“Tenía programada una excursión para mi país, Honduras; me trasladaron al aeropuerto de Madrid-Barajas y, en el momento de subirme al avión, dije que no quería viajar porque en mi país recibo amenazas: estoy amenazado de muerte; les dije entonces que tenía algo en la boca que se me debía tratar; ellos me bajaron y golpearon, abusaron del poder y la fuerza; después me subieron a una furgoneta, otra vez me golpearon y tiraron del vehículo; y me trajeron de nuevo al CIE de Valencia”.
Es el testimonio del ciudadano hondureño Henry Josué Vargas, interno en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia, difundido el 15 de junio en las redes sociales por la Campaña CIEs No; sus palabras se refieren a las presuntas agresiones por parte de varios policías cuando el joven se opuso a la deportación, según consta en la denuncia presentada ante el Juzgado de Control del CIE de Valencia a través de su abogado.
En el escrito presentado al juzgado el 4 de junio, el abogado detalla que el día anterior, a las 18,00 horas, agentes de la Policía Nacional trasladaron al muchacho desde el CIE de Valencia hasta el aeropuerto madrileño para llevar a cabo su deportación; al llegar a las instalaciones aeroportuarias, Henry Josué Vargas pasó a manos de los agentes que se encargarían de la devolución, quienes le subieron en una furgoneta y condujeron al avión.
En este momento, añade el representante jurídico del joven, éste advirtió a los policías que se había cortado la lengua, por lo que pidió el traslado a un centro médico según lo establecido en el Artículo 35 (sobre desplazamiento médico o consulta hospitalaria) del Real Decreto 162/2014 por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento de los CIE.
El piloto del avión se negó a llevar a bordo al joven hondureño, de manera que los agentes hicieron salir de la aeronave al migrante detenido, “lo tiraron al suelo y lo esposaron, subiéndolo a la furgoneta y empezando a ejercer sobre éste actos de violencia y vejación, produciéndole lesiones”, subraya el texto de la denuncia.
El siguiente episodio de presunta violencia policial tuvo lugar a la llegada a la comisaría del aeropuerto; los policías tiraron al detenido de la furgoneta, atado con las esposas, contra el suelo, “golpeándose la cara contra el pavimento al no poder defenderse con sus manos, zafadas con las esposas”; a continuación, ante las lesiones producidas, Henry Josué Vargas fue trasladado a los servicios médicos del aeropuerto, que le limpiaron las heridas; sin embargo, la versión oficial sobre las contusiones fue que estas obedecieron a una caída.
Así las cosas, el joven hondureño fue entregado otra vez a los policías que lo habían conducido desde el CIE de Zapadores, con el fin de retornarlo al centro de internamiento; Henry Josué “ha solicitado en varias ocasiones ser visitado por un médico, sin que se le haya facilitado informe ni parte de lesiones”, destaca su abogado en la denuncia.
En el escrito al juzgado que se encarga del control del CIE, el representante legal de la persona migrante pide a la instancia judicial que se acuerde el traslado de Henry Josué Vargas a la sede del Instituto de Medicina Legal, con el fin de que el médico forense emita un informe sobre las lesiones provocadas.
El texto dirigido al juez incluye cuatro fotografías de la persona detenida y encerrada en el CIE, en las que se observan las contusiones y moratones en el rostro y las piernas.
En consecuencia, el abogado solicita al Juzgado de Control que desarrolle las investigaciones necesarias para aclarar quiénes fueron los policías intervinientes y la identificación de estos con sus TIP (tarjeta identificativa) para, de este modo, dirimir si se han cometido presuntos delitos de lesiones y torturas.
Las ONG han dado cuenta de otros episodios de presuntos malos tratos en el CIE de Zapadores; por ejemplo, en febrero de 2024, la Campaña CIEs No informó sobre la denuncia de agresión policial interpuesta por un interno en los juzgados de Valencia; los hechos se produjeron cuando trataba de evitar que un agente golpeara a un compañero interno; recibió, según consta en la denuncia, un puñetazo en la boca, lo que le hizo caer inconsciente en el suelo.
El relato de la denuncia proseguía con la llegada de la policía antidisturbios: “Comenzaron a sacar a todo el mundo de sus habitaciones mientras los golpeaban, aunque no opusieran resistencia. Varias personas fueron heridas”; la persona encerrada en el CIE pidió la suspensión cautelar de su expulsión, de modo que prevaleciera su condición de víctima, hasta que se aclararan los hechos.
Además, en agosto de 2023, la Campaña dio cuenta de la denuncia planteada ante el Juez de Instrucción número de 3 de Valencia por una persona de nacionalidad colombiana encerrada en el CIE; el escrito señala que, tras ser introducido en una celda, el policía empezó a pegarle con la mano; y tras echarse el agredido en la cama para protegerse, el agente le golpeó varias veces con los puños; la agresión cesó cuando llegaron al lugar compañeros del recluso; el denunciante fue al médico del CIE, quien le remitió al hospital.
Otro caso relevante tuvo lugar en julio de 2022; un joven recluido en el centro de Zapadores presentó una denuncia en el juzgado de guardia de Valencia contra cuatro agentes de la Policía Nacional, a quienes acusaba de darle una paliza y haberle aislado en una habitación, sin agua, mientras le miraban “y se reían”; las ONG resaltaron en un comunicado que esta situación le causó un estado de ansiedad y frustración que le llevó a autolesionarse.
Las citadas fuentes situaron el origen de la acción violenta cuando el chico llamó a la policía -pulsando el timbre de la celda- para solicitar atención sanitaria por un fuerte dolor de muelas; según consta en la denuncia, el joven recibió patadas en el cuerpo -incluida la cabeza- con consecuencias que figuran en el informe médico de la exploración realizada al día siguiente: “múltiples excoriaciones superficiales longitudinales en tórax y miembro superior izquierdo” y “hematoma periorbitario izquierdo”.
Asimismo, el 15 de junio, con motivo del Día contra los CIE, la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el Fin de las Deportaciones ha denunciado que la reclusión en estos centros implica una amenaza al derecho a la regularización de personas migrantes, proceso que se inició el 16 de abril y concluirá el 30 de junio.
Las ONG afirman que un número significativo de personas que deberían estar en proceso de obtener su residencia han sido deportadas desde un CIE; la presión popular pudo finalmente paralizar el 19 de mayo la deportación a Marruecos del joven Mounir Meziat -quien cumplía con las condiciones para acogerse a la regularización– desde el centro de Zapadores; el 15 de abril se logró detener la expulsión desde el CIE de Valencia de Oussama Moumen, cuyo arraigo acreditaron diferentes entidades.
La denuncia pública ha conseguido impedir también la deportación desde el CIE de Algeciras de Omar er-Rahalli, quien llevaba cinco años en el estado español y hablaba castellano; en los tres casos los chicos han podido continuar con el proceso de regularización; pero no ha ocurrido lo mismo con Abdou, expulsado a finales de mayo desde Badalona a su país, Senegal, tras ser detenido durante una cita trampa policial en una comisaría, informó elDiario.es; Abdou también se hallaba en proceso de regularización y fue una de las centenares de personas migrantes desalojadas en diciembre de 2025, a instancias del alcalde García Albiol, de un antiguo instituto en la ciudad catalana.
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