Cataluña y Canarias ya han aprobado los decretos por los que regulan la existencia de las radios libres, que ahora tendrán que conseguir una licencia para emitir.
«Todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad.» Con esta declaración de buenas intenciones comienza el capítulo 1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, que entrará en completa aplicación en abril del próximo año.
La nueva normativa, que prohíbe la emisión de películas porno en abierto y limita el tiempo de publicadad, también reconoce, después de 30 años, a las radios comunitarias y les promete que «garantizará en todo caso la disponibilidad del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de sus servicios».
Pero en la práctica no está siendo tan bonito y las miles de radios libres del territorio nacional se enfrentan ahora a una nueva traba: conseguir una licencia. Además de imponerles el pago de cánones y tasas y limitar su capital a los 50.000 euros anuales, la nueva ley audiovisual deja en manos de las comunidades autónomas la concesión de la licencias a las radios comunitarias, y Cataluña y Canarias ya han dado una muestra del destino de estos medios de comunicación.
El pasado 29 de julio, en pleno pariodo vacacional, el Gobierno de Cataluña publicó en su boletín oficial la resolución para someter a información pública el proyecto de decreto sobre Servicios de Comunicación Audiovisual sin Ánimo de Lucro.
El decreto, que comienza señalando el importante papel del llamado tercer sector de la comunicación para potenciar la participación de la ciudadanía en la sociedad civil, señala que los medios de comunicación audiovisual comunitarios, aunque pueden ser patrocinados, no pueden incluir publicidad a no ser que sean de actividades de economía social o del mismo tercer sector (radios comunitarias).
Respecto al tema de las licencias, el decreto promete que se le reservará un espacio del espectro radioeléctrico y explica que se hará de acuerdo a la Ley 22/2005, de 29 de septiembre de la Comunicaicón Audiovisual de Cataluña. Son licencias por periodos de 15 años y su otorgamiento correponde al Consejo Audiovisual de Cataluña. Ya en la ley se matiza que es esta reserva de espacio dependerá de los planes técnicos y de que lo permita el espacio radioeléctrico, además de restringir la cobertura de las radios libres a un ámbito más reducido que las demarcaciones locales. En Cataluña existen hoy 183 radios libres.
Otra comunidad que ya ha regulado la aplicación de la nueva ley audiovisual es Canarias. En las islas es donde se cuentan el mayor número de radios libres: 482 en total. A pesar de que el decretoaprobado en julio (también en veranio) sobre comunicación audiovisual obliga a las radios comunitarias a inscribirse y a obtener una licencia de emisión, el gobierno canario convocó en agosto el concurso para repartir 156 licencias de radio, dejando fuera a las radios comunitarias. Desde el gobierno canario afirman que el concurso para la obtención de licencias de las radios comunitarias se realizará más adelante, pero Canarias sólo dispone de esas 156 licencias de radio.
Y es que, aunque esta ley reconoce por fin el trabajo de las radios comunitarias, se ha realizado a partir de las demandas de los medios de comunicación comerciales, que veían en estas radios libres un fuerte oponente que les quitaba audiencia, y sin contar con la opinión de las comunitarias, como ya manifestó a principios de este año Mariano Sánchez, miembro de la Red Estatal de Medios Comunitarios y presidente para Europa de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). La creación de un registro de frecuencias «que impida que la libertad de emisión quede reducida a la libertad de posesión de los medios técnicos más potentes y que impida la infiltración de radios con fines lucrativos», el reconocimeinto legal y la garantía de un porcentaje del espacio radioeléctrico son algunas de las demandas históricas de estos medios de comunicación, que, en esta nueva ley, han cambiado de cara y se han convertido más en herramientas de caza.
Y así, mientras el reparto de licencias recae en las comunidades autónomas, el registro de emisoras ya viene precedido de un listado de «radios ilegales» entregado al Gobierno estatal desde la Asociación Española de Radio Difusión Comercial (AERC), una institución formada por la SER, Onda Cero, COPE, Punto Radio y algunas más con la petición de que las persiguiera para que no les quitara su pedazo del pastel.
Hasta medios de comunicación internacionales como Democracy Now han advertido del peligro al que se enfrentan las radios comunitarias españolas en una carta remitida a sus voluntarios en el país y practicamente todas las radios comunitarias han mostrado su rechazo total o parcial a la nueva normativa, como es el caso de Contrabanda, la Red de Radios y Medios Libres de Valencia, Cuaco Radio Almenara, por poner algunos ejemplos.
Fuente: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article18244