Ayuso ha promulgado en la Comunidad madrileña, la denominada “ley del no nacido”, revestida de un vocabulario suave, casi administrativo, como si bastara con vestir de normas lo que en realidad es una disputa por el cuerpo de las mujeres. Pero cuando se baja al suelo—cuando se mira lo que implica en la vida cotidiana—se entiende el mensaje verdadero: no se trata solo de “acompañar”, no se trata solo de “premiar”, no se trata solo de “convivir con la ley”. Se trata de colocar, desde el primer momento, una piedra extra en el camino de decidir ante un embarazo que muchas mujeres no deseaban, y sobre el que dudan si mantenerlo o no.
El aborto es para la derecha el culmen de los males, no les importa que los niños mueran por bombas israelíes o hambrunas, pero si que la mujer considere que es salud pública. Es justicia. Es supervivencia. Es el derecho a que su proyecto vital no sea secuestrado por un sistema que decide por ti.
La evidencia es tozuda: donde el aborto está garantizado, es seguro; donde se prohíbe o se dificulta, se vuelve clandestino y peligroso. Y el daño—como siempre—no cae por igual: cae con más fuerza sobre quien no puede pagar desplazamientos, listas de espera, asesorías, recursos, protección. Se castiga a la vulnerabilidad. Se convierte la pobreza en una sentencia médica.
Por eso esta ley que busca reconocer la llamada “fetal personhood” (la personalidad jurídica del feto), no se puede leer como si fuera solo “política social”. Son política sobre el significado de la maternidad. Son un intento de reordenar prioridades: pasar de la autonomía corporal a una lógica donde la prioridad es la existencia del “no nacido” como sujeto moral y administrativo, mientras el cuerpo de la mujer queda relegado a un terreno secundario. Y cuando consiguen ese cambio de marco, el resto llega casi solo: más presión, más estigma, más burocracia, más coste emocional, más miedo.
Y hay algo especialmente cruel en el tono: se habla de “cuidar”, pero se olvida quién necesita cuidado cuando el Estado convierte una decisión de salud y dignidad en un viacrucis. Se habla de protección, pero se omite que el derecho a interrumpir un embarazo no es un capricho: es la diferencia entre recibir atención segura o quedar atrapada en la vergüenza, la soledad y el riesgo.
Reducir el aborto a una discusión moral es el truco definitivo. Porque el aborto no se decide desde la pizarra: se decide desde circunstancias reales—salud, proyectos, violencia, precariedad, falta de apoyo—y en tiempos que no esperan a que la política se ponga de acuerdo. Convertirlo en ideología es, en el fondo, negar que las mujeres son personas con vida, no contenedores reproductivos.
Esta “ley del no nacido” no cambia el milagro de la biología: cambia el poder. Cambia quién puede elegir y quién debe justificar su decisión. Cambia lo que se considera legítimo. Y cuando una norma intenta desplazar el centro desde la mujer hacia el embrión, lo que hace es encender de nuevo una guerra cultural que siempre termina donde debía haberse evitado: en el cuerpo y en la vida de las mujeres.
El aborto—insisto—no es contra nadie. Pero tampoco puede ser “a favor de” alguien a costa de imponer a otras el precio de esa idea. Los derechos no se negocian con propaganda. No se retroceden con eufemismos. Se protegen garantizando salud, acceso y dignidad.
Si de verdad quisieran cuidar, cuidarían lo esencial: que nadie tenga que elegir entre el estigma y la inseguridad; que nadie tenga que depender de su suerte para recibir atención; que nadie tenga miedo de pedir ayuda.
Porque, al final, lo que está en juego no es el “no nacido”. Lo que está en juego es la capacidad de las mujeres de vivir su vida sin tutela. Y esa capacidad—la autonomía—no es negociable.
Feijoo consciente de la estrategia que supone esta ley, plantea el hacerla nacional, buscando evitar que Ayuso sea una referencia fuerte en ese nicho, y por ello a Feijóo, le conviene neutralizar la ventaja de agenda arrebatándole la iniciativa a Ayuso, y situarse como “autor” del salto de una medida autonómica a una política de Estado, donde el PP controle el marco, convirtiéndolo en paquete vendible (familia, natalidad, conciliación) y reduciendo el riesgo de que quede como “idea de Ayuso”. Cuando un rival puede presentarse como “la que consigue cosas” en un tema identitario, el mejor antídoto suele ser apropiarse del concepto antes de que crezca. “Nacionalizar” no solo es una propuesta: es una forma de decir “esto no es suyo; es nuestro”. Y eso reduce la capacidad de Ayuso de marcar el ritmo y el relato. Por otra parte, le permite ampliar al PP el electorado, al mover el eje hacia “apoyo a la maternidad” y apelar a votantes conservadores moderados, además de ordenar el tablero con Vox.
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