Falta de planificación y previsión, de coordinación y voluntad política además de nula atención y orientación a las personas migrantes durante el proceso de regularización; son algunas de las críticas planteadas por colectivos y ONG al Ayuntamiento de Valencia -gobernado por el PP y Vox- en relación con el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en situación oficialmente considerada irregular, que se inició el 16 de abril y finalizará el 30 de junio.
“En la parcela estrictamente burocrática la situación está siendo a todas luces muy limitada; sin embargo, ha habido un intento de transmitir a la ciudadanía que se está apoyando el proceso, con anuncios de actuaciones que en realidad no se han llevado a cabo”, señalan las entidades sociales que forman parte de la Comisión Permanente del Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad (CLII) de Valencia, con el respaldo de una treintena de organizaciones.
Constituido en septiembre de 2016, el CLII es un órgano de participación colegiado dependiente del Ayuntamiento de Valencia, con representación de las entidades del sector, la Generalitat y los grupos políticos municipales; entre los fines del Consejo Local de Inmigración, está -según la página Web del Ayuntamiento- la colaboración con el gobierno municipal en el diseño de las políticas de inclusión y convivencia intercultural.
¿Qué consecuencias está teniendo la actuación “negligente” y la inacción municipal en los trámites de regularización? Las ONG explican en un comunicado del 19 de junio que se están viendo desbordadas por el proceso y han tenido que recurrir al trabajo de numerosas personas voluntarias, extender hasta el límite los horarios de atención e incluso hacer uso de “fórmulas imaginativas”.
Uno de los ejemplos de la falta de colaboración señalada por los colectivos es la postergación de las reuniones de coordinación necesarias en el proceso; así, mientras que el Real Decreto de regularización se publicó en el BOE el 15 de abril, la reunión solicitada por las ONG fue demorada por el ayuntamiento hasta el 8 de junio, cuando el proceso concluía el 30 del mismo mes; “apenas quedaba margen de actuación”, criticaron las entidades.
El comunicado de las organizaciones apunta algunos de los efectos de esta falta de coordinación: colas en algunos Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) y en las sedes de ONG; de hecho, los CMSS “derivaban a las personas directamente a las organizaciones sociales, tanto para el acompañamiento y orientación, como para resolver cuestiones burocráticas y la extensión de informes de vulnerabilidad”.
El informe de vulnerabilidad es uno de los elementos clave en el procedimiento de regularización; los organismos que pueden acreditar la situación de vulnerabilidad son los servicios sociales públicos y las entidades sociales o sindicatos inscritos en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería.
Aislamiento social o falta de red de apoyo; situación de sinhogarismo o vivienda precaria; la condición de víctima de discriminación o exclusión social; la carencia de ingresos suficientes; y la situación de pobreza o riesgo de exclusión económica son algunas de las circunstancias de vulnerabilidad establecidas en el procedimiento.
Así, ante la falta de personal y medios municipales para afrontar el proceso y la falta de efectividad -por aplicarse en un plazo excesivamente largo- de las partidas presupuestarias habilitadas por el ayuntamiento, las organizaciones han ejercido en la práctica un papel muy relevante para garantizar el acceso efectivo a la regularización y en el acompañamiento a las personas migrantes.
En el comunicado del 19 de junio, los colectivos apuntan los datos de solicitudes y certificados de vulnerabilidad emitidos por el Ayuntamiento: 7.637 solicitudes y 783 certificados emitidos, lo que representa un 10% de las solicitudes (cifras aportadas por la Concejalía de Servicios Sociales el 8 de junio); según las ONG, “el sumatorio de muchas entidades se acercaba a la cifra de casi 20.000 certificados de vulnerabilidad emitidos”.
Sobre la falta de previsión y las demoras en los certificados de vulnerabilidad, critican los colectivos: “El retraso injustificado ha provocado que muchas personas no hayan podido esperar la respuesta municipal y se hayan visto obligadas a obtener los certificados a través de otras entidades habilitadas, generando situaciones de duplicidad y distorsionando las cifras finales”.
A ello se añade el problema de los empadronamientos; según el Balance Discriminación Cotidiana por Racismo y Xenofobia de 2025 en Valencia, realizado por una decena de ONG, el padrón es uno de los ámbitos de mayor discriminación institucional, a pesar de que es la puerta de entrada a derechos básicos como el acceso a prestaciones sociales, los cursos de formación para el empleo; la solicitud de la tarjeta sanitaria o la escolarización de las personas menores.
Una problemática aún mayor es la relacionada con los empadronamientos especiales (personas en situación de calle, sin domicilio fijo, en situación de infravivienda o sin ninguna posibilidad de reconocimiento de la situación de arrendamiento u ocupación de la vivienda).
Las ONG recuerdan cómo, desde hace meses y particularmente desde el 10 de marzo, el CLII ha solicitado la comparecencia de la persona responsable del Servicio del Padrón para tratar sobre las barreras del acceso al empadronamiento; sin embargo, aseguran no haber obtenido respuesta alguna de la Concejalía, salvo que la citada persona “no ha tenido tiempo para atender esta cuestión”.
Pero las críticas a la gestión municipal se han producido desde el inicio del proceso; colapso, escenario de caos, desinformación, colas desde primera hora de la mañana y servicios municipales desbordados; fueron términos con los que la coalición Compromís caracterizó el 17 de abril el comienzo del proceso de regularización; Compromís subrayaba que era previsible la alta demanda del certificado de vulnerabilidad y que, pese a ello, el gobierno del PP y Vox no reforzó con antelación los recursos municipales.
En este contexto, la campaña Regularización Ya presentó el 10 de junio al Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) por una regularización extraordinaria con dignidad, frente a los obstáculos burocráticos que se están produciendo ajenos a la voluntad de las personas migrantes; en concreto, denunciaron colapsos en los consulados, saturación en las oficinas y barreras impuestas por los ayuntamientos.
El primer punto incluido en la PNL es que se facilite la tramitación de los documentos necesarios; según la Campaña, personas migrantes provenientes de Argelia, Cuba, Guinea Conakry o Gambia tienen dificultades para conseguir la cita consular con la que legalizar la documentación; la segunda exigencia es que se ponga fin al colapso en el sistema de toma de huellas dactilares, necesaria para obtener la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE).
Se suma, a estos dos aspectos, la demanda de que se den instrucciones inmediatas para dejar sin efecto cualquier orden de expulsión durante el periodo de vigencia de la regularización; precisamente la Defensoría del Pueblo formuló el 1 de junio una recomendación a la Dirección General de la Policía para que se evite la expulsión de personas migrantes que estén en proceso de regularizar su situación en el estado español.
Por último, Regularización Ya pide en la PNL una prórroga en los plazos de regularización más allá del 30 de junio, debido a las barreras burocráticas en ayuntamientos y oficinas; la prórroga debería extenderse hasta garantizarse que pueda acceder a la regularización quien cumple con los supuestos exigidos.
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