La juez María Servini ordena nuevas diligencias de investigación para probar la responsabilidad del exministro franquista el mismo día que el Congreso rechaza la toma en consideración de una reforma del Código Penal que facilite la investigación de los crímenes del franquismo.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Argentina ha acordado nuevas vías de investigación sobre Rodolfo Martín Villa. Según expresa una notificación hecha pública ayer por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), el juzgado dirigido por María Servini de Cubría ha acordado la práctica de una serie de diligencias de investigación sobre la responsabilidad penal que pueda tener el ministro franquista sobre los crímenes contra la humanidad cometidos entre los años 1976 y 1979.
La
notificación del juzgado argentino coincidió ayer con la votación en el
Congreso de una proposición de ley que tenía como objeto añadir un
artículo al Código Penal para que los crímenes de genocidio y lesa
humanidad pueda ser investigados y juzgados en España aunque este tipo
de crímenes no estuvieran en la legislación o no estuvieran contemplados
como imprescriptibles en el momento en el que se dieron, en línea con
los convenios internacionales de derechos humanos suscritos por España.
La proposición, impulsada por las CUP, fue rechazada con los 269 votos
en contra del Partido Popular, Vox, Ciudadanos y PSOE —menos dos de sus
diputados, que optaron por la abstención— y de Yolanda Díaz, de Unidas
Podemos.
Desde Ceaqua resaltan lo “paradójico” de que la notificación del juzgado argentino se haya producido mientras se producía ayer el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados y “se ponía de manifiesto, una vez más, la voluntad inequívoca de los grupos parlamentarios mayoritarios respecto al mantenimiento y sostén del modelo de impunidad del Estado español”.
Entre las diligencias de investigación acordadas por la juez argentina están requerir a España información en cuanto a las medidas gubernamentales dispuestas entre los años 1976 y 1978 para combatir o contener a los grupos de ultraderecha y la represión por parte de las fuerzas de orden público, las instrucciones impartidas por las autoridades de la época y en particular Rodolfo Martín Villa respecto a cómo debían disolverse las manifestaciones o huelgas, si en este periodo desde el ministerio que dirigía Martín Villa se impartió alguna directriz para restringir el uso de armas de fuego para disolver manifestaciones, las actuaciones administrativas o procesos penales incoados en esos años sobre la actuación de las fuerzas de orden público en la dispersión de manifestaciones, si es que existió algún tipo de imputación penal concreta y condena a algún miembro de los cuerpos policiales, el número de procesos iniciados y resultado de los mismos entre los años 1976/1978 en el que fueran denunciadas personas pertenecientes a grupos de ultraderecha por la muerte o lesiones graves de manifestantes, las ocasiones en las que Martín Villa ha sido interpelado en el Congreso para dar explicaciones sobre acciones de las fuerzas de orden público, y el número de personas muertas en los años 1976 a 1978 a causa de disparos de arma de fuego por parte de las fuerzas de orden público o seguridad en la dispersión o disolución de manifestaciones o huelgas.
Servini de Cubría también ha requerido que España el envíe una copia del manual con el que trabajaba la policía española, al menos hasta noviembre de 1976 en el que se afirmaba que “la represión no alcanza su fin si era blanda” y que se debía actuar dura y enérgicamente, empleando desde la carga con la defensa hasta el fuego con toda clase de armas.
“En definitiva, Martín Villa continúa imputado en la querella argentina por doce homicidios agravados en un contexto de crímenes contra la humanidad y la jueza Servini de Cubría impulsa nuevamente su investigación judicial al objeto de reforzar dicha imputación y que finalmente sea procesado por los citados crímenes”, señalan desde Ceaqua, organización desde la que demandan al Gobierno y al Poder Judicial que, “al menos, colaboren con la justicia argentina en la investigación de dichos crímenes” ya que, como lamentan que demostró la votación de ayer en el Congreso, “el Estado español no está dispuesto a investigarlos”.
Martín Villa está acusado, dentro de la querella argentina contra los crímenes del franquismo, como responsable de la matanza de Vitoria, en marzo de 1976, y de la muerte de Germán Rodríguez en los Sanfermines de 1978, mientras ocupaba el cargo de ministro de Relaciones Sindicales y de Gobernación respectivamente. En diciembre de 2021, la Cámara Criminal y Correccional Federal argentina, con el juez Martín Irurzun al frente —nombre polémico en la justicia argentina por su relación con el expresidente argentino Mauricio Macri— emitió un auto por el que sobreseía la causa contra el exministro franquista en base a que no se han aportado en el proceso judicial pruebas suficientes para aplicar la justicia universal porque no ha quedado demostrado que durante el periodo de la Transición española hubiera una continuidad con las políticas empleadas durante la dictadura franquista. “Los historiadores –casi sin excepción- describen la Transición como un período exitoso para la democracia y los derechos y libertades de los ciudadanos españoles. En ningún caso se lo explica o confunde con una continuación de la labor de Franco y/o un nuevo plan de exterminio o persecución de opositores. Todo lo contrario”, afirmaba el auto de Irurzin.
El auto de sobreseimiento fue recurrido por Ceaqua y pocos días después, el mismo Martín Villa reconoció en un encuentro organizado por el Foro Nueva Economía que podía ser “responsable político y penal” de las muertes de la matanza de Vitoria y de los Sanfermines del 78, aunque negó que en esos años hubiera “un plan sistemático, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de un régimen democrático, eliminando a aquellas personas más significativas en el orden político, justamente la transición fue lo contrario”.