, con la alegría de ríos y arroyos, con la serenidad profunda de los lagos, y con la fuerza del glaciar…el glaciar que no se toca.
Resistiremos cualquier intento de modificación de la Ley de Protección de Glaciares porque está en juego nuestro futuro y nuestra descendencia.-
Firman:
– Asamblea Jáchal No se toca.
– Asamblea No a la Mina Esquel
– Asamblea por necesidad y urgencia Mendoza.
– Asamblea de Las Heras por el Agua Pura.
– Asamblea Socioamabiental por el Agua de Guaymallén.
– Observatorio de personas con discapacidad de Mendoza.
– Coordinadora Socioambiental Bahía Blanca.
– CTA Bahía Blanca.
– Equipo del programa radial «Caminando el territorio» AM 1240
– Foro Ambiental y Social de la Patagonia. Comodoro Rivadavia
– Grupo GAIA (Socioambiental). Mendoza.
– Instituto de Capacitación Popular (ICP). Mendoza
– Arte x el agua de Mendoza.
– Asamblea Socioambiental Baradero, Pcia. de Bs As.
– Red de Luchas Socioambientales de Salta.
– Guardianes del Arbolado – Mendoza. Asamblea Popular por el agua de Mendoza.
– Comunidad Costera TDFAEIAS.
– «Campaña Defendamos el Martial» Tierra del Fuego.
– Ambiente en Lucha de Tierra del Fuego.
– Federación Argentina de Espeleología. FADE. Malargüe, Mendoza.
– XR Rebelión o Extinción. Argentina.
– Asociación civil ciudadanos de Mendoza.
– Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata.
– Yo Amo a Mis Sierras.
– Asamblea SocioAmbiental El Trapiche.
– CLAMA Cielos Limpios en América Monitor Ambiental.
– Colectivo de Trabajadores por la Ventana (docentes entrerrianos). María Laura Langhoff. Doctora en Geografía por UNS. Becaria del Conicet.
– Ambiente en Lucha Nacional.
– MOVIMIENTO ALTERNATIVA DE ARGENTINA.
– ASOC. SIN FINES DE LUCRO DEL CIELO A LA TIERRA.
– PROGRAMA RADIAL HUMANIDAD ¿ADÓNDE VAS?
– RED JARILLA DE PLANTAS SALUDABLES DE LA PATAGONIA
– Feria Popular de Guaymallén.
– Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones.
– Movilización Mundial por el agua para los pueblos.
– MiningWatch Canadá.
-Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca.
– Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Carmen de Patagones
-Asamblea Permanente del Comahue por el Agua Allen – Río Negro
Fuentes: Agencia Tierra Viva, Agencia Farco, Página 12, Anred, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino
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