Por estos días, y más allá del cumpleaños de Maradona y la presencia de Bush en nuestro suelo, Cumbre de las Américas mediante, han proliferado sesudos análisis sobre los alcances y significaciones del acto electoral celebrado el 23 de octubre. Tal vez los hechos ocurridos en la Estación Ferroviaria Haedo, disociados intencionalmente de esos resultados […]
Por estos días, y más allá del cumpleaños de Maradona y la presencia de Bush en nuestro suelo, Cumbre de las Américas mediante, han proliferado sesudos análisis sobre los alcances y significaciones del acto electoral celebrado el 23 de octubre.
Tal vez los hechos ocurridos en la Estación Ferroviaria Haedo, disociados intencionalmente de esos resultados electorales y los análisis elaborados por políticologos de toda estirpe y los propios representantes de las fuerzas políticas que participaron en el comicio, hayan de operar un desplazamiento del eje informativo en los medios de comunicación masivos, generando operativos políticos desde el gobierno, que pongan un telón de fondo a ese proceso analítico, estableciendo así, un divisorio entre la Argentina pre y pos electoral.
En ese marco y más allá de estas contingencias, es necesario destacar un hecho relevante, para entender lo que vendrá, a la luz de lo que fue. La burguesía de conjunto ha cerrado política y económicamente la tendencia hacia una ruptura social que evidenció embrionariamente el proceso inmediatamente anterior y posterior a la caída del gobierno aliancista expresado en el binomio De la Rúa – Chacho Alvarez.
Las elecciones de octubre, más allá de sus datos contingentes, han revelado el cierre de esa tendencia y abortado toda posibilidad de ruptura social en el corto y mediano plazo, consolidando al Estado Burgués y su gobernabilidad Kirchnerista, entendida esta como la construcción jurídica de su hegemonía de clase.
La «ruptura» es, por definición, la constatación del surgimiento de una diferencia cualitativamente sustancial en una relación social de manera que se genere un corte, una discontinuidad o un salto en el orden establecido, que suponga de por sí la construcción de una nueva relación diversa de la anteriormente inexistente, entendida como un punto de llegada de un proceso previo de enfrentamiento, donde uno de los polos ha sido derrotado antes y llega vencido al proceso de formación de la nueva relación social.
Nada de esto ha terminado de ocurrir en Argentina. Lo que inicialmente supuso la crisis del modelo de dominación por consenso establecido por el Menemismo y su continuidad aliancista, no generó una nueva situación cualitativamente diferente en la base social de sustento del Estado. Por el contrario, la burguesía de conjunto hizo de la revuelta popular del 19 y 20 de diciembre de 2001 el escenario convulsivo para licuar un nueva variante de la acumulación capitalista sobre la base de la intensificación y extensión de los ritmos de producción a los que se somete a los trabajadores y la reproducción de esa relación social dominante.
El capitalismo, de esta forma, y pese a que no satisface económicamente las necesidades mínimas de reproducción material de la población, amplía y sostiene su capacidad de reproducción ideológica. Aún condenando a la muerte a gruesos sectores de la población, por su secuela de hambre y miseria, goza por el momento de buena salud. Una salud relativa, pues es cierto que existen posibilidades de manifestaciones en lo inmediato de sus crisis económicas periódicas. Pero éstas no conducen automáticamente al derrumbe, como algunas vertientes políticas postulan.
Si el régimen capitalista pudo sobrevivir y reproducirse desde la crisis abierta en el 2001, pese al alto costo social que supuso esa salida de la crisis, fue porque además de la explotación económica (centrada fundamentalmente en la extracción de plusvalor) existe en el ejercicio del poder otro aspecto de la dominación de clases no ponderado en su justa significación. Ese plus, en torno del poder, se conforma con redes de dominación e hilos de hegemonía que el capital produjo a través de sus gestores políticos de toda estirpe, para mantenerse como relación social fundante.
