Distintas evidencias señalan al Estado como responsable del espionaje a 65 políticos y personalidades catalanas y vascas a través del software Pegasus. Una investigación de Citizen Lab detalla cómo y cuándo se infectaron los teléfonos y sugiere la responsabilidad del CNI.

Las trabajadoras denuncian que hasta que no ha llegado la subida del salario mínimo interprofesional no se ha eliminado la brecha salarial en el sector y tienen pocas esperanzas en que la reforma laboral baje la temporalidad en estos centros de trabajo.

La juez María Servini ordena nuevas diligencias de investigación para probar la responsabilidad del exministro franquista el mismo día que el Congreso rechaza la toma en consideración de una reforma del Código Penal que facilite la investigación de los crímenes del franquismo.

Trece organizaciones y colectivos se unen a No Somos Delito para reclamar a los partidos aprovechar “la última oportunidad de quitarnos todas las mordazas”.

La exdirigente de ETA está siendo juzgada por los atentados de 1996 en Gijón a pesar de que un informe realizado conforme al protocolo de Estambul muestra que firmó su autoinculpación tras sufrir cinco días de torturas.

Las asociaciones de víctimas del amianto han convocado hoy concentraciones ante las sedes de varias de las empresas con más casos de enfermedades causadas por este mineral y ante el Congreso de los Diputados tras una jornada de reuniones con los grupos parlamentarios.

La Plataforma por el Centro de Memoria Cárcel de Carabanchel solicita reunirse con el ministro de Interior para transmitirle sus propuestas para el futuro del terreno donde se ubicaba el complejo penitenciario.

Corporativismo, falta de transparencia y de herramientas de gestión presentes en otras administraciones públicas como la rendición de cuentas son algunos de los problemas que organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad ven en los cuerpos policiales españoles. Las propuestas van desde aumentar la formación práctica de los agentes hasta crear organismos y control independientes y abrir vías de participación que permitan crear políticas de seguridad decididas en común.