El movimiento por la vivienda de Valencia -del que forman parte los colectivos Entrebarris, la PAH, el Sindicat de Llogateres y el Sindicat d’Habitatge- ha convocado una manifestación el 6 de junio para “acabar con el negocio de la vivienda”; entre las razones apuntadas en el manifiesto, se apunta el incremento del precio medio del alquiler residencial en Valencia, que ha pasado de 938 euros mensuales a finales de 2019, a 1.716 euros en el primer trimestre de 2026, según la Cátedra Observatorio Vivienda de la Universitat Politècnica de València.
A ello se agregan otras realidades como los desahucios; el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado que en el País Valenciano se produjeron 2.992 lanzamientos en diferentes tipos de inmuebles (incluida la vivienda) durante 2025; la mayoría de estos desahucios (2.158) se dieron por el impago del alquiler, lo que sitúa al País Valenciano en el tercer lugar del ranking en el estado español, tras Cataluña y Andalucía; hasta febrero estuvo en vigor la moratoria antidesahucios de familias vulnerables, tumbada en el Congreso español con los votos del PP, Vox y Junts.
Uno de los ejemplos recientes es el de Mohamed, vecino de Massanassa (10.600 habitantes, Valencia), a quien la policía local notificó el 21 de mayo su inminente desahucio (en un plazo máximo de 24 horas) extensible a la familia con la que convive en este municipio de L’Horta Sud; “en caso contrario al abandono voluntario, se procederá por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al desalojo”, añadía el comunicado policial, derivado de un Decreto de la Alcaldía; el motivo alegado en el acta policial fue el “peligro inminente de derrumbe” de la vivienda.
Ante la amenaza de desahucio en 24 horas sin alternativa residencial permanente, la Koordinadora de Kolectivos Parke Alkosa del municipio de Alfafar convocó una concentración el 22 de mayo en la puerta del inmueble, contra el desalojo de Mohamed y su familia; también para denunciar las políticas del PP -que gobierna en Massanassa y Alfafar con mayoría absoluta y en la Generalitat con el apoyo de Vox- en materia de vivienda, sanidad y educación.
La Koordinadora explicó en un comunicado que la familia lleva años solicitando una alternativa habitacional a través del Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA), organismo público dependiente de la Generalitat, con informes de urgencia; “los servicios sociales municipales reconocen que han hecho cuanto podían, pero el alcalde no ha hecho política social, sólo una resolución para sacarlos de casa”, expone el colectivo; la familia lleva desde 2018 inscrita en el registro del EVHA, sin que se les haya asignado una vivienda pública.
Según el portal inmobiliario Idealista, el precio de venta de una vivienda en Massanassa se situaba en febrero de 2026 en 1.683 euros/m2, lo que ha supuesto un incremento del 34,8% anual; en febrero de 2024, el precio medio era de 1.130 euros/m2.
Del esfuerzo necesario para acceder a una vivienda da cuenta el informe Relación de salarios y vivienda en alquiler en 2024, presentado en mayo de 2025 por Fotocasa e Infojobs, que destaca cómo el precio de la vivienda de alquiler ha aumentado en el estado español un 14% en 2024, mientras que los salarios ofertados lo hicieron un 3,1%; en conclusión, los inquilinos destinan el 47% de sus ingresos a pagar el alquiler de un piso.
El desahucio de Mohamed, con 30 años de arraigo en el municipio, su mujer y dos hijos menores (uno de ellos con discapacidad reconocida), fue paralizada en un primer momento por la presión de los movimientos sociales, pero finalmente se ejecutó -tras una moratoria de 48 horas- el 24 de mayo; el lanzamiento -sin alternativa habitacional permanente- se produjo a pesar de la situación de vulnerabilidad extrema en la que se hallan las personas desalojadas, que tampoco cuentan con apoyo familiar en la zona.
Ante la demanda de una solución duradera, por escrito y adaptada a las necesidades del menor con discapacidad, se le ofrecieron a Mohamed y su familia alternativas como la estancia de “un mes aproximado” en un hotel.
Otro de los aspectos denunciados por la Koordinadora de Kolectivos es la actuación policial represiva; en concreto, por el dispositivo policial desplegado el 22 de mayo, formado por una veintena de agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, que se presentaron en el lugar del desahucio e identificaron a una decena de personas; fue una actuación “desproporcionada” e “intimidatoria”, criticaron, en la que se amenazó con sanciones administrativas; de hecho, una de las propuestas del movimiento social es la retirada de las posibles multas a las personas solidarias impuestas durante el operativo policial.
En cuanto a la causa inicial del desahucio, ésta remite a la ruina técnica de la vivienda, con riesgo de derrumbe del forjado de la cocina y el baño, tal como señaló el informe de la arquitecta municipal con fecha 27 de abril; la Koordinadora recuerda que hace un año ya se hundió parte del techo, lo que pone de manifiesto la situación de peligro.
Pero no es la única amenaza de expulsión en las últimas fechas; el Sindicat d’Habitatge de València ha convocado una concentración el 29 de mayo para tratar de frenar el desahucio de una familia en situación vulnerable, con una menor y un bebé a cargo, en el barrio valenciano de Benicalap; el Sindicat destaca que la familia lleva 30 años viviendo en la barriada; la empresa que insta el desalojo es la inmobiliaria Global Lucanor SL; “después de hipotecar la casa hace años para intentar emprender un negocio, perdieron la vivienda y ésta entró en subasta”, recuerda el colectivo.
Además, el Sindicat d’Habitatge ha informado del desahucio el 26 de mayo de una familia en situación de vulnerabilidad con dos hijos, de 10 y 13 años, en el barrio de La Torre, en Valencia; los activistas, que convocaron una movilización en las puerta del inmueble, han denunciado la violencia policial durante la expulsión, así como los años de “intimidaciones” y “coacciones” que han padecido los vecinos del bloque de viviendas -de titularidad pública- del que forma parte el piso desalojado; el piso, y la totalidad del bloque, son propiedad del EVHA, entidad de la Generalitat que ha promovido el desahucio.
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