Concebir la economía, el poder y la dominación como territorios que no se cruzan es caer en un esquematismo determinista que no conduce a una ajustada apreciación de los hechos y deriva en comportamiento políticos ajenos a la realidad. Es necesario advertir, todas las veces que sea posible, que el poder no puede ser visto como una propiedad excluyente del aparato del Estado. Ni tampoco puede pensarse El Capital como una relación social establecida entre fuerza productiva y modos de producción absolutamente desconectada de la lucha de clases.
Hay que decir que la realidad, no responde a este esquema. Marx, en las páginas del 18 Brumario de Luis Bonaparte y el Manifiesto Comunista, describió numerosos elementos para elaborar una teoría critica de la política, concentrando su análisis en la forma específicamente moderna de la dominación política burguesa: «La república parlamentaria»- En esta específica formación, la relación de dominación asumida por la burguesía admite dos calificativos: es común y universal, porque la preeminencia política es ejercida por el conjunto de la clase burguesa sobre el resto de los sectores sociales explotados.
El Estado, como una de las expresiones de la relación de dominación que ejerce la burguesía, se presenta con una pretendida universalidad, por la que logra licuar a cada uno de los burgueses individuales, para construir un dominio hegemónico y general que se impone sobre el conjunto de las demás clases. «Jamás es neutral», representa al conjunto de la clase burguesa. Su dominación expresa el promedio de todas las fracciones de la clase dominante. La república burguesa parlamentaria representa así al conjunto de la clase, más allá de sus rivalidades y competencias facciosas o fraccionales. El Gobierno Kirchner con los parlamentarios elegidos el 23 de octubre pasado, «no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa».
Es esta faceta del Estado -como aparato productor de consenso- la que cohabita con el ejercicio monopólico de la violencia, que es intrínseco al modo de producción capitalista, lo que le permite a la burguesía construir su hegemonía cultural y política que se corporiza en la república parlamentaria con su dominación general, anónima y universal
Esto significa que el régimen consolidado en las urnas ocupará no solamente la condición de aparato armado o Estado Fuerza, hecha valer con destreza en la estación ferroviaria Haedo, sino que abarcará también al aparato productor de consenso. Esto supone que además de violencia, se desplegara un ámbito de negociación y compromisos políticos entre las diferentes fracciones de la burguesía entendida de conjunto como clase social dominante para reproducir la hegemonía conquistada, de modo tal que todo aquel factor social que con su obrar cuestione ese orden de cosas, con potencialidad de impedir su realización, será visto y tratado como enemigo del régimen y estigmatizado como sujeto social «peligroso».
En este rol de aparato productor de consenso, el Estado de la burguesía, a través de su forma jurídica de República Parlamentaria, se vale del derecho como una herramienta más para la construcción de ese «consenso» que no es otra cosa que la imposición pacífica de los intereses de una clase sobre otra.
El Derecho deviene entonces en la voluntad de la clase dominante erigida en ley. Es en ese marco conceptual donde corresponde desmitificar las meras formulaciones abstractas de Derechos que no pueden emerger de una efectiva relación de fuerza en la situación social concreta, que los materialice en el terreno de la realidad específica. No es posible aceptar el fetiche jurídico, ni la ficción de un sujeto libre, autónomo y contractualista que emerge de las declaraciones universales de derechos humanos, en la medida en que la construcción jurídica de los Estados Nacionales sea reflejo formal de la relación capitalista dominante y de los intereses de la burguesía en su conjunto, por cuanto la misma supone una relación de explotación que rompe con el pretendido igualitarismo que subyace a esas declaraciones formales. Su universalidad es meramente abstracta y especulativa, nunca efectiva y real, en tanto el dominio de una clase se imponga sobre otra.
Desmitificar este entramado sigue siendo la tarea pendiente. Esto supone, en lo inmediato y en lo táctico, la necesidad de asumir la defensa en todos los planos posibles de nuestras libertades democráticas, impulsando una campaña nacional con actos y movilizaciones en todo el país exigiendo la satisfacción de nuestras demandas por empleo, salario, salud y educación.
Operar la superación de la hegemonía cultural de una clase -la burguesía- sobre el conjunto de los explotados, a través de la formulación política de una Democracia Obrera, sigue siendo el objetivo estratégico de los trabajadores y demás sectores oprimidos.