Aplausos y alegría el 2 de agosto por la victoria, junto al edificio de la calle Manuel Arnau número 9, en la barriada de la Creu Coberta de Valencia. Un integrante del sindicato de barrio Construyendo Malilla anunciaba ante los medios informativos que la presión vecinal había logrado paralizar de nuevo el macrodesalojo de 50 personas, en situación vulnerable, que residen en la edificación. Consiguieron el aplazamiento durante 10 días.
En Andalucía se producen una media de casi 19 desahucios diarios, dos tercios por impago de alquiler.
Estos días, Stop desahucios Euskadi hemos participado en las reuniones convocadas por el gobierno vasco con el fin de elaborar el Plan Director de Vivienda 2021-2023.
El ministro Ábalos y los sindicatos de vivienda de acuerdo en lo esencial: preservar el paraíso fiscal que sustenta el rentismo inmobiliario de la cepa hispana.
“Pedimos un alquiler social porque estamos en nuestra casa, yo así lo considero; llevo cinco años viviendo aquí”, declara Nelly Saiz a TVE. Es una de las 94 personas amenazadas de desahucio en dos bloques de viviendas del municipio valenciano de la Pobla de Vallbona (24.400 habitantes). La movilización popular, impulsada por la Plataforma de afectados por las Hipotecas (PAH) y los vecinos, logró que el juzgado de Llíria suspendiera el pasado 9 de diciembre el desalojo de la treintena de familias, incluidos 25 menores, tres personas con discapacidad y una mujer embarazada.
Una crítica desde Campamento Dignidad hacia la declaración de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en la que plantea el aumento del castigo penal a quienes ocupen viviendas.