El 22 de marzo de 1984, agentes de Policía Nacional hicieron una emboscada a miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Dos de ellos murieron en la ráfaga de disparos de la policía, otros dos fueron fusilados a quemarropa. 39 años después, el juzgado ha ordenado una rueda de reconocimiento con siete policías que podrían haber sido los autores de los hechos.

Mariló Gorostiaga es miembro de la Red de Personas Torturadas en Navarra, organización que ha impulsado el informe realizado por el Instituto Vasco de Criminología que muestra que, desde el comienzo de la democracia hasta 2015, en esta comunidad se han contado al menos 676 personas víctimas de torturas.

Desde Sare denuncian que la Fiscalía ha recurrido el paso a tercer grado de 24 de los 34 presos de ETA para los que el Gobierno vasco ha aprobado el régimen de semilibertad y señala que 110 de los 190 presos ya han cumplido la mitad de la condena, paso inicial para optar al tercer grado.

Surgida a partir de unas jornadas del 15M, lanzada por el Ayuntamiento de Ahora Madrid y apagada con la corporación de Martínez-Almeida, la web sobre la Cárcel de Ventas ha vuelto a la vida por iniciativa de la fundación alemana Rosa Luxemburg.

La Casita, centro emblemático de cuidado de menores con graves enfermedades, cerró el pasado jueves. Es uno de los movimientos en el sistema de protección de menores llevado a cabo por la Consejería de Juventud, Familia y Política Social de Madrid, que supondrá también el cierre del centro de Acacias y el traslado de decenas de niños y niñas a espacios fuera de la ciudad.

La familia de Yolanda González denuncia que su asesino haya sido contratado como perito en la defensa de Laura Borrás. El abogado de Borrás, Gonzalo Boye, señala que la Fiscalía conocía su identidad desde hace dos años y lo ha rechazado como perito por las conclusiones de su informe.

El informe, elaborado por Iridia, Novact y Rights International Spain, resalta la necesidad de crear órganos externos de denuncia y control policial independientes.

El caso Open de Tenis, que les valió a Sánchez Mato y Celia Mayer un proceso judicial que ha durado cinco años, es uno más de las posibles tramas de corrupción en la Comunidad de Madrid que la justicia se ha negado a investigar.