La actual contienda parlamentaria por la eventual aprobación de una ley de medios de comunicación, deuda dorada de la democracia que supimos conseguir, se enmarca, como cualquier iniciativa legislativa, en un preciso contexto político. El gobierno, que viene de perder las elecciones legislativas de medio mandato -ocasión en que lo dieron por muerto y enterrado- […]
La actual contienda parlamentaria por la eventual aprobación de una ley de medios de comunicación, deuda dorada de la democracia que supimos conseguir, se enmarca, como cualquier iniciativa legislativa, en un preciso contexto político. El gobierno, que viene de perder las elecciones legislativas de medio mandato -ocasión en que lo dieron por muerto y enterrado- encontró, en la decisión de avanzar con su proyecto de ley, el ariete necesario para terminar de fracturar a una oposición que no logra superar su tendencia al fraccionamiento. Al mismo tiempo, ha recuperado, en sus trazos gruesos, la iniciativa política, que fue su arma predilecta para fijar agenda en sus mejores años.
La media sanción lograda en Diputados, lejos de buscar, como insiste el principal multimedios opositor, un efecto inmediato per se, ora en la estructura discursiva de la comunicación, ora en la propiedad de los principales multimedios, o bien, finalmente, un efecto a largo plazo en el control de la información, es y debe interpretarse como un instrumento de coyuntura que permite recuperar legitimidad y diferenciar interlocutores en el corto y mediano plazo: en pocas palabras, es una herramienta de gobernabilidad. No debe olvidarse que, en esos 147 votos afirmativos, se contó no sólo con el aporte de la tropa oficialista, sino también con los votos de la centroizquierda (SI, Proyecto Sur, EPyS) y del socialismo, tradicional integrante del coro opositor nucleado en el Acuerdo Cívico y Social (UCR – CC). Este despegue ha valido tanto la crítica radical -así como del peronismo disidente en el caso santafesino- como la respuesta socialista.
Incluso, la desesperada maniobra de retirarse en bloque del recinto por parte del bloque radical, en el fondo, escondía el sano temor de que varios legisladores del centenario partido acompañasen también el proyecto. La posterior decisión del vicepresidente Cobos de encabezar una operación pública para dilatar y eventualmente detener la iniciativa en el Senado sólo empeoró las cosas.
En este contexto, tanto la decisión de Julio Cobos, cuestionada por la propia Coalición Cívica, a una revisión general de lo legislado a partir de diciembre, cuando asuma la nueva conformación parlamentaria, como el exabrupto de Mauricio Macri, en el seno del encuentro internacional de las derechas, se revelan como respuestas sumamente pobres, que difícilmente alcancen a torcer la fuerza de la aritmética legislativa. Es altamente improbable que el club de los gerentes, dividido por sus propias mezquindades, logre torcer los amplios consensos logrados en la Cámara Baja. Por empezar, recién ahora se acuerdan de compaginar un proyecto. En todo caso, desde diciembre los veremos trabajar en pos de la restauración soñada, y será la martiana hora de los hornos para la conciencia popular lograda en estos años.
Pero en esa pobreza se adivina un acertado descubrimiento: el gobierno, superado el traspié electoral, ha recompuesto su matriz «decisionista» de gestión. ¿Alcanza? Muchas veces hemos insistido en que no, pues la iniciativa política no se mantiene ni se convierte en materia perdurable si no cuenta con un sujeto político de respaldo. Y ese sujeto político ya no puede residir en la convocatoria directa desde los despachos de Balcarce 50. El gobierno nacional, paradójicamente tachado de «populista», peca de severo institucionalismo en su praxis concreta. Específicamente, si aspira a perdurar, como señala Luciano Chiconi, debe ajustar su épica discursiva tanto a una asistencia social efectiva como a una organización popular que reconozca la crucial importancia del entramado territorial.
El Gobierno, que lucha, no sin errores, por la trascendencia histórica del legado concreto de siete años de gestión, enfrenta una oposición cada vez más cerrada en los ámbitos empresarios, mediáticos y políticos. En este contexto, apostar a la organización popular no es una mera decisión táctica: es la única que le queda. Es, también, una encrucijada histórica que ha de decidir, por muchos años, el futuro de todos los argentinos.